Es 24 de mayo de 2018 y al teléfono está Jan Albert Hoosten, representante en México del Comité para Protección de Periodistas. Me da su diagnóstico sobre la situación de violencia contra el gremio en el país: «Es bastante crítica. En los últimos tres años se ha dado un aumento en los números de asesinatos, pero también en cuanto a amenazas, acoso digital y físico, desapariciones de periodistas y desplazamiento forzado», asegura. Además, agrega a la lista la forma en la que el Estado maneja la publicidad oficial y las altas tasas de impunidad. En medio de sus reflexiones, Jan Albert empieza a titubear y se enreda con las palabras, guarda silencio y se excusa: «Disculpa, tengo una llamada de emergencia». La periodista Alicia Díaz González había sido asesinada.

Al día siguiente, un viernes soleado en la Ciudad de México, un grupo de amigos, periodistas todos, nos reunimos en un asado y celebrábamos que Pablo Pérez, hoy corresponsal de Telesur, está vivo. Un año antes, él y seis fotógrafos más fueron interceptados en una carretera por un convoy con cerca de 100 individuos armados que amenazaron con quemarlos vivos. Al final les quitaron una de las dos camionetas que llevaban, miles de dólares en equipos y horas invaluables de trabajo. A un kilómetro del suceso había un reten militar. Los periodistas, por seguridad, decidieron no denunciar el incidente hasta llegar a la capital del estado.

De acuerdo con el informe titulado «Democracia simulada, nada que aplaudir», la ONG Artículo 19 documentó 507 agresiones a periodistas en 2017, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, lo que ubica a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. De acuerdo con esta ONG, durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se han documentado 1986 agresiones, lo que lo convierte en el más violento contra la prensa.

En la reunión, el asesinato de Alicia Díaz González fue tema obligado. Según afirman las autoridades, la mataron en su casa. La periodista recibió varias heridas en el cuello con un arma punzo cortante. Lo que no se sabe es si el crimen estaba vinculado con su labor profesional, algo que parece poco probable pues escribía de temas financieros, aunque no es imposible. Si fue por su trabajo sería la sexta periodista asesinada en México en lo que va del año. De otro modo, será una más de los 3500 homicidios mensuales que en promedio se han registrado en el 2018, pues de enero a abril el Sistema Nacional de Seguridad ha reportado 14.195 asesinatos, lo cual no excluiría que el Díaz González haya sido por motivos de género, otra cifra a la alza que las autoridades se esfuerzan en minimizar.

De acuerdo con la la Red #RompeElMiedo al 20 de mayo habían reportado 34 agresiones a periodistas. La Red es una plataforma digital que da cuenta de agresiones a periodistas, activistas y observadores electorales, y fue activada por diversas ONG’s para monitorear las elecciones en México durante 2018. Los casos son muy variados. El primero del año fue el del reportero David Urbina, quien fue agredido por un aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal en el norte del país. La última reportada en el portal es la del youtuber Juan Pablo Arenivar alias «Wasapraka», de quien de manera anónima hicieron pública información personal sin su consentimiento, luego de que Arenivar criticara al PRI y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich.

Para el periodista y documentalista mexicano Temoris Grecko la crisis de agresiones contra activistas y periodistas es consecuencia de la ola de violencia que sufre México desde hace ya varias décadas. Sabe de lo que habla: además de candidato a doctor en ciencia política ha sido secuestrado varias veces. La primera vez era un adolescente y la más famosa sucedió en Siria. «En México tenemos un mecanismo especializado de protección a periodistas que no debería existir, la impunidad se debería acabar en beneficio de todos», asegura.

En su informe de actividades 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que del año 2000 al 31 de diciembre de 2017, se han registrado 20 periodistas desaparecidos y un total de 130 asesinados, de los cuales 13 casos corresponden a mujeres. Del 2006 al 31 de diciembre de 2017 se tuvo conocimiento de 52 atentados a instalaciones de medios de información. En ese mismo periodo la CNDH registró 34 homicidios contra defensores de derechos humanos, de los cuales 14 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 40%.

De acuerdo con esta instancia, de 176 averiguaciones solo en 17 casos hubo una sentencia condenatoria. Es decir, que la impunidad en este tipos de delitos es el 90%. Sin embargo, como acota Témoris Grecko, de esos casos resueltos la mayoría sólo apunta a los autores materiales, quizá solo un par hacia el autor intelectual.

A pesar de la gravedad del asunto, el gremio se encuentra divido y hasta confrontado. El 8 de agosto de 2010 cientos de periodistas salimos a marchar en todo el país para exigir justicia y demandamos que las autoridades crearan condiciones para que pudiéramos ejercer nuestro trabajo con seguridad. La convocatoria fue tortuosa. Unos grupos desconfiaban de otros y, al mismo tiempo, pocos estaban dispuestos a ser portavoces para evitar conflictos con los medios para los cuales trabajaban. Se logró un acuerdo: la marcha sería en silencio y no habría protagonismos.

Pero no ha vuelto a suceder. De hecho, cada vez que asesinan a un compañero se convoca a algún mitin, pero la convocatoria depende de lo grave del asunto, de lo público que fuese el caso o bien de que tan famoso o de cuantos amigos tuviera el difunto. La atomización del gremio empieza por el tipo de cobertura que hace cada quien. Por ejemplo, las fuentes de espectáculos y deportes brillan por su ausencia. No es de extrañar dado que muchos compañeros consideran que «esos ni siquiera son periodistas». Evidentemente, es difícil contar con el apoyo de quien se desprecia.

Otra cuestión importante tiene que ver con la división del trabajo. Quienes menos protestan son los editores y los directivos quienes, al asumirse voceros de los medios para los que trabajan, no pueden pronunciarse públicamente sin autorización del dueño. Y los dueños de los medios han sido cuando menos mezquinos. En general, los empresarios guardan silencio. Y solo algunos han presionado para proteger a sus empleados. Pero también los hay quienes han desconocido la relación laboral y hubo quien salió a decir sin pruebas que la periodista asesinada trabajaba para el crimen organizado.

Otra categoría que causa división tiene que ver con los periodistas afines al sistema y que, de manera consciente o inconsciente, cumplen una función orgánica y descalifican al resto acusándolos de activistas. Lamentablemente quienes están en la segunda categoría son los más expuestos y quienes están en la primera tienden a ser los privilegiados o los de mayor jerarquía.

«Nosotros consideramos que todo periodista es en sí mismo un activista pues está defendiendo el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión», explica la periodista valenciana María José Siscar quien trabaja para la Tàula per México (Mesa por México), una ONG que se dedica a dar asilos temporales a periodistas mexicanos de escasos recursos que han sufrido amenazas o agresiones de nivel medio. El motivo de esto es que el programa auspiciado por la Generalitat de Catalunya busca visibilizar el problema a nivel internacional y quienes se benefician del asilo puedan exponer sus casos en foros públicos de Europa. «Si fueran casos graves no podríamos hacer eso», explica Siscar, quien trabajó en México durante cinco años y vivió en carne propia una agresión mientras realizaba una cobertura.

De los mecanismos que implementa el Estado mexicano existen dos niveles: el estatal y el federal. Lamentablemente, muchos periodistas desconfían del primer nivel porque los escoltas designados para protegerlos pertenecen a las policías locales que, en su mayoría, están infiltradas por el crimen organizado o bien son poco escrupulosas y fácilmente sobornables. Además, el mecanismo solo les da escoltas y, en casos graves, los saca de su localidad o del país. Pero sin redes de apoyo ni trabajo, tampoco se ocupan de las familias, por lo que los periodistas y activistas terminan como desplazados. Ese es el caso de Emilio Gutierrez Soto, quien lleva casi ocho años peleando el asilo político en tribunales de Estados Unidos, luego de que un reportaje suyo sobre vínculos del crimen organizado con el Ejército lo obligara a escapar por su cuenta.

«Nosotros intentamos darles un respiro y que se empoderen para poder regresar al país y continuar con su trabajo», explica María José Siscar. «Trabajamos de la mano de algunas organizaciones mexicanas como Periodistas de a Pie pero también con el mecanismo federal, dado que tiene la posibilidad de desarrollar algunas tareas de riesgo y proporcionarles los papeles necesarios». Ya en España, La Tàula y el gobierno Catalán se encargan del resto.

Algunas otras organizaciones también intentan paliar la situación de periodistas y activistas mexicanos. Sin embargo, será imposible atender todos los casos y mucho menos enmendar el camino, mientras no se abata la corrupción, se le den mejores condiciones laborales a los periodistas y se fortalezca el Estado de Derecho en México.

Nota del autor

Este artículo terminaba en el párrafo anterior, sin embargo el martes 29, tras enviarlo a los editores de Nueva Sociedad, llegó otra alerta: Héctor González Antonio, corresponsal de Excelsior en el estado norteño de Tamaulipas, había sido asesinado a golpes y su cuerpo abandonado en una calle. 34 años antes, un 30 de mayo, Manuel Buendía, periodista icónico del mismo diario fue asesinado a balazos por ordenes del entonces jefe de la policía política.