Hace pocos días asumió la Presidencia de Argentina Alberto Fernández. Distintos analistas comentaron que su discurso de asunción trazó líneas claras de ruptura con diversas experiencias políticas del pasado reciente en el país. ¿Cómo evalúa usted la alocución presidencial y las convocatorias amplias hechas por Fernández? ¿Cómo se pueden evaluar sus alusiones al gobierno de la recuperación democrática, encabezado por el radical Raúl Alfonsín?

El de Alberto Fernández fue el discurso más importante en la inauguración de un periodo presidencial después del pronunciado por Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. Se trata de un discurso que marca un doble contraste. Por un lado, con el pasado inmediato, dado que cambia el eje meritocrático por uno más solidario, manteniéndose en línea con una idea que proviene y se inspira en aquellos valores fundacionales de la democracia argentina. El discurso, en ese sentido, establece una distinción fundamental con las posiciones del gobierno de Mauricio Macri, cuyas políticas redundaron en un aumento del empobrecimiento y la desigualdad en Argentina (aunque algunas de esas políticas venían de más largo plazo). Pero, además, el discurso marcó también un contraste con un pasado algo menos inmediato y que se vincula a su propia alianza política. Este contraste es con el último mandato de su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y proviene también de la misma matriz: recuperar el pacto democrático fundacional entre alfonsinistas y los llamados peronistas renovadores. Parte del mensaje de Fernández se dirige, entonces, contra el macrismo. Pero otra parte apunta a generar diferenciaciones entre este regreso del peronismo y el gobierno de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015.

¿De ese mensaje pueden extraerse pistas sobre un modelo de país o solo se avizoran los marcos más generales que guiarán la acción del gobierno?

Fernández no propone un modelo sino una orientación. Eso es algo característico después de una situación muy crítica como la que se vivió recientemente. Después del último año de Macri, con una explosión de la tasa de pobreza, una fuerte caída económica y un país al borde del default, lo que Fernández propone es un marco general para pensar y hacer otra política. Es decir, hay una orientación y, en todo caso, una convocatoria y un mecanismo democrático para la construcción de un proyecto. La construcción del proyecto de Fernández es algo a futuro. Esto podrá verse cristalizado más rápidamente o más lentamente. Algo parecido sucedió con el gobierno de Alfonsín: la orientación y los valores comenzaron desde la campaña electoral, pero el proyecto recién comienza en 1985. Es cierto que, en ese caso, el proyecto llegó tarde y mal manejado, pero llegó después y eso es lo que importa aquí para ver la relación. En definitiva, el nuevo presidente está buscando construir consensos sobre ciertos valores. Tiene, efectivamente, una idea de país. Pero esa idea de país supone una convocatoria conflictiva y un plano de integración de actores políticos y corporativos sobre una base de acuerdos mínimos que puedan delinear esa idea. En este sentido, hay una medida que es la de estabilizar la economía a través de un Consejo Económico y Social. Este Consejo no debería ser visto como un acuerdo de precios y salarios a seis meses. Creo que cuando Fernández piensa en un consejo que reúne a distintos actores (corporativos, políticos, de la sociedad civil) y quiere darle una presencia que extienda su período y cuyo titular tenga aval legislativo, está pensando en una idea que va más allá de eso. Sus posibilidades son inciertas, pero tenemos una gran orientación. En un mundo muy distinto al de la recuperación democrática, se quiere recuperar esos valores forjados al calor del gobierno de Alfonsín. En contraste con la Argentina de la década de 1990 y con el macrismo, pero también con la experiencia del último gobierno de Cristina Kirchner. Esto supone una constante negociación de la estabilidad de esa alianza, donde habrá concesiones.

En el discurso de asunción, Fernández realizó dos declaraciones que a algunos les parecen irreconciliables. Por un lado, mencionó la encíclica papal Laudato Si, vinculada a cuestiones ambientales y, parcialmente, a temas económicos y sociales. A la vez, el presidente aseguró que defenderá los derechos de las mujeres, en línea con declaraciones que ya había realizado previamente y que le granjearon un fuerte apoyo por parte de los diversos sectores feministas. ¿Cómo puede entenderse esa combinación en un mismo discurso?

Efectivamente, la recuperación de Laudato Si se produjo desde lo social y lo ambiental. Y se vincula muy claramente a la necesidad de integrar sectores que, en principio, tienen límites muy conflictivos en otras materias. Fernández se ha mostrado claramente en favor de los derechos de las mujeres (incluyendo el tema del aborto) y una parte importante de la estructura burocrática de la Iglesia católica plantea serios obstáculos a algunos aspectos de la política de derechos de las mujeres, y también respecto de temas de diversidad. Fernández está intentando manejar ese equilibrio y de ahí que en un mismo discurso pueda mencionar tanto esa encíclica papal (que aborda desde el punto de vista social y ambiental) y la necesidad de ampliación de derechos en materia de género.

Fernández parece haberse dado cuenta de que está en una situación inversa a aquella en la que estuvo en 2003 como jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento, Kirchner tenía el desafío de calmar a una izquierda social que estaba en la calle y que tenía serias críticas al régimen político. Kirchner volvió a entusiasmar a esa izquierda con una política en el marco democrático (entendiendo la democracia como comunidad reparadora de derechos lesionados). Fernández, por su parte, tiene no solo la obligación de reconstruir ese marco nuevamente, sino que, a diferencia de Kirchner, tiene el desafío político de lidiar con una radicalización de derecha que caracterizó el fracaso económico del macrismo. El macrismo, en virtud de su fracaso económico, tuvo que radicalizarse hacia posiciones de derecha en cuestiones básicas: derechos sociales, seguridad pública. Eso alimentó bolsones antidemocráticos que siempre existieron en la democracia argentina. El discurso de inauguración fue muy consciente de esto: tiene el desafío de pacificar a esta derecha. De ahí que se hayan producido combinaciones que, a priori, a muchos pueden parecerle extrañas.

¿Cómo considera que deberían ubicarse los sectores progresistas y socialdemócratas no peronistas que, durante buena parte de los mandatos del kirchnerismo, tuvieron posiciones muy críticas desde la oposición, aun cuando en muchos casos acompañaron con su voto en el Parlamento muchas de sus políticas?

Allí hay muchos desafíos. En primer lugar, considero que el nuevo presidente dejó en claro una posición aperturista, coalicional y no excluyente. En este marco, tuvo gestos muy claros que apuntaron a distintos sectores de la oposición, empezando por el propio radicalismo y no solo por los partidos más pequeños de la izquierda democrática tradicional. Su discurso fue muy contemplativo, llegando incluso a intentar abarcar a sectores disidentes dentro del propio PRO [Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri]. Creo que hay una responsabilidad muy importante de los sectores socialdemócratas en esta coyuntura y es la de saber que, en este contexto particular y crítico, esta alternativa abierta es una de las últimas que parecen disponibles para tratar de vertebrar una propuesta medianamente progresista en el país. La alternativa a esto será una derecha mucho más dura que la que hemos conocido. En ese sentido, considero que las fuerzas de inspiración socialdemócrata, sin perder su identidad y sus valores, deben tender a un acercamiento al gobierno con su propia agenda. Una agenda que, en materia de política socioeconómica o de política de género, es claramente coincidente, aun cuando se tengan críticas particulares. En un marco de situación en el cual prácticamente ha desaparecido el espacio del llamado «camino del medio», tenemos una política polarizada sobre orientaciones muy dispares. Entonces, surge una obligación y hasta un sentido de supervivencia de ciertos valores para la izquierda democrática, que debe llevarla a una interlocución desde su propio lugar con una agenda oficial que recupera muchos de sus puntos centrales.

¿Qué puede suceder con el macrismo y con la derecha en términos más generales? ¿Qué podría suceder con los grupos más radicales?

Esa evolución va a estar muy condicionada por los logros o los fracasos del nuevo gobierno en el primer año o en los primeros dos años de gobierno. Cuantas más dificultades tenga en conseguir algunos resultados, habrá más posibilidades de que se vertebre una derecha más radical. No creo que personajes como José Luis Espert o Juan José Gómez Centurión, candidatos en las últimas elecciones, estén destinados a tener un papel central. Pero sí creo en la posibilidad de sobrevida de personajes radicalizados que fueron parte del gobierno de Macri. En principio, en la supervivencia del propio Macri, pero también de la ex-ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por poner un ejemplo. También pueden surgir otros personajes o actores emergentes de las protestas de derecha. Para entendernos, personajes similares al boliviano Fernando Camacho.

¿Cómo analiza la situación de Argentina en un marco regional complejo en el que cada vez parece haber menos países gobernados por el progresismo, en el que Jair Bolsonaro sigue rigiendo los destinos de Brasil desde posiciones de derecha radical y en el que se ha producido incluso un golpe en Bolivia?

Es una situación realmente difícil. Hemos hecho ya muchas analogías con la década de 1980, pero en esto también la situación se parece. En 1983, Argentina aparecía en el Cono Sur como una isla democrática frente a Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, que aún vivían regímenes militares. Aun cuando otros países de la región sí tenían regímenes democráticos, Argentina estaba rodeada mayoritariamente por dictaduras. En este marco, creo que hay dos agendas. Una es la agenda regional democrática sobre valores mínimos que hoy están siendo atacados en muchos países: básicamente, la defensa de los derechos humanos y de la democracia como sistema de gobierno. La Cancillería, en tal sentido, debe tener una posición muy proactiva y de diálogo con algunos gobiernos que no son del mismo signo político, pero que pueden ser interlocutores en esta agenda. Estoy pensando en el próximo gobierno de Uruguay, en el gobierno de Paraguay, en el gobierno de Perú e incluso, con toda la situación que se vive en el país y con los problemas que atraviesa Sebastián Piñera, en el actual gobierno de Chile. Con esos gobiernos se pueden alcanzar consensos, aun cuando sean mínimos, acerca del respeto de ciertas reglas que recuperen mínimamente una política regional. La otra cuestión es la política de integración económica que, al menos en mi opinión, puede verse muy dificultada por la agenda radical en materia de política económica que está desarrollando Paulo Guedes [el actual ministro de Economía de Brasil]. Creo que Argentina debe apostar claramente a que no haya mayores retrocesos en el proceso de integración regional, independientemente de quién gobierne los países del Mercosur.

Gerardo Aboy Carlés es sociólogo y politólogo, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor titular del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Es uno de los más destacados especialistas argentinos en identidades políticas y populismo.