Falta más de la mitad del sexenio, pero ya suena como presidenciable. Omar Hamid García Harfuch, la figura más popular del gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum —el más votado en la historia de México—, no es un ideólogo ni un líder de base: es un policía. Combate el crimen en un país azotado por la violencia. Goza del beneplácito del gobierno estadounidense. Tiene una estrategia de medios impecable. Ninguna de esas cualidades lo convierte en candidato, y él asegura no tener otra agenda que la de su cargo. Pero juntas explican por qué su nombre circula rumbo a las elecciones de 2030.

El policía ya ha coqueteado con la política electoral. En 2023 compitió contra Clara Brugada, una histórica activista del movimiento urbano, entonces alcaldesa de Iztapalapa, en la encuesta interna del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A pesar de que los liderazgos del partido más leales al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no lo querían, García Harfuch ganó la encuesta con 40,5% de las preferencias. Pero el Instituto Nacional Electoral había ordenado a los partidos postular mujeres en al menos cinco de las nueve gubernaturas en disputa y la dirigencia de Morena decidió que la capital sería una de ellas: Brugada, segunda con 26,5%, se quedó con la candidatura y, tras su triunfo en las elecciones, con el gobierno de la ciudad.

La popularidad del policía venía de su gestión como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (entre 2019 y 2023), en la que les dio a los capitalinos una sensación de sosiego en medio del huracán de violencia que han sido los últimos casi 20 años en el país. Desde que, a finales de 2006, Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga lanzando al Ejército a las calles, las organizaciones criminales se atomizaron, lo que dio pie a un aumento de los delitos de alto impacto –homicidios, desapariciones, extorsión– en niveles sostenidos. El cambio de 180 grados en el enfoque de seguridad –como el que hizo López Obrador en 2018 impulsando programas sociales con la consigna «Abrazos, no balazos»– no logró revertir la espiral de violencia.

Pero en la capital, García Harfuch consiguió lo que otros no habían logrado a escala nacional. Con su gestión en la Ciudad de México, se reportó una reducción en los homicidios a niveles que no se habían registrado desde 1996; desarticuló más de 240 células criminales; la percepción de inseguridad se redujo de 92% a principios de 2018 a menos de 60% a finales de 2022, y el secretario incluso limpió su propia corporación: envió a 170 policías a la cárcel por delitos graves. El país, ávido de resultados efectivos, lo celebró. 

En 2024, ya sin la posibilidad de gobernar la capital, el policía encabezó la primera fórmula de Morena al Senado por la Ciudad de México, con la exfiscal Ernestina Godoy en la segunda. Ganó por más de un millón de votos, pero tras apenas un mes como representante legislativo, dejó el escaño (técnicamente, está de licencia indefinida). La razón para dejar el Senado fue el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo quería en su equipo: el 1 de octubre de 2024, asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y se convirtió en uno de tres millennials –en ese entonces tenía 42 años– en un gabinete que arrancó con un promedio de edad de casi 60 años. Esto explica, en parte, su uso de redes sociales para comunicar los resultados de su trabajo. 

Ante la cámara y en los videos que publica en plataformas, aparece siempre igual: alto, erguido, de espalda ancha; la quijada firme, el gesto serio pero sin tensión; el ceño cuidadosamente fruncido; el pelo inmovilizado en un peinado preciso hacia atrás y la barba perennemente al ras.

Su aspecto no es fortuito. Durante su gestión en la capital, García Harfuch recibía a su peluquero dos veces a la semana en su oficina. En el interior de un cuarto de seguridad, donde guardaba sus distintos chalecos antibalas, leía las noticias mientras –entre plática ligera, siempre amable– le cortaban el pelo y la barba, todas las veces exactamente igual. En los comentarios a sus comunicados oficiales, nunca faltan decenas de declaraciones de amor de sus fans. 

Para el llamado «Batman mexicano» no hay eventos demasiado grandes ni cifras suficientemente pequeñas. Todos los días comunica algo: capturas, decomisos, avances. A inicios de septiembre de 2026 anunció con toda formalidad, en una conferencia matutina en el Palacio Nacional, la impactante reducción de homicidios dolosos a escala nacional durante su gestión y, ocho días después, notificó la detención de «El Fiera» y «El Coreano», dos criminales que extorsionaban a dueños de carnicerías en el estado de Tabasco.

Siempre adusto, en público habla con la cadencia de un parte policial: frases cortas, hechos sobrios, cifras sin adjetivos. Funciona. En el terreno de las redes sociales supera, por mucho, a potenciales candidatos a la Presidencia. En Facebook tiene más del doble de seguidores que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien compitió por la candidatura para presidente en 2024, y casi cuatro veces los de Clara Brugada. Pese a la desconfianza que genera entre algunos sectores de la izquierda del partido, según las encuestas el policía le ganaría tanto a Ebrard, político con trayectoria consolidada, como a Brugada, lideresa de base y actual jefa de Gobierno de la capital.

En 2020, García Harfuch sobrevivió a un atentado que todo el país recuerda. El 26 de junio, alrededor de las 6:30 de la mañana, un comando armado de 28 personas blandiendo rifles y granadas, según la Fiscalía, emboscó su camioneta blindada cuando pasaba por Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Murieron dos de sus escoltas («dos compañeros y amigos míos», posteó en X) y una mujer que pasaba por el lugar. Recibió tres balazos: hombro, clavícula y rodilla.

Un par de horas más tarde, ese mismo día en que durante 2 minutos y 10 segundos le dispararon más de 400 balazos, se encargó de hacerle llegar un mensaje a su peluquero de confianza para cancelarle la cita. No se puede ser Batman sin el tacto de Bruce Wayne.

Bajo su mando, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reúne pruebas e información y arma carpetas de investigación. En una entrevista de 2019, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino presumió sobre la exhaustividad de sus investigaciones: las carpetas se arman «para que cuando sean detenidas las personas no tengamos que preguntarles absolutamente nada». Depende después de las fiscalías la decisión de acusar y judicializar los casos. 

Uno de los frutos más convincentes de esta estrategia es el llamado Operativo Enjambre, en el que –en colaboración con gobiernos estatales–, la SSPC persigue a alcaldes, policías y funcionarios municipales sospechosos de colaborar con el crimen organizado. El operativo arrancó el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México. Su origen fue una investigación abierta meses antes, en abril, tras el hallazgo de los restos de diez personas en dos pozos en el municipio de Nicolás Romero, que reveló redes de protección entre autoridades municipales y grupos criminales.

La operación permitió detener a alcaldes en funciones implicados en redes de secuestro, delitos de enriquecimiento ilícito y extorsión agravada. A diferencia de esfuerzos de gobiernos previos, este operativo dejó de ser un espectáculo comunicacional –como en los que se presentaba al detenido esposado para una foto en conferencia de prensa– y logró sostener las acusaciones en los procesos judiciales: para septiembre de 2026, sumaba 27 sentencias condenatorias y 111 detenidos. En el plano nacional, según cifras oficiales, los homicidios dolosos se redujeron 53% en casi dos años –de 86 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 40 en agosto de 2026– y unas 67.000 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto. Este éxito ha requerido habilidad para tejer alianzas. La popularidad de García Harfuch entre distintas fuerzas políticas se corroboró en una reciente comparecencia en la Cámara de Diputados en la que los parlamentarios se acercaban a saludarlo, abrazarlo y pedirle fotografías como quien se encuentra con una celebridad.

Pero el éxito de su estrategia tiene una salvedad: si el poder de un policía se concentra en el mando directo de su personal, García Harfuch está aislado en su torre de control. Tras una serie de reformas constitucionales de 2019 a 2024, la corporación que lo formó –la Policía Federal– dejó de existir, y la que la sustituyó –la Guardia Nacional– pasó a otra secretaría; su personal ahora está bajo liderazgo militar. Desde la SSPC fija la estrategia, pero los soldados y guardias que la ejecutan en las calles no están bajo su mando.

Este eslabón escindido entre las tropas y el mando puede convertirse en el riesgo más grande para su carrera. Quizá una de las principales flaquezas de su posición se nota en los excesos y los abusos que cometen los militares. Este último año aumentó la percepción de corrupción en las tres ramas de las Fuerzas Armadas –Marina, Fuerza Aérea y Ejército– y en la Guardia Nacional, que desde 2025 está bajo el mando de Defensa. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que es la primera vez que la percepción de corrupción aumenta de manera simultánea en estas cuatro instituciones. 

Esto se suma al hecho de que las Fuerzas Armadas han sido señaladas por violaciones graves a los derechos humanos de manera consistente en la última década. Grupos activistas han denunciado con preocupación la creciente militarización del país que se inició con la guerra contra las drogas en 2006 y se ha ido consolidando con las reformas constitucionales impulsadas por los gobiernos de Morena, particularmente las de 2019 y 2024, que disolvieron la Policía Civil Federal y cedieron el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. 

Se especula que García Harfuch ha tenido una relación difícil con el secretario de Defensa, aunque un acuerdo de colaboración reciente entre esta institución y la SSPC buscó desmentir los rumores. Cuando se le pregunta al policía por esa supuesta rivalidad, su respuesta es siempre la misma: no hay competencia posible, porque la estrategia la encabeza la presidenta Sheinbaum y tanto él como el secretario de Defensa responden a ella.

El otro gran pendiente en materia de seguridad, aunque no dependa directamente de su secretaría, es la crisis de desapariciones: más de 130.000 personas siguen sin ser localizadas en el país. Parte del problema es el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que según organizaciones como Data Cívica ha sufrido modificaciones injustificadas en los últimos años. Una reforma de 2025 permite clasificar casos como «registros con datos insuficientes» y exige una denuncia penal para contabilizarlos; en el segundo año del sexenio, los registros cayeron 30%, una baja que especialistas atribuyen en parte a esos cambios y que algunos colectivos de búsqueda aseguran no ver en el terreno. A ello se suman miles de casos marcados como confidenciales sin explicación. Mientras los homicidios bajan en las gráficas oficiales, la desaparición sigue siendo una caja negra, el crimen que la estrategia de Harfuch no ha logrado tocar y el que una sociedad dispuesta a celebrar casi todo quizás no le perdonará.

Omar García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, un estado vecino de la capital mexicana donde las elites citadinas veranean y celebran sus bodas en los cascos de las antiguas haciendas azucareras; es también donde la tasa de homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años lleva la delantera nacional. Huérfano de padre a los 16 años, decidió convertirse en policía. Estudió Derecho y Seguridad Pública en universidades privadas de poco renombre y completó su formación con cursos en Harvard, en la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Quantico, Virginia, y en la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. 

Desde un punto de vista, Harfuch es ajeno a la cúpula del poder. Su abuelo materno fue un inmigrante libanés que abrió una tienda de frutas y verduras en un mercado de Camargo, una ciudad del estado fronterizo de Chihuahua, al norte del país. Desde otra perspectiva, es su crema y nata. Su abuelo paterno, el general Marcelino García Barragán –militar que luchó en la Revolución Mexicana y después fue gobernador– llegó a ser secretario de Defensa. Su padre, Javier García Paniagua, lideró la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la infame policía política del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue después presidente del partido. Su madre, María Harfuch Hidalgo, popularmente conocida como María Sorté, es actriz de Televisa.

En 1990, en un debate televisado en la Ciudad de México, Mario Vargas Llosa llamó al régimen del PRI «la dictadura perfecta». Este sistema gobernó durante siete décadas sin necesidad de suspender las elecciones. Se sostenía, entre otras cosas, sobre dos pilares: el aparato de seguridad, que vigilaba y reprimía a la disidencia, y una televisión aliada que moldeaba la opinión pública –Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, llegó a definirse como «soldado del PRI»–. Harfuch lleva ambos en la sangre: por la vía paterna, la fuerza pública; por la materna, la pantalla.

Su abuelo y su padre participaron, desde los cargos antes mencionados, en tareas de represión durante la Guerra Fría. Al primero se lo ha señalado por su involucramiento en la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Al segundo se lo ha vinculado con lo que eufemísticamente se han llamado las «funciones extraoficiales» de la policía secreta del gobierno priísta, encargada de tareas de contrainsurgencia de la Guerra Sucia. En 2023, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico denunció el extravío de las versiones físicas de varios expedientes de la DFS, entre ellos el de García Paniagua. Se conserva una copia digital: en ella aparecen acusaciones de guerrilleros y de familiares de desaparecidos que lo señalaban por torturas y desapariciones, aunque nunca fueron probadas.

Quizá por su pedigrí, el secretario estrella del gobierno sabe adaptarse a instituciones que ejecutan decisiones cuestionables. En 2008 entró a la Policía Federal de Genaro García Luna, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, hoy procesado por tortura. Es poco probable que, a los 26 años, el joven policía supiera de los vínculos de sus jefes con el crimen organizado, que se probaron mucho después. Pero había algo que sí era público: tres años antes, la detención de la francesa Florence Cassez y del mexicano Israel Vallarta, acusados de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco, había sido una recreación montada por la policía y transmitida por televisión como si ocurriera en vivo. García Luna y Cárdenas Palomino participaron en ella personalmente.

Su sombra más pesada, sin embargo, viene de Guerrero. Desde 2013, fue coordinador de la Policía Federal en ese estado donde, en septiembre de 2014, desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. García Harfuch asegura que, para el funesto 26 de septiembre, él ya había sido transferido a Michoacán. Sin embargo, días después regresó a Iguala, el lugar del crimen, donde estuvo presente en las primeras reuniones en las que autoridades federales y estatales discutieron el caso. Alejandro Encinas, el entonces subsecretario de Derechos Humanos a cargo de la comisión de la verdad gubernamental que investigó las desapariciones, aseguró que en esas primeras reuniones se empezó a fraguar una versión falsa de los hechos para darle rápido carpetazo al caso. El policía ha reconocido haber estado presente en esas reuniones, pero niega haber tenido parte en la construcción del relato oficial. Cuando el informe de Encinas se hizo público, en 2022, respondió en X que rechazaba «la versión absurda de haber participado en una reunión» para fabricar la llamada «verdad histórica», y pidió a los investigadores detener a los responsables «en lugar de arruinar vidas y reputaciones».

Días después de esas reuniones, las autoridades hallaron en poder de Sidronio Casarrubias, considerado líder de Guerreros Unidos –el grupo criminal señalado por la desaparición de los estudiantes– una libreta de contactos en la que aparecía el nombre de García Harfuch. El dato, por sí solo, podría ser circunstancial. Pero en 2021, un testigo protegido identificado como Gildardo López Astudillo, quien dirigió la célula que encabezó las primeras fases del ataque, aseguró que el policía estaba en la nómina del grupo. El testigo podría haber mentido, aunque no era alguien cualquiera: aportó información que permitió hallar los restos de dos de los tres estudiantes identificados hasta hoy. García Harfuch lo niega categóricamente. La libreta, por cierto, se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando este quiso consultarla.

En cualquier caso, García Harfuch sabe tanto acaparar como evadir los reflectores. Su popularidad se disparó en febrero de 2026, cuando murió en un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos del país: pionero en el uso de drones explosivos, experto en extorsión y conocido por difundir videos difundidos para aterrorizar a la población. Fue también el cartel señalado como responsable del atentado contra García Harfuch en 2020. Aunque el operativo fue del Ejército, el rostro de la caída del narcotraficante fue el suyo: el del policía que sobrevivió a los 400 balazos del cartel.

Los puestos callejeros de la Ciudad de México se llenaron de cobijas, sarapes y toallas con la cara del policía. Una fábrica llegó a vender más de 150 mantas por día, y aún se consiguen en Mercado Libre. También se venden muñecos en miniatura —de traje, disfrazado de Batman o sin camisa—: los llaman «Harfuchitos». Y un panadero capitalino aprovechó la ola para lanzar la Harfucha, una concha con la cara del policía estampada en la costra de azúcar. En cuestión de días, quien encabeza la inteligencia más secreta del país se convirtió en su cara más pública. Con tal parafernalia popular, el galán mexicano rápidamente desbancó la otrora socorrida porra de «¡Enrique, bombón, contigo hasta el colchón!», que en 2012 coreaban las entusiastas del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

En agosto de 2026, el policía viajó a Argentina representando a México para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA, donde se reunió con su director, Terrance Cole, y con el enviado especial de Canadá para el fentanilo, Kevin Brosseau. En una entrevista conjunta que la DEA grabó en la cumbre y difundió días después, Cole mencionó, casi de pasada, que había visitado a García Harfuch en la Ciudad de México, un encuentro que ninguno de los dos gobiernos había hecho público. Contó que allí ambos rindieron homenaje a personas fallecidas, como antes lo habían hecho en Washington ante el memorial de víctimas del fentanilo. «Así es como se ve una verdadera relación», dijo.

La información pública sobre su vida familiar es escueta: García Harfuch mantiene los detalles en reserva por seguridad; tras el atentado, vivió al menos un año en su oficina. Se sabe que es padre, que está divorciado y que, al parecer, hoy está soltero. Fue novio de Ninfa Salinas Sada, exsenadora e hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y uno de los adversarios más ruidosos de Morena. De sus gustos se sabe poco más: que veía la aclamada serie británica de temática criminal Peaky Blinders, que en la Policía Federal lo apodaban «El Tigre» y que es aficionado al fútbol y seguidor de los Pumas, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque su fama nació en la Ciudad de México, la fe en él alcanza los rincones más apartados del país. El 24 de septiembre, hombres armados se llevaron a siete campesinos y a un niño de 12 años del ejido El Balcón, en la sierra de Guerrero. El niño fue liberado una semana después. Mientras pasaban los días sin noticias, habitantes de más de 300 comunidades de la sierra anunciaron una marcha a Palacio Nacional para pedir la intervención de la secretaría de García Harfuch, a quien percibían como el único capaz de encontrarlos. Finalmente, el 16 de octubre, fue el Ejército el que localizó con vida a seis de ellos; el séptimo sigue desaparecido. 

Formado en estructuras jerárquicas, sabe seguir órdenes. Ante una pregunta sobre sus propias aspiraciones políticas, negó tener cualquier «agenda paralela» a la de su cargo en Seguridad. Pero es imposible que frente a alguien con tanta popularidad no comience a especularse con sus aspiraciones presidenciales. A fin de cuentas, ya intentó gobernar la Ciudad de México –lo que hicieron López Obrador y Sheinbaum antes de lanzarse a la Presidencia de la República–. ¿Por qué no intentar mandar en el país entero? Su cargo puede ser tanto un trampolín como un lastre, en un país donde la violencia no da tregua y donde quienes la combaten rara vez salen indemnes.