Desde que inició su mandato en agosto de 2022, Gustavo Petro se ha planteado muchos objetivos. El primer presidente de izquierda de la historia colombiana ha postulado la necesidad de transformar el país en un cambio que apueste por la justicia social, la democracia y el respeto por el medio ambiente. En su amplia agenda se destaca, sin embargo, un punto central de su propuesta política: el logro de lo que ha denominado «paz total».

En un país que ha sufrido durante décadas conflictos armados internos y que ha conseguido un acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún quedan desafíos por superar. En Colombia todavía hay guerrillas activas que no se han desmovilizado y que continúan causando estragos en la población. Petro ha tomado una especial determinación en lo que se refiere al fin de la violencia. Él mismo ha formado parte de una guerrilla –el Movimiento 19 de abril (M-19), que existió entre 1974 y 1990– y en numerosas ocasiones ha afirmado que los cambios deben producirse de manera pacífica.

La política de «paz total» de Petro apunta a terminar con las guerrillas y con las organizaciones conocidas como «multicriminales», que combinan el control de los territorios, el amedrentamiento de la población y la violencia ligada al narcotráfico. Su posición sobre esta materia ha sido la de negociar y ofrecer incentivos para que los diversos grupos violentos que actúan en el país se desmovilicen o se sometan a la justicia. En muchos casos ha habido interrogantes sobre si esos grupos tienen o no un verdadero carácter político –muchas guerrillas comenzaron con proclamas políticas y acabaron convirtiéndose en bandas criminales ligadas a negocios mafiosos–, y si esa política toma en cuenta la especificidad y circunstancias diferentes que cada grupo presenta, su alcance regional o nacional, su ideología y su vinculación con economías ilegales.

 Sin lugar a dudas, uno de los principales grupos con el que se pretende alcanzar la paz es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en el país desde mediados de la década de 1960. El desafío en este sentido es mayúsculo, en tanto el ELN tiene particularidades que otras organizaciones guerrilleras no poseen. Ahora mismo, el gobierno colombiano y la guerrilla están negociando en México y las esperanzas de paz comienzan a florecer.

La última guerrilla

El ELN lleva casi 60 años en la lucha armada. Surgió en 1964 por iniciativa de jóvenes estudiantes urbanos provenientes principalmente del Partido Comunista y de la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. La guerrilla, de inspiración marxista y fuertemente influida por la Revolución Cubana, se convirtió rápidamente en una organización particular: asumió el guevarismo y fue una de las primeras organizaciones armadas en adoptar posiciones de la Teología de la Liberación.

Desde un inicio, se caracterizó por su rechazo de los procesos electorales y por la consideración exclusiva de la lucha armada frente a la lucha política –a la que tachaba de «pasiva»–. Aunque fue mutando con el tiempo, sostuvo de modo permanente algunas de sus peculiaridades. Entre ellas se destaca la del «federalismo insurgente», un concepto que sirve para indicar que, en cada uno de los territorios en los que actúa, las motivaciones pueden ser diferentes. A pesar de que, como toda organización de este tipo, tiene un mando unificado, existe una importante diversidad regional y una relativa autonomía tanto de sus frentes de guerra como de sus comandantes. Asimismo, hay otra característica relevante que debe ponerse de manifiesto: a pesar de que el objetivo original del ELN era el de producir una revolución socialista en Colombia, la guerrilla acabó, en muchos territorios, involucrada en negocios con el narcotráfico.

Los primeros diálogos para acabar con la violencia de la guerrilla se produjeron en 1975, a menos de diez años de la creación del grupo armado, pero encontraron un punto muerto muy rápidamente. Fue recién en la década de 1990 cuando las negociaciones de paz lograron retomar impulso. Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN, y en el mandato de Ernesto Samper (1994-1998) se produjeron, en Madrid y Mainz, acercamientos para iniciar un eventual proceso de paz. Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, desarrolló un acercamiento para posibles negociaciones con el ELN en Cuba y en Venezuela. Finalmente, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y que logró el acuerdo de paz con las FARC, intentó rondas de negociación con el ELN en Quito y La Habana, y consiguió plasmar una agenda de seis puntos que nunca llegó a concretarse.

Tras la asunción de Iván Duque como presidente en 2018, las negociaciones se complicaron. Luego de una serie de combates y de treguas, el 19 de enero de 2019 el ELN atentó con un carro bomba contra la escuela General Francisco de Paula Santander, en la que se forman los cadetes de la Policía Nacional, y Duque dio por finalizado el diálogo. Un diálogo que ahora Petro ha relanzado. El sexto presidente en intentar negociar con el ELN –y el primero que cuenta en su biografía con una participación anterior en un movimiento guerrillero– ha reanudado la mesa de diálogo.

El gobierno de Petro tiene, en el contexto actual, un desafío mayúsculo: lograr incluir a todas las estructuras territoriales del ELN. Petro sabe que, para lograr una paz duradera y completa, es necesario que las diversas estructuras de la guerrilla participen de la mesa de negociación. De lo contrario, la «paz total» no será posible. El desafío tiene un calado importante, en tanto los sectores del ELN que operan en el Pacífico colombiano han sido, tradicionalmente, renuentes a participar del diálogo.

De hecho, su ausencia en las negociaciones de 2017 y 2018 fue notoria. Una situación similar se evidencia en el departamento de Arauca, donde opera el Frente de Guerra Oriental, un grupo conocido por sus acciones particularmente violentas y por ser la estructura con más fuerza dentro del ELN. Con su presencia y control territorial, el Frente de Guerra Oriental del ELN fue convirtiendo esa zona en un área estratégica y una fuente de recursos, particularmente mineros y petroleros. Además, este sector del ELN ha logrado convertirse en binacional, en tanto ha ganado una fuerte influencia en Venezuela.

Nuevo arranque y freno de la negociación

Tras asumir el mando presidencial en agosto de 2022, Petro insistió en la necesidad de retomar el diálogo con la guerrilla. Finalmente, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de ese mismo año, se realizó una primera ronda de negociaciones en Caracas. El objetivo del encuentro fue la revisión de la agenda que había comenzado a desarrollarse en las negociaciones de 2017 y 2018. Al mismo tiempo, en aquellas jornadas se crearon subcomisiones para acordar el funcionamiento de la mesa de diálogo y se acordó el desarrollo de acciones para aliviar la situación de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.

El 31 de diciembre de 2022, a las 22:45 (poco antes de la llegada del nuevo año), Petro publicó en la red social Twitter que había acordado «un cese bilateral» con grupos armados irregulares activos en Colombia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances que tuviera su desarrollo con los cinco grupos involucrados en sus decretos. Esos grupos eran el ELN, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC que no firmaron los Acuerdos de Paz de 2016), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo), un grupo narcoparamilitar, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar algo más nuevo.

Sin embargo, el 3 de enero el ELN respondió que no habría cese al fuego, pues solo cumpliría lo que se había discutido y acordado en la mesa de diálogo. Asumiendo que el alto el fuego no había sido acordado ni discutido, el grupo guerrillero pidió que el gobierno reconociera públicamente que su anuncio era erróneo y afirmó que esa medida unilateral ponía en crisis la negociación de paz. Además, rechazó que Petro pusiera al ELN «en la misma bolsa» junto con cuatro grupos irregulares de tipo criminal y exigió que se realizara una sesión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno y la de la guerrilla para tratar lo ocurrido antes de abrir un segundo ciclo de diálogo. También pidió al gobierno cumplir los anuncios que hiciera el 12 de diciembre de 2022 sobre el alivio humanitario para presos del ELN que se encontraban enfermos o en condiciones infrahumanas. En ese contexto, las acciones del ELN y de las disidencias de las FARC aumentaron en la región de Arauca.

Frente a esta situación, el gobierno de Petro intentó mostrar que la idea del cese al fuego bilateral había estado presente en diversos intentos de negociación y en los propios llamados del ELN –por ejemplo, cuando declaró la tregua navideña–. Acto seguido, anunció la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 de alto el fuego con el ELN, y le pidió a esta agrupación que declarara una tregua verificable acogiendo el llamado de las comunidades para que cese la violencia en sus territorios. Al mismo tiempo, ordenó reactivar operaciones militares contra la guerrilla y aceptó convocar una reunión extraordinaria antes del segundo ciclo de la mesa de diálogo con el objetivo de aclarar lo sucedido y de avanzar en la discusión sobre el cese al fuego bilateral. En ese marco, Petro visitó a Nicolás Maduro para discutir, entre otras cosas, el papel de Venezuela como garante de la negociación. Para reforzar la posición oficial, el coordinador de la delegación del gobierno insistió en que la intención del presidente colombiano, al declarar ese cese bilateral del fuego con el ELN, era la de «abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política».

Las poblaciones urgieron al gobierno y al ELN a dinamizar la negociación en la mesa de diálogo para avanzar en un proceso de paz real. Además, les reclamaron acciones inmediatas ante la situación de emergencia que enfrentan, y solicitaron ayuda para la gente que no quiere o no puede regresar a sus territorios. Al gobierno le pidieron dar respuesta a los dramas humanitarios, no solo con iniciativas puntuales para calmar el dolor, sino a través de acciones estructurales para resolver sus causas. Al ELN le exigieron detener el desplazamiento poblacional que genera la confrontación armada, así como los daños al Derecho Internacional Humanitario de esas comunidades.

Del 16 al 21 de enero de 2023, delegados del gobierno y el ELN realizaron un encuentro extraordinario en Caracas, del que surgió un comunicado conjunto titulado «Exitoso balance». En el comunicado podía leerse lo siguiente: «La Mesa de Diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida. Asimismo, la Mesa de Diálogos pone de presente que esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe». El comunicado conjunto señalaba, asimismo, que ambas delegaciones habían acordado que el segundo ciclo de conversaciones debía examinar los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos alcanzados en el primero, y que debía consagrarse a dos temas cruciales: el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en la construcción de paz.

Para escuchar a las comunidades más perjudicadas por el conflicto, la Caravana Humanitaria hacia el Pacífico colombiano que la mesa de diálogo había acordado realizar hizo en enero de 2023 dos recorridos: uno por el Bajo Calima en el Valle y otro por el medio San Juan en el Chocó. Allí pudo observar la grave situación de las personas que viven en albergues que deberían ser provisionales, pero se han convertido en permanentes pese a sus condiciones infrahumanas. Y evidenció también las carencias en términos de alimentación y servicios de salud. Un ejemplo claro de esa situación es el que se produce en el Polideportivo de El Cristal, donde permanecen algunas de las 210 familias desplazadas por el conflicto. Las poblaciones reclamaron la liberación de sus territorios de la situación de guerra y exigieron servicios básicos en los albergues y garantías para retornar y permanecer en sus comunidades. Tanto el gestor de paz del ELN como su vocero en la Caravana Humanitaria reconocieron la urgencia planteada por los ciudadanos de terminar la guerra. Asimismo, afirmaron que habían enviado una lista de 40 presos al gobierno y que, de ella, se seleccionaron ocho que requerían con urgencia atención médica y el beneficio de «casa por cárcel». El ELN afirmó que esperaba cumpliera con las reformas penitenciarias y de justicia.

Así, reuniones, comunicado, acuerdos y caravana muestran que, afortunadamente, se superó el impase que se había suscitado con el anuncio presidencial de cese al fuego con cinco grupos armados irregulares, como parte de la política de «paz total». La delegación de gobierno realizó entonces una reunión de tres días en Bogotá, para analizar las lecciones aprendidas del cese al fuego de 101 días que se pactó con el ELN entre septiembre de 2017 y enero de 2018, revisar lo avanzado sobre cómo planear la participación de la sociedad civil y preparar cómo atender los temas ambientales; y con el encuentro con el presidente Petro, el 7 de febrero de 2023, preparó la continuación de la Mesa de negociación.

Reactivación de la mesa de diálogo

El segundo ciclo de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN comenzó el 13 de febrero de 2023 en Ciudad de México. Las partes acordaron que la negociación se extenderá por 21 días y contará con la participación de los embajadores de diez países garantes o acompañantes –Noruega, Venezuela, Cuba, México, España, Alemania, Suiza, Suecia, Chile y Brasil–.

Esas conversaciones deben examinar los logros y las dificultades en la implementación de lo acordado en el primer ciclo, empezando por el desarrollo de la Caravana Humanitaria. Resulta crucial que cada parte examine lo planteado por las poblaciones más afectadas de las zonas del Valle y del Chocó y que la mesa defina si asume esas experiencias como un programa piloto.

Resulta igualmente clave el abordaje de la cuestión del cese al fuego. En las sesiones desarrolladas en 2017 y 2018 se desarrolló una submesa específica para esa materia, en la que tuvieron participación generales del Ejército y la Policía, que contribuyeron a discutir protocolos para concretar la medida.

El otro tema que aborda este nuevo ciclo es el de la participación de la sociedad civil. Resulta esencial que parta de lo avanzado en las audiencias y consultas con organizaciones sociales de los territorios más afectados, sobre todo en lo concerniente a las formas en que se desarrollará la participación de la ciudadanía en los diversos aspectos que hacen al proceso de paz.

Es de desear que el gobierno afine sus pronunciamientos y su capacidad de concertación y de acción. Y que el ELN asuma, de una vez y para siempre, que nada justifica el sufrimiento al que somete a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Es necesario que la guerrilla comprenda que no puede sostener la violencia escudada en el apoyo social que recibe de parte de un sector de la población. Su propuesta a la mesa de negociaciones de un abandono paulatino de la violencia a medida que el Estado vaya realizando transformaciones sociales en un sentido de justicia es, en tal marco, infundada. Lo que el pueblo colombiano desea es la paz y, sin dudas, las transformaciones sociales. Pero para que esas transformaciones puedan desarrollarse claramente, la paz es prioritaria. Sin paz, esos avances se vuelven mucho más difíciles, como se ha demostrado durante el largo ciclo de la violencia política en Colombia.