Cuando el régimen de Nicolae Ceaușescu cayó en 1989, Rumania no solo debió construir un nuevo orden democrático, sino también decidir cómo narrar su pasado. La memoria de la represión comunista irrumpió en el espacio público al mismo tiempo que el país comenzaba a reconocer tardíamente la responsabilidad del Estado rumano en el Holocausto. Ambas memorias se presentaron muchas veces como rivales. El anticomunismo permitió condenar la dictadura y organizar la oposición democrática, pero también sirvió para legitimar nuevas elites intelectuales, rehabilitar a figuras vinculadas con el fascismo y desacreditar a adversarios políticos del presente. Más de tres décadas después, el crecimiento de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y el fenómeno de Călin Georgescu obligan a preguntarse qué elementos de aquella reorganización sobreviven en la extrema derecha actual y cuáles pertenecen a una etapa completamente nueva.

Anemona Constantin es socióloga política, investigadora del Centro Europeo de Sociología y Ciencia Política de París, del Centro de Estudio de la Vida Política de la Universidad Libre de Bruselas y asociada al Centro Francés de Investigación en Ciencias Sociales de Praga. Se doctoró en la Universidad de París Nanterre con una investigación sobre las disputas en torno de los pasados fascista y comunista en la Rumania posterior a 1989. Sus trabajos analizan la recepción de El libro negro del comunismo, el Memorial de Sighet, la formación de una nueva elite anticomunista y las redes transnacionales de intelectuales conservadores. En esta conversación, Constantin reconstruye las relaciones entre memoria y poder en la Rumania poscomunista, analiza las raíces y las novedades de la extrema derecha rumana y explica cómo las antiguas batallas sobre el comunismo se conectaron con las actuales guerras culturales y con la formación de una nueva derecha global.

Una parte importante de su investigación se ocupa de la memoria del comunismo después de 1989 y de su incidencia en las nuevas democracias de Europa del Este. En Rumania, la condena del pasado comunista coincidió con el redescubrimiento del Holocausto y de la responsabilidad del propio Estado rumano. ¿Por qué eligió estudiar esa disputa a través de la circulación y la recepción de El libro negro del comunismo, publicado originalmente en Francia en 1997? ¿Qué permite ver el recorrido de un libro acerca de la reconstrucción del campo intelectual y político posterior a 1989?

Mi punto de partida fue el modo en que comenzó a escribirse la historia del comunismo tras la caída del régimen en Rumania. Allí se produjo una competencia muy intensa entre dos memorias: la del fascismo y el Holocausto, por un lado, y la del comunismo y el Gulag, por otro. Durante el régimen comunista no se había discutido públicamente el Holocausto como un acontecimiento específico ni la participación del Estado rumano en él. Después de 1989, por lo tanto, ambas historias irrumpieron casi al mismo tiempo y comenzaron a disputarse un lugar central en el espacio público. Con frecuencia fueron presentadas como memorias rivales: se discutía cuál había sido el crimen más importante o qué grupo de víctimas debía ocupar el centro.

La disputa rumana debe situarse en una historia más amplia. Incluso al terminar la guerra, cuando se juzgaron los crímenes en Núremberg, el Holocausto todavía no aparecía como un acontecimiento específico; su reconocimiento como tal se consolidó bastante más tarde. En Estados Unidos, como mostró el historiador estadounidense Peter Novick en The Holocaust in American Life, la importancia pública de la memoria del Holocausto no dependió solo de los recuerdos de los sobrevivientes, sino también de transformaciones políticas posteriores. En Alemania el recorrido fue distinto: hubo juicios ya desde la década de 1950 y, más tarde, un gran debate entre historiadores sobre el Holocausto y sobre la relación entre fascismo y comunismo, en el que los revisionistas como el historiador alemán Ernst Nolte llegaban a presentar el fascismo como una mera reacción al comunismo.

El debate abierto por Nolte resulta útil para comprender el problema que me interesaba estudiar. Presentar el fascismo como una mera reacción al comunismo no solo establecía una determinada relación causal entre ambos fenómenos, sino que también desplazaba la atención desde los contenidos propios de la extrema derecha hacia aquello a lo que supuestamente respondía. Esa operación reaparece hoy cuando se la explica únicamente como una reacción a la izquierda, la inmigración o el feminismo. Las interacciones importan, pero una explicación basada exclusivamente en la reacción diluye la autonomía ideológica y la responsabilidad de esas fuerzas.

Mi propósito inicial era reconstruir sociológicamente la reconfiguración del campo intelectual rumano después de 1989. Como se trataba de un universo demasiado amplio, necesitaba seguir una controversia y un objeto concretos, y decidí concentrarme en las polémicas en torno del pasado que se desarrollaban entonces en Rumania. Al examinar las principales fuentes históricas utilizadas por quienes reclamaban una condena del comunismo, advertí que El libro negro del comunismo se había convertido en una obra de referencia para caracterizar el pasado comunista como criminal. La elección resultaba reveladora: aunque la edición francesa no incluía un capítulo sobre Rumania, la traducción rumana fue una de las primeras en aparecer, en 1998, e incorporó un apartado escrito por historiadores del país sobre los crímenes del régimen. Seguir el recorrido de ese libro permitía observar de manera articulada la producción de conocimiento histórico, la transformación de las elites intelectuales y su intervención política.

El libro negro del comunismo nació en un contexto intelectual francés muy particular: varios de sus autores habían militado en distintas corrientes de la izquierda y se desplazaron luego hacia el anticomunismo. Pero su investigación no se concentra solamente en lo que decía la obra, sino también en las personas y las instituciones que la convirtieron en una referencia autorizada. ¿Quiénes participaron en su elaboración? ¿Cómo se conectaron con los exiliados y los disidentes de Europa del Este y cómo contribuyeron a formar una coalición entre liberales y conservadores anticomunistas?

El libro fue producido por un grupo muy heterogéneo, que reunía a historiadores académicos franceses y a intelectuales de Europa del Este, disidentes o especialistas en los regímenes comunistas. Varios de sus autores franceses habían sido comunistas, maoístas o trotskistas en su juventud y se habían desplazado después hacia el anticomunismo. La obra expresaba, por lo tanto, una historia interna de la izquierda francesa y una disputa entre antiguos compañeros. Desde la revolución húngara de 1956 y la Primavera de Praga de 1968, una parte de la intelectualidad que había militado en el comunismo comenzó a revisar sus posiciones y a volverse cada vez más crítica de la Unión Soviética. En ese marco, la defensa de los disidentes de Europa del Este se convirtió en uno de los espacios en que se consolidó ese anticomunismo.

Stéphane Courtois, coordinador de la obra e investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, había militado en el maoísmo, y su trayectoria combinaba esa experiencia política con la legitimidad profesional del historiador. En el proyecto coexistían, por lo tanto, personas con credenciales académicas distintas y con distintas formas de autoridad para escribir la historia del comunismo, y esa heterogeneidad fue precisamente una de las condiciones de la circulación internacional del libro.

Conviene aclarar que el libro no fue, en su origen, un instrumento exclusivo de la extrema derecha. El libro favoreció una coalición entre liberales y conservadores anticomunistas, no una articulación originariamente propia de la extrema derecha. Sin embargo, es importante insistir en que esas identidades no permanecieron fijas: algunas figuras que se presentaban como liberales en la década de 1990 adoptaron posiciones mucho más conservadoras en la de 2000. Si observamos el itinerario completo, vemos un espacio político e intelectual en movimiento, no dos grupos claramente separados desde el comienzo.

Courtois, por su parte, había establecido relaciones con exiliados y refugiados políticos rumanos en París ya antes de la publicación del libro. Ese exilio era también muy heterogéneo: incluía a liberales, antiguos disidentes y personas relacionadas en el pasado con la Guardia de Hierro. A través de esos vínculos, y de los contactos que los exiliados conservaban dentro de Rumania, la obra pudo incorporarse rápidamente a las disputas políticas e historiográficas de la transición.

La traducción rumana de El libro negro del comunismo tuvo una importante recepción a través de una infraestructura formada por exiliados, antiguos disidentes, organizaciones cívicas y nuevas instituciones de la memoria. ¿Quiénes fueron las personas y las instituciones que dieron forma a la reorganización del anticomunismo después de 1989?

Entre los sectores liberales del exilio fueron muy importantes los intelectuales vinculados con Radio Europa Libre. Durante el régimen comunista, sus emisiones habían representado para muchos rumanos una de las pocas voces públicas de oposición y gozaban de un enorme prestigio; para amplios sectores, constituyeron la única resistencia que podía escucharse de manera regular. Después de 1989, esas redes se relacionaron con escritores y disidentes que habían permanecido dentro del país y comenzaron a intervenir tanto en las políticas de memoria como en la reorganización de la oposición.

Una de sus principales expresiones fue la Alianza Cívica, una organización creada por intelectuales y activistas anticomunistas. Junto con el Grupo para el Diálogo Social y con los pequeños partidos que retomaban los nombres de las fuerzas democráticas del periodo de entreguerras, la Alianza Cívica contribuyó a articular una alternativa al poder poscomunista, y esa constelación tuvo un papel importante en la alternancia de 1996, cuando Emil Constantinescu, entonces rector de la Universidad de Bucarest, se convirtió en el primer presidente que no procedía de las estructuras dirigentes del antiguo régimen.

Esas mismas redes crearon el Memorial de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia en Sighetu Marmației, una ciudad en el norte de Rumania. El museo se instaló en una antigua prisión política en la que el régimen había encarcelado a numerosos dirigentes liberales y nacional-campesinos del periodo de entreguerras, además de intelectuales y opositores de diversas orientaciones; por eso Sighet fue presentado como la prisión de las elites políticas e intelectuales rumanas. Pero no era solamente un museo: incluía un centro de estudios sobre el comunismo, producía investigaciones y organizaba una escuela de verano para estudiantes. Se convirtió, así, en un lugar europeo de memoria y en un espacio de cooperación entre intelectuales liberales y conservadores de distintos países, donde participaron figuras como Vladimir Bukovski, uno de los disidentes soviéticos más conocidos, y el propio Courtois. El libro negro del comunismo circuló dentro de esta infraestructura institucional y adquirió gracias a ella una autoridad que no procedía únicamente de su contenido.

Además de construir una memoria pública, el libro intervino en disputas académicas y partidarias muy concretas. Una nueva generación de historiadores reclamaba acceso a los archivos, puestos y recursos, mientras la oposición presentaba al espacio encabezado por Ion Iliescu como una continuación del antiguo Partido Comunista. ¿Quiénes se valieron de El libro negro del comunismo y contra quiénes lo utilizaron? ¿Hasta qué punto la memoria se convirtió en un recurso para disputar poder político y autoridad académica?

En el campo académico, el libro sirvió para legitimar una nueva historiografía anticomunista. Después de 1989 todavía había muy pocas investigaciones sobre el número de víctimas, la represión estalinista y las transformaciones posteriores del régimen. En ese contexto, una generación joven de historiadores, formada en los últimos años del comunismo y consolidada profesionalmente durante la transición, reclamaba el derecho a escribir esa historia. Esa disputa era intelectual, pero también generacional e institucional: enfrentaba a los nuevos especialistas con historiadores mayores, más próximos al Estado y a una historiografía nacionalista, por el acceso a archivos, puestos y recursos.

En el terreno político, en cambio, el adversario principal era el espacio que más tarde se consolidaría como Partido Socialdemócrata (PSD), encabezado en los primeros años por Ion Iliescu, primer presidente de la Rumania poscomunista y antiguo miembro de la nomenklatura durante el régimen de Nicolae Ceaușescu. Iliescu obtuvo una mayoría abrumadora en las elecciones de 1990, y ese espacio heredaba cuadros y redes del antiguo Partido Comunista y dominaba el nuevo sistema. Frente a él, los partidos Liberal y Nacional Campesino, todavía muy pequeños, se aliaron con las organizaciones cívicas y con los intelectuales anticomunistas.

El argumento central de la oposición consistía en presentar al PSD como una mera continuación del Partido Comunista. La comparación se apoyaba en continuidades biográficas e ideológicas reales, pero también constituía una construcción simbólica. El PSD dejó de ser comunista muy pronto: se orientó hacia la integración europea, desempeñó un papel importante en el ingreso de Rumania en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y terminó aplicando políticas neoliberales. Con todas sus transformaciones, sigue siendo hasta hoy uno de los partidos más importantes del país. Sin embargo, llamar «comunista» al adversario continuó siendo una herramienta muy eficaz para deslegitimarlo.

El anticomunismo se utilizó también para asociar la corrupción del presente con las prácticas del antiguo régimen, y permitió denunciar como «comunistas» políticas muy diferentes entre sí: la nacionalización de una empresa, una medida redistributiva o, más recientemente, determinadas políticas de inclusión y políticas sociales destinadas a apoyar a personas desempleadas o madres solteras. En este sentido, la memoria del comunismo no producía por sí misma una posición política coherente; funcionaba, más bien, como un repertorio flexible de acusaciones dentro de luchas por el poder, la autoridad académica y la distribución de recursos.

El anticomunismo permitió presentar como demócratas y mediadores de la cultura occidental a algunas figuras que habían estado vinculadas con el fascismo. El caso del filósofo Constantin Noica resulta especialmente complejo: había apoyado a la Guardia de Hierro, fue encarcelado por el régimen comunista y posteriormente colaboró con la Securitate. ¿Cómo se produjo su rehabilitación? ¿Qué papel desempeñaron sus discípulos y la editorial Humanitas en la construcción de una nueva elite intelectual después de 1989?

Constantin Noica fue un filósofo que había apoyado a la Guardia de Hierro durante el periodo de entreguerras y que luego fue perseguido y encarcelado por el régimen comunista. Tras su liberación se convirtió en una figura central de la filosofía rumana: frente al marxismo-leninismo oficial, reivindicaba una tradición idealista vinculada con los clásicos griegos y con filósofos alemanes como Martin Heidegger. Los archivos conocidos posteriormente mostraron, además, que Noica colaboró con la Securitate, la policía política del régimen. Su trayectoria, por lo tanto, no puede reducirse a una oposición transparente entre el intelectual perseguido y el Estado comunista. Las autoridades intentaron utilizar sus vínculos con intelectuales exiliados y su prestigio cultural para reforzar su propio giro nacionalista.

En las décadas de 1970 y 1980, Noica reunió en la localidad montañosa de Păltiniș a un pequeño grupo de jóvenes filósofos y escritores. Quería crear una escuela filosófica y, en efecto, formó a figuras que luego ocuparían lugares decisivos en la vida intelectual de la transición, entre ellas Gabriel Liiceanu y Andrei Pleșu. Como la filosofía académica estaba dominada por el marxismo-leninismo, la lectura de Platón, Hegel o Heidegger podía adquirir por sí misma el valor de una disidencia cultural; no era una disidencia comparable con los grandes movimientos organizados de Polonia o Checoslovaquia, pero alcanzó un enorme prestigio en el contexto rumano. Noica fue construido, en ese sentido, como un «Heidegger rumano»: un maestro asociado al fascismo en su juventud, pero presentado después ante todo como un gran pensador y como una alternativa intelectual al marxismo oficial.

Ese prestigio tuvo consecuencias institucionales muy concretas. Pleșu fue ministro de Cultura en el primer gobierno poscomunista, y Liiceanu quedó al frente de Humanitas, creada sobre la estructura de la antigua Editorial Política. Humanitas publicó la versión rumana de El libro negro del comunismo y se convirtió en una de las editoriales más prestigiosas y rentables del país, a pesar de que Rumania tiene índices de lectura relativamente bajos. En la década de 1990, además, esa editorial aparecía como mediadora de un canon europeo que había circulado de manera limitada bajo el régimen comunista: construyó amplias colecciones anticomunistas y controló buena parte de los derechos y los catálogos de Noica y de Mircea Eliade, el célebre historiador de las religiones que también había mantenido vínculos con la Guardia de Hierro.

De este modo, el anticomunismo ayudó a legitimar a toda una elite intelectual, a sus instituciones y su posición dentro del mercado cultural. El mecanismo no exigía una negación abierta del fascismo. Bastaba con concentrar la atención en la criminalidad del comunismo y relegar las adhesiones fascistas, el antisemitismo de la Guardia de Hierro y la responsabilidad del Estado rumano en el Holocausto. Esas adhesiones podían describirse como «errores de juventud» cometidos antes de que se conocieran plenamente sus consecuencias. Se construyó así una forma de inocencia para figuras presentadas, ante todo, como víctimas del comunismo, disidentes y mediadores de la cultura occidental.

Esa reconstrucción de la memoria dejó en penumbra el antisemitismo de la Guardia de Hierro y, sobre todo, la responsabilidad del Estado rumano en el Holocausto. ¿Qué raíces tenía el antisemitismo rumano y cómo se convirtió en un programa político durante el período de entreguerras? ¿En qué consistió la participación de Rumania en la persecución y el asesinato de judíos y romaníes durante la Segunda Guerra Mundial, y por qué su reconocimiento resultó tan conflictivo después de 1989?

Rumania fue aliada de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero el antisemitismo tenía una historia mucho más antigua: había sido una dimensión importante del nacionalismo desde la segunda mitad del siglo XIX y fue cambiando junto con él. En el período de entreguerras se radicalizó y se transformó en un verdadero programa político, primero con organizaciones como la Liga para la Defensa Nacional Cristiana y después con la Guardia de Hierro. En ese proceso, el movimiento estudiantil desempeñó un papel importante: en un contexto de fuerte desempleo entre los jóvenes intelectuales, sus militantes reclamaron inicialmente un numerus clausus para limitar la presencia de estudiantes judíos en las universidades y luego avanzaron hacia propuestas de exclusión mucho más amplias.

Para comprender por qué el antisemitismo alcanzó tanta fuerza es necesario considerar la composición de la sociedad. Las comunidades judías se encontraban sobre todo en las ciudades y muchas habían formado parte, antes de 1918, de los imperios austrohúngaro o ruso. En una sociedad muy heterogénea, en la que buena parte de la población rumana era rural, esa presencia urbana permitió representar a los judíos como los «capitalistas» y «explotadores» del país, lo que otorgó al antisemitismo una dimensión económica. Esas comunidades, además, se relacionaban con poblaciones húngaras, alemanas o rusas y no se identificaron de inmediato con el nuevo Estado nacional rumano. Como mostró la historiadora Irina Livezeanu, con la creación de la Gran Rumania, el Estado intentó homogeneizar una población muy heterogénea: cerró o transformó escuelas de las minorías, aplicó políticas de «rumanización» en la educación y la economía y presentó a los judíos como una población cuya lealtad nacional era dudosa. A ese antisemitismo nacionalista se sumaba una tradición cristiana que los concebía como un cuerpo extraño. Este recorrido vuelve problemática la actual invocación de una civilización «judeocristiana» supuestamente inmemorial. Como ha señalado la historiadora franco-tunecina Sophie Bessis, esa fórmula es una construcción política mucho más reciente.

Durante la guerra, el Estado rumano deportó a judíos de Besarabia y Bucovina del Norte, y a personas romaníes, hacia la Transnistria ocupada. El argumento era que los judíos de los territorios recuperados de la Unión Soviética se habían vuelto comunistas y habían traicionado al Estado rumano. Hubo asesinatos masivos cometidos por el Ejército y las autoridades, entre ellos el pogromo de Iași de 1941 y las matanzas de Odesa. Los judíos que vivían dentro de las fronteras rumanas anteriores a la guerra no fueron deportados en masa de la misma manera, pero sufrieron una segregación severa, la exclusión de la vida profesional y la expropiación de sus bienes. Conviene subrayar, además, que frente a las presiones alemanas el régimen rumano reivindicó su propia autonomía para decidir el destino de la población judía bajo su control. Eso no disminuye en nada su responsabilidad; al contrario, muestra que la persecución no fue una política simplemente impuesta desde Berlín.

La Comisión Internacional para el Estudio del Holocausto en Rumania, presidida por el escritor y sobreviviente de la Shoah Elie Wiesel, estimó en 2004 que entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos fueron asesinados en territorios bajo administración rumana, y estableció también que alrededor de 25.000 romaníes fueron deportados y que al menos 11.000 murieron. En 1989, los especialistas y algunos círculos de sobrevivientes conocían partes de esta historia, pero el público cultivado no disponía todavía de un relato compartido sobre ella.

Usted sostiene que conocer los crímenes no basta para convertirlos en una referencia moral compartida. ¿La rehabilitación de aquellas figuras fue posible simplemente porque se desconocían los hechos o porque todavía no existía un marco social y democrático desde el cual juzgarlos? ¿Qué instituciones, valores y formas de memoria pública fueron necesarias para que el Holocausto comenzara a funcionar también como una lección para el presente?

No diría que los hechos fueran completamente desconocidos. Había sobrevivientes que contaban sus experiencias y pequeños círculos intelectuales que sabían que los judíos de Besarabia y Bucovina habían sido deportados a Transnistria. Pero conocer un crimen no basta para convertirlo en una referencia moral compartida: para que el Holocausto se transforme en una lección para el presente hace falta un marco social que reconozca la responsabilidad colectiva, y esa toma de conciencia no es solamente psicológica, sino que requiere tiempo, instituciones y una memoria pública.

Ese marco todavía era débil en la Rumania de la década de 1990. Pesaba, además, una cultura muy elitista, que concedía a los grandes intelectuales una autoridad excepcional y tendía a separar el valor de sus obras de sus compromisos políticos. El fascismo podía aparecer, entonces, como un episodio remoto, y el nacionalismo no estaba tan estigmatizado como después; por eso resultaba más sencillo presentar la adhesión de ciertos intelectuales a la Guardia de Hierro como una equivocación juvenil que no debía alterar la valoración de su obra ni su condición posterior de víctimas del comunismo.

A ello se agregaba otra cuestión. La caída del régimen produjo una fuerte valoración de la libertad, pero apreciar la libertad no equivale automáticamente a sostener una cultura democrática. La democracia exige aceptar el pluralismo, los procedimientos, los límites del poder y un proceso de toma de decisiones que muchas veces es lento. Esto no significa que la sociedad rumana sea esencialmente autoritaria ni que esté condenada a buscar dirigentes fuertes. El punto es que el apego a la democracia nunca puede darse por supuesto y que, durante la década de 1990, todavía no estaban plenamente construidas las condiciones para relacionar la condena del Holocausto con una cultura democrática.

Esa consolidación de la memoria, con el tiempo, modificó también la manera de mirar el presente. Cuando hoy las personas se movilizan ante matanzas o violaciones masivas de los derechos humanos, incluida la situación en Gaza, recurren a un marco moral construido en buena medida a partir de la memoria del Holocausto. Esto muestra que una memoria pública no consiste solo en conocer lo ocurrido: también ofrece categorías para reconocer otras violencias y para decidir que no son asuntos lejanos frente a los que no tenemos ninguna responsabilidad.

Usted comparó la enseñanza de la historia del comunismo en Rumania, Bulgaria y Moldavia, tres sociedades que no se volvieron anticomunistas del mismo modo ni al mismo tiempo. ¿Qué relatos construyó cada país y cómo se vincularon con sus respectivas ideas de nación, democracia y pertenencia a Europa? ¿En qué casos la condena del comunismo se orientó contra una ideología y en cuáles se convirtió, sobre todo, en una narración contra la dominación soviética o rusa?

Es importante no suponer que todos los países que abandonaron regímenes comunistas se volvieron anticomunistas de la misma manera y al mismo tiempo. La enseñanza de ese pasado adquirió sentidos diferentes según las relaciones con Rusia, la composición de la sociedad y las continuidades entre los antiguos partidos comunistas y las nuevas fuerzas políticas; no existe, en ese sentido, una única memoria «de Europa del Este».

En Bulgaria, por ejemplo, donde la relación histórica con Rusia ha sido más estrecha que en Rumania, quienes defendían una enseñanza abiertamente anticomunista tuvieron menos peso. En Rumania, en cambio, el anticomunismo fue más fuerte y se convirtió en un lenguaje central de la oposición política e intelectual. Eso no significa, sin embargo, que la extrema derecha rumana haya sido anticomunista desde el comienzo: su primera expresión importante después de 1989, el Partido de la Gran Rumania, combinaba el nacionalismo soberanista con la nostalgia por el comunismo nacional del dictador Nicolae Ceaușescu.

En Moldavia la cuestión adquirió otro significado. Entre los historiadores pro-rumanos que estudié, el relato no denunciaba el comunismo solamente como una ideología, sino sobre todo la ocupación soviética y rusa del país, y esa interpretación se vinculaba con una orientación política y cultural favorable a Rumania. El panorama era, de todos modos, heterogéneo: la minoría rusófona contaba con sus propias escuelas y manuales, que ofrecían otra narración del período. Mi trabajo de campo se concentró en los historiadores pro-rumanos porque no hablo ruso, de modo que no pretendo describir del mismo modo ambos universos.

Lo que muestran estos casos es que, en cada país, la historia del comunismo quedó integrada en conflictos diferentes. Cuando existían grandes partidos sucesores de las antiguas estructuras comunistas, como en Rumania, el anticomunismo podía emplearse para denunciar la corrupción y deslegitimar a esos adversarios; en Moldavia, en cambio, se vinculaba con la soberanía, la lengua y la relación con Rusia. Por eso conviene no dar por sentado que el anticomunismo y la extrema derecha avanzan necesariamente juntos: pueden aliarse en ciertos momentos, pero también existen derechas radicales que recuperan selectivamente componentes del pasado comunista.

El ascenso de la extrema derecha convive, en varios países de Europa del Este, con cierta nostalgia por la seguridad económica, la estabilidad y la soberanía nacional del período comunista. ¿Cómo se articulan dos tendencias que parecen contradictorias? ¿Las nuevas derechas se limitan a condenar ese pasado o seleccionan y se apropian de algunos de sus lenguajes, promesas y componentes autoritarios?

La clave es que la relación con el pasado es siempre selectiva. En Rumania, el Partido Comunista adoptó una orientación cada vez más nacionalista, sobre todo durante la década de 1980, y prácticamente borró su propia tradición internacionalista. La imagen de una Gran Rumania y la aspiración a la unión con Moldavia establecen una continuidad entre aquel nacionalcomunismo, el Partido de la Gran Rumania de la década de 1990 y sectores de la extrema derecha actual. Pero no se recupera el comunismo como un conjunto coherente: se toman algunos elementos y se rechazan otros.

La nostalgia se concentra, ante todo, en la seguridad del empleo y en ciertas formas de estabilidad económica. No estoy igualmente convencida de que exista una añoranza por un propósito colectivo. Vivimos en sociedades muy individualizadas y la extrema derecha no ofrece necesariamente un gran objetivo común heredado del comunismo. Combina, más bien, demandas de seguridad con lenguajes nacionalistas, tradicionalistas y proteccionistas. En países como la República Checa también pueden encontrarse articulaciones entre discursos patrióticos, temas económicos asociados históricamente con la izquierda y elementos propios de la derecha.

El proteccionismo, por lo demás, tiene una historia específica en Europa del Este: se formó en oposición a los grandes imperios, como el austrohúngaro, y hoy se reactualiza frente al peso del capital extranjero. En muchos países de la región existe una superposición entre las grandes empresas y los propietarios foráneos, y eso permite representar el conflicto económico como una lucha entre un pequeño capital nacional y un gran capital extranjero. El economista político rumano Cornel Ban ha utilizado la expresión «neoliberalismo nacional» para describir precisamente esta combinación en el caso de Hungría

Călin Georgescu –antiguo alto funcionario y especialista en desarrollo sostenible, vinculado previamente con la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y convertido en uno de los principales referentes de la nueva derecha rumana después de ganar como candidato independiente la primera vuelta presidencial de 2024, posteriormente anulada– no propone una política redistributiva en sentido estricto: no hace del aumento del salario mínimo ni de la redistribución de ingresos el centro de su programa. Habla, más bien, en nombre de los propietarios rumanos, los pequeños empresarios y el capital nacional supuestamente perjudicado por las grandes compañías extranjeras. Incluso algunas personas asalariadas pueden identificarse con esa figura del empresario rumano porque aspiran a ocupar su posición. De este modo, un discurso de derecha se apropia del lenguaje del conflicto económico sin cuestionar las desigualdades entre capital y trabajo.

La Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), liderada por George Simion, se convirtió en la principal fuerza de la derecha radical rumana. Călin Georgescu, un antiguo alto funcionario y especialista en desarrollo sostenible, ganó como candidato independiente la primera vuelta presidencial de 2024, luego anulada. ¿Qué explica la expansión de este espacio político? ¿Qué recibe de las tradiciones nacionalistas y anticomunistas anteriores y qué elementos son nuevos? ¿Qué importancia tienen el unionismo, el cristianismo ortodoxo, la diáspora y el malestar acumulado durante la pandemia?

La extrema derecha debe analizarse siempre dentro de cada contexto nacional, aunque existan tendencias y lenguajes transnacionales, porque no todas las fuerzas radicales se organizan alrededor de los mismos conflictos. En algunos países de Europa occidental, como los Países Bajos, sectores de la extrema derecha aceptan el matrimonio igualitario y utilizan esa posición como una marca de superioridad cultural frente a los inmigrantes musulmanes. En otros casos aparecen contradicciones entre la vida privada de sus dirigentes y los valores familiares que defienden. La categoría común no debería hacernos perder de vista esas diferencias ni llevarnos a buscar una única fractura social transnacional capaz de explicar por sí sola todos esos ascensos. La extrema derecha interviene sobre crisis locales, sistemas políticos e historias nacionales muy distintos.

En Rumania, la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) reunió desde su fundación, en 2019, dos corrientes que ya tenían una historia propia. George Simion, su principal dirigente, provenía del movimiento unionista, que desde la década de 1990 reclama la reunificación de Rumania y Moldavia. Antes de dedicarse a la política electoral, había adquirido notoriedad como activista y organizador de campañas y movilizaciones en favor de esa causa. El otro cofundador importante fue Claudiu Târziu, periodista y activista procedente del conservadurismo cristiano, vinculado con las movilizaciones en defensa de la familia tradicional. Esa confluencia ayuda a entender los cuatro principios con los que AUR se presentó: «familia, nación, fe y libertad». También explica el peso que tienen dentro del partido el nacionalismo unionista, el cristianismo ortodoxo y la oposición a las transformaciones promovidas por los movimientos feministas y de diversidad sexual. Aunque había sido creado apenas un año antes, AUR consiguió ingresar en el Parlamento en 2020.

Călin Georgescu procede de un mundo diferente. No construyó inicialmente su carrera en esos movimientos de base, sino dentro del Estado y de los circuitos tecnocráticos nacionales e internacionales. Es un antiguo funcionario y especialista en desarrollo sostenible que ocupó distintos cargos en organismos públicos y ámbitos internacionales. También estuvo vinculado con AUR y fue propuesto por el partido como posible primer ministro antes de distanciarse de Simion y desarrollar un liderazgo independiente. Georgescu pudo presentarse después como una figura exterior al sistema, aunque buena parte de su trayectoria había transcurrido dentro de él. No era, por lo tanto, un dirigente completamente nuevo, sino un actor formado en las instituciones que logró reconvertirse en candidato antisistema. Su trayectoria permite ver que la novedad política no siempre procede de personas ajenas al Estado o a las elites anteriores, pero también que existe una demanda social real de nuevas prácticas políticas y formas de representación que rompan con la política tradicional.

A estas trayectorias se suma el agotamiento del espacio político controlado por los grandes partidos tradicionales. Muchos ciudadanos ya no se sienten representados por esas fuerzas y buscan nuevos canales de participación, ya sean partidos, movimientos o centros de producción de ideas. La aparición de nuevos emprendedores políticos expresa también esa crisis de representación, que no caracteriza solamente a Rumania o a Europa central y oriental, sino también, como muestran investigaciones recientes, a Europa occidental y del Sur. Simion logró convertir su experiencia como activista en una organización partidaria, mientras que Georgescu construyó un liderazgo mucho más personalizado. La competencia entre ambos revela que la extrema derecha rumana no constituye un bloque homogéneo.

Otra especificidad decisiva es el papel de la diáspora, que creció enormemente tras el ingreso de Rumania en la Unión Europea y la emigración masiva hacia Europa occidental en busca de oportunidades laborales. La extrema derecha obtuvo resultados especialmente fuertes entre esos votantes, tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales. Ese apoyo no se limita a personas pobres o socialmente frágiles. Entre quienes respaldan a Simion o a Georgescu hay sectores medios y medios altos, así como empresarios descontentos con las políticas económicas del Estado. A ello se sumó la pandemia. AUR ganó protagonismo durante ese periodo y canalizó, al igual que Georgescu, la desconfianza hacia la gestión institucional de la pandemia de Covid-19.

En la actualidad, la derecha radical ha dejado de ser una fuerza marginal para convertirse en una parte estable del sistema político rumano. En su interior conviven un partido con estructura territorial, dirigentes y militantes, como AUR, y liderazgos personales que se presentan como exteriores a esa organización, como el de Georgescu. Su fortaleza se apoya menos en un programa preciso que en la crisis de representación de los grandes partidos tradicionales, el nacionalismo unionista, el peso de la religión ortodoxa y la movilización de la diáspora. Al mismo tiempo, condiciona la agenda de las fuerzas proeuropeas, obligadas a responder a los temas que impone. Por eso no la interpreto como una anomalía pasajera, sino como una reconfiguración del espacio político en torno de tendencias iliberales y valores conservadores que han terminado por permear a todas las fuerzas políticas.

En Moldavia, la disputa entre fuerzas proeuropeas y prorrusas se cruza con el debate sobre una eventual unión con Rumania. El dirigente de AUR George Simion procede del movimiento unionista, pero las autoridades moldavas le prohibieron la entrada al país. ¿Cómo altera la guerra en Ucrania ese escenario? ¿Qué ocurre cuando la propia Maia Sandu, referente del campo proeuropeo, empieza a considerar una idea que durante mucho tiempo fue patrimonio de los nacionalistas?

No he seguido la evolución reciente de la extrema derecha moldava con la misma profundidad con que estudié el caso rumano, de modo que prefiero ser prudente. La principal división política de Moldavia enfrenta a sectores prorrusos con un gobierno proeuropeo y culturalmente próximo a Rumania. La presidenta Maia Sandu ha hecho de la lucha contra la influencia y la propaganda rusas una prioridad, aunque algunas de las restricciones impuestas a medios acusados de difundir esa propaganda plantean, al mismo tiempo, interrogantes sobre los límites de una democracia liberal sometida a una amenaza exterior muy fuerte.

Simion procede del movimiento unionista y trató de organizar también una presencia política en Moldavia. Sin embargo, las autoridades moldavas le prohibieron la entrada al país y lo declararon persona non grata, lo que limita su capacidad para intervenir directamente en ese espacio y muestra que el gobierno de Sandu no considera que todo el unionismo sea necesariamente compatible con su proyecto proeuropeo.

La invasión rusa de Ucrania modificó, además, los términos del debate. Durante mucho tiempo, la mayoría de los moldavos quiso conservar un Estado independiente y la reunificación con Rumania fue una posición minoritaria, aunque visible desde la década de 1990. Frente a la amenaza rusa, la propia Sandu llegó a afirmar que votaría a favor de la unión si se celebrara un referéndum, aun cuando reconoció que hoy no existe una mayoría social favorable a ella. Ese desplazamiento resulta significativo: cuando una idea sostenida por los nacionalistas empieza a ser considerada también por dirigentes moderados, puede dejar de ser un patrimonio exclusivo de la extrema derecha y perder parte de su capacidad de diferenciación.

Después del ingreso de Rumania en la Unión Europea, algunos intelectuales anticomunistas que en la década de 1990 se definían como liberales y proeuropeos adoptaron posiciones nacionalistas, religiosas o antiliberales. ¿Cómo se produjo esa radicalización? ¿Qué papel desempeñaron la institucionalización de las políticas de memoria, la crisis financiera, las migraciones y las nuevas «guerras culturales»? ¿La conexión con la extrema derecha partidaria se produjo a través de esa primera generación o, sobre todo, de sus discípulos?

La relación no es del todo directa. La primera generación de intelectuales anticomunistas conserva cierta distancia frente a la extrema derecha partidaria, a la que suele considerar populista, poco educada y escasamente intelectual. Esas figuras continúan reivindicando la autonomía del intelectual y prefieren intervenir como autoridades públicas, formadores de opinión o consejeros del poder. Se sitúan en una zona intermedia entre la cultura y la política, donde su capacidad de influencia depende de una autoridad individual basada en el prestigio intelectual y no de la pertenencia orgánica a un partido. Su conservadurismo, además, es más civilizatorio que nacionalista: defienden una idea cristiana de Europa frente a la inmigración o el islam, pero no siempre comparten el proteccionismo económico ni el discurso en favor de los empresarios rumanos.

La conexión aparece con mayor claridad en una segunda generación formada por esos mismos intelectuales. Sorin Lavric –filósofo, estudioso de Noica y antiguo discípulo de Gabriel Liiceanu– se incorporó a AUR y fue elegido senador. Su itinerario muestra cómo las redes de transmisión intelectual produjeron actores más pragmáticos, menos preocupados por conservar una distancia entre cultura y política y dispuestos a participar directamente en un partido. La primera generación preparó un lenguaje y formó a personas que luego se acercaron más a la derecha radical.

La integración europea fue un momento decisivo en ese proceso. El reconocimiento de la participación nacional en el Holocausto funcionó como una condición informal para el ingreso de los países de Europa del Este en la OTAN y la Unión Europea. Una vez incorporados, sin embargo, intelectuales y dirigentes de esos países formaron coaliciones para reclamar que los crímenes comunistas fueran reconocidos también como parte de una memoria común del continente. El libro negro del comunismo contribuyó a construir esa narrativa regional y, en 2009, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la conciencia europea y el totalitarismo que incluyó tanto los crímenes nazis como los cometidos por los regímenes comunistas.

Cuando esas políticas de memoria se institucionalizaron y perdieron parte de su capacidad de movilización, las «guerras culturales» ofrecieron un nuevo terreno de intervención. La crisis financiera de 2008, la llamada crisis migratoria de 2015, Black Lives Matter y el movimiento #MeToo alimentaron esa transformación, y también fueron importantes los contactos con centros conservadores occidentales y estadounidenses, como el American Enterprise Institute. Algunos liberales anticomunistas pasaron entonces de defender la privatización y la integración europea a denunciar la «política identitaria» y el «marxismo cultural». En Rumania, sin embargo, ese paso hacia los partidos de extrema derecha fue mucho más claro en sus discípulos que en los representantes de la primera generación.

En sus trabajos más recientes con el politólogo Valentin Behr, usted habla de una «internacional de intelectuales conservadores» en Europa del Este. ¿Qué designa exactamente esa expresión y cómo se fue formando ese espacio transnacional? ¿Quiénes participan en él, qué los mantiene unidos pese a sus diferencias y a través de qué centros, publicaciones y ámbitos de formación hacen circular sus ideas? ¿Qué papel desempeñan dentro de ese entramado los intelectuales de países como Hungría, Polonia y Rumania?

No se trata de una única organización, sino de varias redes que se superponen y también compiten por ocupar ese espacio. Es un entramado formado durante los últimos 20 años por académicos, integrantes de think tanks, columnistas e intelectuales públicos, al que también se incorporan dirigentes de la derecha conservadora y de la extrema derecha. Elegimos la expresión «internacional» como un eco de la Internacional Comunista, porque muchos de sus participantes afirman que quieren aprender de las prácticas de movilización de la izquierda y de su capacidad para disputar la hegemonía cultural. No existe una dirección central ni una ideología perfectamente homogénea, sino congresos, publicaciones, centros de formación, institutos de investigación y vínculos personales que permiten coordinar iniciativas. Estas redes funcionan, además, como una suerte de grupo de presión que busca desplazar al conjunto de la derecha hacia posiciones más antiliberales y reconfigurar las distinciones «clásicas» entre democristianos, liberales, conservadores y extrema derecha.

Su historia es más larga que su visibilidad actual. Durante la década de 1980, el filósofo conservador británico Roger Scruton estableció redes clandestinas de apoyo y formación con disidentes de Europa del Este, especialmente en Checoslovaquia y Polonia. Esos vínculos, cimentados alrededor del anticomunismo, se reactivaron después de la caída de los regímenes comunistas y se combinaron con el euroescepticismo. Un momento decisivo fueron las conferencias de Vanenburg, que desde 2006 comenzaron a reunir anualmente a intelectuales conservadores europeos. De allí surgió en 2007 el Center for European Renewal (CER), un club paneuropeo impulsado por intelectuales neerlandeses como el filósofo del derecho Andreas Kinneging. En sus reuniones participaban académicos, columnistas e integrantes de centros de estudios preocupados por el aborto, los derechos de las personas LGBTIQ+, la educación y la cultura, ámbitos que consideraban dominados por la izquierda. Muchos habían intentado intervenir previamente desde la universidad o mediante partidos y crearon una infraestructura intelectual propia después de comprobar los límites de esas experiencias.

Los viajes a Estados Unidos resultaron fundamentales, sobre todo cuando internet todavía no facilitaba los contactos como lo hace hoy. El modelo no consistía solamente en crear espacios culturales dentro o alrededor de universidades consideradas progresistas, sino también en trasladar a Europa el formato estadounidense de los think tanks: organizaciones privadas financiadas por empresas, donantes y fundaciones. La disputa cultural estaba unida, por lo tanto, a la búsqueda de recursos y a la profesionalización de la actividad intelectual conservadora. Sin embargo, conviene introducir una distinción: Estados Unidos funcionó tempranamente como modelo organizativo y fuente de recursos, pero los intelectuales estadounidenses que hoy ocupan un lugar central en estas redes se incorporaron relativamente tarde. Desde 2019, las conferencias de Conservadurismo Nacional –conocidas como NatCon– reúnen a intelectuales y dirigentes políticos alrededor de una redefinición explícitamente antiliberal del conservadurismo.

Polonia y Hungría, por su parte, dejaron de ser simples participantes para convertirse en verdaderos centros de estas redes. Las victorias electorales de Ley y Justicia (PiS) y Fidesz ofrecieron recursos estatales, instituciones y posibilidades de intervención que no existían en otros países. En Polonia, los congresos «El gran proyecto de Polonia» buscaron elaborar una estrategia para recuperar la «hegemonía cultural» y, durante los gobiernos del PiS, reunieron a intelectuales, empresarios y políticos para discutir reformas en la educación, la cultura, la economía y la política europea. El gobierno de Viktor Orbán fue todavía más lejos. El Mathias Corvinus Collegium y el Danube Institute, financiados directa o indirectamente por el Estado húngaro, ofrecen becas y cargos a intelectuales europeos y estadounidenses y presentan la «democracia iliberal» húngara como un modelo para la reorganización de la derecha occidental. Incluso The European Conservative, la revista vinculada al CER, trasladó su redacción de Ámsterdam a Budapest, donde encontró financiamiento público y mejores condiciones para expandirse.

Los intelectuales de Europa central y oriental aportan así algo más que una legitimidad basada en su experiencia histórica del comunismo. Polonia y Hungría funcionan como laboratorios políticos, lugares donde las ideas pueden convertirse en instituciones, políticas públicas y carreras profesionales. Sus gobiernos ofrecen becas, universidades, revistas, congresos y puestos desde los cuales es posible atraer a intelectuales extranjeros y volver a exportar esas ideas hacia Europa occidental y Estados Unidos. Rumania, en cambio, está mucho menos representada en esta internacional intelectual. Esa ausencia relativa fue precisamente lo que me llevó a ampliar mi investigación: pasé del caso rumano al estudio de las redes transnacionales y, más recientemente, de sus conexiones con América Latina.

El denominador común de este espacio no es una doctrina coherente. Existen desacuerdos importantes sobre la religión, la soberanía nacional, la economía, el género, el papel del Estado y las relaciones internacionales. Lo que los aproxima es, sobre todo, la identificación del liberalismo –especialmente en su dimensión cultural– como un adversario común, pero también los vínculos sociales y personales y el deseo de pertenecer a una comunidad que comparte un habitus elitista y cosmopolita y ofrece un espacio acogedor para convicciones que sus integrantes viven como heterodoxas frente a la «doxa liberal». Alrededor de esa oposición confluyen la defensa de la nación, la familia y la tradición judeocristiana, la crítica de la inmigración y la denuncia de las universidades como instituciones dominadas por la izquierda, de las que, según sostienen, habría sido erradicada una educación clásica basada en los trascendentales platónicos de «lo verdadero, lo bueno y lo bello». Se trata de una elite transnacional relativamente pequeña cuyos integrantes suelen ocupar varias posiciones a la vez: circulan entre la academia, los medios, los think tanks y la política. Su influencia no proviene tanto de producir grandes teorías como de otorgar legitimidad intelectual a dirigentes, programas y políticas iliberales.

Esta internacional intelectual tampoco debe confundirse con las redes de partidos de extrema derecha. AUR, por ejemplo, fue muy activa en la organización de dos «foros soberanistas» en Bucarest, pero muchos intelectuales conservadores mantienen distancia frente a partidos que consideran excesivamente «populistas». Del mismo modo, Rusia ha respaldado otras redes conservadoras y fuerzas de extrema derecha, pero no ocupa un lugar central en este entramado intelectual específico. No estamos, por lo tanto, ante un único centro de dirección, sino ante distintos circuitos que se relacionan, se superponen y compiten por definir el contenido de la nueva derecha global.

Ideas como el «marxismo cultural», la «ideología de género» o la defensa de la «familia tradicional» suelen presentarse como productos estadounidenses o de Europa occidental que luego son importados por las derechas del Este. Su investigación describe una circulación más compleja, con traducciones, apropiaciones y aportes que también viajan en la dirección inversa. ¿Qué función cumplen esos conceptos en Rumania, donde muchas de las reformas progresistas que denuncian sus críticos ni siquiera llegaron a concretarse? ¿Y cómo circulan esas ideas?

Se trata, ante todo, de un proceso de fertilización cruzada. Varios autores de la Escuela de Frankfurt emigraron a Estados Unidos y, décadas después, la derecha estadounidense construyó la etiqueta «marxismo cultural» para impugnar transformaciones que remontaba a los movimientos de la década de 1960. Una referencia importante para ese universo fue El cierre de la mente moderna, publicado en 1987 por el profesor conservador estadounidense Allan Bloom. Más tarde, ese repertorio regresó a Europa y acompañó el desplazamiento desde las disputas sobre la memoria del comunismo hacia las batallas en torno de la identidad.

Aquí conviene distinguir dos conceptos que hoy suelen mezclarse. La disputa por la hegemonía cultural, inspirada en una lectura conservadora del pensador marxista italiano Antonio Gramsci, se refiere principalmente a una lucha entre elites por controlar instituciones y producir sentido. La noción de «guerra cultural», en cambio, popularizada por el sociólogo estadounidense James Davison Hunter en 1991, describía una división dentro de la sociedad y de sus comunidades entre concepciones morales ortodoxas, de fundamento religioso, y concepciones progresistas o secularizadas. Los intelectuales conservadores unen ambas ideas para afirmar que combaten a una elite progresista y que, al mismo tiempo, representan a una parte profunda de la sociedad. No estoy segura, sin embargo, de que las sociedades europeas estén realmente polarizadas de ese modo ni de que el voto a la extrema derecha se explique fundamentalmente por los valores culturales. Los trabajos del politólogo estadounidense Ronald Inglehart, por ejemplo, planteaban una brecha cultural entre generaciones. Estudios más recientes muestran que esa brecha no es tan nítida y que no explica por sí sola el voto actual.

En Rumania existe, desde luego, una movilización conservadora arraigada. AUR se apoyó en movimientos precedentes, como el del unionismo rumano-moldavo en el que participó Simion y la Coalición por la Familia, una alianza de organizaciones religiosas y civiles que impulsó el referéndum constitucional de 2018. La propuesta buscaba reemplazar la definición neutral del matrimonio como unión entre «cónyuges» por la unión entre un hombre y una mujer, siguiendo el modelo húngaro. Aunque una amplia mayoría de quienes votaron respaldó la reforma, el referéndum no fue válido porque la participación quedó por debajo del umbral requerido. La Iglesia ortodoxa tuvo un papel importante en aquella movilización, de modo que hay, en efecto, una base social y religiosa para ciertos aspectos de la guerra cultural; pero eso no significa que los valores sean la causa principal del crecimiento de la extrema derecha.

Resulta especialmente significativa la adopción de ese lenguaje por parte de los intelectuales liberal-conservadores de la primera generación, sobre todo después de la crisis migratoria de 2015. Las guerras culturales les ofrecieron un nuevo modo de intervenir cuando las batallas anticomunistas de la década de 1990 ya se habían agotado o institucionalizado. Esa transformación se produjo, además, en un país en el que el matrimonio igualitario no estaba legalizado, no existía un movimiento verde de izquierda con gran capacidad política y el propio Estado había rechazado las cuotas europeas de redistribución de refugiados. Algunos de estos intelectuales han sostenido incluso posiciones contrarias a las políticas contra el cambio climático. A la vez, ante la ausencia de una izquierda verde, el discurso ecológico terminó siendo recuperado en parte por Georgescu. La retórica contra el «marxismo cultural» no respondía, por lo tanto, a la fuerza de un adversario progresista local. Permitía a intelectuales que se sentían periféricos participar en una discusión europea y global. La circulación de esas ideas no constituye, en definitiva, una simple copia: funciona como una estrategia para adquirir visibilidad, recursos y autoridad.