Tema central
NUSO Nº 229 / Septiembre - Octubre 2010

La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia

Venezuela es un país rentista, en el sentido de que su principal recurso, el petróleo, genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Aunque en un comienzo la renta petrolera viabilizó el programa democrático, el colapso del modelo rentista a fines de los 70 se tradujo también en una crisis de la democracia. Sobre esta crisis se montó Hugo Chávez, quien una vez en el poder no solo no corrigió, sino que exacerbó, los rasgos más negativos de este diseño económico, y les sumó un manejo del poder populista que, lejos de mejorar, ha deteriorado la calidad de la democracia en Venezuela.

La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia

La opción rentística: única opción

Venezuela es un país rentista. Y lo es si atendemos al hecho de que su principal recurso, el petróleo, considerablemente responsable de su dinámica social, le genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva; vale decir, no es resultado del esfuerzo de factores de producción como el trabajo y el capital, sino de la condición de propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. De allí que la renta petrolera, que no se produce sino que se captura, pueda identificarse como una transferencia unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía nacional, tal como han sostenido estudiosos del tema como Asdrúbal Baptista, Bernard Mommer y Raúl Espinasa. Y es que, ante la incapacidad de asumir las tareas, tanto técnicas como gerenciales, que la explotación petrolera le exigía, la única opción posible para el país era el camino rentista, el mismo que ha transitado desde las primeras décadas del siglo XX hasta hoy. Sobre este sustrato histórico se armó una matriz ideológica sustanciada por diferentes visiones (económica, política, académica, cultural), que percibió el petróleo solo como dispensador de renta1. Por más que en algunos de los planes nacionales formulados a través del tiempo se haya anunciado la idea de deshacer o atenuar nuestra sujeción al preciado mineral, este ha persistido en marcar la pauta del comportamiento económico nacional, reforzando, cada vez más, su carácter rentístico. Esto puede explicarse mejor si atendemos al hecho de que ese camino rentístico fue trazándose cada vez mejor a partir del diseño de un aparato jurídico sobre el cual se edificó un entramado institucional originado en el derecho regaliano heredado de la Corona, según el cual el Estado es el amo de las minas que yacen en el subsuelo.

Si se tiene en cuenta que, como ha indicado Douglas North, «las instituciones son las reglas del juego en una sociedad», que «estructuran incentivos en el intercambio humano» afectando el «desempeño de la economía»2, puede inferirse que Venezuela institucionalizó unas «reglas del juego» que comprometieron su quehacer económico en la dirección rentística. Luis Zambrano Sequín pone el énfasis en la esfera de las instituciones, de modo que –sostiene– «no es la existencia de rentas extraordinarias lo importante, sino cómo las rentas son generadas y distribuidas a través de los arreglos institucionales»3. En Venezuela, argumenta, a partir de la nacionalización del petróleo en 1975, el Estado pasó a controlar directamente las industrias básicas y se convirtió en actor primordial en todas las áreas fundamentales de la economía. La fragilidad de nuestras instituciones políticas y económicas, así como la estructura de incentivos que de ellas se derivan, potenciaron aún más las tendencias estatizantes y centralizadoras, y esto alcanzó su extremo con el gobierno de Hugo Chávez.

El petroestado, el programa político democrático y su crisis

Particularmente para el liderazgo político, la importancia del «oro negro» ha sido crucial. Así, la renta petrolera fue de suma importancia en la implementación del programa que Rómulo Betancourt y el partido Acción Democrática (AD) desplegaron en lo que se conoció como el Trienio (1945-1948), valiéndose de un discurso incluyente y la necesidad de construir una sociedad democrática. Ese discurso, elaborado sobre todo por Betancourt, prometía la redención del pueblo y la puesta a su servicio de la riqueza petrolera, arrebatada por la «avidez» de las compañías extranjeras4. La reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943, mediante la cual la nación multiplicó fabulosamente sus ingresos por concepto de renta, permitió al gobierno ampliar el gasto social. Con ello se concretaban los arreglos de la Constitución de 1947, la primera en consagrar un Estado de corte social en Venezuela5 y dar sustancia institucional a un tipo de gobierno rotulado como radicalmente populista6.

En adelante, el discurso político se irá adecuando a la idea de que el petróleo y los recursos que se obtienen de él les corresponden por derecho a los venezolanos, en virtud de que es el «cuerpo natural de la nación» –la tierra– el que lo provee7. El paréntesis de seis años de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) no diluyó esta noción. Por el contrario, la reinauguración del sistema democrático tras la caída de aquel régimen encontró en el rentismo su más sólido cimiento. El «sistema populista de conciliación de elites»8, sobre el cual se asienta la renacida democracia, se hace viable gracias a la posibilidad de trasvasar recursos desde el Estado hacia los distintos actores sociales que conforman el pacto, sin necesidad de que ninguno de ellos sacrificara recursos propios. Venezuela, como indica Terry Lynn Karl9, ingresó en su historia moderna como un petroestado cuya capacidad para fabricar acuerdos y hacer valer las decisiones colectivas reposa en buena medida en la suerte del mercado petrolero internacional, así como en su destreza para negociar con los consorcios extranjeros y distribuir sus beneficios. La democracia consensuada del Pacto de Punto Fijo (1958) fue resultado, más allá de la voluntad política de los diferentes actores, de la disposición de un abundante flujo de renta petrolera. A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos donde el Estado debe recurrir a exacciones a la sociedad a fin de obtener sus recursos, en Venezuela esto no ha sido tan importante, pues el Estado no redistribuye sino que distribuye directamente los ingresos que captura en el mercado internacional10. El Estado no vive de la sociedad sino que es la sociedad la que vive del Estado. En condiciones como estas, mientras haya renta que distribuir, el populismo será menos costoso que en otras sociedades.

El concepto de petroestado fue acuñado en referencia a una serie de países que, a pesar de los ingentes recursos que obtienen en virtud de sus exportaciones petroleras, presentan un precario desarrollo socioeconómico. Así, el periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) desembocó en el colapso del «modelo petrolero rentista» a partir de dos elementos: el primero es la pérdida de dinamismo de las exportaciones, al tiempo que, paradójicamente, crecían los ingresos gracias al boom mundial de los precios del petróleo de los 70; el segundo es la crisis de la «siembra del petróleo»11, es decir, la incapacidad de sostener el proceso manufacturero ante la extraordinaria abundancia de renta, lo cual distraía los recursos hacia actividades terciarias conectadas con el consumo y no con la producción12. Este síndrome, conocido clásicamente como «enfermedad holandesa», alude a la relación inversamente proporcional entre mayores ingresos petroleros y crecimiento económico, que se evidenció en Venezuela desde fines de los 70, una vez cubierta la fase sustitutiva de bienes de consumo final.

El colapso del modelo rentista no se produjo aisladamente. Se manifestó en simultáneo con un proceso en el cual la sociedad había adquirido un grado de diferenciación tal que las demandas se hicieron cada vez más heterogéneas y más difíciles de satisfacer por las organizaciones políticas y los grupos de presión encargados de agregarlas, canalizarlas y manejarlas13.

Esta dificultad de las organizaciones sociopolíticas, principalmente de los partidos, fue percibida por la opinión pública como una consecuencia de la descomposición perversa que aquellas habían experimentado, cuyo signo más visible era la corrupción. Sin embargo, habría que considerar, como han indicado Pierre Rosanvallon y Jean-Paul Fitoussi en referencia a la crisis política en general, la «opacidad social» que genera el proceso de modernización en virtud de su complejidad; algo que está en el centro mismo de aquella crisis y que dificulta a las representaciones políticas la «legibilidad» del hecho social14. Puede decirse, atendiendo a esta idea, que se trata de una dificultad sociológica que vuelve tortuosa la interpretación política. En el caso venezolano, las expectativas que se habían tejido alrededor de «fabulosos proyectos de modernización» llevados a cabo por un Estado que se proyectaba como el «agente grandioso», capaz de impulsar el salto hacia la transformación del país15, sucumbieron ante la conjunción de estos factores. Este hecho frustrante tornó más nebuloso lo que ya de por sí lo era. Para Rey, la concomitancia de la crisis del modelo económico con la de las agrupaciones políticas implicaba un límite al sistema y le impedía funcionar satisfactoriamente16; el problema era si, pese a esta situación, la democracia venezolana podría sobrevivir.

Chávez: «populismo radical» y patrimonialismo

Como han insistido Fitoussi y Rosanvallon, «la política tiene también por objetivo volver inteligible la experiencia de la gente»17. Fue esto lo que hizo el populismo de Chávez: leyó e hizo leer, de forma reduccionista, tal como lo ha hecho el populismo históricamente, la compleja realidad que tenía por delante. Con un discurso maniqueo y negador de la historia, llegó al poder en 1999 recuperando el sueño del renacimiento nacional y apelando al rescate de la riqueza petrolera para el pueblo: «Nunca hubo una gota de petróleo para el pueblo de Venezuela, el petróleo se lo chupó la oligarquía criolla y sobre todo el imperio norteamericano. Ahora el petróleo es del pueblo (…) y (…) será para la justicia, para la igualdad»18.

En el proyecto chavista, materializar ese sueño igualitario implica cuestionar la democracia representativa, cuyos procedimientos han sido sistemáticamente violentados por el gobierno, que ha preservado solo aquellos que hasta ahora le ha resultado muy complicado eliminar. Chávez encarna, como ningún otro líder latinoamericano actual, lo que Carlos de la Torre ha llamado «populismo radical», que se caracteriza por el nacionalismo, el rechazo a los patrones neoliberales y la promesa de refundación nacional a partir del establecimiento de una democracia directa, como alternativa a las «decadentes y corruptas instituciones liberales»19. Precisamente bajo la invocación de una democracia participativa el presidente se ha dispuesto a disolver el entramado institucional liberal e intenta armar uno nuevo, saltando incluso los preceptos constitucionales contemplados en la Carta Magna de 1999, que él mismo impulsó.

Esa radicalidad del populismo chavista debe mucho al amplio margen de maniobra que proporciona la renta petrolera. Al «identificarse acríticamente con líderes en muchos casos autoritarios, el populismo deja la puerta abierta para múltiples prácticas patrimonialistas»20. Sin embargo, el populismo de Chávez ha llevado al extremo la difuminación de los límites entre lo público y lo privado. El chavismo ha manejado los recursos del Estado como si fueran patrimonio de la elite en el poder, aunque en lugar de elite convendría hablar del «señor patrimonial», «propietario absoluto de los medios administrativos»21, concepto de Max Weber que describe mejor el modo en que el mandatario actúa.

Si en el pasado la renta petrolera y el marco institucional vigente favorecían conductas de este tipo, en el presente esto se ha intensificado. La amplia autonomía de la que goza el Estado venezolano gracias a los ingentes flujos financieros le permite al líder providencial desarrollar una agenda de gobierno que ignora al resto de los actores, poniendo al servicio de su proyecto particular los recursos de la nación. Como ha indicado Héctor Schamis, «frecuentemente la política económica de los países petroleros engendra un sistema patrimonial de dominación; sistema de gobierno en el cual extensas redes clientelísticas buscan el control de los recursos para proceder a distribuirlos entre los miembros de esas redes»22.

El populismo de Hugo Chávez: sin renta no hay socialismo

A pesar de su recalcitrante discurso antiimperialista, una vez que alcanzó la Presidencia Chávez siguió transitando la ruta de la captura de renta marcada por los gobiernos anteriores, lo que explica su interacción armónica con las transnacionales petroleras. Ciertamente, sin el concurso de estos consorcios, se hace cuesta arriba la explotación del petróleo y, en consecuencia, la obtención de rentas. Uno de los puntos importantes en este camino fue la reforma a la Ley de Hidrocarburos de 2001, una de cuyas cláusulas modificaba el patrón de participación de la nación en el negocio duplicando la regalía. Hay que aclarar que la regalía no es un instrumento impositivo, sino la parte que exige el Estado por ser propietario del subsuelo de donde se extrae el mineral. Vale decir, la regalía es el mecanismo rentista por excelencia. De modo pues que el presidente pareció tener claro, desde el principio de su gobierno, que la suerte de su proyecto político estaba ligada inextricablemente a la renta petrolera. Mediante esa misma reforma el gobierno consagró las empresas mixtas, las cuales, a contracorriente de la retórica nacionalista, abrieron un espacio a las compañías como socias del Estado en la actividad petrolera. De esa manera, el nuevo tinglado legal procuró una mayor seguridad jurídica al capital internacional al superar las ambigüedades presentes en la Ley de Nacionalización de 1976 y formalizar la «apertura» petrolera adelantada por gobiernos anteriores23.

Estas modificaciones se vieron potenciadas por el aumento de los precios petroleros de la cesta venezolana, los cuales, después de haber experimentado una baja histórica (hasta tocar el mínimo de US$ 8 el barril) en los dos últimos años del gobierno de Rafael Caldera, repuntaron a partir de 2000, en un ciclo sostenido de crecimiento de cuatro años, entre 2004 y 2008, cuando el petróleo doméstico se ubicó en US$ 86,4924 y alcanzó su techo histórico en el mes de julio de ese mismo año, al sobrepasar los US$ 120 el barril.

El riesgo de ser desalojado del poder a través de una consulta revocatoria formulada por los opositores, con altas posibilidades de resultar derrotado según las encuestas realizadas en aquel momento, llevó a Chávez a buscar fórmulas para contrarrestar la amenaza. Valiéndose de los significativos aumentos del crudo25 y siguiendo la línea populista que privilegia el consumo antes que la producción, el gobierno, con la crucial ayuda de Cuba, implementó el programa social más visible y de mayor éxito que hasta entonces ha tenido: las «misiones» sociales.

Las misiones sociales en clave populista. Las misiones se inscriben en «un proceso de inclusión social masivo y acelerado financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera»26. Las dos primeras fueron Mercal y Barrio Adentro; una orientada a ofrecer alimentos subsidiados a la población; la otra, enfocada en la instalación de mecanismos de atención preventiva en salud a los sectores de más bajos recursos. Poco más tarde se anunciaron las misiones Robinson I y II, destinadas a superar el analfabetismo y ayudar a concluir la educación primaria. Aceleradamente masificadas, estas misiones consiguieron importantes logros hasta 2006.

Las misiones se plantearon como un ágil mecanismo de asistencia a los sectores más cercanos al gobierno. Se desarrollaron al margen de la institucionalidad establecida, que no tenía capacidad de respuesta para afrontar los retos de una acción que necesitaba cristalizarse rápidamente en vista de los desafíos electorales del gobierno. Así fue como se creó una estructura paralela, útil para drenar renta con fines clientelares, que ha sido «fuente de descoordinación, duplicación de competencias y costos, [y generó] severas lagunas de control, seguimiento y evaluación de los programas, lo que dificulta el análisis de su eficiencia y efectividad»27. Un balance de su impacto en la población indica que las misiones fueron bien recibidas y valoradas por las comunidades necesitadas e incrementaron los vínculos de solidaridad comunitarias; tuvieron una significativa cobertura poblacional; arroparon una importante porción del gasto social28 y permitieron relanzar los nexos entre la población más depauperada y la gestión gubernamental.

El populismo misional en sus límites. No obstante la positiva valoración de los beneficiados, en los últimos años se han registrado serios problemas en el funcionamiento de algunas misiones, como es el caso de Barrio Adentro, cuyos módulos de atención han cerrado sus puertas en aproximadamente un 30%29. Algo similar sucede con Pdeval (misión Mercal), donde la ineficiencia y la corrupción han sido responsables de la descomposición de millones de kilos de alimentos importados.Yolanda D’Elia y José Francisco Cabeza señalan que el sistema de atención paralelo encarnado en las misiones ha venido mostrando un fuerte debilitamiento que explica la caída de la cobertura de estas. En todo este tiempo –argumentan– la disponibilidad de recursos financieros jamás logró acompañar el ritmo de los planes de expansión anunciados por el presidente, lo cual originó una situación de incumplimiento de las metas y expectativas en la población beneficiaria30. En una fase de disminución de los precios petroleros como la que se inaugura en 2009, es de suponer que el flujo de recursos dirigidos a las misiones también disminuya, como de hecho ha venido ocurriendo. PDVSA, una de las instancias de donde emana este flujo, ha mermado sensiblemente sus asignaciones al programa. Así, el aporte de la principal empresa del Estado decreció 82% entre 2007 y 2009; la menor asignación se registró en este último año31. De no repuntar los precios del crudo, en el futuro próximo seguramente el gobierno se alejará aún más de las metas fijadas, lo que posiblemente provocará la insatisfacción de los sectores beneficiarios.

Otro de los aspectos que revelan las investigaciones sobre este programa es su excesiva partidización. Este fenómeno se ha exacerbado a partir del giro que ha dado el presidente hacia el socialismo: se constata un esfuerzo del gobierno por ideologizar a los beneficiarios en los cánones de la revolución bolivariana bajo el código binario amigo-enemigo inherente al imaginario populista.

Más allá de este balance, lo que sí parece claro es que las misiones permitieron consolidar un intenso vínculo emocional entre los sectores más empobrecidos y el presidente. No sin razón, Ludolfo Paramio ha observado que

se puede discutir la eficacia de la política social desarrollada por las «misiones chavistas», la falta de transparencia de su financiación o la lógica clientelar de su diseño y ejecución, pero no es fácil negar que han tenido como resultado un significativo apoyo popular al régimen y, en determinados sectores, una identificación con él similar a la que en su momento alcanzaron los populismos clásicos.32A pesar de esta «identificación», algunos sectores favorecidos por el programa parecen tener claros sus límites, tal como se desprende del testimonio de un partidario del régimen: «Las misiones alivian la pobreza, son como un calmante (…) Pero lo que cura la pobreza es un buen empleo»33. El socialismo en que se empeña Chávez, sin embargo, no parece apuntar en esa dirección. Las limitaciones estructurales de larga data del esquema rentista y la naturaleza del modelo socialista que intenta imponerse no dejan ver clara la materialización de un remedio sostenible para el desempleo.

El socialismo chavista en unas pocas palabras

A pesar de que la reforma constitucional propuesta por el presidente en 2007 y destinada a introducir el socialismo fue derrotada en las urnas, Chávez ha venido implantando de facto los cambios que tal reforma perseguía. Contrariando la Constitución, un edificio jurídico destinado a sembrar el socialismo se erige vertiginosamente desde el seno de la Asamblea Nacional, controlada casi íntegramente por el chavismo34.

La idea del socialismo fue mencionada oficialmente por primera vez en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB)35. Allí se presentan las «directrices» que orientan el diseño del «socialismo del siglo XXI»: nueva ética socialista; suprema felicidad social; democracia protagónica revolucionaria y modelo productivo socialista. La explicación de ninguna de esas pautas logra precisar el significado de lo que se entiende por socialismo.

La definición de lo que el chavismo concibe como socialismo ha quedado plasmada solo recientemente. En la Ley de Comunas aprobada en primera discusión, el gobierno define por socialismo «un modo de relaciones sociales de producción (…) que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral»36. Pero este intento de precisar el sistema social al que se aspira no es menos nebuloso que las vaguedades discursivas que lo precedieron. De manera que hasta ahora, y mas allá de la carencia en un «basamento conceptual con mayor calado»37, la definición del socialismo que se procura puede traducirse, en la retórica oficial, en un intento de «superación del capitalismo» que conduzca al establecimiento de un «modelo productivo socialista» a partir del «funcionamiento de nuevas formas de generación, apropiación y distribución de la renta petrolera»38. Así, queda claro que el régimen ha ideado modalidades diferentes para hacer realidad una nueva manera de distribuir la renta, como es el caso de las misiones. Además, un abanico de nuevas figuras de gestión económica también cumple con tales fines. Tal es el caso de las cooperativas39 y las Empresas de Producción Social (EPS), ambas destinadas a fomentar una economía guiada por la «solidaridad» en el marco de lo que el chavismo concibe como «desarrollo endógeno».

Más recientemente, el gobierno ha dado a conocer su propuesta de creación del «Sistema Económico Comunal», cuya ley se discute actualmente en la Asamblea Nacional. Se trata de un sistema a partir del cual se pretende construir el modelo productivo socialista y que ancla su desarrollo en las empresas de propiedad social comunal, que tendrán la responsabilidad de producir, transformar, distribuir e intercambiar bienes y servicios de las diferentes formas organizativas populares40.

En el proyecto, se plantea que en este sistema no existirá división del trabajo y que las nuevas empresas estarán exentas de pagar impuestos. De acuerdo con Alfredo Murga, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la AN, para asegurar la viabilidad de las empresas comunales estas no deben ser pechadas: «en una sana administración tributaria no hace falta ese pago, para eso está la renta petrolera»41. También se espera configurar una economía autárquica, incluso con su propia moneda comunal y el trueque como modalidad de intercambio comercial. La ley ha generado temores pues no contempla en su articulado el derecho a la propiedad privada y, por el contrario, parece tener el propósito de diezmar la economía privada a largo plazo42. Un total de más de mil empresas comunales han recibido financiamiento por parte del gobierno en los últimos dos años43. Está por verse si estos recursos tendrán el mismo destino que los que se otorgaron a las cooperativas.

Este modelo se combina con un sistemático ataque contra la empresa privada: expropiaciones, cierres, invasiones y dificultad para el otorgamiento de divisas44 son algunos de los problemas que el empresariado debe sortear para enfrentar las operaciones productivas. Y es que los empresarios venezolanos, junto con el «imperio», constituyen el «otro» que debe ser exterminado. Atendiendo a esta lógica, Chávez ha sentenciado: «Me declaro en guerra económica. A ver quién puede más, ustedes burgueses de pacotilla o los que quieren la patria». Dirigiéndose expresamente al dueño de las empresas Polar, el grupo económico más importante del país amenazado con una estatización, Chávez ha dicho: «Tú con tus millones y yo con mi moral, porque tú eres un ricachón, para el cielo no vas (…) este es el reino del pueblo. Vamos a ver quién aguanta más, si tú con tu Polar y tu riqueza, o yo con mi pueblo y mi dignidad»45.

Ese «reino del pueblo», del cual Chávez se asume como encarnación, se construye desde arriba, desde la cúpula del poder, intentando diseñar una economía y una estructura social tributaria de los intereses de su particular proyecto político a partir de una nueva institucionalidad. Así, en el PNSB se deja claramente sentado que «el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país (…) y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social [sic]»46. Este postulado explica la creación de una Comisión Central de Planificación (junio 2007), que tiene entre sus objetivos el establecimiento del Estado socialista y se encargará de «elaborar los lineamientos, políticas y planes que adquirirán carácter obligatorio a partir de su aprobación por el presidente»47, involucrando prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Una reciente reforma a la ley que rige esta comisión le otorga tareas como la de diseñar «el mapa central de la estructura económica, tanto pública como privada» a los fines de «planificar y controlar» la construcción del socialismo. Prevé también la imposición de fuertes sanciones a quienes, en el sector público o privado, se nieguen a proporcionar la información requerida48, en un esfuerzo por copar todos los espacios de gestión y decisión económica desde el poder central.

Esta omnipresencia del Estado en menoscabo de la sociedad coincide con el señalamiento de Alain Touraine: «Los populismos tienden a transformarse en populismos revolucionarios, no en revoluciones populares, y los populismos conducen a una afirmación más y más central del poder estatal»49. Mucho más si los modelos que los inspiran, como es el caso, son los fallidos esquemas de gestión hipercentralizados como el soviético o el cubano.

Tocar fondo: el chavismo como «fase superior» del rentismo

A pesar del repetido eslogan oficial («La revolución avanza a paso de vencedores»), el presidente se ha visto obligado a admitir que la economía venezolana atraviesa una sensible baja: el PIB cayó 5,8% en el primer trimestre de 2010. «Venezuela tocó fondo», señaló Chávez.

Efectivamente, a pesar de que la economía registró un crecimiento importante, de entre 10 y 8 puntos entre 2004 y 200750, vinculado a la expansión del gasto público, tal crecimiento no se tradujo en un control de la inflación. La ausencia de disciplina fiscal, sumada al creciente gasto, ha incidido en el índice de precios al consumidor registrado en los últimos años, que se ha situado, solo entre diciembre y mayo de 2010, en 16% en la capa más pobre, mientras que en los sectores más favorecidos ha sido de 13%51. El promedio acumulado para el mismo año es de 38,2% en los sectores más depauperados52. Esto explica que las alzas decretadas por el gobierno en el salario mínimo en años recientes sean por primera vez inferiores al índice de inflación del año precedente53. La inflación es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo.

Este fenómeno no ha sido ajeno al proceso de desindustrialización, si tenemos en cuenta que la disminución de la oferta estimula los aumentos de precios. En efecto, Venezuela ha experimentado a lo largo de las últimas tres décadas un proceso progresivo de pérdida de su fuerza industrial, vinculado, como se señaló antes, a las distorsiones que introduce el modelo rentista. Esto se ha exacerbado bajo el gobierno de Chávez. De hecho, el ciclo 1999-2007 ha sido calificado por los expertos como «el peor periodo de crecimiento del PIB de manufactura en los últimos cuarenta años», a una tasa promedio de apenas 0,47%54. Más allá de las causas estructurales, no ha sido ajena a ello la arremetida del gobierno mediante disposiciones institucionales que conspiran contra la economía privada, lo que ha conducido a una pérdida de confianza por parte del empresariado y, en consecuencia, a un adelgazamiento del aparato productivo nacional privado. Se calcula que Venezuela tiene hoy 40% menos empresas que las que tenía en 199855; obviamente esto atenta contra el empleo. Pero el fenómeno no solo se reduce a los inversores nacionales; también alcanza a los extranjeros, ya que se produce un retroceso importante en la inversión foránea. Así, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inversión extranjera directa decreció en 3.105 millones de dólares en 200956.

Esta situación está en la base de la política de importaciones que el gobierno ha ejecutado, particularmente en alimentos. Más de 70% de la comida de procedencia agrícola que consume el venezolano viene de afuera, sobre todo de Estados Unidos. Venezuela pasó de importar US$ 76 por habitante al año en rubros agroalimentarios en 1998, a US$ 321,70 en 200857, lo que contrasta con el esquema endógeno que se pretende instaurar.

Inflación, decrecimiento económico y alta dependencia de las importaciones son algunos de los datos claves que en el pasado identificaron a la economía venezolana, una vez satisfecha la fase de la siembra petrolera. Sirvan estos datos actuales para ratificar que el proyecto chavista no significa la emergencia de un modelo económico distinto; antes bien, representa la última expresión, magnificada, del viejo rentismo. Tal como el mito de Midas, utilizado por Karl para demostrar la «paradoja de la plenitud» en los países «petrolizados»58, en Venezuela el síndrome vuelve a repetirse. La novedad es que esta vez lo hace en medio de un proyecto anacrónico que se mira a sí mismo como la imprescindible palanca para activar un nuevo orden social. Sin embargo, este proyecto no ha hecho sino atar más fuertemente, cuando no fabricar, los nudos institucionales que tradicionalmente otorgaron al Estado una preeminencia tal que imposibilitó un modelo económico sostenible en el tiempo, así como una sociedad más dueña de sí misma.

Tal como ha señalado Ángel Álvarez, el ensayo de «socialismo del siglo XXI» solo será posible gracias a la renta petrolera59. Es probable que fracase. Entre tanto, el populismo chavista construye los cimientos de un régimen político con faz militarista, desde donde actúa en la dirección de debilitar la democracia, precisamente en nombre de la democracia.

Conclusiones

Históricamente, la renta petrolera viabilizó el programa político democrático. Sin embargo, el colapso del modelo rentista a fines de los 70 se tradujo también en la crisis de la democracia venezolana. Con una oferta montada sobre una esquemática visión de la realidad, el populismo de Chávez alcanzó la Presidencia prometiendo la refundación de la nación a partir de la reapropiación de la riqueza petrolera confiscada por intereses contrarios al pueblo.

Valiéndose de la autonomía del Estado derivada de los recursos de que dispone, el presidente ha concentrado cada vez más poder en sus manos. Los incrementos del precio del petróleo a partir de 2004 le permitieron afianzar sus bases de apoyo con el programa de las misiones sociales, así como ensayar su oferta de «socialismo del siglo XXI». No obstante, las limitaciones estructurales inherentes al modelo rentista, así como la naturaleza del proyecto chavista signado por su extemporaneidad, su lógica excluyente y, no menos importante, su portentosa ineficiencia, permiten vaticinar su inviabilidad. Mientras tanto, el régimen alza a toda prisa una estructura «legal» destinada a socavar aún más los cimientos de la democracia venezolana.

  • 1. N. Arenas: Las visiones del petróleo, Serie Temas para la Discusión No 3, Cendes, Caracas, 1999.
  • 2. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1993.
  • 3. Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 24/3/2010.
  • 4. R. Betancourt: Venezuela, política y petróleo, Senderos, Caracas, 1969.
  • 5. Trino Márquez: El Estado social en Venezuela, Congreso de la República, Caracas, 1992.
  • 6. Steve Ellner: «El apogeo del populismo radical en Venezuela» en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales vol. 3 No 1, 1-3/1997, pp. 77-100.
  • 7. Diego Urbaneja: «Reflexiones sobre la renta, la naturaleza y el pueblo» en Banco Central de Venezuela (bcv): Venezuela en Oxford. 25 años de la Cátedra Andrés Bello en el St. Antony’s College de la Universidad de Oxford, bcv, Caracas, 1999, pp. 269-286. La renta, sin embargo, es una categoría totalmente extraña al capitalismo, y el desarrollo de este sistema va aparejado a su disminución; de allí que «el ingreso petrolero carece de legitimidad en la ética capitalista», como apunta Héctor Silva Michelena (El pensamiento económico venezolano en el siglo xx, Fundación Para la Cultura Urbana, Caracas, 2006, pp. 45-46). Una manera de dotar de legitimidad a la renta, no obstante, fue su distribución popular. El populismo de alguna manera se enlaza entonces con la necesidad de justificar la captura de renta internacional por parte del Estado.
  • 8. Juan Carlos Rey: El futuro de la democracia en Venezuela, idea, Caracas,1988.
  • 9. The Paradox of Plenty, University of California Press, Los Ángeles, 1997.
  • 10. Como ha indicado Baptista, «esa preeminencia [del Estado] (…) impide naturalmente la existencia de ciudadanos (…) que se saben aptos y dotados para exigir y demandar por el elemental hecho de que sobre sus hombros se apoya la vida material del Estado. En su lugar, más bien, toman cuerpo formas de vasallaje y dominio que no pueden ocultar su franco anacronismo». A. Baptista: «El Estado y el capitalismo rentístico», Conferencia José Gil Fortoul, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2005, pp. 25-26.
  • 11. «Sembrar el petróleo» fue una expresión acuñada por Arturo Uslar Pietri a mediados de los años 30 para llamar la atención sobre la necesidad de emplear los recursos derivados de la exportación de petróleo en la estructuración de una economía no petrolera basada prioritariamente en la actividad agrícola e industrial.
  • 12. B. Mommer y R. Espinasa: «La política petrolera venezolana en el largo plazo» en Cuadernos del Cendes No 15-16, 9-1990/4-1991, pp. 25-49.
  • 13. J.C. Rey: «La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación» en Revista de Estudios Políticos No 74, 10-12/1991, pp. 533-579.
  • 14. La nueva era de las desigualdades, Manantial, Buenos Aires, 1996, p. 33.
  • 15. Fernando Coronil: El Estado mágico, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico / ucv / Nueva Sociedad, Caracas, 2002.
  • 16. J.C. Rey: « La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación», cit.
  • 17. J.P. Fitoussi y P. Rosanvallon: ob. cit., p. 152.
  • 18. Hugo Chávez en pdvsa: «Así nació la nueva Pdvsa», pdvsa, Maracaibo, 2009.
  • 19. C. de la Torre: Populist Seduction in Latin America. The Ecuadorian Experience, Ohio University Press, Ohio, 2010, p. 146.
  • 20. María Gloria Trocello: «Dos primos hermanos: patrimonialismo y populismo», Universidad Nacional de San Luis, Argentina, s/f.)
  • 21. M. Weber: Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1992, p. 187.
  • 22. «A ‘Left Turn’ in Latin America? Populism, Socialism, and Democratic Institutions» en Journal of Democracy vol. 17 No 4, 10/2006, p. 29.
  • 23. N. Arenas: «Estado y transnacionales petroleras: de la ‘apertura’ a la ‘renacionalización’ de los hidrocarburos en Venezuela» en Análisis de Coyuntura vol. xiv No 1, 1-6/2008, pp. 97-131. El mecanismo que los gobiernos adoptaron fue el de la «apertura» al capital internacional para lidiar con las tareas cada vez más costosas que suponía la actividad petrolera. Esa «apertura» fue interpretada por una parte de la izquierda, y especialmente por Chávez, como una decisión entreguista y privatista. Sobre esta denuncia se montó en gran medida su campaña presidencial.
  • 24. Fuente: www.menpet.gob.ve.
  • 25. Coincidiendo con el aumento del precio del petróleo, en el periodo entre 2004 y 2007 se registró una ampliación «extraordinaria, sostenida y acelerada del gasto social que alcanza (…) sus mayores niveles en toda la historia de las finanzas públicas nacionales». Carlos Aponte: «El gasto público social durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez (1999-2009)» en Cuadernos del Cendes No 73, 1-4/2010, p. 5.
  • 26. República Bolivariana de Venezuela: Proyecto Nacional Simón Bolívar (pnsb), Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Caracas, septiembre de 2007, p. 9, disponible en www.mpd.gob.ve.
  • 27. C. Aponte: «Las misiones sociales: relevancia, características y crisis de una innovación», Caracas, 2008, mimeo, p. 24.
  • 28. Aponte Blank matiza este logro recordando que Venezuela se ha situado desde el año 2004 entre los países de América Latina con más elevado gasto social y, sin embargo, al mismo tiempo, presenta el nivel más bajo de cobertura por parte de su sistema de seguridad social. En otro de sus trabajos, el mismo autor apunta que el problema más grave es que el gasto público se ha ampliado, no en función de un crecimiento económico sostenido, sino gracias a un «ciclo extraordinario», y en consecuencia «pasajero» de «bonanza petrolera». Ver, respectivamente, C. Aponte Blank: «Las redefiniciones recientes de la política social en venezolana: marco de referencia para su análisis», proyecto de investigación Redefinición de la democracia y la ciudadanía en Venezuela: nuevas relaciones entre Estado y sociedad civil, Área de Desarrollo Sociopolítico, Cendes / ucv, Caracas, 2007; y «El gasto público social durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez (1999-2009)», cit.
  • 29. C. Aponte: «Las misiones sociales: relevancia, características y crisis de una innovación», cit.
  • 30. Y. D’ Elía y J.F. Cabeza: Las misiones sociales en Venezuela, Ildis, Caracas, 2008.
  • 31. El Nacional, 20/6/2010, pp. 1-9.
  • 32. «Giro a la izquierda y regreso del populismo» en Nueva Sociedad No 205, 9-10/2006, p. 71, disponible en www.nuso.org/upload/articulos/3382_1.pdf. Las misiones constituyen un espacio ejemplar para evidenciar el vínculo populista entre el líder y los sectores favorecidos. Dos elementos que identifican el juego paradójico del populismo –«despolitización» de lo político e «hiperpolitización» de las relaciones sociales– se reproducen en aquel espacio. La partidización revela el primero de ellos; el nexo afectivo entre ambos polos, que personaliza la relación política, el segundo. Ver Francisco Panizza: «Introducción» en F. Panizza (comp.): El populismo como espejo de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009.
  • 33. El Nacional, 4/7/2010, p. 3.
  • 34. Esta aceleración del socialismo coincide con la asunción que Chávez ha hecho del marxismo como doctrina que guía su acción, tal como se desprende de esta frase: «Por primera vez asumo y lo asumo, y yo cuando asumo, asumo. Asumo el marxismo, lo asumo. El marxismo es (…) la más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo vino a anunciar hace más de dos mil años». En abc, 16/1/2010, www.abc.es.
  • 35. Este proyecto data de septiembre de 2007; nótese que en él ya se habla de «socialismo» sin que la Constitución incluya una sola palabra al respecto ni que se hubiera celebrado aún la consulta sobre el tema.
  • 36. Asamblea Nacional: Ley de Comunas (proyecto aprobado en primera discusión), 2010, p. 9, disponible en www.asambleanacional.gob.ve.
  • 37. José Guerra: ¿Qué es el socialismo del siglo xxi?, Librorum, Caracas, 2006, p. 15.
  • 38. pnsb, p. 30.
  • 39. Aunque el boom de las cooperativas nos convirtió en el segundo país cooperativista del mundo, pronto el presidente se desencantaría de ellas y admitiría que no eran «el camino hacia el socialismo (…) sino instrumentos del propio capitalismo (…)» (El Universal, 21/7/2008, pp. 1-2). Por lo tanto forzó a las cooperativas a convertirse en eps. En la base de este cambio estaban probablemente los magros resultados que esta modalidad arrojó, en vista de que buena parte de los recursos otorgados fueron a «fondo perdido», ya que una vez recibidos los dineros la cooperativa desapareció. Ver Oscar Bastidas Delgado: «Cooperativas a fondo perdido», s/f, en Venezuela Cooperativa, www.venezuelacooperativa.org.
  • 40. Mayela Armas H.: «Sistema económico comunal será base del modelo socialista» en El Universal, 27/6/2010.
  • 41. En M. Armas H.: «En las empresas comunales se eliminará división del trabajo» en El Universal, 30/6/2010.
  • 42. Esto se desprende, por ejemplo, de afirmaciones como las del señor Murga: «Durante mucho tiempo estará la transición [sic] en la que coexistirán los modos de producción no capitalistas con los capitalistas hasta que la madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas». El Nacional, 4/7/2010, p. 6.
  • 43. El Mundo, 1/7/2010, p. 18.
  • 44. En Venezuela existe control oficial de cambio desde hace siete años y medio, por tanto el gobierno se reserva la potestad de otorgarlas de acuerdo con sus disposiciones.
  • 45. Suhelis Tejero Puntes: «Chávez retó a Mendoza y amenazó con estatizar Polar» en El Universal, 3/6/2010.
  • 46. pnsb, p. 21.
  • 47. Gaceta Oficial No 5.841.
  • 48. El Universal, 1/8/2010, pp. 1-10.
  • 49. «Las políticas nacional-populares» en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone (comps.): Populismo y neopopulismo en América Latina, Eudeba, Buenos Aires, 1998, p. 356.
  • 50. L. P. España: Detrás de la pobreza. Diez años después, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009, p. 41.
  • 51. El Universal, www.eluniversal.com, 10/6/2010.
  • 52. www.guia.com.ve.
  • 53. Margarita López Maya y Luis E. Lander: «El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales» en Cuadernos del Cendes No 71, 5-6/2009, p. 85.
  • 54. Leonardo Vera: «Cambio estructural, desindustrialización y pérdida de productividad: evidencia para Venezuela» en Cuadernos del Cendes Nº 71, 5-8/2009, p. 113.
  • 55. J. Guerra: «Un país en proceso de destrucción» en Tal Cual, 11/7/2010.
  • 56. Cepal: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009, mayo de 2010, www.eclac.org/publicaciones/xml/9/39419/inversion2009e.pdf.
  • 57. Fedeagro: «La soberanía alimentaria entra por los puertos», reportaje de Katiuska Hernández en El Nacional, 21/7/2010, p. 2.
  • 58. T.L. Karl: ob. cit.
  • 59. Á. Álvarez: «Venezuela 2007: los motores del socialismo se alimentan con petróleo» en Revista de Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007, pp. 265-289.
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 229, Septiembre - Octubre 2010, ISSN: 0251-3552


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