--Usted ha escrito mucho sobre una reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional a partir de la reciente crisis financiera. Si considera a la economía mundial en su conjunto, ¿dónde se encuentran hoy las principales reformas?

--Por el lado del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya ha habido amplias reformas en la regulación de los mercados financieros y en la financiación de crisis. También se lograron avances a la hora de coordinar las políticas macroeconómicas de las principales economías del mundo. Sin embargo, el estado de la economía mundial muestra que queda mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a los mecanismos para el manejo de situaciones de sobreendeudamiento de los países y la gobernabilidad de los organismos financieros internacionales. La reforma del FMI está bloqueada por la falta de apoyo del Congreso estadounidense.

--¿Cómo evalúa usted los esfuerzos orientados a fortalecer la regulación y el control? ¿Cuáles son los problemas que aún están sin resolver?

--El mayor problema por resolver es el del flujo transfronterizo de capitales. Este punto ni siquiera aparece en la agenda del FSB, porque el FSB prioriza la regulación de los mercados financieros nacionales. En otras áreas, ya se verá si las medidas adoptadas son suficientes. Por ejemplo, las principales instituciones financieras privadas están sujetas a reglas especiales, como la obligación de elaborar un “testamento” en caso de quiebra. También queda por ver cómo tratar a los conglomerados financieros y cómo controlarlos cuando operan en muchos países distintos.

--La gestión de crisis aún requiere mejoras. ¿En qué medida se ha alcanzado un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de una financiación adecuada de emergencia y, por el otro, un acuerdo sobre la gestión de crisis de deudas soberanas?

--Ha habido avances en un aspecto importante: las líneas de crédito del FMI. El problema del FMI es que muchos países del mundo sencillamente no quieren pedir préstamos al organismo. Su financiación se ha convertido en una suerte de estigma. Por lo tanto, es necesario desarrollar paralelamente fondos regionales con ese fin. En Europa, durante la crisis surgieron mecanismos de financiación, aunque todavía no está claro si representan una mejoría. También fue un paso importante la Iniciativa de Chiang Mai, en Asia, que durante la crisis reciente aumentó su tamaño y adquirió un carácter multilateral.

El año pasado hubo esfuerzos para mejorar la normativa relativa a bonos soberanos, sobre todo las cláusulas de agregación, que ayudan a unificar los títulos de deuda en caso de una reestructuración. Además, se mejoró la redacción de la cláusula pari passu, que fue la fuente principal de la sentencia en contra de Argentina del Juez Griesa en Nueva York, quien equiparó a los tenedores de bonos que no habían participado en la reestructuración de la deuda de dicho país con aquellos que sí lo habían hecho. Sin embargo, no se ha avanzado hacia el establecimiento de un mecanismo internacional de reestructuración de deudas soberanas, que permita que todas las partes negocien y que esas negociaciones sean vinculantes para todos los acreedores.

--Para algunos, naturalmente, la cuestión de una reestructuración de deuda a escala internacional puede ser controvertida. ¿Por qué cree usted que es necesario contar con ese mecanismo?

--La pregunta clave es: ¿qué se hace a nivel nacional cuando un deudor no puede pagar sus obligaciones? ¿Cuál es el mejor procedimiento? Cada legislación nacional presenta mecanismos explícitos para esta situación. Así, se permite la negociación entre ambas partes. Si un deudor no puede pagar sus obligaciones y no existe una renegociación, el problema se convierte en una crisis de largo plazo. Si el acreedor sabe que las deudas no se pagarán, aumenta la incertidumbre. Todo es mucho mejor cuando las deudas pueden pagarse, ya que en tal caso ambas partes tienen la posibilidad de volver a normalizar sus relaciones. Cuando a largo plazo ya no se sabe si una deuda puede pagarse o no, la situación no es buena, ni para los deudores ni para los acreedores. Así como existen estos mecanismos a nivel nacional, debemos crearlos a nivel internacional.

--¿Qué reformas son todavía necesarias para mejorar la coordinación de las políticas macroeconómicas?

--Al comienzo de la crisis, sobre todo en las cumbres del G-20 de Londres y Pittsburgh en 2009, se tomaron muchas decisiones para coordinar las políticas macroeconómicas, que adoptaron una estrategia expansiva, tanto en materia de política monetaria como fiscal. Las decisiones de no frenar el comercio y aumentar los Derechos Especiales de Giro del FMI también fueron importantes mecanismos para superar la crisis.

La cumbre del G-20 de 2010 en Toronto representó un retroceso en la coordinación de las políticas macroeconómicas. Se produjo, en particular, una ruptura entre los países que promovían una estrategia expansiva en materia fiscal y los que se oponían a ella. La falta de coordinación de políticas condujo entonces a nuevos desequilibrios globales. Uno de esos grandes desequilibrios es el mayor superávit de la balanza de pagos de la eurozona, que está por encima del de China y era, antes de la caída de los precios del petróleo, similar al de los países del Golfo Pérsico.

El problema es que este superávit genera efectos recesivos en la economía mundial, porque los países involucrados producen más de lo que gastan. Esto implica que alguien en el mundo debe hacer lo contrario: gastar más de lo que produce. Desde hace aproximadamente un año, este problema también se refleja en las bruscas fluctuaciones cambiarias de las principales monedas, lo que trae consecuencias para toda la economía global. La causa de todo esto es la falta de coordinación.

--¿Significa que necesitamos una institución más representativa al frente del sistema? ¿Cómo evaluaría usted los esfuerzos dirigidos a lograr un mejor control?

--Hace cinco años, la coordinación de la gobernabilidad de las instituciones financieras internacionales iba en la dirección correcta gracias a las importantes decisiones tomadas en 2008 y 2010. Estas resoluciones se aplicaron en el ámbito del Banco Mundial, pero no ocurrió lo mismo en el FMI, porque el Congreso estadounidense no ratificó las asignaciones presupuestarias para hacer su capitalización ni las enmiendas de su Convenio Constitutivo, que deben ser aprobadas por los Estados miembros del organismo. Se trata de un gran problema para las potencias occidentales, Estados Unidos y Europa, ya que la presión resultante impulsa a los países emergentes a crear nuevas instituciones. Cuanto más se rehúsa Estados Unidos a aumentar el capital del Banco Mundial –un punto que hasta la fecha ni siquiera se puso sobre la mesa, dado que todos saben que los estadounidenses no estarían de acuerdo–, más intensa es la búsqueda de alternativas por parte de los países emergentes, que establecen así nuevas entidades, como el banco del BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). En el ámbito monetario sucedería lo mismo, porque allí también Estados Unidos bloquea las reformas. Lo peor que puede hacer Estados Unidos es impedir un crecimiento del Banco Mundial y del FMI, pero eso es exactamente lo que está haciendo.

En su informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Stiglitz propuso además institucionalizar el G-20 mediante la creación de un Consejo Mundial de Coordinación Económica en la ONU. De acuerdo con la recomendación, lo mejor sería elegir a sus miembros y garantizar al mismo tiempo que todas las potencias importantes participen en el foro, para así dar al G-20 un fundamento jurídico más sólido; de lo contrario, el organismo resultará poco eficaz. El Consejo debería coordinar el sistema económico global, no solo en el ámbito de la ONU, sino también con las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). De este modo, el órgano creado podría tener competencia para abordar cuestiones que desde hace tiempo están sobre la mesa, como la cooperación impositiva a escala internacional, uno de los mayores problemas para el desarrollo global.

José Antonio Ocampo es profesor y director del programa de Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas. Es ex ministro de Hacienda de su país, Colombia. Sus publicaciones recientes incluyen El desarrollo económico de América Latina desde la independencia (2013) y Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis (2011), con Luis Bértola y José Antonio Alonso, respectivamente.

Publicado originalmente en IPG Journal: http://www.ipg-journal.de/schwerpunkt-des-monats/b....

Traducción: Mariano Grynszpan.