Costa Rica atraviesa actualmente una sacudida social y política que podría acabar afianzando o descolocándola de su democracia centenaria para ubicarla en la órbita del neoliberalismo duro y el fundamentalismo religioso. La causa de este fenómeno es la irrupción de un nuevo actor en el escenario político: se trata de la alianza de iglesias neopentecostales alineadas en el Partido Restauración Nacional. Este partido disputará la presidencia de la República con el oficialista Partido Acción Ciudadana en el balotaje del 1 de abril.

El resultado de los comicios del pasado 4 de febrero reveló un escenario en el que el abstencionismo (34%) fue protagonista y en el que los partidos más nítidamente tradicionales fueron descartados. Los dos candidatos que consiguieron acceder a la segunda vuelta electoral pertenecen a organizaciones políticas emergentes.

Carlos Alvarado, de 38 años, representante de Acción Ciudadana (PAC) de tendencia socialdemócrata, obtuvo el 21,6% de los votos. Mientras, Fabricio Alvarado, de 43 años y representante del evangelista Restauración Nacional, consiguió un 24,9%. La composición del voto de ambos partidos fue claramente diferente. Mientras que por el PAC apostaron sectores importantes de la población urbana y un caudal de jóvenes significativo, Restauración Nacional consiguió el apoyo de buena parte de la población humilde y sin oportunidades, así como de los devotos seguidores de las iglesias pentecostales que hicieron emerger desde los templos un rostro inesperado del país. ¿Pero cómo llega Costa Rica, un país de larga tradición democrática, a tener como opción electoral una iglesia evangelista convertida en partido político?

El filósofo, teólogo y académico universitario, Arnoldo Mora, afirma que en la participación abierta de iglesias convertidas en partidos políticos, tiene responsabilidad el Tribunal Supremo de Elecciones. «Su falta de rigurosidad para hacer cumplir la ley electoral permitió que pastores y predicadores participaran en elecciones anteriores. Se consolidaron en 2014 con la elección de cuatro diputados evangelistas y en 2018 son una de las dos fuerzas con mayor caudal electoral». Además, Mora, un importante experto en la materia, afirma que «el TSE tenía que parar desde el principio a las iglesias, tenía que hacer cumplir las prohibiciones que establecen el artículo 28 de la Constitución Política y el 136 del Código Electoral».

En efecto, el artículo 28 prohíbe la propaganda política de cualquier tipo «invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas». Pero eso no es todo.El artículo 136 del Código Electoral amplía la prohibición a «toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general o a los ciudadanos en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas». En estas elecciones, dijo Mora, «en miles de pequeñas capillas y templos religiosos, los pastores han obligado a los fieles a ir a votar».

Otra de las causas que han llevado a la actual situación es la crisis estructural de los partidos políticos. Según Mora «las iglesias han sustituido el rol de los partidos políticos» debido a las mutaciones de estos últimos. El abandono del rol social histórico y sus transformaciones internas e ideológicas, provocaron una crisis de representación que se evidencia en estos nuevos actores emergentes. La derechización de la socialdemocracia, y el conservadurismo de los socialcristianos (que habían sido reformistas en las décadas de 1930 y 1940), alentaron este fenómeno. «Ahora se especula con la posibilidad de que los partidos que formaban el bipartidismo costarricense puedan hacer una alianza conservadora para llevar a Fabricio Alvarado al poder», explicó Mora en una reciente entrevista.

Los diputados cristianos constituyen el bloque más conservador en el Congreso. Hoy tienen la capacidad para desarrollar una agenda política propia y para imponerla al resto. Así, por ejemplo, lo entiende el analista Alessandro Solís Lerici cuando señala que «el bloque conservador se ha alzado con un poder político nunca antes visto. Puede imponer una agenda en la que imperan valores religiosos y el freno a iniciativas que contradicen sus creencias».

Las elecciones y el fallo de la Corte IDH

Al considerar el panorama político global, Jaime Ordoñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, asegura que «a actual centuria se está presentando como un retroceso asombroso. Lejos de acercarnos a la modernidad y a la tolerancia, los fantasmas más oscurantistas están resurgiendo». De lo que se trata es «de una revuelta contra la Ilustración, a todo fuelle y a todo vapor», asegura.

En su artículo «La tierra es plana y Darwin nos engañó a todos» publicado en Wall Street International y reproducido por Informa-Tico.com, Ordoñez señala que «esta nueva contrarreforma multiconfesional está dirigida a minar la noción del Estado laico y otros avances como los derechos humanos y el reconocimiento de las minorías».

Costa Rica es la confirmación. Dos recientes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pusieron en grave riesgo la participación del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esta problemática se agudizaría si triunfase el partido evangelista. La resolución sobre fecundación in vitro que reconoció el derecho de las personas que la requieran y ordenó al país regularla, es uno de los puntos clave. Pero es el fallo que ordenó al Estado costarricense equiparar los derechos civiles de las parejas del mismo sexo con los del resto de la población el que transformó el escenario electoral. Este fallo cohesionó a las iglesias protestantes, evangelistas neo-pentecostales y a la iglesia Católica en una alianza electoral que disputará la presidencia de la República. Si finalmente resultase electo Alvarado, Costa Rica podría retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Era previsible una fuerte oposición a un fallo de esta naturaleza. Pero la coyuntura electoral y la sorpresa amplificaron la reacción social que las iglesias capitalizaron en las urnas, fruto del discurso con el que por décadas confrontaron, desde los templos, los avances en los derechos humanos de minorías y de la población LGTBI.

Candidatos antagónicos

La campaña electoral de 2018 tiene características sin precedentes. El teólogo Mora explica que se centra en aspectos «más vinculados a la religión y a su aplicación en la ética privada, concretamente en la ética sexual. Se partió de la falacia de identificar familia con matrimonio cuando sabemos muy bien que el matrimonio es un contrato, y que como todos los contratos se puede hacer y deshacer», explicó en una entrevista.

Fabricio Alvarado tiene una historia de vida vinculada a la Iglesia. Es predicador de la Iglesia de la Prosperidad, presentador de radio y televisión y exdiputado de la Asamblea Legislativa (2014-18). Sus alianzas con sectores vinculados al neoliberalismo fueron claves para bloquear proyectos centrales del gobierno, como la política fiscal que buscaba equilibrar las finanzas públicas y medidas contra la elusión y la evasión fiscal (un problema de graves proporciones). Además, se opuso a la fertilización in vitro, la educación sexual, el aborto terapéutico y la unión civil de parejas del mismo sexo, lo que él llama «ideología de género».

Su predicamento en la campaña ha sido tal que ha obligado al candidato del PAC, Carlos Alvarado, a desplazar la discusión de propuestas de gobierno para dar respuesta, desde la sociedad civil, a los temas que impulsan los sectores religiosos. Carlos Alvarado, por supuesto, tiene una historia bien distinta a la del candidato ultrareligioso. Es politólogo, periodista, escritor y músico. Fue ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Ministro de Trabajo en la Administración Solís Rivera (2014-18) y suele mostrarse como un hombre con sensibilidad para las obligaciones sociales de un estado moderno. Uno de sus activos más importantes ha sido su capacidad para unir voluntades diversas y dispersas en una alianza tripartita con los empresarios y las comunidades.

Sin lugar a dudas, se trata de dos candidatos antagónicos que expresan un momento político nuevo para Costa Rica. La voluntad de cambio existe y nadie la niega. Los candidatos que tienen el mismo apellido pero ideas diferentes, son los más jóvenes entre todos aquellos que se presentaron previamente. Pero su juventud no los iguala. Se diferencian en todas y cada una de las propuestas de sus programas de gobierno –desde las soluciones para la crisis fiscal y el desarrollo económico hasta las temáticas ambientales y educativas. Estas elecciones también nos dejan este interrogante: ¿La sociedad costarricense, tradicionalmente más homogénea, no se ha polarizado a un nivel del que ni siquiera somos conscientes?