Opinión

La decisión que la izquierda debe tomar


enero 2019

Ante el resurgimiento del populismo de derecha, la debilidad relativa de la izquierda refleja el declive de los sindicatos y los grupos laborales organizados que históricamente han formado la columna vertebral de los movimientos progresistas. Pero cuatro décadas de abdicación ideológica también han jugado un papel importante. ¿Está dispuesta la izquierda a desarrollar una política reformista que actúe efectivamente contra la desigualdad?

La decisión que la izquierda debe tomar

Es justo decir que, hasta el momento y dentro del ámbito político, los principales beneficiarios de las fracturas sociales y económicas forjadas por la globalización y el cambio tecnológico han sido los populistas de derecha. Varios políticos, como por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán en Hungría y Jair Bolsonaro en Brasil, han llegado al poder porque ellos capitalizaron la creciente animosidad en contra de las elites políticas establecidas y explotaron a su favor un latente sentimiento nativista.

Los grupos de izquierda y los grupos progresistas, en gran parte, han estado desaparecidos del mapa. La relativa debilidad de la izquierda refleja en parte el deterioro sufrido por los sindicatos y los sectores laborales organizados, los cuales históricamente se constituyeron en la columna vertebral de los movimientos socialistas y de izquierda. Sin embargo, la abdicación ideológica también ha jugado un papel importante. A medida que los partidos de izquierda se iban tornando cada vez en más dependientes de las elites educadas, en lugar de apoyarse en la clase obrera, sus ideas políticas se alinearon más estrechamente con intereses financieros y corporativos.

Consiguientemente, los remedios ofrecidos por los partidos de izquierda provenientes de las corrientes dominantes continúan siendo limitados: mayor gasto en educación, mejores políticas de bienestar social, un poco más de progresividad en los impuestos, y eso sería casi todo lo que ofrecen. El programa de la izquierda consistiría, así, más en endulzar el sistema prevaleciente en lugar de abordar las fuentes fundamentales de desigualdades económicas, sociales y políticas.

En la actualidad, hay una creciente toma de conciencia sobre el hecho de que los efectos de las políticas fiscales y las transferencias solo pueden llegar hasta cierto punto. Si bien hay mucho espacio para mejorar el seguro social y los regímenes impositivos, especialmente en Estados Unidos, son necesarias reformas más profundas para ayudar a brindar igualdad de condiciones con el propósito de favorecer a los trabajadores y sus familias en una amplia gama de ámbitos. Eso significa centrarse en productos, mercados laborales y financieros, en políticas tecnológicas... y en las reglas del juego político.

La prosperidad inclusiva no se puede lograr simplemente redistribuyendo el ingreso de los ricos hacia los pobres o de las partes más productivas de la economía a los sectores menos productivos. Requiere que los trabajadores menos calificados, las empresas más pequeñas y las regiones rezagadas se integren con mayor plenitud con los sectores más avanzados de la economía.

En otras palabras, debemos comenzar con la reintegración productiva de la economía nacional. Las empresas grandes y productivas tienen un papel crítico que desempeñar al respecto. Deben reconocer que su éxito depende de los bienes públicos que suministran sus gobiernos nacionales y subnacionales –todo, desde la ley y el orden y las normas de propiedad intelectual hasta la infraestructura y la inversión pública en capacitación e investigación y desarrollo. A cambio, dichas empresas deben invertir en sus comunidades, proveedores y mano de obra locales –no meramente como responsabilidad social corporativa, sino como actividad principal–.

En épocas pasadas, los gobiernos realizaban actividades de extensión agrícola para difundir nuevas técnicas a los pequeños agricultores. Hoy en día existe un papel similar en lo que Timothy Bartik, del W.E. Upjohn Institute for Employment Research, denomina «servicios de extensión para la manufactura», a pesar que dicha idea se aplica también a los servicios productivos. Los gobiernos que colaboran con empresas para fomentar la difusión de tecnologías de vanguardia y técnicas de gestión al resto de la economía pueden aprovechar un bien establecido repertorio de tales iniciativas.

Una segunda área de acción pública es aquella que se preocupa por la dirección que toma el cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial (IA), reemplazan generalmente a la mano de obra, afectando de manera adversa a los trabajadores, en especial a aquellos poco calificados. Sin embargo, no hay razón por la que esto, necesariamente, deba ocurrir en el futuro. En lugar de políticas (como los subsidios de capital) que promueven inadvertidamente las tecnologías que reemplazan a la mano de obra, los gobiernos podrían promover tecnologías que aumenten las oportunidades en el mercado laboral para los trabajadores menos calificados.

El fallecido economista Anthony B. Atkinson, en su magistral libro Desigualdad, cuestionó la sabiduría de los gobiernos que apoyan el desarrollo de vehículos autónomos, sin prestar la debida atención a cómo ello afecta a los taxistas y conductores de camiones. Más recientemente, los economistas Daron Acemoğlu, Anton Korinek, y Pascual Restrepo han escrito sobre cómo la inteligencia artificial puede implementarse en nuevas formas que aumenten la demanda laboral, por ejemplo, al permitir que los trabajadores comunes participen en actividades que antes estaban fuera de su alcance. No obstante, avanzar en esta dirección requerirá un esfuerzo consciente por parte de los gobiernos con el propósito de revisar sus políticas de innovación y establecer los incentivos apropiados para el sector privado.

Los mercados laborales también necesitan reequilibrarse. El debilitamiento de los sindicatos y las protecciones para los trabajadores ha erosionado las fuentes tradicionales de poder compensatorio. Investigaciones recientes han demostrado que las empresas mantienen una importante ventaja de negociación sobre los empleados, lo que disminuye los salarios y empeora las condiciones de trabajo. Revertir estas tendencias requerirá de una variedad de políticas a favor de los trabajadores, incluyendo la promoción de la sindicalización, salarios mínimos más altos y normas reglamentarias adecuadas para los trabajadores en la «economía de los trabajos ocasionales».

Las finanzas son, además, otra área que requiere de un procedimiento quirúrgico complejo. Los sectores financieros de las economías más avanzadas siguen inflados. Presentan riesgos continuos para la estabilidad económica sin proporcionar beneficios compensatorios en términos de mayor inversión en actividades productivas. Como ha sostenido Anat Admati, de la Universidad de Stanford y otros, los bancos requieren que como mínimo se les imponga mayores requisitos de capital y un control regulatorio más estricto. El hecho de que las instituciones financieras hayan escapado relativamente ilesas de la crisis del período 2008-2009 dice mucho sobre su poder político.

Tal como sugieren las fallas en las regulaciones financieras, por importantes que sean tales reformas económicas, ellas deben complementarse con medidas que remedien la asimetría en el acceso político. En Estados Unidos, la celebración de elecciones en días laborales, en lugar de fines de semana o días festivos – junto con las normas de registro electoral que son restrictivas, la práctica de gerrymandering (manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales) y una miríada de otras normativas electorales– coloca a los trabajadores comunes en una desventaja significativa. Todo esto viene de manera adicional a las reglas de financiamiento de campañas electorales que han permitido que las corporaciones y los miembros más ricos de la sociedad ejerzan una influencia excesiva sobre la legislación.

El Partido Demócrata de Estados Unidos se enfrentará a una prueba de importancia crítica en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en menos de dos años. Mientras tanto, este partido tiene que tomar una decisión: ¿Seguirá siendo el partido que simplemente agregar edulcorantes a un sistema económico injusto? O, ¿tiene el coraje de abordar la injusta desigualdad atacándola desde sus propias raíces?


Traducción: Rocío L. Barrientos.

Fuente: Project Syndicate


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