Hace 12 años que José Manuel «Mel» Zelaya no es presidente de Honduras, pero la Casa Presidencial se ha convertido de nuevo en su despacho. Desde que su esposa y actual presidenta del país, Xiomara Castro, lo nombrara asesor, decenas de personas cruzan a diario las puertas del Palacio José Cecilio del Valle con la esperanza de que Mel escuche sus quejas y demandas o, incluso, que firme una carta de recomendación para obtener trabajo en el gobierno. El viernes 18 de marzo pasado, sin embargo, su agenda se centró en la visita de un solo hombre. Hasta bien entrada la noche, con conferencia y comida incluida, recibió con honores –aunque sin la compañía de la presidenta– a Enrique Flores Lanza, su ex-ministro de la Presidencia, que retornaba al país después de una década de exilio en Nicaragua.

El 27 de enero, antes de la juramentación de Xiomara Castro como la primera presidenta constitucional de Honduras, en un acto simbólico, a Mel le fue devuelta la banda presidencial que le habían arrebatado en 2009, cuando fue derrocado mediante un golpe de Estado y acabó subido a un avión vestido con pijamas a punta de fusil. Ahora Libertad y Refundación (libre), el partido que fundó y dirige, además de llevar a su esposa hasta la Presidencia, controla el Congreso. Castro llegó al poder prometiendo un futuro para Honduras alejado de los 12 años de «narco-Estado» y autocracia del Partido Nacional, encarnados en el ex-presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Las medidas tomadas en estos cuatro meses de gobierno, sin embargo, apuntan más a un reciclaje del pasado. Además de la influencia de Mel, varios miembros de la familia Zelaya ocupan importantes puestos en el gobierno. La amnistía aprobada solo una semana después de la investidura de Castro como presidenta ha asegurado las condiciones para que retornen los viejos aliados del clan con cuentas pendientes con la justicia.

Flores Lanza fue acusado el 30 de julio de 2009 –un mes después del golpe– de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude, en un requerimiento fiscal en el que figuraban junto a él el ex-presidente Zelaya (beneficiado por una amnistía tras los Acuerdos de Cartagena que en 2010 le permitieron retornar al país), Jacobo Lagos, en ese entonces ministro jefe del staff presidencial y gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, y Rebeca Santos, la entonces ministra de Finanzas –los casos de estos dos últimos fueron sobreseídos por la justicia hondureña–. Lanza también fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575.000 dólares en aquel momento).

La imagen de un hombre sacando una carretilla llena de dinero del banco el 26 de junio de 2009 quedó grabada en el imaginario de la población. Cinco años después, Flores Lanza confesó que esos 10 millones, que él pidió para la Guardia de Honor presidencial, en realidad fueron utilizados para sufragar la apuesta de la «Cuarta Urna»: Zelaya y los suyos pretendían preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna en las elecciones que se celebrarían seis meses después. De fondo, buscaban una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. La consulta fue declarada ilegal por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, satanizada por los medios de comunicación masiva, la Iglesia y el Alto Mando del Ejército, y desembocó en el golpe de Estado.

Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), una organización referente en la lucha por los derechos humanos y que por ley tiene una palabra determinante en el proceso de amnistía, afirma que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron la revisión legal de la propuesta de ley que finalmente fue aprobada. Consultada sobre el involucramiento de Lanza como beneficiario de la amnistía, Oliva asegura que Lanza es un defensor de los derechos humanos, un argumento que el abogado del ex-funcionario presentó al Cofadeh y que la organización extendió en un documento. «Él representaba a grupos campesinos, defendió al periodista que fue amenazado en los 80, a Renato, y no le cobró ni un cinco», dice en alusión a las amenazas sufridas, en aquel entonces, por el presentador de televisión Renato Álvarez.

El otrora hombre fuerte de Zelaya no tiene cargo oficial, pero la influencia del asesor y esposo de la presidenta y varios de sus antiguos funcionarios en el gobierno es abrumadora. Rixi Moncada, quien fuera ministra de Trabajo y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es ahora la ministra de Finanzas; Rebeca Santos, ex-ministra de Finanzas, ahora es la presidenta del Banco Central de Honduras; Edmundo Orellana, ex-ministro de Defensa, ahora es ministro de Transparencia. La lista sigue: Edwin Araque, ex-presidente del Banco Central de Honduras, ahora es presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Enrique Reina, ex-asesor presidencial de Mel, es ahora el canciller. 

En su regreso al poder, los Zelaya parecieran querer culminar una tarea inconclusa. En su discurso de cierre de campaña, Xiomara Castro dijo que su mandato sería una continuación del «Poder Ciudadano», el proyecto de su marido interrumpido por el golpe. La ahora presidenta también prometió una Asamblea Constituyente. En sus apariciones públicas, Mel sigue hablando de la «Cuarta Urna» como el pretexto utilizado por militares, empresarios y políticos golpistas para romper un país «pletórico de esperanza». «Hoy vuelve uno de los dirigentes del gobierno Liberal del Poder Ciudadano, coordinador de la Cuarta Urna, que desempeñó un papel fundamental en la transformación de Honduras», dijo el 18 de marzo sobre Flores Lanza, que a diferencia del pasado, cuando oficiaba con el rostro bien afeitado y trajes a la medida, regresó con barba y vestido con una guayabera blanca.

Los Zelaya y los militares

Cuando Castro había cumplido apenas dos semanas en el cargo como la primera mujer en la Presidencia de Honduras, envió a una reunión con el Estado Mayor del Ejército a tres de sus parientes más cercanos. No se reunió ella, la primera mujer comandante general, con las principales cabezas de su Ejército. En su lugar llegaron tres emisarios que comparten el mismo nombre y apellido. A la cabeza oficial de la comitiva iba José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, seguido de José Manuel Zelaya Castro, asesor, y por último, José Manuel «Mel» Zelaya, reconvertido ahora en asesor presidencial. 

Que tres «josé manueles» aparezcan en un acto oficial del nuevo gobierno hondureño pasó de ser una aparente casualidad a ser la norma del poder repartido en una familia: Mel es asesor presidencial; su hijo mayor, Héctor Manuel, es secretario privado de su madre la presidenta; Xiomara Hortensia, la segunda hija, es diputada en el Congreso Nacional; el hijo menor, José Manuel, asegura ser asesor ad honorem. Del lado de Mel está su hermano, Carlos Zelaya, quien es el secretario del Congreso Nacional, y el hijo de este, José Manuel Zelaya, quien dirige el Ministerio de Defensa. Esto parece nepotismo, pero legalmente no lo es. Estos nombramientos y la participación política de quienes obtuvieron el cargo de diputados están en el marco de la ley hondureña. Y ante las críticas hay una justificación: es importante mantener a la gente de confianza en el círculo de poder más cercano a la Presidencia para evitar otro golpe de Estado.

«Nunca es malo alguien de confianza ahí donde están las armas, y en las Fuerzas Armadas tienen las armas y las estrategias vitales, entonces ahí se necesita alguien de extrema confianza del presidente de la República», justifica Edmundo Orellana, quien era ministro de Defensa cuando Zelaya sufrió el golpe. Públicamente también lo dijo el hermano del ex-presidente, Carlos Zelaya, cuando fue consultado por el nuevo cargo de su hijo: «Pusimos a alguien de confianza en ese puesto porque desde Defensa se fraguan golpes de Estado». El ministro de Defensa es un abogado de 33 años y esta es su primera experiencia como funcionario público. Muchos activistas del partido libre lo reconocen como un cuadro técnico más que político. «Técnico, sobre todo en el área de las comunicaciones», dijo para describirlo Marco Ramiro Lobo, alcalde de Catacamas, el pueblo de los Zelaya.

El recuerdo del golpe es una herida abierta. Para Arístides Mejía, el antecesor de Orellana, el derrocamiento de Zelaya fue «el golpe de los idiotas porque ahí el país se hundió completamente y eso se hubiera podido solucionar institucionalmente». «Ninguna institución estaba controlada por el presidente. Al contrario del presidente anterior que las controlaba todas, [Zelaya] no controlaba la Corte, no controlaba las Fuerzas Armadas, no controlaba la Fiscalía, no controlaba el Tribunal Electoral, ni el Tribunal de Cuentas ni el Partido. Entonces ¿cuál era el miedo?», dice Mejía. El general Romeo Vásquez Velásquez, el líder militar que ejecutó el golpe, ahora es un militar en retiro. Intentó, sin éxito, convertirse en político. Escribió un libro con su versión de la historia. Sentado en un sillón en la sala de su casa, en las afueras de Tegucigalpa, suelta una risita cuando mira la foto de Mel en la que está junto a su hijo y su sobrino reunido con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. «El primer damo, otros dicen el primer caballero y otros dicen que le quitó la Presidencia a la presidenta, que la utiliza nada más de parapeto. Para mí, hay una regla simple de juego de poder: nunca le haga sombra a su líder o a su amo, nunca le haga sombra a su líder superior».

Doce años después del golpe, los Zelaya todavía temen, o quizá se blindan.

Amnistía o «pacto de impunidad»

Cuando estaba en campaña, Xiomara Castro habló de la necesidad de la amnistía, pero no señaló que beneficiaría a los ex-funcionarios del «Poder Ciudadano». La aprobación de la ley ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (cna) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) la catalogaron como un «pacto de impunidad»¹. En un comunicado conjunto, señalaron:

«Si bien no podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009 tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, esto no indica que si realizaron actos de corrupción o delitos en contra de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad ya que se estaría generando un precedente que podría ser fundamentado a hechos futuros de 2009, beneficiando de esta forma a quienes hoy son responsables de las cuantiosas cifras que en concepto de corrupción el Estado pierde anualmente».

Para Oliva, las investigaciones judiciales contra los ex-funcionarios de Zelaya no tienen valor porque se extendieron en un Poder Judicial plegado a «la dictadura» después del golpe.

Pero las críticas también han venido del entorno de los Zelaya. El ahora ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, criticó el decreto de amnistía y llegó a denunciarlo como un nuevo pacto de impunidad. Ahora cree que es injusto criticarlo porque «la ley vino de la sociedad civil» y porque serán los jueces los últimos responsables de a quién le dan la libertad y a quién no.

«Ese decreto fue elaborado por Cofadeh, ese no fue un decreto elaborado por el gobierno, eso debe de estar bien claro. Pero bien, lo importante es que el decreto ha sido cuestionado no en la parte de los delitos políticos. Todos están de acuerdo de que eso es incuestionable», dice ahora Orellana.

La amnistía también ha favorecido a la familia Zelaya Castro. Cuando este decreto apenas llevaba 10 días de vigencia, Marcelo Chimirri Castro, sobrino de la presidenta, solicitó a un Juzgado de Ejecución la extinción de una causa por corrupción en su contra. Chimirri Castro ocupó entre 2006 y 2007 el cargo de subgerente de la estatal Hondutel y su participación, según la Fiscalía, fue clave en una red de tráfico gris (fraude a través de llamadas internacionales) en la institución que permitió que la estatal perdiera el pastel de las llamadas internacionales y la red celular². El acuerdo, según la investigación, también labró el hundimiento de las finanzas de Hondutel.

El 30 de junio de 2009, dos días después del golpe, Chimirri fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho por beneficiar, a cambio de sobornos, a la empresa estadounidense Latin Node. En 2013, un tribunal lo absolvió; sin embargo, después de que el Ministerio Público interpusiera un recurso de casación, Chimirri fue condenado en 2018 a ocho años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Cumplió cuatro años en la cárcel hasta que este año fue liberado gracias al decreto de amnistía. 

El expediente del caso de Chimirri Castro en Honduras cuenta con 17 tomos y alrededor de 7.000 folios. La Fiscalía hondureña, además de sus propias pesquisas, contaba con prueba procesal de lo investigado por el Distrito Sur de Florida y diligencias investigativas en colaboración con la Fiscalía de Guatemala. El expediente rebalsa de pruebas, entre ellas los pagos por 30.000 dólares efectuados por Latin Node a una empresa de Chimirri Castro en Honduras momentos previos al acuerdo con Hondutel. También contiene correos electrónicos que hablan de un pacto entre Hondutel y Latin Node, y en los que se vinculan a otras figuras políticas como a Carlos Eduardo Reina, hijo del entonces ministro de Gobernación y muy cercano al ex-presidente Zelaya. Reina incluso ha sido precandidato a la Presidencia por libre. «Diles que Carlos Eduardo trabaja para nosotros», escribió uno de los funcionarios de Latin Node en un correo electrónico a su enlace en Centroamérica para facilitar el diálogo con Chimirri. Otro de los enlaces, según esos correos, era Carlos Zelaya, el hermano de Mel y actual secretario del Congreso Nacional que aprobó la amnistía. Además, en el extenso expediente se muestra una planificación para hacer campaña política a favor del gobierno del «Poder Ciudadano» con la venta de tarjetas para llamadas internacionales con descuento, a beneficio del gobierno de Mel Zelaya.

El 3 de marzo de 2022 se le aplicó a Chimirri la amnistía amplia, absoluta e incondicional. Las pruebas para liberarlo fueron dos: un extracto del informe de la Comisión de la Verdad después del golpe en el que se menciona que los funcionarios allegados a Zelaya fueron perseguidos políticos, y una fotografía en la que aparece junto con el ex-presidente derrocado para demostrar una relación entre ambos.

«La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente por aquellos que apoyaron el golpe de Estado y siempre se postraron ante el fascismo, mientras masacraban y condenaban a patriotas y luchadores, muchos de los cuales entregaron su vida por tener un lugar digno, una patria libre y democrática», dijo la presidenta en su discurso de los primeros 100 días de gobierno, en una cadena de radio y televisión pregrabada. El discurso íntegro luego fue publicado en Poder Popular, el nuevo periódico e instrumento de propaganda de su gobierno.

El 18 de marzo, en la fiesta de bienvenida que le organizó Mel a Flores Lanza, este dijo que la amnistía había sido «criminalizada» y que son 7.000 personas judicializadas por protestar contra el golpe las que se beneficiarán. «La amnistía es una corrección para una justicia que en este país no ha funcionado. Esta amnistía permitirá que por fin se les haga justicia a muchos hombres y mujeres que no han podido defenderse del sicariato judicial», dijo.

Pero los que realmente se han beneficiado, como Flores Lanza, regresan con sed de revancha. En una denuncia colectiva, él y otros ex-funcionarios han demandado al Estado de Honduras por las acciones del golpe. Esta fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en agosto de 2021³. Si avanza, quedará en manos de la cidh emitir un fallo. «Queremos que nos devuelvan lo que nos robaron, que nos devuelvan la verdad, porque con la mentira criminalizaron la cuarta urna», dice Lanza.

A Lanza le dieron cinco cartas de libertad y la última que recibió fue el 4 de marzo. En ella se lo absuelve de los delitos de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. En el recibimiento de su amigo, Zelaya recordó como anécdota y en tono de burla que a él también lo querían acusar por actos de corrupción, «hasta por el combustible que gastamos en Casa Presidencial. No vaya a ser que ahora me quieran investigar porque le damos comida a la gente aquí donde los recibimos», dijo.

El regreso a la finca

El 23 de abril Mel Zelaya aterrizó en un helicóptero en la pista El Aguacate, a pocas cuadras de sus propiedades en la comunidad El Espino, en Catacamas, Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras, con una extensión territorial mayor a la de El Salvador. Este departamento colinda con Gracias a Dios y Colón, departamentos eminentemente rurales y localizados en la ruta del narcotráfico y la ganadería extensiva. Las grandes extensiones de tierra se unen con las montañas y la selva en una zona con poca población y varias áreas protegidas que han sido afectadas por la conflictividad que dejan el narco y el abandono estatal.

El motivo de su viaje fue una negociación sumamente delicada. El gobierno de su esposa, a través del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Medina, había prometido a finales de marzo destruir una carretera ilegal que atravesó la Reserva de Biosfera de Río Plátano (una zona declarada Patrimonio de la Humanidad) y benefició a ganaderos e indígenas al dar acceso para mover productos desde Gracias a Dios a Olancho. En la zona, los lugareños aseguran que la obra también benefició a los narcotraficantes y, de hecho, todavía hoy la llaman la «narcocarretera». Esta se concluyó en 2021, durante el último año de Juan Orlando Hernández en el poder, y provocó un escándalo por la magnitud del desastre ambiental que significaba. Sin embargo, esa carretera se comenzó a construir en 2007, cuando Mel Zelaya era presidente⁴.

En Olancho no hay nadie mejor para calmar las aguas revueltas que Mel, uno de los señores del pueblo, miembro de una familia que es respetada casi como la nobleza. En la aldea El Espino, Zelaya actualmente tiene registrados en el sistema de propiedades varios lotes de terreno en la carretera que va hacia la Universidad Agrícola. En 2016, la pareja le regaló a su yerno, el abogado Juan Carlos Melara, un potrero de 13.454,13 metros cuadrados en la misma zona. Melara es el esposo de su hija mayor, la abogada Zoe Zelaya, la única hija sin cargo en instituciones públicas. Melara fue asistente de Zelaya en tiempos del «Poder Ciudadano», pero Mel lo despidió en 2007 para «evitar» el nepotismo⁵.

Cuando era presidente, Zelaya donó uno de sus terrenos en El Espino a la Teletón y en la Universidad Agrícola construyó un edificio para clases. Más tarde, el ex-presidente Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, construyó uno similar. Se erigen ambas torres como la muestra de los dos caciques terratenientes de Olancho y de sus respectivas tradiciones políticas.

Apenas un mes después de la promesa del ministro de Ambiente, Zelaya llegó a negociar con los ganaderos de la Moskitia. Según el acuerdo firmado, a cambio de detener la destrucción de la carretera, los ganaderos de la zona se comprometieron a detener la ganadería extensiva. Pocos días después, un grupo de líderes miskitos llegaron a Tegucigalpa a exigir al gobierno que los tome en cuenta. «Que no sigan hurgando al pueblo miskito», protestó Orlando Calderón de la organización miskita Masta. «El objetivo de la carretera era atravesar el río y llegar por Warunta (Wampusirpi) donde tienen la mayor parte de fincas narcoganaderas. Ahora es difícil si los militares luego forman parte de los invasores, ellos también se dedican a agarrar un pedazo de terreno y forman parte del grupo, allí no hay control».

«Nos alegramos cuando el ministro dijo que la carretera sería destruida y que se iba a hacer para la protección y que los militares iban a evitar las invasiones, pero luego salió la conferencia de Mel con los ganaderos prometiendo que la carretera no será destruida y que será avalado por los ganaderos para que ellos ingresen a sus zonas de trabajo. Los ganaderos son olanchanos la mayoría, muchos son testaferros de personas que están en altas cúpulas políticas», denuncia Calderón. Y no se equivoca. En la Casa de la Cultura de Juticalpa, la cabecera departamental, hay un hombre, pintado de canas, que asegura conocer muy bien la historia de la ciudad y de la familia Zelaya. Su nombre es Darío Euceda Roque, escritor, ex-compañero de colegio del ex-presidente, y formaba parte del equipo que le hacía sus discursos en Casa Presidencial. Euceda Roque asegura haber descubierto que el abolengo de los Zelaya se remonta hasta los tiempos de la Conquista. «Los primeros Zelayas, los hermanos Santiago, Miguel y Joseph, llegaron a México desde España con el conquistador Hernán Cortés. En México hay una ciudad que se llama Celaya, ellos fundaron esa ciudad, la conquistaron con su espada, solo que ahí se escribe con c», asegura. Cuando los Zelaya llegaron al departamento de Olancho, según el escritor, les gustó tanto el Valle de Lepaguare de Juticalpa que se lo pidieron al rey de España. «Fue como un premio a su labor conquistadora y el rey se lo dio a título personal. El Valle de Lepaguare aún es de ellos. En el año 1536 les fue concedido ese título que fue firmado por el rey de España. Soy abogado y esos títulos valen». Los Zelaya de Olancho nunca dejaron de ser influyentes. En el siglo xviii, Olancho era el área ganadera más grande y extensa de Centroamérica. Según Euceda, siempre un Zelaya ha sido gobernador, alcalde o comandante de armas. «Ahora lo ven en este siglo con dos presidentes: Xiomara que es la esposa y Mel».

Pero en Olancho no todos aplauden a figuras como Zelaya y Lobo. Sergio Antonio Campos, quien buscó la Alcaldía de Catacamas con un movimiento independiente que él llamó «Espanta ratas», asegura que a los miembros de la familia Zelaya «[l]os han endiosado. Recuerden que antes del golpe de Estado aquí hubo una reparticina (sic) de dinero con el proyecto de la Cuarta Urna, y creo que esos seguidores que tienen es por el dinero que se les repartieron».

Los que lo tienen todo, generalmente, crean dinastías para preservar lo acumulado. Y en los Zelaya, el éxito político de Mel y la actual irrupción total de su familia en la esfera política se remontan al empujón que alguna vez le dio su padre, el primer José Manuel Zelaya de Catacamas. José Manuel Zelaya padre y Ortensia Rosales procrearon a cuatro hijos varones, el mayor de ellos, el ex-presidente Mel, seguido de Carlos (actual secretario del Congreso Nacional), Héctor (asesinado de joven) y Marco, quien contrajo matrimonio con una de las hijas del ex-presidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998). Al padre de los Zelaya Rosales, la historia lo perfila como uno de los responsables, junto con un grupo de militares, de «Los Horcones», una de las masacres contra campesinos más recordadas en Honduras. Aunque fue encarcelado a finales de los años 70 por ese hecho, tiempo después fue beneficiado por un indulto.

El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dice que lo de los Horcones «es una cosa con la que ellos han cargado siempre, que el presidente Zelaya en particular ha cargado». No obstante, Torres separa a Mel Zelaya de las acciones de su padre afirmando que en su momento «denunció la base secreta de la Contra nicaragüense en el Aguacate, en Olancho»⁶. Mel aún conserva la propiedad de Los Horcones en Juticalpa y varios lotes en la colonia Castaño de esa misma ciudad, donde él pasó su adolescencia.

Pero los inicios de Mel Zelaya en la política se remontan a los años 80, cuando un dirigente del Partido Liberal «cayó en desgracia» y dejó una plaza vacante. Entonces, Armando Rosales, secretario del Congreso Nacional y pariente cercano de los Zelaya, le hizo una propuesta al padre de Mel. Así lo cuenta Darío Euceda: «Mel, fíjate que hay un espacio político que dejó Benigno. Meté a Melito». El padre de Mel habría respondido «¡Sí, lo meto!». Pero Mel Zelaya necesitaba un espaldarazo para trascender a escala nacional y lo encontró rápidamente en Carlos Orbin Montoya, que era el entonces presidente del Congreso, después de haber sido considerado el ideólogo del movimiento que llevó a la victoria al ex-presidente liberal José Simón Azcona (1986-1990). Mel no olvida aquellas viejas lealtades. En 2006, el favor de antaño fue devuelto a Orbin Montoya cuando se lo designó como representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) y, luego, como director del Banco Central de Honduras (bch). Antes del golpe, Orbin Montoya era uno de los coordinadores del proyecto de la «Cuarta Urna». En 2022, a los 76 años, tampoco fue olvidado: Xiomara Castro lo colocó en la gerencia de la estatal Hondutel.

Mel, el astuto

El escritor Darío Euceda afirma que la principal característica de Mel Zelaya en la política es la de ser astuto: «La astucia la aplica bien, olfatea todo», dice. Euceda asegura que vio ese brillo de astucia en el pacto que Zelaya refrendó con un grupo de diputados disidentes de libre luego del zafarrancho que protagonizaron por el control del Congreso Nacional. Mel controla el partido libre, los estatutos lo facultan para, además de ser el representante legal, fungir de coordinador general, presidente de la coordinación nacional e integrante de la comisión política. Todas las decisiones que tome la Coordinación Nacional o la Asamblea Nacional deben pasar por las manos del ex-presidente Zelaya. Desde su inscripción en 2012, libre solo ha tenido un representante legal y un coordinador general. Y lo seguirá siendo al menos hasta 2025. Como los Bukele en El Salvador, los Zelaya también ocupan un espacio central en el partido como fundadores. A Mel lo acompañan la presidenta, su hermano, su sobrino, el ministro de Defensa y otras figuras con cargo en el gobierno. Destacan el ex-alcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunsery (quien también ha sido beneficiado por la amnistía con cuatro cartas de libertad tras acusaciones por corrupción); Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas; el entonces sindicalista y ahora diputado Juan Barahona; el dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario Rafael Alegría; el actual presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Edgardo Barahona, y también la congresista Beatriz Valle, actualmente distanciada de Mel Zelaya.

En las últimas elecciones legislativas, Valle y Jorge Cálix, dos líderes indiscutidos del m28, un movimiento impulsado por Mel tras la fundación del partido en 2012 y que forma parte de libre, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Honduras. Pero la crisis por la elección de la junta directiva en el Congreso Nacional hizo que pasaran de ser catalogados como líderes a ser llamados «traidores». Contra lo que podía esperarse, el histórico triunfo de Xiomara Castro y la avalancha de votos de libre en las legislativas no significaron unidad para el partido. Valle considera, ahora, que fueron presas de reacomodos políticos que ya acarreaban relaciones gastadas. Ella, por ejemplo, asegura que su relación con Zelaya se fracturó desde que se postuló como diputada. «Noté que ya casi no me hablaba Mel, me hablaba poco y dije yo, pucha qué raro, pero, igual, imagínese 23 años, ¿qué voy a estar yo desconfiando de Mel?, no estaba pensando nada».

En Honduras, es usual que los líderes del Congreso se conviertan en potables cartas electorales para futuras elecciones presidenciales. O, como mínimo, que obtengan cargos claves de dirección en el Congreso. Cálix y Valle, con sus triunfos, apuntaban hacia ese camino, pero emergieron viejas rencillas y pactos preestablecidos. Y así, mientras Cálix reclamaba el trono del Congreso con apoyo de Valle y otros diputados, la presidenta electa exigía otra ruta, y el respeto de un pacto que ella había hecho con el Partido Salvador de Honduras, que la apoyó en su candidatura. En ese acuerdo, la Presidencia estaba sellada para el diputado Luis Redondo, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (pinu-sd) y así quedó, al final arreglado por un pacto que firmó Mel Zelaya junto con Jorge Cálix en Casa Presidencial, sin presencia de la presidenta.

Más de 100 días después del cisma en libre, los Zelaya solo se han fortalecido. Carlos Zelaya resultó nombrado secretario del Congreso Nacional, un puesto clave en el ámbito operativo del hemiciclo y, en la práctica, un presidente del Legislativo en funciones. Como jefe de bancada de libre fue nombrado Rafael Sarmiento, quien es familiar directo de la presidenta. 

En Honduras el tiempo corre demasiado rápido. En Catacamas, y en los pasillos del Congreso y de la Casa Presidencial, ya hay quienes lanzan cábalas para tratar de identificar cuál será el próximo movimiento de los Zelaya, y si este incluye potenciar a algún miembro del clan para que sea el futuro relevo de Xiomara. El actual director de Relaciones Públicas de Casa de Gobierno, Dassaev Aguilar, publicó el pasado 9 de mayo una foto de Héctor Zelaya, el hijo-secretario privado de Xiomara⁷. Aguilar dijo que se encontraba «con el próximo presidente de Honduras». Ante los cuestionamientos, intentó escabullirse afirmando que él no estaba diciendo que eso sería en el próximo proceso electoral. Lo que sí es un hecho es que los Zelaya han acumulado poder y no quieren que se repita lo ocurrido en junio de 2009.

Berta Oliva, del Cofadeh, dice que no quiere ni repetir las palabras golpe de Estado, porque no quiere que la historia se repita, pero insiste en que las estructuras que dieron el golpe están intactas. «¿Quiénes son los que quitan y ponen presidentes? ¿Quiénes dan golpes de Estado en todo el mundo? Estados Unidos», se responde. Argumenta:

«Lo que los poderes fácticos quieren demostrar ahora es que el gobierno de Xiomara es débil. Quisieron debilitarlo con las críticas a la amnistía y al inicio con lo del Congreso. Con el tema de que es Zelaya el que tiene el control y el que ejerce el poder, si él es el del poder y levanta al país ¿cuál es el problema? Cuando se instaló la dictadura, este hombre [Juan Orlando Hernández] tenía a su hermano en el Congreso, tenía a su hermana de ministra, a su hermano de asesor en seguridad, tenía a toda la familia en el gobierno, y antes eso no era visto como problema».

Doce años después de haber asestado el golpe de Estado, sentado en su silla, minúsculo en la enormidad de su casa, el general Romeo Vásquez analiza la Honduras que ahora es dirigida por aquellos que le provocaron un miedo tal que prefirió romper las normas constitucionales para frenar la incorporación del país a un «régimen como el de Venezuela». «Por esa situación que se dio en el 2009 es que ellos regresaron y se les regaló un partido. Deberían estar alegres», dice.

Vásquez opina que la presidenta puede tener una historia diferente. «Ella entró porque fue el pueblo que le dio el voto en una acción bonita, democrática y transparente». Aunque no está conforme con los primeros pasos, cree que hay que dar espacio a un gobierno que recién comienza.

Nota: una versión más extensa de este artículo fue publicada en la revista Contra Corriente, 27/5/2022, con el título «El retorno del clan Zelaya», https://contracorriente.red/20...