Hace solo unos días se aprobó en México la Ley de Seguridad Interior. Esta norma pretende dar un marco jurídico que provea de legalidad a las acciones de las fuerzas militares en tareas de seguridad. Pero hay un pequeño problema. La Constitución lo prohíbe. Y, por ello, los pronunciamientos en contra de esta ley llegaron de todos los sectores. Entre sus principales criticos se encuentran el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), la Washington Office of Latin America (WOLA), la World Organisation Against Torture, la Conferencia del Episcopado mexicano y la Provincia mexicana de la Compañía de Jesús, comisiones de derechos humanos estatales y cientos de académicos de las principales universidades del país, más de 250 organizaciones y colectivos nacionales y casi 500.000 personas que firmaron una petición de rechazo a través de la plataforma change.org. Pero todas esas voces fueron ignoradas.
En una acción fast-track, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y miembros de otros grupos políticos conservadores, aprobaron una ley que convierte lo especial y extraordinario en regla, haciendo que los militares realicen funciones de policía. Dicen que solo se pretende dotar de un marco jurídico a actividades que existen de facto en la cotidianidad. El problema es que esas acciones han sido erróneas durante años y ahora se eternizan. Desde que se encargó al Ejército y a la Marina funciones de protección civil y policial para las que no están entrenados sus miembros, las consecuencias han sido negativas. Las fuerzas armadas suelen estar adiestradas para situaciones de guerra donde la defensa de derechos humanos no es una prioridad, incluyendo el derecho a la vida. El resultado ha sido un índice muy alto de letalidad en las actividades que ambos grupos realizan en la lucha contra el narcotráfico.
Un elemento que preocupa profundamente es la ambigüedad de la ley dado que podría ser utilizada contra los adversarios políticos o para reprimir protestas sociales. Para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la redacción es tan ambigua que ni siquiera se específica que es la seguridad interior. Además, la norma no especifica la existencia de controles de rendición de cuentas ni garantiza la transparencia para su ejecución. El propio Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) . también se manifestó sobre su opacidad. Otro inconveniente es que la ley es completamente discrecional y elimina contrapesos al poder presidencial, algo en lo que coinciden todos los actores que se han opuesto a ella. Por otro lado, abre la puerta para realizar de manera legal actividades de espionaje hacia cualquier individuo y con cualquier método, sin que exista una rendición de cuentas que justifique las acciones emprendidas. En este sentido, la Ley de Seguridad Interior se asemeja a propuestas de otros lados del mundo como la Patriot Act (2001) aplicada en Estados Unidos después del 9/11 o la declaratoria del État d'urgence (2015-2017) en Francia después de los ataques terroristas en París. La diferencia con Francia es que las fuerzas militares no se encuentran implicadas. Las críticas también van en el mismo sentido: se da la falsa opción, que más bien es un ultimátum, de escoger entre seguridad y libertad. Las nuevas legalidades restringen derechos constitucionales y libertades civiles en aras de pretender controlar la seguridad territorial. El estado de excepción se vuelve realidad y con él se produce la instauración de un gobierno autoritario en lugar de uno democrático.
Para muchos, esta Ley de Seguridad Interior lleva una dedicatoria con miras a las elecciones de 2018 y la posibilidad de un fraude electoral. Ante el riesgo del descontento popular, este podría ser un seguro para que el régimen pueda inhibir la protesta social en las calles. Pero probablemente también involucre más cosas. Esta ley se inscribe en el marco de los pasos dados por los gobiernos de derecha de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de seguridad. Fox firmó en 2005 la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que aborda temas de seguridad y militarización, energía, telecomunicaciones e integración aduanera. Por su parte, Calderón suscribió en 2008 la Iniciativa Mérida enfocada en los temas de seguridad y narcotráfico, similar en muchos aspectos al Plan Colombia.
En esa línea, la seguridad ya no es una cuestión únicamente nacional sino que forma parte de una estrategia más amplia y vinculada a un espacio territorial estratégico para Estados Unidos y las empresas trasnacionales. El mismo día que los diputados aprobaban la Ley de Seguridad Interior, pasó de forma casi desapercibida que el Senado decretaba una nueva Ley de Biodiversidad, la cual no prohíbe la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas (ANP). Regularmente, quienes más se han opuesto a este tipo de explotación son las comunidades indígenas al considerar que se vulneran los derechos de su territorio. En casos así, la Ley de Seguridad Interior se vuelve una extensión de control no solamente contra los adversarios políticos sino también contra grupos enteros de ciudadanos (Agamben dixit) que no comulgan ni aceptan los devenires de las trasnacionales y las economías extractivistas.
En 1946 el Partido de la Revolución Mexicana dio paso al PRI y se abolió el sector militar del partido. Era la entrada al civilismo y la modernización del autoritarismo, tal como lo describió Luis Medina. Hoy se claudica ante el fortalecimiento de la policía y el aparato de justicia, enterrando el civilismo que diferenció a México de muchos de los regímenes militares latinoamericanos. Por los claros visos de inconstitucionalidad que existen en la ley (principalmente a los artículos, 21, 29, 119 y 129), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros actores han anunciado que promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. La Ley de Seguridad Interior todavía no es una cosa juzgada pero de concretarse sería, quizás, el mayor retroceso político en México desde 1946.
