En agosto de 2026, Bernardo Arévalo tiene el dudoso honor de ser el segundo mandatario con menos apoyo de América Latina, solo después de Delcy Rodríguez en Venezuela, lo cual lo ubica entre los presidentes con menor legitimidad en la historia de Guatemala. Con una desaprobación que se manifiesta en todos los sectores, Arévalo tiene porcentajes similares a los de sus antecesores Alejandro Giammattei (2020-2024) y Alfonso Portillo (2000-2004), dos figuras recordadas por sus múltiples desaciertos y legados perversos: Giammattei, acusado por consolidar el llamado «pacto de corruptos», una alianza de redes políticas y económicas que cooptó organismos judiciales, el Congreso y el Ministerio Público; Portillo, responsable de una administración plagada de desvíos de recursos. Pero Arévalo no pertenece a ese club de depredadores de las riquezas nacionales ni está acusado de corrupción.

Explicar esta desaprobación resulta entonces crucial, sobre todo si recordamos la esperanza que significó para el país su victoria electoral. La madrugada del lunes 21 de agosto del 2023, tras la segunda vuelta, los guatemaltecos vimos despuntar, de forma inesperada, a un candidato que parecía diferente: el Tío Bernie, según lo apodaron los jóvenes, era un bondadoso y juicioso candidato, el heredero directo de su padre, Juan José Arévalo, el primer presidente de la década de la revolución democrática que se extendió entre 1944 y 1954. Bernardo Arévalo era el candidato del Movimiento Semilla, fundado inicialmente como movimiento ciudadano en 2015, tras las protestas anticorrupción en Guatemala, y registrado como partido en 2018, con un discurso pluralista y enfocado en la reconstrucción democrática. 

La victoria de un candidato que no pertenecía al establishment político guatemalteco y cuya campaña se había centrado en un discurso contra la corrupción de las instituciones originó desde un principio una reacción conservadora desproporcionada: primero, una serie de acciones judiciales de parte de la oposición intentaron desconocer los resultados electorales para posteriormente ir escalando hacia tramas más surrealistas, que iban desde la amenaza de atentar físicamente contra el presidente electo hasta impedir el proceso de transmisión de mando. No obstante, la respuesta social fue igualmente excepcional y, durante más de 100 días, los ciudadanos de diferente proveniencia social, económica y política se volcaron de lleno a las calles a defender a Arévalo: muchas horas de bloqueos y presión ciudadana lograron que el nuevo presidente fuera al fin juramentado. 

No obstante, la amenaza conservadora no terminó ahí: desde entonces, un conjunto de actores, algunos visibles y otros en la penumbra, maniobraron activamente para obstaculizar la acción del nuevo presidente. Arévalo quedó así atrapado entre una promesa de transformación difícil de cumplir y un cerco institucional dispuesto a neutralizar cualquier posibilidad de cambio. Pero estas condiciones adversas no bastan para explicar su desempeño ni, sobre todo, la profunda caída de su popularidad. Para entenderlas, es necesario poner el foco en los errores de cálculo y en la deficiente estrategia política con que el gobierno ha enfrentado ese escenario: decisiones que han debilitado su capacidad de acción, dificultades para conservar alianzas y una gestión política que no ha sabido convertir las enormes expectativas de cambio que acompañaron su llegada al poder en resultados y respaldo ciudadano.

El mayor fracaso: la lucha contra la corrupción

Una de las frases más repetidas durante la campaña de Movimiento Semilla fue el estribillo «Un futuro sin CACIF», en referencia al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la organización que articula a los grupos dominantes del país. Figuras centrales del nuevo partido, como Samuel Pérez y Félix Alvarado, hablaron abiertamente sobre la necesidad de gobernar sin el beneplácito de la elite empresarial representada en ese ente gremial. Sin embargo, tras asumir la Presidencia en enero de 2024, Bernardo Arévalo buscó distanciarse de esa estrategia. Durante la presentación de su gabinete a comienzos de 2024, afirmó que «Un futuro sin CACIF» nunca había sido un eslogan oficial del partido, sino una expresión utilizada por algunas de sus figuras. Al mismo tiempo, procedió a incorporar en su gabinete a personas con reconocidas conexiones con el sector empresarial tradicional, tales como Jazmín de la Vega (Comunicaciones), Carlos Ramiro Martínez (Relaciones Exteriores), Víctor Hugo Ventura (Energía y Minas) y Shanti Anayté Guardado (Medio Ambiente).

Las críticas sobre la relación de Arévalo con personajes del viejo establishment se profundizarían posteriormente a partir de otros nombramientos. Entre ellos, la designación como embajador en España de Jorge Skinner-Klee, señalado como cercano al «pacto de corruptos» durante el gobierno de Jimmy Morales (2015-2019). Más adelante, en 2026, el nombramiento de Anabella Morfín como magistrada de la Corte de Constitucionalidad volvió a generar cuestionamientos, particularmente entre quienes consideraban que su trayectoria jurídica representaba posiciones conservadoras. Buena parte de las críticas actuales al gobierno de Arévalo provienen, precisamente, de la percepción de que los actores que están en el poder no están a la altura de las esperanzas de cambio generadas en la campaña.

El gobierno de Arévalo no es un gobierno corrupto y ha roto con la práctica de perseguir a los opositores por la vía legal que caracterizó a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Más recientemente, el nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general ha representado un logro simbólico innegable. El fin del periodo de la nefasta fiscal Consuelo Porras –adalid de la defensa del «pacto de corruptos»– representó una renovación de la esperanza, ya que con ello se superaba uno de los obstáculos más perniciosos para el gobierno de Arévalo. El nuevo fiscal general fue descrito por el presidente como prueba del «fin del secuestro [del Ministerio Público] por parte de redes político-criminales». Apenas instalado, García anunció la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la institución que, puesta al servicio de grupos dominantes, en 2023 propició la cancelación de la personería jurídica de Semilla, con argumentos pueriles, y cuestionó los resultados electorales, haciendo del desmantelamiento de esta instancia un acto plenamente justificado. 

Sin embargo, luego de esa acción enérgica inicial, no hay prueba de una estrategia de largo plazo que ataque las redes de corrupción e impunidad. La principal promesa del gobierno de Arévalo se ha concretado en más de 440 denuncias contra funcionarios de gestiones anteriores presentadas por la Comisión contra la Impunidad del gobierno –un ente independiente de la Fiscalía adscrito a la Presidencia–. El problema es que dichas denuncias apuestan por una estrategia legal en un entorno judicial adverso, dado que las altas cortes siguen cooptadas por los grupos corporativos y redes de poder paralelas. Personajes como Roberto López Villatoro, «el Rey del Tenis», Gustavo Alejos o Gustavo Herrera forman parte de grupos de abogados, empresarios y sectores con intereses corporativos (financieros, aseguradoras, energéticos, entre otros) que han buscado colocar magistrados afines a sus intereses. 

Para un gobierno que levantó la bandera anticorrupción, el hecho de que no exista aún una estrategia coordinada de la Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad para enfrentar el cerco judicial resulta sospechoso. 

Por otro lado, hay un tema de fondo con la forma en que se lleva a cabo la investigación contra la corrupción. El respeto estricto a la institucionalidad guatemalteca, que Arévalo ha priorizado hasta el momento, está resultando una mala estrategia que no está dando resultados por la forma en que el sistema, incierto y que garantiza una aplicación amañada y casuística del entorno legal, es aprovechado por los acusados. Antiguos aliados del presidente, como la ex-diputada Ligia Hernández y el ex-ministro de Comunicaciones Félix Alvarado, han cuestionado la tibieza de Arévalo al momento de perseguir la corrupción en estos términos. Al mismo tiempo, cierto purismo legal ha llevado al gobierno de Arévalo a priorizar el aumento del control institucional a punto tal de paralizar –aún más– la capacidad de respuesta del Estado. 

En Guatemala, la brecha colosal entre el mandato constitucional y la práctica se sostiene con leyes que se diseñan para aplicarse de manera discrecional, lo que ha dado lugar a una cultura de transgresión generalizada. En ese sentido, Bernardo Arévalo no heredó un Estado neutral, sino una maquinaria diseñada para «la captura», tal como denunció la  Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su último acto público en agosto de 2019, antes de ser expulsada por el presidente Jimmy Morales, quien entonces era investigado por la misma CICIG por financiamiento ilegal en 2015. Hacer frente a esta maquinaria con sus propias reglas es, por lo tanto, inútil. 

Alianzas perdidas, alianzas insospechadas

Para sumar a la debilidad del gobierno, con apenas 23 de 160 diputados, desde un principio el Movimiento Semilla fue arrinconado en el Congreso. La bancada oficial no permaneció unida mucho tiempo: las pugnas de protagonismo favorecieron que el partido pactara con la «vieja guardia» parlamentaria para aumentar el presupuesto de inversión territorial que es la base de los programas clientelares que les sirven a los diputados distritales para su reelección. Los acuerdos y concesiones legislativas en los que ha incurrido Semilla para sobrevivir han terminado alimentando el clientelismo local, fortaleciendo con recursos públicos precisamente las redes corruptas de poder territorial que el gobierno se comprometió a combatir.

Arévalo también ha perdido credibilidad y aliados en los movimientos sociales. El caso más emblemático del alejamiento del Movimiento Semilla de sus bases es lo ocurrido con el liderazgo indígena: Luis Pacheco y Héctor Chaclán –entonces presidente y secretario de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena que abanderó la defensa del orden constitucional en 2023 para que Arévalo tomara posesión– en 2025 permanecieron meses en prisión preventiva, acusados de terrorismo, sin que el gobierno desplegara una defensa visible y enérgica, ni siquiera una vez desaparecida la figura de Porras.

En estas condiciones de debilidad, no se entiende por qué Arévalo ha sobrevivido hasta ahora a la embestida conservadora. Especialmente, si consideramos que la acción del gobierno desde el minuto uno ha ido socavando su propia legitimidad. ¿Qué fuerza o actor ha logrado mantener a flote al actual gobierno del Movimiento Semilla? 

Una de las hipótesis más plausibles es que el respaldo diplomático de la embajada estadounidense –motivado por sus propios intereses de seguridad nacional, vinculados a la contención de la migración irregular y el combate al narcotráfico– ha contribuido indirectamente a contener los intentos golpistas. El apoyo no es gratuito: la relación con Estados Unidos modula y frena el ritmo de las posibles reformas que pueda proponer el Ejecutivo, para evitar que sean mal interpretadas como un avance de la agenda de la izquierda en el país. La salida histórica de las brigadas médicas cubanas, que en 2026 fueron expulsadas por el gobierno guatemalteco por presiones de Donald Trump, así lo demostró. Desde esta perspectiva, la tibieza y la cautela de Arévalo no son un dato menor: revelan una estrategia en la que, sin abandonar abiertamente su promesa de cambio, esta se modula y dosifica al punto de mantener el statu quo.

En términos de política social, al gobierno de Arévalo se le reconoce, en general, una actitud proactiva. Se reportan logros como el remozamiento de 22.000 escuelas en dos años, un salto monumental frente a las 4.000 intervenidas en la gestión anterior, y la construcción de 82 nuevos centros de salud. Además, el país mantiene un crecimiento del PIB de 3,9% –por encima del promedio regional– y un aumento en la inversión extranjera directa, indicadores que en cualquier otra circunstancia serían motivo de celebración. Pese a estos logros, el principal capital del nuevo presidente dependía de la percepción sobre su voluntad política. Dos años y medio después de su llegada al poder, los críticos de Arévalo hablan de una claudicación que lo clasifica como otro gobierno de promesas incumplidas. 

Quedan por evaluarse iniciativas interesantes lanzadas por el presidente tales como el fortalecimiento del gobierno departamental, diseñado para generar una estructura de control y coordinación entre el ámbito local y el nacional, o el proceso para modernizar aspectos claves de la administración pública, tales como la ley del Servicio Civil de Carrera para profesionalizar la acción burocrática, o la profundización de la agenda del Gobierno Abierto y Electrónico, que promovería una estructura de transparencia contra la corrupción. De concretarse, estos proyectos podrían transformar la matriz institucional cooptada que caracteriza al gobierno de Guatemala. El problema es que estos planes no son de aplicación o resultados inmediatos, por lo que su éxito dependerá de la continuidad que les pueda garantizar el resultado de las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, si Arévalo no quiere ser un mero administrador de una transición que probablemente traicionará ese ímpetu de cambio, más vale que esté guardando un as bajo la manga que lo reconecte con la expectativa ciudadana perdida.  

Al final, el desencanto con el gobierno de Arévalo no se debe a grandes promesas traicionadas, o a monumentales errores de gestión, sino a algo más simple: el cambio en la percepción de cercanía y empatía de su liderazgo. El actual presidente demostró una valentía y una sensibilidad durante la campaña de 2023 que lo acercaron claramente a las expectativas ciudadanas; sin embargo, cuando llegó a la Presidencia, se montó en un pedestal desde el cual pronuncia regularmente grandes discursos, pero que se perciben cada vez más lejanos de las expectativas y necesidades ciudadanas.