Un mismo país puede ser percibido de forma diametralmente opuesta por quienes lo observan desde fuera y por quienes lo viven desde dentro. En los casi 50 años de democracia española, nunca se había producido una divergencia tan profunda entre el clima interno y la visión externa del país. Mientras que desde fuera se advierte un avance importante de España en materia económica y social, un ejemplo de estabilidad política en tiempos de fragmentación y volatilidad, y uno de los pocos países que está realizando políticas progresistas, desde dentro cunde el pesimismo y se ha extendido una visión catastrofista sobre la marcha del país.

Los observadores que contemplan a España desde la distancia descubren un país que atraviesa un ciclo económico envidiable en el contexto europeo, con un gobierno que se ha significado en su crítica al genocidio palestino, que ha plantado cara a las exigencias de Donald Trump de que todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destinen al menos 5% de su PIB a la defensa, y que no ha cedido a la política antiinmigración que se extiende por toda Europa. Se trata de un gobierno de izquierda, formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, como socia minoritaria, la izquierda alternativa de Sumar, surgida del espacio de Podemos y hoy reconvertida en Frente Amplio. El PSOE es, en estos momentos, el partido socialdemócrata con mayor apoyo popular de Europa junto con el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP, por sus siglas en sueco): el PSOE obtuvo 31,7% de los votos en 2023 y el SAP, 28% en septiembre de este año, cuando la media de apoyo a la socialdemocracia en Europa occidental en las elecciones entre 2025 y 2026 apenas supera el 20%. No hay muchos otros casos de coalición de izquierda tan exitosa en estos tiempos, ni tampoco de un periodo largo de estabilidad en un gobierno parlamentario.

Si bajamos al detalle de las cifras del desempeño económico, los resultados parecen incontestables. El desempleo ha bajado a niveles que no se veían desde 2008, en vísperas de la Gran Recesión, cuando España registraba las tasas más bajas desde finales de los años 70. Con la excepción de 2020, en plena pandemia de covid-19, España ha crecido durante los últimos ocho años por encima de 2% anual, a gran distancia de la inmensa mayoría de los países del área euro. Desde el año de la pandemia, cuando las cuentas del Estado saltaron por los aires, la deuda pública se ha reducido en 20 puntos del PIB. El déficit público está desde 2024 por debajo de 3% del PIB (frente, por ejemplo, a 5% en Francia).

En el mercado de trabajo se han producido grandes cambios. Gracias a la reforma laboral aprobada en 2022 para combatir la dualidad entre trabajadores estables y precarios, se ha reducido casi a la mitad la tasa de temporalidad, que era una fuente de desigualdad estructural (pasó de 27% en 2018 a 15% en 2026). El gobierno, además, ha apostado por una medida redistributiva clásica como el aumento del salario mínimo, que ha crecido en términos reales 39,5% desde 2018, más que en ningún periodo democrático anterior. 

En materia medioambiental, ha habido una expansión sin precedentes de las energías renovables, que representaban 38% del mix eléctrico en 2018 y en 2025 ya suponían 55%. 

Después del ajuste brutal en el sistema de jubilaciones aprobado por el gobierno del Partido Popular (PP) en 2013, la gestión de Pedro Sánchez ha vuelto a la actualización de las jubilaciones en función de la inflación, para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Además, en el ámbito de las políticas sociales, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital para proteger a los hogares con menores ingresos. Se creó el llamado «escudo social» para compensar los efectos de la inflación. Se ha aumentado sensiblemente el gasto para lo que a veces se denomina el «cuarto pilar» del Estado del bienestar: la ayuda a las personas dependientes y sus familias. La agenda del gobierno no se ha limitado a la protección social. En 2021, España se convirtió en el cuarto país europeo en regular la eutanasia. Recientemente, además, ha procedido a una regularización de más de medio millón de inmigrantes que se encontraban en el país sin papeles, lo que despertó las críticas de muchos de los socios europeos.

En relación con la cuestión territorial, que consume grandes energías políticas en España, el gobierno, a través de medidas que han generado gran controversia en la sociedad, como indultos a los líderes independentistas primero y una ley de amnistía después, ha conseguido desactivar el conflicto catalán (en la actualidad, el gobierno catalán está en manos de los socialistas). 

El factor Maricarmen

Todos estos datos producen a veces incredulidad, pues las condiciones internacionales no pueden ser más desfavorables para las políticas progresistas. Durante este tiempo, la Unión Europea ha sufrido una fuerte involución política, con el crecimiento de las extremas derechas, y los objetivos de crecimiento y cohesión social han sido desplazados por la inmigración y la seguridad. La mayoría de las economías europeas atraviesa una fase prolongada de estancamiento, y ahora mismo es Alemania el «enfermo de Europa». Tampoco las condiciones internas son mucho mejores. En las últimas elecciones generales, las de julio de 2023, el conservador Partido Popular quedó en primera posición, pero Sánchez pudo seguir gobernando gracias a los apoyos parlamentarios de la izquierda alternativa y de todos los grupos nacionalistas del Congreso (vascos y catalanes). A pesar de ser un gobierno en minoría, ha logrado mantener el rumbo sin grandes renuncias programáticas. 

El eslabón más débil del bloque de apoyo parlamentario ha sido Junts, el partido independentista dirigido por el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Bélgica, donde vive una suerte de exilio político motivado por la persecución judicial vinculada al llamado procés independentista. Junts nace de las cenizas de la antigua Convergencia de Jordi Pujol, el histórico líder que construyó el nacionalismo catalán en las décadas de 1980 y 1990. Siendo un partido liberal en lo económico, no ha apoyado algunos de los (tímidos) intentos del gobierno para corregir el que ha sido el gran problema del actual periodo legislativo, la vivienda, que ha ensombrecido muchos de los logros económicos y sociales antes apuntados. Se ha producido un desajuste cada vez más acusado entre oferta y demanda de viviendas, a lo que se suma la presión de los departamentos turísticos y la entrada de los «fondos buitre» en el mercado. Si bien el problema existe en muchos otros países, en España se ha manifestado de forma más aguda, lo que ha generado problemas serios de desigualdad intergeneracional. 

Dentro de la coalición de gobierno, el asunto de la vivienda ha sido uno de los más divisivos. La izquierda alternativa ha presionado para aprobar medidas ambiciosas durante estos últimos años, pero en muchos casos el PSOE se ha resistido, dado que buena parte de sus votantes, sobre todo los de más edad, son propietarios que se ven beneficiados por el alza de los precios. La situación explotó este otoño boreal con uno de los miles de desalojos por impago de alquiler, el de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años en silla de ruedas. El movimiento social que lucha por un cambio radical en el mercado inmobiliario trató de impedir el desalojo, que, excepcionalmente, atrajo la atención de los medios y se convirtió en un gran escándalo nacional -con gran repercusión también fuera de España-. El gobierno aprovechó la coyuntura para elaborar dos decretos urgentes destinados a paliar los problemas más perentorios del mercado de alquiler, pero Junts -al igual que el PP y Vox- no quiso ratificarlos en la votación parlamentaria. 

La oposición de las derechas española y catalana a aliviar los problemas de vivienda ha creado una ocasión idónea para que Pedro Sánchez diera por terminado el periodo legislativo diez meses antes de su finalización. Al justificar la disolución de las cámaras por una causa social, Sánchez ha querido plantear las elecciones de noviembre de 2026 como una confrontación entre el modelo socialdemócrata y el neoliberal. Se trata de una jugada arriesgada, pues de todos los temas sociales, el de la vivienda es aquel en el que los logros del Ejecutivo son más magros. 

El «dictador» Sánchez

Para entender esta decisión fulminante de convocar elecciones anticipadas, incluso a costa de un asunto que en principio no lo favorece, hay que descender a la política partidista. Desde la derrota inesperada de las derechas en 2023, la conversación pública no ha girado alrededor de la economía ni de los avances sociales. En las sesiones de control parlamentario, la oposición rara vez plantea preguntas sobre asuntos económicos. La derecha ha optado más bien por construir un discurso truculento sobre el «sanchismo», compendio de todos los males políticos que pueden asolar un país.

Lo que desencadena la campaña inmisericorde contra el presidente del gobierno es el giro radical de Sánchez sobre la cuestión de la amnistía a los líderes independentistas catalanes. En poco tiempo, pasó de afirmar que la amnistía no cabía en la Constitución a defenderla con ardor. La amnistía supone desautorizar el relato que había construido la derecha política, mediática y judicial sobre la cuestión catalana: de acuerdo con ese relato, la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 fue un intento de golpe de Estado contra la democracia española. En consecuencia, era preciso juzgar a los cabecillas del golpe por el delito de rebelión, condenándolos a largos años de prisión que deberían servir como escarmiento ante futuras intentonas. En lugar de entender que se había producido una crisis constitucional profunda que afectaba la unidad del demos español, la derecha españolista optó por resolver el problema como si fuera una cuestión de orden público. La profunda rectificación de Sánchez, motivada sin duda por la necesidad de contar con los apoyos de los nacionalistas catalanes, se vivió en la derecha como una traición y una humillación de la nación española. 

Desde ese momento, los ataques al gobierno han sido furibundos, muy centrados en la figura de su presidente, a quien se presenta como un político sin escrúpulos, capaz de vender su alma al diablo con tal de alargar el ejercicio del poder. Se ha hecho habitual describirlo como un «tirano», un «dictador bolivariano» que antepone su interés personal al interés general del país. El liderazgo de Sánchez ha facilitado este tipo de discurso, no, evidentemente, porque sea un tirano, sino por la forma en que llegó a controlar su partido. En 2016, tras dos elecciones sin mayoría clara, el PP de Mariano Rajoy necesitaba la abstención del PSOE para ser investido y gobernar en minoría. Sánchez, entonces secretario general, se negó a facilitarlo, dados los escándalos de corrupción que cercaban a los conservadores. Los llamados barones del PSOE, los poderosos líderes regionales, se rebelaron contra él y lo forzaron a dimitir en una suerte de golpe palaciego, pese a que había sido elegido por las bases en las primarias de 2014. El PSOE se abstuvo y Rajoy siguió en el poder. Pero al año siguiente Sánchez volvió a presentarse a las primarias como un outsider, con todo el aparato en contra, y las ganó gracias al apoyo de los afiliados. Aquella experiencia lo marcó: desde entonces ha construido un liderazgo personalista, en el que la lealtad pesa más de lo habitual en los partidos europeos, y ha procurado neutralizar cualquier foco de oposición interna.

La crispación política ha alcanzado niveles desconocidos hasta ahora, aunque sigue un patrón común con otros episodios en los que se esperaba que el candidato socialista perdiera las elecciones y terminó ganándolas (sucedió en 1993 con Felipe González, en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero y en 2023 con Pedro Sánchez, tres ciclos de crispación y bronca política). Si con Sánchez se han batido todos los récords de crispación anteriores es por una combinación de factores: ahora hay un partido de extrema derecha, Vox, que arrastra al PP hacia posiciones más intransigentes; las redes sociales amplifican la crispación; y la presente campaña no se ha limitado a partidos y medios de comunicación, sino que ha contado con la inestimable colaboración de la Justicia. Si no ha sido lawfare, se parece mucho. El Tribunal Supremo condenó a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar información sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esa información, verdadera, servía para desmentir un bulo difundido desde el entorno de Ayuso: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al acusado, cuando en realidad había sido su abogado quien lo había propuesto. Ese mismo Tribunal, con razones peregrinas, se ha negado a cumplir con la ley de amnistía aprobada por el Legislativo, hasta que el Tribunal Constitucional ha puesto orden. Se ha condenado penalmente al hermano de Sánchez por un asunto meramente administrativo y se va a juzgar a la esposa de Sánchez por motivos espurios. 

Todo se ha ensombrecido porque estos casos de persecución judicial se han mezclado con casos reales y muy graves de corrupción en los que se han visto involucrados dos secretarios de organización del PSOE que, indirectamente, salpican al propio Sánchez, especialmente en el caso de José Luis Ábalos, que era además ministro de Transportes. Ábalos fue condenado a 24 años de cárcel por diversos delitos (desde malversación y cohecho hasta pertenencia a una banda criminal). Se da la circunstancia de que Ábalos fue el encargado en 2018 de hacer el discurso parlamentario en la moción de censura que puso el PSOE contra el gobierno de Mariano Rajoy. En aquella ocasión, criticó con dureza tanto los múltiples escándalos de financiación ilegal del PP como la falta de reacción de Rajoy ante ellos. Sánchez lo había apartado del gobierno en 2021, sin explicar las razones, y cuando estalló el escándalo en 2024 el partido lo suspendió de militancia. Pero quien sustituyó a Ábalos, Santos Cerdán, ha sido objeto de graves acusaciones (aún sin condena judicial) por haber participado en la misma trama de Ábalos. Para los socialistas, estos escándalos han sido muy dolorosos, pues el PSOE se presentó ante la ciudadanía como el antídoto frente a la corrupción generalizada del PP.

A ello se ha sumado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin cargos en el gobierno pero políticamente aliado de Sánchez, por presunto tráfico de influencias en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano. Aunque el caso está siendo investigado, ha fortalecido el discurso de la derecha contra el gobierno y el PSOE en su conjunto.

La campaña antisanchista ha penetrado profundamente en el tejido social. Se ha hecho habitual en reuniones y celebraciones de todo tipo cantar «Pedro Sánchez, hijo de puta», en medio de un clima de radicalización de las derechas, que presentan una visión tenebrosa de la marcha del país. No obstante los datos presentados al comienzo de este artículo, las encuestas muestran que la mayoría de la población (58%, según la medición de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas) considera que la situación económica de España es mala o muy mala (aunque 68% reconoce que su situación personal es buena o muy buena). Esta divergencia entre la percepción individual y colectiva de la economía muestra los efectos que tiene la crispación política sobre la visión que se tiene del país.

La ofensiva deslegitimadora de las derechas ha llegado incluso a cuestionar la limpieza del recuento electoral, uno de los más fiables del mundo. En ese ambiente asfixiante, Sánchez ha arriesgado convocando elecciones a cuenta de un problema material, el de la vivienda, que angustia a muchas familias y en el que el gobierno no puede presumir de grandes logros. El objetivo, sin embargo, consiste en cambiar el tema de la conversación colectiva, poniendo las cuestiones sociales en el centro de la atención como antídoto contra la campaña ponzoñosa del antisanchismo. En otras palabras, se busca que la sociedad se mire en el espejo y pueda formarse una opinión sobre los avances y retrocesos de este periodo de gobierno progresista.

Dos visiones de España

Vista desde fuera, buena parte de la sociedad española parece ensimismada, presa de una ficción en la que el presidente del gobierno tiene poderes casi taumatúrgicos y está dispuesto a secuestrar la democracia. Y todo eso ocurre mientras un partido de extrema derecha defiende las deportaciones de inmigrantes y la ilegalización de partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña. Antes del verano, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en un programa televisivo de entretenimiento que no había inconveniente en gobernar con la derecha radical de Vox y recientemente ha ridiculizado la idea de un cordón sanitario para frenar la ola reaccionaria.

En la campaña electoral de noviembre se confrontarán dos visiones de España: una agónica, defendida por las derechas, según la cual el país se encuentra al borde del abismo por la traición a la patria de un mandatario autoritario como Pedro Sánchez, y otra que intentará centrar el mensaje en los logros económicos y sociales conseguidos y en las tareas que quedan por abordar si se reedita un gobierno progresista de coalición. 

A pocas semanas de las elecciones, parece difícil que pueda reeditarse una alianza parlamentaria como la que permitió elegir a Sánchez presidente del gobierno en 2023. Por un lado, Junts ha roto amarras con el PSOE y ahora tiene más interés en competir dentro de Cataluña con un nuevo partido, Alianza Catalana, independentista y profundamente xenófobo. Por otro lado, la izquierda alternativa a escala estatal, que es un socio imprescindible del PSOE, no ha conseguido superar sus enfrentamientos internos. Cuando el líder fundador de Podemos, Pablo Iglesias, optó por abandonar la política activa, nombró a Yolanda Díaz sucesora. Díaz, actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, creó una nueva plataforma, Sumar, con voluntad de integrar a todas las familias de la izquierda. Pero la relación con Iglesias se rompería poco tiempo después. Y Podemos vio a Sumar -que reunió a Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns catalanes, Compromís y otras formaciones regionales- como su rival en el espacio a la izquierda del PSOE. 

Recientemente, ha habido un último intento de conseguir la reunificación de las distintas familias a través de la constitución de una nueva plataforma, el Frente Amplio, pero ha sido imposible superar las animadversiones personales producidas por las escisiones y transformaciones sufridas por el Podemos original. Es probable que Podemos haya dado por descontada la victoria de las derechas y apueste por reconstruirse desde una oposición radicalizada al nuevo gobierno, a partir del liderazgo de Irene Montero y del apoyo de su pareja Pablo Iglesias desde su espacio mediático, el Canal Red. Otras hipótesis explicativas tienen un recorrido más bien corto, dado que las diferencias programáticas entre Podemos y el Frente Amplio son más bien de matiz. 

Con una izquierda dividida y un liderazgo erosionado en el PSOE, parece difícil evitar que las derechas sumen una mayoría absoluta en el nuevo Congreso. Con todo, las encuestas muestran que el desplazamiento de votantes progresistas hacia los partidos de la derecha no es tan fuerte. Más bien, el problema parece ser la desmovilización electoral en el campo de la izquierda, algo que ya ha pasado en otros momentos (por ejemplo, en las elecciones de 2000 y en las de 2011). Si en la campaña se logra eliminar el fatalismo de la derrota y se configura un espíritu de remontada en condiciones muy adversas, podría producirse una movilización de última hora en las izquierdas, aunque todo indica que es poco probable: los ciclos electorales nunca se repiten y sería extraño que lo que sucedió en 2023 volviera a ocurrir en 2026.

Incluso si se produce la alternancia tras las elecciones, las izquierdas pueden sentir cierta satisfacción de haber tenido la oportunidad, en un contexto ciertamente hostil, de gobernar España durante más de ocho años y haber revertido las consecuencias más injustas y dolorosas del periodo anterior de ajustes y austeridad, aunque la ciudadanía no lo premie en las urnas. En tal caso, España afrontará un momento de cambio profundo. Es demasiado pronto para saber si Vox arrastrará al PP hacia posiciones reaccionarias y neoautoritarias o si, más bien, el PP será capaz de mantener bajo control los impulsos antidemocráticos de su socio de la derecha radical. Dado que Vox nació como una escisión del PP, muchos piensan que sucederá lo segundo, es decir, que Vox se comportará como un hijo pródigo y la democracia saldrá indemne de la presencia de un partido así en el gobierno de la nación. También son muchos quienes creen que el mejor medio para rebajar los excesos ideológicos de la derecha radical es una experiencia de gestión. Hay algo de frívolo en esa postura, que no parece calibrar el daño que podrían sufrir las minorías sexuales y los inmigrantes, así como los derechos de vascos y catalanes. En España, por motivos que sería largo explicar, no ha habido nunca un consenso entre los partidos favorable a la exclusión de la derecha radical (el llamado cordón sanitario). Y, en ese marco, la presencia de Vox en el Poder Ejecutivo se percibe como un hecho inevitable. 

En todo caso, en las próximas elecciones se jugará no solo el destino político de España para los próximos años, sino también la continuidad o la clausura de un ciclo político que va a contramano de la deriva europea.