Tema central
NUSO Nº 300 / Julio - Agosto 2022

Elites alteradas en Costa Rica

Tiempos inciertos viven las elites económicas del estable país centroamericano por las tendencias de la economía, la erosión de los instrumentos políticos y una relación amor/odio con el Estado y con su sistema institucional. El encarcelamiento de un magnate local de la construcción mostró los límites de los ricos, en un contexto de transformación de la burguesía local.

Elites alteradas en Costa Rica

Carlos Cerdas Araya era hasta junio de 2021 un empresario fácil de describir como un caso de milagro económico en Costa Rica: un chico cualquiera de familia sencilla en la conservadora ciudad de Cartago, que de grande llegó a ocupar un lugar en el olimpo de las personas más ricas de Centroamérica.

Era el hijo de un hombre trabajador que alquilaba maquinaria al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ice) en los años 70, momento de fuerte desarrollo de infraestructura pública, pero aprovechó el recambio generacional para dar un salto sobre otras compañías y dominar en el nuevo siglo el sector de la construcción y mantenimiento de obra pública vial. La marca meco empezó a verse como un sello de poder en las vallas de las construcciones hasta que el país se le hizo pequeño. Entonces cruzó a Nicaragua, donde hizo buenas migas con el régimen autoritario de Daniel Ortega, y a Panamá, donde la ampliación del canal interoceánico permitió a la compañía graduarse en el escenario internacional. Después llegó a Colombia y a El Salvador, en la segunda década del siglo, hasta ganarse el título de empresa transnacional, quizás la única nacida en un país donde las familias ricas nunca han llegado ni cerca de los grupos poderosos de otros países centroamericanos.

La riqueza le había dado ascenso social, cómo no. Se movía en un avión propio que guardaba en el mismo hangar del propietario de la principal televisora del país y llevaba o traía a algunos de los políticos más pintados de Costa Rica. Cerdas era un nuevo millonario con el mérito de haber convertido su herencia en una fortuna incluso superior a las de algunas de las familias poderosas de toda la vida, incluidas las de la oligarquía cafetalera del siglo xix, que han ido moviendo sus capitales por distintas industrias de la economía según qué momentos de la historia; o mayor que la riqueza acumulada por la clase profesional que mejor vive con los altos volúmenes de inversión extranjera ingresada en las últimas tres décadas. Carlos Cerdas era una variante más, pero integrante al fin de la elite económica de Costa Rica.

Por eso era difícil digerir la escena de verlo esposado y rumbo a la cárcel.

Carlos Cerdas, con su empresa meco, es uno de los principales sospechosos de la red de sobornos que por muchos años ha cubierto el sector de las concesiones de obras viales públicas, de acuerdo con una investigación policial desarrollada desde 2019. Horas y horas de conversaciones telefónicas escuchadas por los agentes judiciales dieron elementos para que toda Costa Rica tuviera en sus manos informaciones que parecen antagónicas: (a) el empresario manejaba a toda la burocracia que requería para controlar el sector y ser, por ejemplo, el principal proveedor del Estado en 2018; y (b) el sistema de control funcionó, al menos al principio, atendiendo las denuncias en instancias judiciales y permitiendo desarrollar investigaciones que derivaron en la detención y en prisión preventiva por nueve meses para él y para otra rica empresaria de la construcción llamada Mélida Solís. Un año después del escándalo, ambos cumplían «casa por cárcel» en sus mansiones, mientras las investigaciones avanzaban o no.

Que se determinen los delitos y los paguen es otro tema, poco probable por los antecedentes del sistema judicial, pero el mensaje con el «caso Cochinilla» (llamado así por la plaga que se pega a las plantas hasta secarlas) parecía ser que los millonarios en Costa Rica tienen límites o al menos obstáculos. Cerdas pagó sin problemas una primera fianza de cinco millones de dólares y luego otro juez ordenó prisión sin derecho a fianza para evitar que el acusado alterara la continuidad de las investigaciones. Tuvo que compartir celda con personas que pudieron ser sus compañeros de clase en la escuela, pero con las que jamás se habría cruzado en los holgados años recientes, cuando él era ya un magnate que solo se rozaba con los herederos de las burguesías tradicionales o con los nuevos ricos desarrollados alrededor de las inversiones extranjeras que han reconvertido la economía de Costa Rica en este siglo.

El caso policial trajo sorpresa en los círculos empresariales. Cerdas no era el mejor representante de las elites dominantes en Costa Rica, pero se había colado en sus círculos y había ido ganando influencia política. No habla sus idiomas ni tiene lazos genealógicos con ellos, pero sí comparte sus espacios y la multiplicación de los dólares le había acreditado licencia de hombre poderoso. Finalmente aparecía como miembro y donante de una organización llamada Horizonte Positivo que los propietarios más fuertes crearon en 2012 para incidir en la política, ahora reconfigurada, de maneras distintas a las tradicionales de las cámaras empresariales y sectoriales donde abundan los gerentes. 

Al mismo tiempo, sin embargo, Cerdas era visto como un advenedizo en las elites y, como tal, un sujeto vulnerable. Sus viajes entre Colombia y Estados Unidos en avión privado, sus amistades y sus espacios de ocio no bastaban. Las operaciones multimillonarias dependían de un solo cliente, el Estado, y eso tampoco está bien visto entre hombres de negocios. En algunos sectores poderosos quedó la sensación de que la caída por vías judiciales era algo fácil de pronosticar, una sorpresa a medias a pesar del andamiaje legal que rodeaba a meco. «Eso a los Arias no les hubiera pasado», dijo un banquero entrevistado para este artículo, en alusión a la familia de Óscar Arias, dos veces presidente de Costa Rica y representante de los herederos del desarrollo cafetalero del siglo xix.

Previsible o no, la detonación del caso Cochinilla era una sacudida más fuerte en las cimas del pequeño y tranquilo país centroamericano. Un recordatorio de que existen los impulsos de corrupción, pero también la institucionalidad pública con sus trillos y sus trampas, con ejércitos de bufetes privados que un día inciden en la construcción de las leyes y al día siguiente trabajan para sortearlas, con sus sesgos que hacen que las cárceles se llenen de gente pobre y que numerosos casos grandes se diluyan antes de llegar a sentencia. Pero el Poder Judicial de Costa Rica conserva una fuerza suficiente para llegar de repente y destapar una red corrupta de muchos años. De poco le sirvió a meco tener entre sus principales abogados al esposo de la fiscal general, Emilia Navas, quien semanas después dejó su cargo ante cuestionamientos de la Corte Suprema por el manejo de este caso.

Nuevas y viejas elites

Las investigaciones siguen su curso, pero el expediente Cochinilla frenó las operaciones de meco y puso cuesta arriba la promesa del gobierno de Carlos Alvarado de entregar en su despedida, en 2022, un país distinto en términos de infraestructura pública, al tiempo que dejó un sabor agridulce en los grupos de mayor poder económico. Por un lado, ser multimillonario no es una condición que exima a alguien de ir a la cárcel, y por otro hay una institucionalidad que funciona y eso repercute en la estabilidad política que, a su vez, es indispensable (aunque no suficiente) para atraer inversiones extranjeras y para la solvencia del clima de negocios. Es parte del Estado que ha alimentado las cuentas de un sector, que ha repartido la riqueza de manera menos ingrata que en otros países de América Latina y que, al mismo tiempo, es visto como una carga o un estorbo para el segmento que tiene todos los recursos para comprar en el mercado la seguridad, los servicios de salud y la educación de sus hijos dentro o fuera del país.

El momento tampoco es neutro. El remezón del caso Cochinilla llegó ocho meses antes de unas elecciones nacionales que se presentaban como las más inciertas en la historia, con una inédita fragmentación partidaria producto de la erosión de las dos agrupaciones que se repartieron el poder durante la segunda mitad del siglo xx, e incluso del entonces partido gobernante, el Partido Acción Ciudadana (pac), que sufría de una alta impopularidad. La reconfiguración partidaria se aceleró en las últimas dos décadas sin un rumbo claro, y las elites se han quedado sin instrumentos certeros para ejercer influencia a la vieja usanza, describe el politólogo y sociólogo Constantino Urcuyo, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica (ucr) y ex-diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (pusc).

A Cerdas se lo identificaba más cercano a algunos dirigentes del Partido Liberación Nacional (pln), bandera protagonista de los tiempos del bipartidismo desde la Revolución de 1948, un movimiento armado que abrió las puertas del poder a nuevas clases más allá de los círculos dominantes de principios del siglo xx mediante el impulso al protagonismo del Estado en la economía. Elevó así a una nueva capa económica de la mano de diversas industrias, en el sector secundario, por lo menos hasta la década de 1980, antes de la llegada de los años de crisis y de los nuevos modelos financieros que empujaron a Costa Rica a abrirse al comercio exterior y a la inversión extranjera. Empezó entonces el arribo fuerte de transnacionales que aprovecharon el capital educativo costarricense para producir bajo modelos ventajosos y forjar una economía paralela que ahora tiene un crecimiento de dos dígitos, incluso en tiempos de pandemia; son las empresas de servicios o de manufactura sofisticada establecidas mayoritariamente en zonas exentas de impuestos y que han dado origen a la nueva generación de adinerados.

Es el grupo que puede tener ingresos por más de 400.000 dólares anuales (frente al promedio de 12.000 per cápita) por ser alto cargo de una transnacional o en honorarios de servicios legales, el pequeño conjunto que no alcanza a representar ni al 5% más rico de la población. No son propietarios, sino apoderados en una suerte de economía de enclave que hace a algunos estudiosos sentirse tentados a compararlos con los jefes de la United Fruit Company, la compañía estadounidense que operaba a sus anchas un siglo atrás. 

Uno de los principales rostros políticos lo define así:

«Ahora hay una elite profesional muy bien remunerada que vive fuera de la normalidad. Viven en residenciales muy exclusivos, tienen a sus hijos en colegios muy específicos o estudiando afuera. No utilizan los servicios de salud del país y para vacacionar van a Europa en el verano y a esquiar a Colorado en enero, o van a su segunda casa en los condominios junto a las de los extranjeros. Quizás son producto de un Estado social, pero hoy más bien lo ven como un estorbo. Y si ven condiciones que amenazan sus privilegios, no tienen problema en irse del país, porque seguro tienen sus ahorros en el extranjero o su casa en eeuu».

A diferencia de Cerdas y otros fuertes empresarios que han construido o engordado su fortuna vendiendo servicios o bienes al Estado, o que se han financiado con el poderoso sistema de banca estatal, este grupo más globalizado tiene poco o nulo interés en la política, una muestra más de la distancia con lo público a grado supremo. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de la ucr, señala que estos grupos ya no aspiran a educarse en Europa o a hablar francés, como décadas atrás, sino que persiguen vivir como los millonarios famosos de eeuu. Están desdibujados en términos culturales y no ven problema en concentrar poder en exceso o en destruir la base institucional y afectar al sistema político. Al fin y al cabo, entre los retratos de beneméritos o benefactores no están sus abuelos.

En las galerías históricas tampoco están los ancestros de Cerdas y otros empresarios que también se han enriquecido alimentando el aparato público, que consume en volúmenes proporcionales a los de los países ricos. Estos, sin embargo, deben saber transar con quien gobierna sin importar qué bandera traiga, como demostró el dueño de meco al impulsar con éxito sus negocios, mientras pudo, a través de gobiernos de tres partidos políticos distintos y de ayuntamientos de cualquier color. 

Lo suyo está lejos de ser exclusivo. Lo muestra también la empresa Purdy Motor, concesionaria en Costa Rica de los vehículos marca Toyota, que en este país abundan en todas las instituciones públicas, aunque logró colocarse también en México y Texas en años recientes y aspiraba a vender 70.000 unidades nuevas antes de la pandemia. El nombre de Javier Quirós, presidente corporativo e hijo del fundador de la compañía, ha sido uno de los nombres más frecuentes en los registros de financiamiento de campañas electorales, junto con otros nombres que han sabido manejarse con bajo perfil. Quirós, sin embargo, es solo un ejemplo de los adinerados que supieron aprovechar la herencia y una relación vigorosa con el Estado además de realizar operaciones exitosas en la oferta privada, y que se encuentran apegados al entorno local y, por tanto, con interés en participar en las tareas de influencia, a veces incluso de manera directa. Forma parte de los asociados a Horizonte Positivo, la organización que hasta 2018 era presidida por un rico empresario llamado André Garnier, quien tomó un cargo en el gobierno como enlace con el sector privado, merced a una relación de confianza especial con el presidente Alvarado. Este hombre pequeño y callado, de muy poca presencia pública, ponía en pausa el manejo de sus negocios en el sector de zonas francas (donde están instaladas las compañías más dinámicas) y en el turismo, para ocupar funciones que solo permitieron conectar a la administración con una parte del empresariado. Las cámaras empresariales estaban entre las voces críticas del gobierno de Alvarado, por sus intentos de elevar la recaudación de impuestos para estabilizar las finanzas, aunque en la realidad las propuestas de progresividad fiscal fueron limitadas.

De formas sutiles pero profundas, como dice un ex-presidente, Horizonte Positivo tuvo entrada directa a las discusiones de gobierno cuando las asociaciones patronales mostraban más recelo con las políticas del presidente Alvarado en el manejo de la crisis fiscal y de las contingencias de la pandemia. El grupo firmó alianzas formales con la administración per también se constituyó en una fuerza de apoyo informal para el gobierno, duramente criticado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (uccaep), en el marco de conflictos internos derivados de la fragmentación de poder y del debilitamiento de liderazgos, que también alcanzan a la clase empresarial. 

Formas como la asociación Horizonte Positivo han sido esfuerzos por encontrar nuevos caminos hacia el seno del Estado, pese al alto riesgo de hacer apuestas electorales por la creciente volatilidad partidaria. «Esto ocurre porque la clase empresarial se quedó sin los canales que tenía. Perdieron la hegemonía y la capacidad de dirigir en un sentido u otro. Se diversificaron y tienen intereses dispersos o en algunos casos hasta contradictorios. Por supuesto que tienen poder de influencia aún, pero es más limitado y complicado», describía en 2021 el profesor Urcuyo. 

«Horizonte Positivo ha sido un dulce salvavidas para el gobierno de Alvarado», decía entonces un abogado y estudioso de los movimientos de poder. «Ha sido el patrón de un presidente que se ha comportado como gerente», ilustraba un reconocido dirigente del movimiento sindical, desde donde se achaca al mandatario haber impulsado soluciones fiscales con medidas que eximen de esfuerzo a la clase empresarial y que lo cargan sobre las espaldas de las clases profesionales del sector público o privado y los trabajadores de estratos medios.

Un gran desacomodo político

En agosto de 2021, a seis meses de las elecciones, la lista de posibles candidatos presidenciales para los comicios de 2022 llegaba a 20 y pocos analistas se atreven a descartar nombres de antemano. Las elecciones de 2018 habían llevado a segunda ronda a un candidato presidencial que venía de ser el único diputado de su partido en la Asamblea Legislativa ante otros 56 legisladores. La discusión electoral, salpicada de sermón religioso, elevó al predicador evangélico Fabricio Alvarado mientras los empresarios, sorprendidos, contemplaban su contienda contra Carlos Alvarado, el representante del pac, la fuerza política que irrumpió 20 años atrás al romper el bipartidismo y que había llegado al poder en 2014 con Luis Guillermo Solís en un gobierno que acabaría siendo muy impopular.

En 2018, el pln (de raíces socialdemócratas) y el pusc (conservador) quedaron ambos, por primera vez, fuera de una segunda ronda presidencial, solo dos décadas después de una época en la que ni siquiera se abrían esos balotajes porque alguno de los dos seguro triunfaba en primera vuelta. De poco sirvieron a esas agrupaciones tradicionales las candidaturas del millonario empresario agrícola e inmobiliario Antonio Álvarez Desanti y del abogado Rodolfo Piza Rocafort, nombres que les eran familiares a las elites económicas. No, el electorado ahora toma decisiones misteriosas y el apoyo de los adinerados a uno u otro ya no garantiza nada.

La zozobra venía desde cuatro años atrás, en 2014, cuando Luis Guillermo Solís se hizo con la Presidencia del país y puso el clavo final al bipartidismo. El candidato de centroizquierda del pac salió beneficiado de los movimientos para frenar al izquierdista José María Villalta por parte de poderosos empresarios, quienes crearon un frente de acción contra la candidatura que comparaban con el chavismo en Venezuela o el castrismo en Cuba. El pusc estaba en ruinas por los resabios de escándalos de corrupción y el pln llevaba como candidato al alcalde de San José, Johnny Araya, pero sin el apoyo de algunas fuerzas tradicionales y poderosas, como el mismo ex-presidente Óscar Arias. Ganó entonces el «mal menor», como le decían empresarios de ese grupo llamado Grupo Alianza Costa Rica, creado al calor de la campaña para impulsar acciones en empresas que permitieran descarrilar a Villalta, aunque al comenzar la nueva administración empezaron a notar que no conocían a los nuevos gobernantes. Y para el gobierno eso también era un problema, reconoce Solís.

Lo cuenta ahora como ex-presidente y profesor invitado en la Florida International University:

«Hubo que construir canales sobre la marcha. Nos dimos a la tarea de entender quiénes eran los interlocutores del sector privado. Quiénes eran los propietarios de los medios de producción, quiénes los gerentes de las corporaciones transnacionales que son cada vez más relevantes, quiénes los sectores tradicionales como el agro, los exportadores, los especuladores del sector financiero… Porque cada uno quería operar sobre el gobierno con racionalidades diferentes y demandas distintas, a veces contradictorias. La uccaep era una sombrilla, es cierto, no se había quebrado todavía, pero habría sido un gran error pensar que era la única voz de los grupos económicos».

Después sí se quebraron, observa Solís.

Su gobierno llevaba el emblema del «cambio» y eso no agradaba del todo a las elites. ¿Cambio para qué? ¿Cambio hacia dónde? La vicepresidenta Ana Helena Chacón, procedente del pusc, servía como enlace con los empresarios, pero la incertidumbre era el pan de cada día, más aún cuando Solís hablaba sin tapujos de la necesidad de fortalecer el rol del sector público y recuperar el Estado Social de Derecho de los años 70, un Estado benefactor y potente. En su despacho destacaba la foto de José Figueres Ferrer, el líder de la Revolución de 1948 que gobernó después tres veces y que impulsó la incursión de intelectuales, profesionales y burócratas en procura de límites a la clase dominante de primera mitad del siglo xx

El hijo de ese Figueres, el también ex-presidente José María Figueres (1994-1998), llegaría en 2022 a competir en las elecciones intentando tomar la bandera del modelo diseñado por su padre, aunque ahora con un pln desgastado y sin el apoyo de sectores empresariales que sí lo acompañaban en años anteriores. La incertidumbre del proceso electoral hacía una excepción con él, al colocarlo como una de las opciones seguras para la segunda ronda que parecía inevitable. La sorpresa fue el contendor, un outsider llamado Rodrigo Chaves de discurso populista y de mano dura, que prometía acabar con la política tradicional.

El balotaje fue un duelo entre el añoso y cuestionado pln contra el nuevo experimento de Chaves, con su partido cero kilómetro, de ideología indeterminada y con el respaldo de una famosa periodista recordada por sus editoriales contra la clase política y contra «los poderosos». 

«Aquí ricos no hay», decía en campaña el candidato Chaves, economista de discurso «antisistema» a pesar de sus 25 años como burócrata del Banco Mundial. Lo cierto es que sí había, aunque su propuesta llevaba base popular y atacaba a «los grupos que aquí siempre se han beneficiado», sin llegar a precisar nombres. Fue una fórmula exitosa que le dio el triunfo en la segunda ronda de abril de 2022, en un resultado que él definió como «una revolución pacífica», aunque pronto empezó a formar gobierno y designó como ministros a varios nombres provenientes de las cámaras patronales. 

«Hay una luna de miel», dijo en voz baja una de sus dirigentes después de un anuncio del presidente Chaves sobre un contrato de un puerto en el Pacífico, como pedían las organizaciones empresariales. En sus primeros 50 días de gobierno recibió numerosos mensajes de apoyo desde las patronales que tiempo atrás respaldaban al pln y que ahora parecen haber comprendido que Chaves, carente de una base propia, las necesita a ellas tanto como ellas a él. Ellas también están en su proceso de reconstitución después de dos gobiernos actuando como opositoras.

Aún pronto para sacar conclusiones con el terreno movedizo, al entrar a la segunda mitad de 2022 parecía claro que el recambio provocaba un nuevo acomodo del poder económico con el poder político, ya no con los presidentes «elegidos en el Club Unión», como decía el caudillo Figueres en referencia al club de negocios fundado en San José en 1925 junto al Banco Central.

El historiador David Díaz aclara que esa afirmación no era del todo cierta. Explica que desde el siglo xix hubo parámetros que limitaban en parte la acción de las oligarquías y hacían de las elecciones verdaderas competencias entre grupos políticos, con necesidad de cabalgatas y recorridos por los pueblos para ganar su voto. Sí es cierto que la revolución a mitad del siglo xx acabó de abrir las puertas al poder a nuevos estratos sociales con la visión de aplanar los privilegios heredados de las familias cafetaleras. «Se reforzó la visión del Estado y creció con cierto acuerdo con las elites, hasta la década de los 80», explica Díaz, en alusión al momento de crisis en que entran en escena las políticas del Fondo Monetario Internacional (fmi) y la globalización, los minerales para la atracción de inversiones extranjeras y para el surgimiento de la elite local que las maneja. 

Ese Estado fuerte también aloja su propia elite económica, la de una capa de funcionarios que reciben salarios mensuales superiores a los 10.000 dólares, en ocasiones el doble del salario del presidente, en instituciones públicas descentralizadas, gracias a los beneficios de los regímenes salariales del sector público forjados entre los gremios y los gobiernos de turno durante décadas. Estos sistemas salariales han llegado a ser un factor de la desigualdad social que creció en Costa Rica en los últimos 15 años, en contra de la tendencia general de América Latina. En proporción, en una muestra de 100 habitantes, los 10 de mayores ingresos reciben 25 veces lo que reciben los 10 de menores recursos, según el Informe Estado de la Nación del año 2019, pero las acciones de los sindicatos estatales han obstaculizado el ajuste hacia la baja de esos beneficios salariales, incluidos los de los funcionarios de sueldos millonarios situados en posiciones con capacidad de influencia sobre las acciones del gobierno central o de la Asamblea Legislativa.

«Hay que andar con cuidado»

Los llaman «el olimpo del sector público» con el mismo encono con el que desde otros flancos llaman «los nuevos ricos» a quienes manejan localmente la representación de las multinacionales y a empresarios como Carlos Cerdas, que han encontrado entre la burocracia el camino (riesgoso) para ascender alimentándose de los contratos con el Estado sin importar la bandera del gobierno. Se suman familias que mantienen control sobre una parte de la banca privada y el sector financiero, además de las inversiones de este siglo de centroamericanos poderosos en el sector comercial que buscan la relativa estabilidad costarricense; pero la categoría «familia rica» suele reservarse para los herederos de las fortunas de antaño. Es decir, las fortunas nacidas en los albores del negocio cafetalero o desarrolladas en el sector industrial durante la segunda mitad del siglo xx, aunque posteriormente hayan migrado a negocios más lucrativos como los financieros, el inmobiliario o el turismo, por el que se conoce a Costa Rica en el mundo.

También hay otros sectores con poder económico que se mueven distinto: las cooperativas financieras y empresarios de origen chino o sus descendientes, con un perfil muy bajo pero fuertes operaciones en comercio y en hoteles de paso, además de grupos que manejan altas sumas en dólares procedentes del narcotráfico internacional y tratan de legitimarlas en distintas actividades, pues hay una tendencia hacia la formación de bandas locales que trabajan de manera directa con los mercados de la droga desde este país ubicado en una posición estratégica en mitad del continente.

Muchos de estos flujos de capitales se mezclan eventualmente y es cada vez más difícil señalar con nombres y apellidos a los miembros de las elites económicas del país, asegura Fernando Naranjo, un veterano empresario, ex-canciller de la República y ex-gerente del estatal Banco Nacional de Costa Rica, la entidad bancaria que domina el mercado local y que suele estar dirigida por nombres conocidos procedentes de grupos de poder económico. «Hace 50 años era fácil saber quiénes eran los ricos, al menos lo que aquí consideramos tales, porque en otros países de Centroamérica las proporciones son muy diferentes y, por tanto, el poder en la política también. La uccaep de aquí está muy lejos de tener el dominio que tiene la cacif [Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras] en Guatemala», comenta. El profesor Díaz suma a las diferencias:

«La institucionalidad del Estado no ha dejado a las elites actuar como las mexicanas o guatemaltecas, pero cuando pueden sí lo hacen para no pagar impuestos, modificar legislación laboral (…) En otros países ha sido fácil porque ante una reacción popular se reprimía con el ejército, casi siempre muy ligado a la política y a las familias ricas, pero en Costa Rica hay una democracia institucionalizada desde 1870. Eso contribuía a limitar la ambición de las elites. Hoy, el fenómeno es con elites que, aunque más diversificadas, tienen menos contrapesos o frenos y han logrado transformar algunos instrumentos jurídicos. Por eso se habla de la <centroamericanización>, al tratar de forzar la institucionalidad y abrir espacios para elementos autoritarios, aunque no tenemos acá un ejército».

Lo hacen con un poder remanente o renovado, según qué sector, aunque de manera menos coordinada. Desde los años 80 se debilitó el músculo de los grupos tradicionales, ingresaron nuevas inversiones cuyo propietario puede que jamás haya venido a Costa Rica y los canales políticos usuales desaparecieron conforme los partidos perdieron su base social, señala el economista y catedrático universitario Leonardo Garnier, ex-ministro de Planificación y de Educación en gobiernos del pln. El Estado, sin embargo, sigue siendo determinante. «Los grupos de elite y en general la derecha necesitan al Estado aunque les molesta el intervencionismo. Solo toleran la socialdemocracia si es la manera de evitar el comunismo. Es claro que las elites, en plural, siempre van a intentar controlar el Estado, aunque aquí a grandes rasgos responde a sectores medios y población en general. Es un pulso permanente».

A veces la institucionalidad se activa y cambia el curso de las pretensiones de las elites. Pasó con el Poder Judicial al levantar el velo, de momento, sobre la corrupción en el multimillonario sector de la construcción, dominado por menos de cuatro empresas, con especial poder de Carlos Cerdas y Mélida Solís. Las repercusiones son fuertes y variadas, y seguro se mira también como una vuelta de rosca más a la tendencia de alteración del poder económico. Podría acelerarse la movilidad de capitales y abrir nuevas oportunidades a otros sectores; saben que los espacios vacíos no existen en la política ni en los negocios, menos en los tiempos revolucionados actuales.

«Hay que andar con más cuidado; se mueve el piso», dijo un joven empresario de la construcción que solía tomar jugosos subcontratos de meco y que ha preferido el perfil bajo a pesar de su apellido con reconocimiento social. Una luz de advertencia más se ha encendido, aunque traten de disimularla en los círculos donde se mueven las familias de los adinerados, que suelen coincidir en espacios de ocio o educación, porque independientemente del origen de su riqueza piden a su chofer llevar al hijo adolescente para que pase la tarde dentro de los muros del Country Club, en el adinerado cantón Escazú, en el costado oeste de la capital. Tampoco es requisito que los retratos de los antepasados estén en la galería de los ex-directivos del club, eso ha ido cambiando.

Se juntan en los colegios elitistas, sean el tradicional Lincoln o algunas opciones creadas en las últimas décadas para esa capa social, ahora que sus hijos no asisten más a la educación pública. Quizás se crucen en oficinas o comercios cerca de una zona llamada Lindora, donde está la única tienda de vehículos deportivos Maserati, o tal vez lo hagan esquiando en Aspen o en su paseo anual por Europa. Con menos suerte, comparten médicos en el sistema privado, que ha crecido con fuerza en este siglo, o en las páginas de esquelas, cada vez más escasas y exclusivas, de los periódicos impresos.

Nota: una versión previa de este artículo se publicó como parte del proyecto «Elites sin destino», apoyado por el Programa de Medios y Comunicación para América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 300, Julio - Agosto 2022, ISSN: 0251-3552


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