Opinión

El autoritarismo incompetente de Daniel Noboa en Ecuador


noviembre 2026

La detención de Luisa González, rival de Daniel Noboa en las dos últimas presidenciales, es la cara más visible de un giro autoritario que avanza a golpe de investigaciones fiscales y con escasa atención en la región. Esa deriva no alcanza a tapar la ineficiencia del gobierno: los homicidios alcanzaron un récord histórico, faltan medicamentos en los hospitales y la crisis eléctrica sigue sin resolverse. Aunque se juegan en clave local, las elecciones del 29 de noviembre serán un termómetro político para Noboa.

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Getty Images News.

El 22 de octubre fue detenida en Manabí Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana (RC) y rival de Daniel Noboa en las dos últimas elecciones presidenciales. Desde entonces permanece en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba, procesada por presunto lavado de activos en el marco del caso Laberinto, que investiga el supuesto financiamiento ilícito de su campaña de 2023. El 9 de noviembre un tribunal le negó el hábeas corpus. Antes de su detención, la justicia electoral ya le había impedido postularse a la prefectura de Manabí por Pachakutik, una decisión que el Tribunal Contencioso Electoral dejó firme el 12 de septiembre.

Su arresto es la expresión más visible de un giro autoritario que avanza al margen de las sentencias judiciales: suspensión de partidos y detención e inhabilitación de alcaldes. Todo ello a pocos días de las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que el gobierno no parte como favorito.

Resultados penosos

Detrás de ese giro hay un problema de fondo. La situación política de Ecuador remite a dilemas similares a los que enfrentan las derechas y extremas derechas de todo el continente: ¿cómo construir una hegemonía estable y duradera con una agenda económica impopular, basada en la reducción del gasto público, la austeridad, el recorte de las pensiones y una estrategia productiva exportadora que depende de los bajos salarios? Es un problema frecuente y no solo ecuatoriano. Daniel Noboa llegó por primera vez al gobierno en 2023 con un discurso bastante alejado del ajuste. La mano dura contra el crimen organizado, que desde comienzos de 2021 asolaba las cárceles y las calles del país, tampoco era el eje de su campaña. Por el contrario, frente al correísmo anunció importantes inversiones estatales en energía renovable, respaldó la consulta popular ecologista para detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (en la que se impuso ampliamente el Sí) y apoyó conservar los subsidios al combustible para el transporte público de pasajeros y de carga, entre otras propuestas heterodoxas.

Apenas asumió, dio una voltereta ideológica en el aire. Su giro programático puede asociarse a la crisis de seguridad ocasionada por la fuga de los dos principales capos del narcotráfico local en enero de 2024, en medio de espectaculares ataques simultáneos con bombas caseras a lo largo y ancho del país, motines carcelarios y la toma de una estación de televisión por jóvenes encapuchados. Desde que el 9 de enero se declaró un sui géneris «conflicto armado interno» contra 22 grupos calificados de terroristas, el discurso político quedó dominado por la idea de múltiples conspiraciones, a las que el gobierno responde con gatillo fácil y sin preocuparse demasiado por la puntería. Lo central es esto: el gobierno echa mano obsesivamente del activo más popular de su nueva agenda: la mano dura contra el crimen; una bandera que sí es popular y que enarbolan todas las derechas en América Latina, a imagen y semejanza de la más exitosa de todas: la de Nayib Bukele en El Salvador.

El problema es que sus resultados prácticos son penosos. Según el balance anual de InSight Crime, Ecuador cerró 2025 con 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, 31% más que en 2024: la tasa más alta de su historia y de América Latina. A pesar del control militar de las prisiones desde 2024, el pasado 22 de octubre dos motines carcelarios dejaron ocho reclusos asesinados y diez heridos en las cárceles de Cotopaxi y de Quito. Entre enero y septiembre de 2026 hubo 190 eventos violentos múltiples -con tres o más víctimas mortales cada uno-, que cobraron la vida de 667 personas. La leve baja registrada en 2026, de alrededor del 8% hasta septiembre, no altera ese panorama catastrófico.

Persecución a la oposición

El autoritarismo no es particularmente popular en Ecuador, pero suele disculparse si hay resultados de por medio. El gobierno acumula una larga lista de abusos: suspensión de cuentas bancarias de organizaciones sociales y ambientales, persecución a dirigentes populares, presiones sobre medios de comunicación incómodos y compra de periódicos y emisoras de radio a través de oscuros intermediarios, además de la declaratoria de ilegalidad de cualquier oposición a la minería a gran escala.

La ofensiva contra alcaldes acusados de corrupción y, especialmente, contra RC, el partido del expresidente Rafael Correa, ha llamado la atención incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 31 de agosto emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la suspensión de RC durante nueve meses, decretada en marzo de 2026. En julio, el movimiento político Amigo, que había decidido acoger a los candidatos de RC tras la suspensión de esta última, también fue suspendido por no presentar información sobre sus cuentas.

Cabe destacar que todas estas medidas -suspensiones de partidos e inhabilitaciones de alcaldes- se basan únicamente en investigaciones de la Fiscalía, es decir, sin que medie sentencia judicial alguna. Otros casos notorios fueron la suspensión de los derechos de participación del alcalde de Cuenca en mayo, y las detenciones por investigaciones de corrupción de los alcaldes de Guayaquil en febrero, de Portoviejo en abril, de Esmeraldas en junio, de Jipijapa a fines de junio, de Machala en julio y de Pujilí en agosto. La mayoría de los arrestados o destituidos son militantes de RC. En mi relevamiento solo encontré un caso de un alcalde perteneciente al partido de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN): el de Naranjal, que busca la reelección y fue aprehendido el 11 de noviembre, acusado de corrupción, también en fase de investigación fiscal. Es evidente el intento de proyectar una imagen de firmeza en la lucha contra el crimen y la corrupción, al tiempo que el gobierno se desembaraza de sus rivales electorales.

Esos gestos de supuesta fortaleza moral y política no logran ocultar la manifiesta incompetencia en la administración pública. Los ejemplos que más han contribuido al descrédito del gobierno son la falta de medicamentos en los hospitales públicos del país y la incapacidad manifiesta para resolver el déficit de generación eléctrica. La crisis energética no es reciente; empezó hace dos años y desde entonces el gobierno se ha mostrado completamente inoperante a la hora de contratar los equipos de generación termoeléctrica necesarios para superar el estiaje. Aun así, esa ineficiencia no termina de traducirse en una caída de la popularidad: según las encuestas, realizadas sobre todo en Quito y Guayaquil, su aprobación oscila entre 38% y 49%, frente a un rechazo de magnitud parecida. Es posible que ese respaldo provenga sobre todo de la sobreactuación de la mano dura. No puede descartarse que se traslade a algunos de sus candidatos locales, pero en las elecciones locales la gestión cotidiana pesa mucho.

Con todo, la improvisación empieza a pasarle factura con algunos actores de peso. El conflicto gratuito con el presidente colombiano Gustavo Petro, que entre enero y junio de 2026 derivó en aranceles recíprocos, enemistó a Noboa con poderosos sectores empresariales. Y, según una investigación de Plan V, los propios militares, cansados de los riesgos y la exposición que implica su despliegue permanente en las calles, saben que no están ganando la guerra contra el crimen organizado: no están preparados para librarla y deben cargar con el descrédito de perderla.

La misma receta

En medio de un creciente desgaste y sin conseguir que las instituciones funcionen mínimamente, el gobierno recurre al mismo expediente que usó en la consulta popular de noviembre de 2025: la entrega de dinero en efectivo. En aquella ocasión, Noboa proponía permitir la instalación de bases militares extranjeras, convocar una Asamblea Constituyente, reducir el número de parlamentarios y eliminar el financiamiento público de los partidos, el Ejecutivo adelantó el décimo tercer sueldo (aguinaldo) del sector público y, a cuatro días de las urnas, anunció un bono de 470 dólares para casi 100.000 policías y militares. De nada le sirvió: sufrió su primera derrota electoral en toda la línea (antes había perdido dos de las once preguntas de la consulta de abril de 2024, sobre arbitraje internacional y trabajo por horas). El No se impuso en las cuatro preguntas: en la de las bases militares superó 60% y en la de la Asamblea Constituyente rondó 62%. 

Ahora repite la receta. El programa «Jóvenes en Acción», lanzado a las apuradas, consiste en dos pagos de 400 dólares a 700.000 jóvenes a cambio de realizar tareas poco definidas durante noviembre y diciembre. Y, como entonces, el Acuerdo Ministerial 2026-39 del Ministerio de Trabajo volvió a adelantar el pago del décimo tercer sueldo a los servidores del Poder Ejecutivo, justo antes de los comicios locales. Ante el encarecimiento de los hidrocarburos, impulsado por las guerras en Ucrania e Irán y su efecto sobre la inflación, el gobierno ha aumentado en los hechos el gasto en subsidios al diésel y a otros combustibles.

Los comicios locales del 29 de noviembre -en los que se eligen alcaldes y prefectos- servirán para medir hasta qué punto le funcionan al gobierno estas estrategias desesperadas. La gente sabe que necesita más elecciones para recibir algo, porque fuera de los períodos electorales no recibe nada. Las elecciones locales suelen depender en gran medida de factores locales. Y tampoco en este terreno el gobierno ha mostrado demasiada muñeca política: candidaturas improvisadas, candidatos desconocidos, carencia de alianzas incluso con grupos políticos cercanos, una campaña reducida a apenas dos semanas. Quizá las previsiones terminen siendo menos catastróficas de lo esperado y el gobierno logre salvar los muebles.

En todo caso, Noboa ya mostró que, cuando le faltan votos, le sobran fiscales. Aprovecha, además, el descontento con el pasado y sabe que los electores votan, en parte, con la mirada puesta en el espejo retrovisor: los gestos autoritarios contra el correísmo pueden ayudarlo en una porción del electorado. A ello se suma que, aunque participó en la cumbre Escudo de las Américas y se alinea con Donald Trump, Noboa no frecuenta los foros más ideológicos de las extremas derechas. Quizá por eso suele pasarse por alto que su gobierno es, junto con el de Bukele, uno de los más autoritarios de la región. Con una diferencia: ni siquiera tiene los resultados con los que Bukele justifica su propio giro dictatorial.

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