No tenían malas intenciones. No pensaron en nosotros, los europeos, ni por un momento. No nos cae muy bien que digamos, justo cuando creíamos estar viviendo un renacimiento de las relaciones transatlánticas. En Washington, la introducción de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) tuvo que ver principalmente con la política interna. No se contaba con que los aliados europeos (y asiáticos) pudieran sentirse injustamente tratados por el multimillonario paquete de medidas para impulsar la industria, o que pudieran llegar al extremo de hacer una desagradable acusación de proteccionismo. Pero probablemente esto tampoco habría cambiado nada.

La administración demócrata de Joe Biden estaba preocupada, más bien, por su lugar en la historia y por recuperar el voto de sectores sociales que le dieron la espalda. Y hasta es probable (si implementamos una política inteligente) que se lo terminemos agradeciendo. Por supuesto, eso ciertamente no se aplicará a la parte de «compre americano» de la ley, que establece que ciertos subsidios solo beneficien a productos que se fabrican predominantemente en Estados Unidos o cuyos componentes provienen de América del Norte. De hecho, es de esperar que en este aspecto se hagan más concesiones a los socios europeos.

El fantasma de la desindustrialización está hoy recorriendo Europa. Pero quién sabe, en retrospectiva, si ese habrá sido precisamente el momento en que la belleza político-industrial llamada Europa fue por fin despertada con un beso. El miedo a reubicar empresas existentes y ramas enteras de la industria y, lo que es más importante, el miedo a no obtener nada del hermoso pastel verde de tecnologías sostenibles y climáticamente neutras están posibilitando ahora un ritmo de reforma completamente nuevo en Europa.

Esto comenzó con la invasión rusa a Ucrania y la crisis energética y de precios que le siguió. El ritmo se está acelerando más, si se observa a los competidores. Los pesos pesados económicos se han adelantado. China ha anunciado que invertirá más de 280.000 millones de dólares en tecnologías limpias. Estados Unidos está movilizando con su IRA más de 360.000 millones de dólares para proyectos similares. Japón, la India, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur también han anunciado programas similares.

Por lo tanto, la respuesta europea era esperada con impaciencia y fue discutida acaloradamente en los prolegómenos. El Plan Industrial del Pacto Verde de la Comisión Europea, presentado hace unos pocos días, se implementará ahora con una serie de propuestas legislativas concretas. Se trata de subsidios estatales, autorizaciones más rápidas, acuerdos comerciales y la promoción de cualificaciones profesionales específicas. Muchos de los instrumentos ya se conocen, la siempre polémica cuestión de la financiación ha sido pospuesta por el momento, y algunos aspectos importantes merecerían ciertamente más atención. Pero, en términos generales, la dirección es la correcta.

La señal viene con retraso y está a tono con el momento: hay un regreso a las políticas industriales y estructurales en Europa. Las crisis financiera, del euro y del coronavirus han cambiado la manera de ver el papel del Estado. El mercado no regula todo, y menos en tiempos de crisis. Lo que importa es que el Estado y el sector privado interactúen de manera inteligente. Esperar equivaldría hoy a perder la oportunidad. Otra vez. No podemos permitirnos eso. Sobre todo, porque la Unión Europea, en virtud de sus procesos de votación interna, no ha sido un actor precoz. Pero hay mucho en juego: por ejemplo, empleos. Y soberanía.

La solución no es, obviamente, un simple «copiar y pegar» de la IRA. Los europeos deben encontrar sus propias respuestas a este desafío de la época. Se necesitan subsidios para la introducción de nuevas tecnologías, para investigación y desarrollo, así como para aumentar la producción. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, aquí se debe tener en cuenta toda la cadena de suministro. Así que es lógico que queramos traerla de nuevo y ubicarla en Europa y las regiones vecinas. Europa sigue estando bien posicionada para las innovaciones revolucionarias, pero necesita normas más claras, más armonizadas y orientadas a objetivos en común, así como más alianzas industriales transfronterizas. Esto no es de ninguna manera territorio desconocido. Desde el Fondo de Innovación de la Unión Europea hasta la Alianza Europea de Baterías, existen modelos exitosos sobre los que se puede construir.

Pero hay cosas que claramente se pueden copiar del «Tío Sam». Al empresariado le gusta señalar que todo va más rápido en Estados Unidos y que allí se debaten más las posibilidades que los problemas. Con demasiada frecuencia, Europa se va por las ramas. Y eso cuesta tiempo. Un ejemplo lo da el hidrógeno. Mientras los europeos se hunden en álgidos debates de teoría pura, los estadounidenses, que alguna vez se mostraron abiertamente desinteresados, la hacen simple y —si nos descuidamos— tomarán tranquilos la delantera. Debido a la abundancia de regulaciones y propuestas, que a veces son percibidas como disonantes, y por la complejidad de las áreas de responsabilidad, la economía carece de una visión de conjunto. La falta de seguridad en la planificación es un veneno para inversiones que deben amortizarse en 10 o 15 años.

Para demostrar que ha aprendido la lección, la Comisión de la Unión Europea ahora quiere presentar para mediados de marzo, en la primera parte del Plan Industrial del Pacto Verde, una Ley Industrial de Cero Emisiones Netas para promover la producción europea de tecnologías verdes. La nueva ley tiene por objeto centrarse en tecnologías claves. Específicamente, se mencionan baterías, generadores eólicos, bombas térmicas, paneles solares, electrolizadores y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (se critica que la Comisión haya tenido una posición bastante vaga sobre la descarbonización de la industria pesada). Por cierto, se trata de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, no se quiere perder contacto con los mercados del futuro. Y, por otro lado, se necesita una expansión masiva de las energías renovables y el hidrógeno para volver a estar en competencia. En este momento, Europa tiene una gran desventaja frente a Estados Unidos en cuanto a costos de energía. Esa es una doble carga.

La Ley Industrial de Cero Emisiones Netas también tiene como objetivo otorgar autorizaciones con más rapidez, crear incentivos para proyectos transfronterizos y reducir la burocracia. Esto se necesita con urgencia. Europa no solo debe encender el turbo en la política industrial ecológica, sino, sobre todo, hacerlo en forma mancomunada. Berlín puede y debe comprometerse más con este fin, y además debe trasladarlo del papel a la práctica. En este momento, cada uno atiende su propio juego. Y nadie en Europa es visto con tanta desconfianza como los alemanes. A veces esto es porque sí, pero a veces está justificado. Con el rol de liderazgo al que se aspira, eso no sucederá.

La mera convivencia en lugar del trabajo mancomunado también desperdicia recursos escasos, crea competencia interna e incluso tiene un efecto contraproducente. Esta fragmentación debilita a Europa en la competencia internacional. Para poder hacer frente a los grandes jugadores, se deben aprovechar las sinergias y establecer lineamientos de producción comunes. El tamaño realmente importa en este tema. Y es ahí donde los chinos y los estadounidenses tienen una ventaja natural. Así que es hora de que los europeos dejen de debatir diferencias y actúen juntos. Por lo tanto, son necesarios objetivos comunes y una planificación acorde basada en la división del trabajo: una coordinación más fuerte. De lo contrario, existe el riesgo de una mayor fragmentación del mercado interno.

Hay también otra parte de la IRA que ocupa un lugar indebidamente insignificante en el debate europeo: sus implicancias para los trabajadores y trabajadoras y para los empleos. Como ya se dijo, la IRA es también una respuesta a la acusación al Partido Demócrata de ya no representar a sus votantes tradicionales. Aquí el gobierno de Biden quiere dejar sin argumentos a los populistas. Durante mucho tiempo, la posible pérdida de puestos de trabajo estuvo en el primer plano del debate público sobre la reestructuración ecológica. Pero ahora se trata de nuevos empleos y de calidad en sectores con mucho futuro. Así, el gobierno estadounidense ofrece créditos fiscales a través de la IRA para las empresas que paguen buenos salarios y contraten aprendices. También quiere gravar las recompras de acciones para que las empresas inviertan en lugar de enriquecer a sus juntas directivas. Y otorga créditos fiscales adicionales para proyectos de energía limpia en comunidades que antes dependían de la industria de materias primas. Europa también debería tomar nota de eso. Solo de esta manera la sociedad y el medio ambiente podrán ir a un mismo ritmo.

Con su Pilar Europeo de Derechos Sociales, lanzado en 2017, la Unión Europea parte en verdad de un nivel muy superior al de Estados Unidos. En octubre del año pasado se aprobó, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea sobre salarios mínimos adecuados, que exige negociaciones colectivas y fortalece a los sindicatos. Si bien el Plan Industrial del Pacto Verde dedica un capítulo entero a la calificación, guarda silencio sobre la calidad de los puestos de trabajo y sobre cómo esta podría mejorarse mediante una legislación sobre subsidios o la contratación pública. Esto es un error. Las empresas tampoco deberían quejarse al respecto. No puede haber competencia exitosa sin una fuerza laboral calificada y satisfecha. Y en tiempos de escasez de fuerza de trabajo especializada, será importante de todos modos hacer un esfuerzo adicional y prepararse para atraer a los potenciales nuevos trabajadores y trabajadoras.

Habrá acalorados debates sobre la financiación del plan industrial ecológico. En principio, los fondos para la política industrial de la Unión Europea provendrán principalmente de los Estados miembros. Es por eso que la Comisión quiere relajar temporalmente las normas sobre ayudas estatales, que por lo común limitan las subvenciones nacionales. Deben incluir más tecnologías, ser más elevadas que las actuales y otorgarse por un lapso más prolongado. Pero en el largo plazo, la Comisión apuesta a soluciones europeas. Esto es porque las capacidades de los países de la Unión para otorgar ayuda estatal difieren mucho (Alemania y Francia tienen capacidades significativamente mayores que los países miembros más pequeños) y esto ejerce presión sobre el mercado interno.

También está el riesgo de que se desperdicien los escasos recursos existentes estableciendo estructuras paralelas. Esto atenta contra los márgenes de rentabilidad. Los competidores volverían a ser los beneficiados. Por lo tanto, en las nuevas cadenas de suministro para tecnologías verdes es importante utilizar conjuntamente sinergias y los menores costos derivados de una mayor escala. Para la financiación, la Comisión propone un «fondo de soberanía» europeo a través del cual se recaudarían fondos europeos comunes para tecnologías claves y proyectos transfronterizos. Este fondo será presentado con mayor detalle en el verano europeo, aunque está pendiente también la revisión del presupuesto plurianual de la Unión Europea.

Incluso con este Plan Industrial del Pacto Verde, todavía estamos lejos del temido intervencionismo estatal y la comunitarización de las deudas. Sin financiación inicial, sin protección contra riesgos, lisa y llanamente no funciona. Por supuesto, las inyecciones permanentes de fondos públicos no son lo que vuelve más competitivas a las empresas ni a las industrias. Pero sin una financiación inicial, la competitividad queda rápidamente fuera de alcance.

Fuente: IPG

Traducción: Carlos Díaz Rocca