Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, más de 5.000 ciudadanos centroamericanos iniciaron trámites para migrar a México. ¿Qué política está desarrollando el gobierno mexicano? ¿Hay una disposición a recibir a esos migrantes o, por el contrario, se están desarrollando políticas restrictivas con respecto a la recepción de esos ciudadanos?

En el último año el gobierno mexicano ha empezado a mejorar su sistema de protección para personas buscando refugio en México. En particular, el gobierno estableció un convenio con ACNUR para la contratación de 29 nuevos agentes para las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Esto fue un importante aumento sobre los 15 agentes que la COMAR empleaba anteriormente para procesar las solicitudes de refugio en todo el país. En los primeros seis meses de 2017, de las 1,775 personas solicitantes de refugio que ya han cumplido su trámite (de un total de 6,835 solicitudes) 42% obtuvo refugio en México y 14% obtuvo protección complementaria. Aunque hay más personas, sobre todo de Centroamérica, buscando protección en México y un mayor número de personas que la está recibiendo, todavía hay muchos retos para el sistema de protección mexicana. Integrantes de casas del migrante y organizaciones que apoyan a los migrantes han resaltado la lentitud de la COMAR en procesar solicitudes, aun con el aumento en el número de agentes, la cual ha ocasionado que varias personas desistan de su solicitud de refugio. La COMAR tampoco ha homologado sus criterios lo que ocasiona que una persona puede tener una resolución favorable en una oficina de la COMAR mientras que la solicitud sobre un caso parecido en otra oficina es rechazada. Casas de migrante y organizaciones también siguen documentando casos en los cuales los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) desincentivan a las personas a solicitar refugio en México o no les informa sobre sus derechos. La imposibilidad de muchas personas detenidas en poder acceder a un abogado para apoyarles en su caso también afecta su posibilidad de recibir protección en México. También es importante resaltar que muchos de los avances en el tema de refugio en México son gracias al apoyo de ACNUR en México y de la sociedad civil. El gobierno mexicano no ha destinado mayores recursos a la COMAR lo cual pone en duda la sostenibilidad del aumento de la capacidad de la Comisión para atender a los solicitantes de refugio si el ACNUR reduce su apoyo a México. Además, el gobierno mexicano sigue con una política que es principalmente enfocado en la detención y deportación de los migrantes y posibles solicitantes de refugio y no en la protección.

¿Cómo es la situación legal de los migrantes que son aceptados para quedarse en México? ¿Y qué pasa con la situación social? ¿Son aceptados los migrantes centroamericanos dentro de la sociedad mexiana o existen actos de discriminación que dificultan el desarrollo de sus vidas?

Más allá de los retos en poder acceder al sistema de protección en México, las personas que reciben refugio u otro tipo de protección en México muchas veces tienen dificultades a poder integrarse en el país. Hasta el momento, el gobierno no ha desarrollado una política de integración de población refugiada y solamente existen programas aislados de apoyo. Organizaciones y casas del migrante también han resaltado que personas refugiadas pueden tener dificultades para acceder a trabajo, salud, educación y vivienda por motivos de discriminación. Por ejemplo, muchas autoridades y potenciales empleadores desconocen la documentación migratoria y documentos de identidad proporcionada por la COMAR, generando dificultades en conseguir ciertos empleos, inscribir a sus hijos en la escuela, etc. Aunque no se puede generalizar, también existe cierto nivel de xenofobia en el país, en particular en las comunidades que tradicionalmente estaban fuera de las rutas migratorias.

Recientemente se ha puesto de manifiesto que muchos de los migrantes centroamericanos sufren diversos abusos y violaciones de derechos humanos en México. ¿Podría comentarnos la situación de esos migrantes? ¿Qué tipo de vejaciones y violaciones a sus derechos se han evidenciado?

Frecuentemente los migrantes son objetos de abusos y violaciones a sus derechos humanos en México porque viajan en zonas remotas del país y por áreas conocidas por ser de tránsito de migrantes, como la ruta del tren. En los últimos años se ha documentado múltiples casos de robo, asalto, secuestro, extorsión, violación sexual e incluso asesinato de migrantes en el país. Lejos de mejorar la situación, el Programa Frontera Sur, anunciado por el gobierno en junio de 2014, aumentó el número de migrantes detenidos en el país y también los abusos en su contra. Aparte de abusos por grupos criminales y particulares también se ha documentado abusos y violaciones a los derechos de los migrantes por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el proceso de detención y en las estaciones migratorias. A pesar de haber creado procuradurías y unidades especiales para investigar delitos cometidos contra migrantes, una investigación hecha por varias casas del migrante, WOLA y otras organizaciones publicada en julio de 2017 encontró que 99 por ciento de los delitos cometidos contra migrantes entre 2014 y 2016 quedaron en la impunidad.

Existe actualmente algún tipo de política internacional que reclame el cumplimiento de los derechos humanos para los migrantes? ¿Qué presión se ejerce sobre las autoridades gubernamentales para que esos derechos no sean violados?

En 1990 se adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares para lograr mayor protección de los derechos de los migrantes. Aparte de la Convención y otros instrumentos internacionales y regionales, hay un Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes de la ONU y también un Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de México, por ejemplo, el Relator de la CIDH realizó una visita a México en 2011 para conocer la situación de los migrantes en tránsito por México y emitió el informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México con base en su visita y trabajo de investigación y documentación sobre la situación en el país. El informe incluye varias recomendaciones para el gobierno mexicano. La CIDH también ha otorgado varias audiencias a peticionarios de México y otros países para resaltar los riesgos que enfrentan los migrantes y personas refugiados en México y la falta de acceso a la justicia para familias de migrantes víctimas de delitos en México. Los informes y comunicados de prensa de la CIDH y otros mecanismos de derechos humanos son importantes formas de ejercer presión al gobierno mexicano sobre los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas migrantes en México.

Otra de las situaciones que se ha evidenciado en los últimos tiempos es el secuestro de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos por parte de los cárteles de droga. ¿Qué está pasando con ese fenómeno? ¿Existen atualmente políticas fronterizas destinadas a evitar este flagelo?

Los casos más documentados de secuestro de migrantes han sucedido en México, tanto en el norte como en el sur del país. Estos secuestros son perpetrados por grupos del crimen organizado o bandas locales de secuestradores. En Tabasco, por ejemplo, ha habido varios casos de secuestro de migrantes alrededor de la ciudad de Cardenas en los últimos dos años. En este estado, hay una fiscal que trabaja sobre casos de trata y delitos de alto impacto que ha logrado rescatar a migrantes y también detener a los responsables en algunos casos pero el éxito de esta fiscal en Tabasco no se repite ni en otras partes del estado, como en Tenosique, ni en otras partes de México. A veces los migrantes también son secuestrados a cruzar la frontera de los Estados Unidos, sobre todo por otros grupos de traficantes de personas que los mantienen en cautiverio hasta conseguir el pago de un rescate de algún familiar. En muchos casos de secuestro de migrantes en México, los familiares que son extorsionados viven en los Estados Unidos. En estos casos, autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia pueden apoyar a las familias para asegurar la liberación de la persona y en pocos casos se ha procesado a los responsables por cometer un delito federal de los Estados Unidos. Agentes del Departamento de Justicia así como de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) del Departamento de Seguridad Interior también trabajan en casos de secuestros de migrantes en EEUU por parte de traficantes. Desde 2016 el gobierno mexicano también ha puesto en marcha el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAE) dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) que permite a un migrante que ha sido víctima de un delito en México o su familiar poder hacer una denuncia ante las autoridades mexicanas en su país de origen o de residencia. El MAE puede ser otra herramienta para facilitar el acceso a la justicia para casos de secuestros de migrantes.

Maureen Meyer dirige el programa sobre México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con un enfoque especial en las políticas de seguridad de Estados Unidos y México y su relación con la violencia asociada al crimen organizado, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en México. Meyer desarrolla trabajo de incidencia política en cuanto a la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida. Además, apoya la búsqueda para la justicia para violaciones a los derechos humanos en México. Como parte del programa coordina el trabajo de WOLA sobre la seguridad fronteriza y la migración y hace trabajo de incidencia para mayores protecciones para los migrantes en tránsito en México y en la frontera entre Estados Unidos y México.