Para el gobierno aprista de Alan García, la consolidación de un proceso de crecimiento económico dependía de sus iniciativas y de una amplia gama de actores sociales, que incluía tanto a los sindicatos y al empresariado nacional, como al capital financiero y productivo extranjero. No cabía duda de que el gobierno debía asegurar la transición de la fase de reactivación a la de crecimiento, no sólo mediante políticas económicas, sino también con alianzas adecuadas. Y las alianzas de la primera fase, con los sectores de bajos ingresos y los empresarios orientados hacia el mercado interno, implicaban altos niveles de riesgo, puesto que restringían la gama de nuevas alianzas posibles y aumentaban la presión sobre el gobierno. En el transcurso del proceso, se vio que se carecía de la capacidad de gerencia y de control económico necesarias, así como de alianzas suficientes, precipitándose el fracaso de la política económica gubernamental.