De la contundente certeza del cambio climático y las catástrofes que resultan de él suele derivarse la demanda de que la comunidad internacional actúe con responsabilidad. Hay que limitar el aumento de la temperatura global en este siglo para que sea, a lo sumo, superior en 2ºC al registrado durante toda la era preindustrial, y el tiempo apremia. No solamente los países anfitriones de las Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en 2015, el acontecimiento tendría lugar otra vez en Francia), sino también Alemania y la Unión Europea deben tomar conciencia de su especial responsabilidad y asumir (nuevamente) un papel protagónico. Esta es la idea básica que siguen innumerables ONG en su compromiso de proteger la atmósfera terrestre. Se esfuerzan en recordarles sus obligaciones a las instituciones estatales nacionales, europeas e internacionales.
Pero ni los diferentes Estados, ni la UE ni la comunidad internacional en su conjunto parecen tener la voluntad de tomar medidas ambiciosas sobre cambio climático, o tan siquiera hablar con una sola voz. La situación dista mucho de ello, ya que a fines de 2013 el gobierno polaco, en simultáneo a la Conferencia de la ONU, agasajó al lobby internacional de la industria del carbón, e incluso separó de su cargo al ministro de Medio Ambiente durante las negociaciones sobre cambio climático. La disgregación interna de la política sobre cambio climático se inició hace ya años, comenzando por Copenhague (2009), siguiendo por Cancún (2010) y Durban (2011), hasta llegar a Doha (2012). La amplitud de ese fracaso no hace más que alcanzar siempre nuevos límites.
Protesta y alternativas
Es por ello que numerosas plataformas socioecológicas y organizaciones ambientalistas y de fomento al desarrollo se resisten últimamente a colaborar con las conferencias de la ONU sobre cambio climático. Fuera de los salones de reunión, abogan porque no se tome el cambio climático como una catástrofe ambiental que puede ser afrontada con instrumentos del mercado, sino como una crisis social y del sistema económico capitalista mucho más profunda. Por eso, durante la Conferencia sobre Cambio Climático de 2007, estas agrupaciones se organizaron en la red Climate Justice Now (Justicia Climática Ya), y en 2009, en Copenhague, en la liga de acción Climate Justice Action (Acción por la Justicia Climática).
En estas redes se vincula la cuestión ecológica con la social, tomando como nexo el tema central de la justicia climática. Además, se exige abordar las causas del cambio climático desde sus raíces políticas y económicas. Pero nadie quiere escuchar esto. Tampoco aquellas organizaciones ambientalistas y de fomento al desarrollo que se han instalado cómodamente en los salones de la ONU, dentro de la Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés). Si bien su mensaje central es que la acción de los Estados y las conferencias anuales de la ONU carecen de alternativas, apoyan y legitiman un sistema de negociación que, con la aprobación del Protocolo de Kioto, debería avanzar en el terreno del derecho internacional, pero que año a año ha ido perdiendo su esencia multilateral. A pesar de ello, el Estado y la comunidad internacional siguen siendo los principales destinatarios en los que se cifran todas las esperanzas: hace ya tiempo que no se puede hablar de demandas. Las líneas de argumentación son conocidas: de la fórmula «cambio climático + catástrofe = necesidad de acción del Estado» no se duda. Pero jamás se probó que esa fórmula funcionara. En verdad, la fórmula correcta debería ser la siguiente: «inacción del Estado en la política de cambio climático + intereses económicos = emisiones en aumento». Las pruebas de ello se han vuelto últimamente abrumadoras.
Incluso en Alemania, las emisiones de gases de efecto invernadero subieron en 2012 con respecto a 2011. Por su parte, Estados Unidos, que jamás ratificó el Protocolo de Kioto, pudo disminuir sus emisiones mediante el uso cada vez mayor de gas natural recurriendo al llamado fracking en la extracción, lo cual conduce a tremendos problemas, aunque muy distintos, para los seres humanos y el ambiente.
Es necesario mirarse en el espejo
Por eso, ya es hora de hacer, también hacia el interior de la sociedad civil, un profundo análisis de las causas y de indagar con espíritu crítico las arraigadas rutinas de protesta. Después de años de reuniones en las que los Estados han fracasado y de los masivos bloqueos a iniciativas internacionales perpetrados por la propia comunidad internacional, habría que trabajar con las iniciativas, campañas y experiencias acumuladas hasta hoy para desarrollar sobre esa base nuevas ideas y estrategias en la lucha contra el cambio climático. Christoph Bals, gerente político de Germanwatch, parece presentirlo, cuando en un artículo para el Süddeutsche Zeitung menciona al jefe de negociaciones de Filipinas, Naderev Yeb Saño, quien durante la Conferencia de Varsovia y después del desastroso tifón Haiyan preguntó si no había llegado la hora de la desobediencia civil1. El repertorio de iniciativas de los actores de la sociedad civil y de los movimientos sociales es, por cierto, mucho más imaginativo que los constantes trabajos de preparación y colaboración en negociaciones que degeneran en farsa.
Pero primero vayamos a la cuestión de las causas. Greenpeace se mostró indignado con el gobierno polaco cuando este agasajó al lobby del carbón. Pero es precisamente allí donde radica el problema estructural de la política internacional sobre cambio climático. Dicha política se corresponde con la selectividad esencialmente problemática que suele ser propia de la política internacional: el punto central que orienta las negociaciones sobre cambio climático en la ONU es solamente el espíritu maléfico –esto es, las emisiones que aumentan año a año– que libera de la lámpara, o sea, del circuito productivo, nuestro sistema económico entrenado para lograr un crecimiento cada vez mayor. A lo cual se suman, a modo de nuevos temas centrales, medidas de adaptación, daños causados por el cambio climático (pérdidas y daños), REDD + (reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques) o servicios ecológicos. Nada de ello afecta el input del régimen energético basado en combustibles fósiles. Esto no es, de ninguna manera, la consecuencia lógica del cambio climático producido por los seres humanos, sino que se corresponde con la poderosa selectividad con que ciertos intereses fijan los temas.
Ya antes de la primera Conferencia sobre Cambio Climático de 1995 en Berlín, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se había negado a hablar sobre el petróleo, Rusia se había negado a hablar sobre el gas y la mayoría de los países se había negado a hablar sobre el carbón. Precisamente aquello que enciende el circuito productivo y causa gases de efecto invernadero es y sigue siendo tabú. Para que esto no llamara la atención de nadie, también en Varsovia se negoció nuevamente de forma puntillosa: sobre el comercio de emisiones (que nunca funciona), sobre las transferencias voluntarias de fondos desde el Norte hacia el Sur (que nunca se terminan de pagar en su totalidad) y sobre la protección de las selvas tropicales (cuya merma no se detiene). El hecho de que en tiempos de crisis los gobiernos boicoteen masivamente el escenario internacional, no recarguen sus exhaustos presupuestos nacionales con energía a precios elevados y deseen seguir ganando dinero con el petróleo, el carbón y el gas y protegiendo las ramas de la industria que hacen uso intensivo de energía, puede quizá escandalizar, pero no se ha vuelto aún un objeto serio de negociación.
Escenarios de la protesta
Esto nos llevaría a preguntarnos por las contraestrategias. Hace ya tiempo que los escenarios de la política global se han desplazado. Se prefieren las negociaciones bilaterales al consenso internacional, frecuentemente débil, mientras que los enfoques de vanguardia que impulsan una sociedad con bajas emisiones de carbono no han tenido aún ninguna oportunidad frente al pragmatismo global. La comunidad internacional (ya) no es la piedra angular para la Gran Transformación que tan vehementemente demandan muchos think tanks. Pero es muy poco probable que este cambio venga de la gran política nacional, europea e internacional. Los objetivos del gobierno alemán y los de la Comisión Europea distan muchísimo de ser ambiciosos: el mensaje es «más política industrial y menos protección del medio ambiente».
Es también por eso que se han desplazado los temas principales y las estrategias. El cambio energético es un ejemplo de ello. Este es mucho más importante de lo que ha sido jamás para Alemania la política internacional sobre cambio climático, y señala de forma despiadada la situación de la que se parte. En las discusiones políticas sobre fuentes de energía, se revela la diferencia de intereses entre un viejo sector que hace uso intensivo de la energía (y que defiende sus prebendas con todo su poder) y un sector sostenible que apuesta a las energías renovables (y que podría perder apoyo político dentro de la coalición de los partidos con más representantes en el Parlamento). Al fin y al cabo, el sector energético y sus representantes en los gobiernos, los organismos y la Comisión Europea tienen algo que perder, tal como lo muestra la situación económica de las cuatro grandes empresas de suministro energético de Alemania. La UE no se inmiscuye: en el caso del fracking, queda a criterio de los Estados miembros determinar cuáles son los estándares ambientales según los cuales se hacen las perforaciones, y cada país miembro puede, en esencia, decidir por sí mismo cómo habrán de alcanzarse las (reducidas) metas de expansión en el sector de las energías renovables. Por lo tanto, cada país determina cuán inocuo para el clima será el sistema energético del futuro.
Pero no solamente en Alemania y el resto de Europa se manifiestan las luchas sociales por proteger el clima, el medio ambiente y los recursos. Alrededor del planeta hay campañas contra el fracking que pugnan por impedir la inyección de productos químicos nocivos en los suelos, campamentos climáticos que tematizan la protección del clima en la vida cotidiana, protestas de ciudadanos contra la extracción de carbón, o las ya mencionadas redes de justicia climática que pretenden aunar las variadas campañas e iniciativas referidas al clima y la energía, cada una con sus especificidades. En las luchas por el cambio energético se plantean cuestiones referidas a relaciones de poder, emancipación, justicia o estilos de vida. En estos reducidos contextos se hacen especialmente patentes las contradicciones, los boicots y las líneas de acción. Esto no significa que las iniciativas políticas se integren y organicen (o tengan que hacerlo) en igual medida a escala internacional, pero no se está buscando la gran respuesta común que podría enfrentar por igual todos los problemas.
Contra el consenso hegemónico
No caben dudas de la importancia capital que tienen los conflictos sociales para que los modos de vida y producción basados en combustibles fósiles experimenten una transición hacia un desarrollo sustentable. Para la política de cambio climático, esto significa romper el consenso hegemónico acerca de la actual regulación sobre el tema, que opera como mediadora del mercado. Este consenso entiende el cambio climático en primer lugar como problema ambiental y no como problema mediado por la sociedad, y parte, además, de que la crisis climática puede ser afrontada con los mismos instrumentos por los cuales se desató. Pero no está claro que se vaya a producir una movilización social de largo plazo que surja desde abajo, que tenga una agenda de temas más amplia e interprete la política de cambio climático como política energética, de transporte, de consumo o agraria. También en el campo de la sociedad civil aparecen contradicciones y conflictos políticos. Sus protestas no suelen durar mucho.
Finalmente, también las grandes organizaciones ambientalistas han comprendido durante la Conferencia de Varsovia que en el escenario internacional no se puede seguir así. Muchas –dicho sea de paso, Germanwatch no estuvo entre ellas– hicieron un esfuerzo y abandonaron los salones de conferencia bajo protesta. Con este «walk out» reaccionaron por fin («enough is enough») al proceso interno de disgregación del régimen de la ONU en materia de cambio climático y dejaron una nueva impronta. Quizá simplemente se sientan exhaustas, habida cuenta de las 19 conferencias sobre cambio climático y las –por lo menos– 19 decepciones que han vivido. Acaso sigan la máxima de los indígenas Dakota que dice: «Si descubres que estás montando un caballo muerto, ¡desmonta!». Pero cuidado: las camisetas de los activistas ambientalistas hacían referencia a la 20a Conferencia sobre Cambio Climático que se celebrará en Lima a fines de 2014 con la siguiente frase: «Volveremos». No es precisamente lo que se llama una amenaza.
