Hace dos semanas publiqué un artículo titulado «Mato y después escucho: segunda vuelta electoral uruguaya y auge miliquero». Intenté observar dilemas y pronósticos electorales uruguayos en un espejo de las crisis de Argentina, Chile y Ecuador, con foco en el despliegue cínico criminal de sus liderazgos (Lenin Moreno, Sebastián Piñera y Mauricio Macri) y los consensos alrededor del uso de la violencia estatal. Para que estos gobernantes aceptaran replanteos mínimos en sus políticas, las sociedades tuvieron que sostener sus reclamos soportando grandes dosis de brutalidad policial militarista. La normalización del sistema se amortiza mediante represión masiva, secuestros, heridas, muertes, torturas y vejámenes. Se trata de un idéntico repertorio al repudiado en las dictaduras de la seguridad nacional y antecesoras, pero que renace todo el tiempo entre las fisuras de lo legítimo y lo fáctico de las democracias de baja intensidad. Estas democracias lastradas por miedos, ahogadas en urgencias, alucinando en la búsqueda de un orden imposible, donde la gestión de los conflictos siempre llega a esos momentos en que los sectores subalternos deban morir primero para después tal vez ser escuchados. Mientras Chile todavía palpita tensión e incertidumbre, en Bolivia se desencadenó la crisis de gobierno y legitimidades, golpe y violencia de Estado. En una reciente entrevista a Jorge Richter titulada «Añez tiene la obligación de convocar al diálogo», queda expuesto hasta en sus mínimos detalles el entramado de una política entretejida de sutilezas imposibles de aprehender desde las rutinas mentales de corto y pego. Sin embargo, el sistema político en Bolivia converge con sus pares del continente en los términos de la desmesura militarista de su democracia. Tanto por la significación legitimadora de unas Fuerzas Armadas y policiales cada vez más influidas por empresas confesionales de carácter transnacional, como en el extremo miliciano de movimientos y sindicatos.

La crisis boliviana se inscribe también como seña fuerte de la necesidad de una reconstrucción radical de la dignidad política de la vida civil, desarmada, débil y frágil. Para desplegar las racionalidades deliberativas y negociadoras propia de la ciudadanía civil, es necesario que la palabra recupere su valor frente a las políticas armadas, desterrando como antivalores las racionalidades policíacas, patriarcales y militaristas que sofocan e infantilizan a sociedades y personas.

La coyuntura electoral uruguaya y el mensaje chileno

A las puertas de una elección que definirá un futuro gobierno y tal vez un cambio de ciclo, Uruguay no aparece bien parado para enfrentar la coyuntura militarista. En principio, por motivos relacionados con el clima de época y del vecindario, así como también por méritos propios y tradiciones históricas. Vuelvo al ejemplo de Chile porque condensa ambos planos.

El 18 de octubre, sin que nadie lo anticipara, estalló el oasis de desarrollo, consumo y estabilidad política de América del Sur. En pocas horas se desmoronó la imagen de un país considerado por la derecha como modélico en términos económicos y también –junto con Uruguay– como paradigma de virtuosa gobernabilidad. Todo empezó con una resistencia estudiantil a los mismos abusos que ya fueron objeto de protestas antes y durante este mismo gobierno. La novedad no fue la protesta sino la furiosa respuesta de Leviatán. El gobierno democrático respondió a semanas de desobediencias civiles y movilizaciones pacíficas con estado de emergencia, toque de queda, militarización y centenares de miles de personas perseguidas, secuestradas, detenidas, brutalmente castigadas. Las personas torturadas, vejadas y muertas son cada vez más. La mutilación ocular a perdigonazos es el aporte metodológico de Carabineros de Chile a este nuevo momento de su historia institucional. Pese a ello la lucha callejera no disminuyó, así como tampoco se detuvo la brutal represión. Mientras tanto, las fuerzas políticas, repuestas de su sorpresa, buscan soluciones negociadas que no aporten legitimidad y confianza a la sociedad movilizada.

Un primer mensaje, que incluye a todo el continente pero seguiré apreciando bajo la lupa chilena, es que la concentración del poder y la riqueza en nuestras sociedades tolera cada vez menos espacios para la disidencia. Un segundo mensaje es el contraste entre el automatismo de la reacción dominante y lo tardía y desorganizada de la respuesta de las instituciones sociales y políticas democráticas y de izquierda. Los beneficiarios y custodios del sistema sabían qué hacer y lo hicieron. Gobernantes plutócratas, carabineros, militares, dueños de los medios de comunicación, todos en sus puestos y prontos para mentir, ganar tiempo, reprimir, volver a mentir para ganar más tiempo y seguir reprimiendo. Tercer mensaje: la justificación para desatar tal violencia contra toda la sociedad fue la necesidad de restablecer el orden alterado por minorías de delincuentes. Idéntico a las dictaduras de la seguridad nacional. El cuarto mensaje es que las condiciones institucionales, discursivas y subjetivas de este Chile y Uruguay tienden a converger en algunos asuntos tales como: a) el creciente descrédito de las opciones de centro y de las instituciones democráticas, b) el abuso generalizado de todo el espectro político alrededor de los discursos de inseguridad y orden, c) la impunidad imperante para los crímenes de Estado y d) el acceso de agentes directos del poder económico y personeros de la pasada dictadura al corazón de la institucionalidad política.

Una elección crucial

En la primera vuelta electoral del pasado 27 de octubre, el Frente Amplio no pudo ganar la Presidencia pero obtuvo una clarísima mayoría sobre todos los otros partidos. No obstante ello, para la segunda vuelta del 24 de noviembre su temperamento político sigue siendo defensivo. Consolida un discurso en las regiones más conservadoras y menos desafiantes, incluyendo cuotas de calculada ingenuidad frente al avance de la ultraderecha que, antes o después, volverá a pasar factura a toda la sociedad. En esas condiciones políticas, la agenda para los próximos cinco años será previsiblemente reaccionaria, incluyendo temas claves de libertades y derechos. Así lo sugieren la nueva composición del Legislativo recién electo y también el contenido de un acuerdo firmado por cinco partidos de oposición con la finalidad de aunar fuerzas para desplazar completamente del gobierno al Frente Amplio. Uno de las tendencias en curso, que no resulta nueva pero sí revitalizada, es la desprotección de las democracias como consecuencia del predominio de estrategias de centroderecha y derecha concentradas en la obsesión de desplazar al Frente Amplio del gobierno.

El mapa político uruguayo se movió a la derecha. En el Senado se asienta una representación calificada y plural de la cultura policíaco-militarista como no se recuerda desde el año 1972 en vísperas del golpe de Estado. Esta vez incluye también a los principales, más prestigiosos y eficientes artífices de la impunidad para los crímenes de Estado, en un abanico que abarca todas las derechas y también a la izquierda. En tales condiciones, probablemente la nueva generación de dirigentes políticos de izquierda y centroizquierda deberá mostrar su musculatura e inteligencia defendiendo libertades y densidad democrática. Para ese desafío, que no es partidario sino societal, un triunfo de la fórmula del Frente Amplio el 24 de noviembre ofrece mayores oportunidades de convergencia con las fuerzas sociales y culturales que resistirán desde una perspectiva civilista el decaimiento democrático y el avance de las culturas miliqueras. Una situación que puede aparecer paradojal, habida cuenta de la devoción comisarial que exhiben los elencos de seguridad frenteamplistas de hoy y mañana. Es verdad, y así de complejo se presenta el panorama político en la antigua Suiza de América del Sur.