¿Quién lo hubiera pensado? El 4 de noviembre, poco antes de que se abriera la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP 22) en Marrakech (entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016), entra en vigor el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Sucede poco antes de cumplirse un año de su aprobación, realizada en diciembre de 2015. Las negociaciones llevadas a cabo en los diez años anteriores fueron extremadamente arduas y no estuvieron exentas de fracasos, tal como sucedió a fines de 2009 en Copenhague. De repente, todo toma una velocidad inusitada, como si los gobiernos quisieran recuperar ahora el tiempo que anteriormente perdieron. En abril, más de 170 representantes de Estados viajaron a Nueva York invitados por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para la ceremonia de rúbrica del acuerdo. Su entrada en vigor dependía de conseguir una ratificación de 55 Estados (que equivale a por lo menos 55% de las emisiones mundiales de gases de invernadero) y hoy cuenta casi con 90.

El acuerdo es considerado un hito de la diplomacia internacional en materia climática. Desde un punto de vista hasta ahora meramente político, el acuerdo establece una meta vinculante según el derecho internacional: el calentamiento global deberá ser limitado a un valor bastante inferior a los 2°C y, si fuera posible 1,5°C como máximo, por encima del nivel preindustrial. Para ello, se prevé que las emisiones de gases de invernadero disminuyan paulatinamente a "cero neto". Cada Estado tiene el compromiso de elevar cada cinco años nuevos compromisos voluntarios para la protección del clima. Además, obliga a los firmantes a reforzar juntos la capacidad de adaptación al cambio climático, los estimula a preparar periódicamente planes de adaptación de alcance nacional y vuelve, en un artículo específico, sobre el tema del manejo de pérdidas y daños como consecuencia del cambio climático. Asimismo, el acuerdo confirma el compromiso de los países industrializados de apoyar financieramente a los países en desarrollo. Para finalizar, se prevé un periódico balance de inventario a través de la evaluación quinquenal de los avances en la implementación.

Una cosa es segura: la temprana entrada en vigor del acuerdo demandará cierta atención. En Marrakech harán su primera "asamblea plenaria" los Estados firmantes del Acuerdo de París. Es dable suponer que muchos gobiernos deseen mantener el buen humor que existe desde la Cumbre del Clima de París. Para ello se remitirán también a diversos procesos fuera de las negociaciones por el clima, entre los que se encuentran los primeros pasos de la Iniciativa Africana de Energías Renovables, para la cual los países donantes desean movilizar durante los próximos años 10.000 millones de dólares. Seguramente también se remitirán a los prometedores convenios para reducir los agentes químicos dañinos para el clima conforme al Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono. Es probable que los hablistas se refieran incluso a las muy débiles conclusiones en materia de protección climática en el tráfico aéreo internacional bajo la competencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El panorama se complejiza con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ya durante la campaña había amenazado con romper el acuerdo de manera inmediata.

Va al grano

A pesar de ello, la prioridad en la COP 22 es la implementación del acuerdo. La misión principal de la Conferencia en Marrakech es retocar la normativa del Acuerdo de París y dar vida a los artículos redactados muchas veces de forma vaga. Por ejemplo, debe aclararse cómo se realizará la verificación periódica de la implementación del acuerdo y qué deben hacer los gobiernos luego con los resultados (además de completar un grueso informe final). También debe aclararse en qué formato, según qué métrica y con qué informaciones adicionales se estima que los países alcanzarán sus compromisos voluntarios en las próximas rondas, lo cual se complicará por el hecho de que tanto su tipo como su magnitud seguirán quedando a criterio de los países. Finalmente, de lo que se trata es de diseñar reglas sobre cómo informar acerca de la implementación de los compromisos voluntarios para proteger el clima, y determinar como se regularán de las ayudas financieras otorgadas para los países en desarrollo.

Un abismo entre lo pretendido y la realidad

El valor del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático se calcula, al fin de cuentas, por la cantidad de Estados que impulsan los compromisos voluntarios. El panorama es sombrío. La primera ronda de compromisos voluntarios ha sido tan floja que las vías de desarrollo sobre emisiones de gases de invernadero en todo el mundo terminan en un calentamiento de 3ºC, muy superior al máximo acordado de 2ºC o 1,5ºC. Esto es bien sabido y consta también en las conclusiones de París. Sin embargo, no es materia de negociación en la COP 22. Por lo tanto, habrá que aferrarse a la esperanza de que la brecha entre lo que se pretende y la realidad se cierre en rondas posteriores con mayor protección del clima. Esto, sin embargo, será prácticamente imposible, ya que los presupuestos restantes permitidos para respetar los límites superiores de temperatura serán utilizados para gases de invernadero. O sea, si el acuerdo no se mejora de inmediato, más temprano que tarde se transformará en papel de desecho.

De nada sirve que los países particularmente amenazados por el cambio climático se quejen de esto desde hace años mientras los Estados poderosos no se muestren comprensivos. Actualmente no hay indicios de que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. Veamos el ejemplo de Europa: a pesar de que la Unión Europea (UE) se mostró hace un año proclive a generar una alianza que planteara objetivos más ambiciosos en el acuerdo, no consideró necesario mejorar el modesto objetivo propio de hacer una reducción de 40% para 2030 (con respecto a 1990). Ya se ha alcanzado la mitad de dicha reducción, con lo cual, a la luz del poder económico de la UE y de su responsabilidad en el cambio climático, dicho objetivo no puede ser visto como una contribución equitativa a la protección global del clima. Por el contrario, la UE está destrozando su escaso aporte en la propia implementación en la legislación europea sobre asuntos como e comercio de derechos de emisión, al incorporar normas favorables a la industria y vacíos legales que socavan todavía más el ya de por sí modesto objetivo.

Tercer pilar: ¿pérdidas y daños?

Otro punto clave es el manejo de las pérdidas y los daños derivados del cambio climático, por ejemplo, las destrucciones causadas por catástrofes climáticas o la pérdida de tierras por el aumento del nivel de los mares. Ya en 2013 se incorporó un "mecanismo" especial a tal fin y el Acuerdo de París contiene un artículo propio sobre el tema.

La tarea de la COP 22 será establecer el plan de trabajo de dicho mecanismo para los próximos años. Quedará claro si el mecanismo seguirá siendo una suerte de grupo de trabajo o si, con el tiempo, se creará un organismo central de atención al cual puedan dirigirse en un futuro los Estados que sufran daños y pérdidas. A diferencia de lo que sucedía antes, los países industrializados están cooperando de manera constructiva en el tema en tanto se trata de acotar pérdidas y daños (por ejemplo, mediante medidas adecuadas de adaptación) o de soluciones basadas en seguros para mitigar daños. Sin embargo, las posibles demandas de compensación como consecuencia de futuras catástrofes climáticas siguen siendo una bestia negra rechazada con intransigencia por los países industrializados, principales causantes del cambio climático.

Obra en construcción: ayuda financiera para la adaptación

Durante años los países industrializados se han negado a brindar información sobre cómo piensan cumplir con la promesa que hicieron en 2009: aumentar las ayudas por cambio climático para los países más pobres a 100.000 millones de dólares hasta 2020, con el fin de fomentar en estos países un desarrollo respetuoso del clima y apoyar la adaptación a los cambios climáticos. Justo a tiempo para la COP 22, los países industrializados han presentado una hoja de ruta para implementar la promesa de los 100.000 millones. Según esta hoja de ruta, para 2020 se prevé que los recursos públicos alcancen un nivel de algo menos de 70.000 millones de dólares anuales. Para cumplir con lo que falta del dinero prometido los países donantes desean movilizar a la economía privada. Sin embargo, sigue existiendo un problema central para el financiamiento de la protección del clima: las ayudas para adaptación, o sea, para la protección de cosechas contra sequías, para asegurar el suministro de agua o para aumentar la resistencia de las personas contra futuras catástrofes climáticas, recibirían después de 2020 poco menos de un quinto de los fondos. Este desequilibrio es, desde hace años, un tema conflictivo en las negociaciones.

Resta saber si la COP 22 honrará la promesa de los 100.000 millones y, si lo hace, dependerá también de los pasos concretos que acuerden dar los países donantes para aumentar los fondos para adaptación al cambio climático. De todos modos, Marruecos, en su calidad de país anfitrión de la Conferencia, ha declarado como punto central el tema de la adaptación al cambio climático y desea lograr resultados concretos en este aspecto, en buena medida porque África está sufriendo particularmente las consecuencias del cambio climático.

Quien haya creído que la COP 22 sería algo de segundo orden, probablemente se haya equivocado. No se esperan resultados revolucionarios, especialmente porque en muchos temas se encararán o se seguirán negociaciones pero no necesariamente deberán finalizarse, y porque el trabajo sobre las normas del acuerdo será, en parte, de naturaleza más bien técnica. Pero la implementación concreta de los tratados internacionales decidirá en buena medida si estos pueden realmente ser eficaces o si se transformarán en un chasco. Por lo pronto, los delegados llegarán a Marrakech con una gran confianza inicial, ya que el buen espíritu de París tiene efecto prolongado.