Coyuntura

Un enigma llamado Daniel Ortega

Sus detractores lo califican de dictador y lo acusan de haber acabado con la institucionalidad y de utilizar el Estado y la cooperación venezolana como fuentes inagotables de recursos para su enriquecimiento y el de su familia. Puede estar en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y en el alba con la Venezuela bolivariana. Sin embargo, el ex-comandante guerrillero sandinista goza de uno de los mayores niveles de aceptación en la historia para un presidente de Nicaragua. Esto lo transforma en un número puesto para ganar las elecciones de noviembre de 2016.

Marzo - Abril 2016
Un enigma llamado Daniel Ortega

La noche del domingo 5 de noviembre de 2006, los nicaragüenses durmieron –si es que algunos pudieron dormir– sumidos en la incertidumbre. Después de tres intentos fallidos de regresar al poder, el ex-guerrillero y comandante sandinista José Daniel Ortega Saavedra sorprendió al país entero cuando las autoridades del Consejo Supremo Electoral (cse) lo anunciaron como el presidente electo, pese a que apenas pudo alcanzar 37,99% de los votos. Esa noche, sus simpatizantes, que por 16 años habían sobrellevado su militancia y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) resintiendo el estigma que los marcó tras la histórica derrota que sufrieron en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, se volcaron a las calles, avenidas, plazas, barrios y carreteras, a celebrar un triunfo que muchos, aun dentro de las mismas filas del partido, consideraban improbable.

Ciertamente, el partido no había contado desde la derrota de 1990 con una mayoría importante en las urnas –tampoco lo hizo en 2006–. Y los fantasmas de la escasez extrema, de las decenas de miles de muertos en la guerra civil de los años 80, de las confiscaciones de propiedad privada que incluyeron firmas empresariales importantes, así como la inmanejable inflación y la deuda externa que se generaron durante el primer gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, hicieron preguntarse a muchos si había llegado el momento de abandonar Nicaragua como lo hicieron miles para huir de la guerra, del hambre y de la represión. Sin embargo, los analistas políticos lo han reconocido y, de algún modo, la oposición también lo ha tenido que hacer a regañadientes: si hay una razón por la cual en estos momentos el fsln se ha ubicado como principal fuerza política en Nicaragua, a punto de cumplir en noviembre de 2016 diez años de gobierno y con las condiciones favorables para quedarse otros cinco años más, ha sido por la astucia de Ortega Saavedra, quien demostró que esta vez no está dispuesto a ceder el poder.

Hoy en Nicaragua se están repitiendo casi las mismas condiciones que garantizaron su reelección en noviembre de 2011: el presidente mantiene el control político sobre los otros tres poderes del Estado, el Judicial (Tribunales de Justicia), el Legislativo (Asamblea Nacional) y el Electoral (Consejo Supremo Electoral). Este último se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad entre los nicaragüenses desde que su titular, el magistrado Roberto Rivas, no solo comenzó a expresar de manera explícita su simpatía hacia Ortega durante periodos de campaña, sino que alineó a la institución en un marcado favoritismo hacia el fsln; por ejemplo, retrasando la entrega de cédulas de identidad –que es obligatorio presentar para votar– a ciudadanos de zonas del país históricamente antisandinistas, o bien asumiendo una actitud intransigente hacia los partidos de oposición en materia de organización y acreditación electoral, o bien permitiendo la celebración de votaciones sin la presencia de observadores electorales nacionales que antaño han denunciado las irregularidades y anomalías que suelen presentarse en los comicios. Por otro lado, el partido rojinegro ostenta un poder económico que ya resulta difícil de medir, pero que a la vista de todos es producto del acuerdo petrolero firmado con Venezuela, el cual le permite a Ortega contar con dinero en efectivo.

Reportes periodísticos recientes estiman que, en los últimos ocho años, el fsln habría «privatizado» unos 3.047 millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana, capital con el cual se financia el partido así como la logística y la propaganda para su consolidación en el poder, el surgimiento de un grupo empresarial privado sandinista y la ejecución de programas y obras sociales dirigidos a los sectores más pobres del país1. Pero además, y muy visible, está el crecimiento de la fortuna de Ortega y su familia: sus hijos ahora se presentan como empresarios propietarios de canales de televisión, radioemisoras y agencias de publicidad que, naturalmente, sirven de plataforma para proyectar la imagen del mandatario y del partido.

El otro factor que podría permitir una nueva reelección de Ortega en noviembre de 2016 es que el mandatario carece de verdaderos adversarios, y ese ha sido, quizá, uno de sus mayores logros como estratega: mantener a la oposición dividida. La táctica le funcionó en 2006 y en 2011. El liberal Eduardo Montealegre reconoce que la oposición no se encuentra en su mejor momento:

¿De qué nos sirve poner un candidato si no logramos que tu voto pueda elegir? Porque si ponemos un candidato y al final Ortega decide, eso no es elección. Lo que queremos son elecciones, no asignaciones. Y al estar enfocados en buscar candidatos como lo han hecho otros partidos [de oposición], en lugar de buscar cómo se apliquen [sic] las reglas del juego y las leyes establecidas, estamos haciendo «zancudismo», oportunismo político.2

¿Una izquierda neoliberal?

Sin duda, un buen punto de partida es el ámbito macroeconómico. En este caso, el gobierno sandinista ha elaborado un discurso cuyo objetivo es convencer a la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo, a sus propios militantes, de que sus políticas económicas tienen un fundamento socialista e incluso anticapitalista, según el cual las clases trabajadoras son las que llevan la voz cantante en el crecimiento y el desarrollo económico del país. En efecto, en el discurso utilizado como punta de lanza a través de los más variopintos medios de propaganda en los últimos años (megarrótulos, spots televisivos y radiofónicos, calcomanías, cuadernos, tazas, bolígrafos, calendarios de oficina, camisetas y gorras utilizadas durante mítines políticos e inclusive canciones, por mencionar algunos ejemplos), se afirma que el fsln es «cristiano, socialista y solidario». Pero en la práctica, el Poder Ejecutivo elabora y aplica sus políticas macroeconómicas apegado por completo al modelo neoliberal. Y en ese sentido, ningún experto ni analista está en desacuerdo. «El modelo económico prácticamente es un modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (fmi) desde la década de los 90. Ese modelo no ha cambiado», asegura el economista independiente Néstor Avendaño, director ejecutivo de la firma Consultores para el Desarrollo Empresarial en Nicaragua (Copades)3. Sin embargo, cuenta con una variante: la inclusión de las políticas sociales en los acuerdos suscritos entre el gobierno y el fmi. Mientras que en los gobiernos anteriores de Violeta Barrios (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007) el fmi mantuvo un seguimiento estricto y determinante de las políticas monetaria, fiscal y comercial, que incluyó reformas estructurales a la economía, con la administración de Ortega este control se ha mantenido, pero a su vez ambas partes han logrado un consenso sobre políticas sociales. «Nunca antes el Fondo había hecho eso», sostiene el economista, para quien existen motivaciones políticas detrás de esto: por un lado, Ortega puede afirmar que la misión de su gobierno es el combate contra la pobreza, especialmente la extrema; y por otro lado, el fmi puede asegurar que en Nicaragua, aún considerado el segundo país más pobre de América Latina, su programa ha sido un éxito.

Cabe señalar que la relación entre el organismo internacional y el gobierno no obedece a ningún programa de financiamiento. En septiembre de 2013, Alberto Guevara, entonces presidente del Banco Central de Nicaragua (bcn), anunció que el fmi asumiría un «nuevo rol» de acompañamiento como «asesor de confianza» del país, y a partir de ese momento cumpliría tareas de «revisión de la situación macroeconómica mediante visitas periódicas, asistencia técnica y otros mecanismos de apoyo», pero nada más. El fmi aseguró, por su parte, que Nicaragua se había «graduado» en desempeño económico y estabilidad financiera y aceptó asumir ese rol. Pese a esto, el país centroamericano está muy lejos de superar la pobreza. «Y esa es una realidad incuestionable, porque Nicaragua aun así no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. Solamente podemos visitar ventanillas muy concesionales de préstamos como el Banco Mundial, el bid [Banco Interamericano de Desarrollo], para que esta economía siga funcionando», afirma Avendaño, quien trabajó como asesor en cinco gobiernos diferentes durante 26 años.4

Empero, en julio de 2015, la agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service subió la categoría crediticia a Nicaragua de b3 a b2, argumentando, entre otros aspectos, «un crecimiento económico fuerte, una estrecha relación con el fmi, bajos déficits fiscales y razones de deuda estables, así como una menor, pero todavía presente, susceptibilidad a eventos de riesgos externos derivada del fuerte vínculo con Venezuela». La noticia, que naturalmente fue acogida con beneplácito por el gobierno, no deja de ser cuestionada por algunos sectores que resienten los altos índices de pobreza. «Moody’s nos elevó en la calificación de la deuda, de b3 a b2, pero no nos sacó del piso de bonos basura que tiene esa clasificación. Nicaragua sigue siendo un país con una deuda muy especulativa y un país pobre muy endeudado en términos de producción», critica Avendaño.

En buena medida, la estabilidad económica que experimenta Nicaragua no es producto de decisiones acertadas del gobierno de Ortega, sino de condiciones heredadas y del camino recorrido por la gestión del ex-presidente Bolaños, así como del comportamiento de los precios internacionales de los rubros que exporta el país. Con Bolaños al frente, una de las prioridades fue el comercio exterior, y quizá su logro más significativo haya sido llegar a un acuerdo para la firma del tratado de libre comercio (tlc) con Estados Unidos (el principal mercado para Nicaragua), acuerdo que ya cumplió nueve años de vigencia. Los registros de crecimiento económico de aquel momento no se diferenciaban en gran medida de lo que ocurre ahora, pero el gobierno emite una poderosa propaganda para su gestión. Según el bcn, en 2000 el crecimiento fue de 4,1%; en 2005, 4,3% y en 2006, 3,7%. Y, como se ha dicho, el gobierno proyecta para 2015 un crecimiento de entre 4,3% y 4,8%, una cifra que varios analistas bajan a menos de 4%.

Para Gisella Canales, editora de la sección económica del diario La Prensa, el fsln se ha aprovechado muy bien de la memoria cortoplacista de los nicaragüenses. Para argumentar este punto, la periodista se remonta a 2008, cuando se desató la crisis económica internacional, que a escala local tuvo su mayor impacto en 2010. Explica Canales: Nicaragua gozó de precios internacionales muy buenos en sus principales rubros: café, oro, azúcar, carne vacuna, maní… El oro, que por esos días estaba a 1.100 dólares la onza, llegó a estar en 1.800, entonces eso te dispara sustancialmente las exportaciones. Igualmente, el quintal de café, que está a 120 dólares, llegó a estar a 300 dólares. Quizá no exportábamos más en volumen, pero el precio hizo que el valor de las exportaciones se disparara y eso se utilizó en el discurso político.5

Manipulación del Estado

Las ambición de los gobernantes y sus pretensiones de perpetuarse en la silla presidencial han sido una condición con la que ha tenido que lidiar la sociedad nicaragüense durante por lo menos los últimos 160 años. De manera que para nadie es extraño que se disparen las alarmas cuando se ve a un presidente que reforma la Constitución para mantenerse en su puesto de manera indefinida, que altera el orden establecido en el Ejército y en la Policía para que al frente de ambas instituciones se mantengan jefes que ya debieron pasar a retiro pero que lo obedecen incondicionalmente, que prohíbe el libre desplazamiento y las manifestaciones de opositores, que utiliza los recursos del Estado con fines político-partidarios, o bien que permite que sus hijos asuman funciones de asesores o ministros de Estado.

La primera señal categórica y contundente de que Ortega no parará hasta garantizarse la reelección surgió el 30 de septiembre de 2010, cuando cinco magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (entre ellos, dos ex-magistrados), en compañía de conjueces del mismo partido, convocaron a una Corte Plena sin la participación de los magistrados liberales –lo que en sí mismo implicaba una anomalía– y decretaron que el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, que permitía una única reelección de manera no inmediata, era inaplicable. La sentencia tomó por sorpresa al país, porque allanaba el camino para que el ex-comandante guerrillero se postulara nuevamente en 2011. El procedimiento, calificado por Montealegre como la «decisión de un grupo de abogados», «ilegal» e «inmoral», confirmaba que en la Nicaragua de Ortega la independencia entre los poderes era únicamente un espejismo; pero además, la institucionalidad establecida en la organización del Estado, que costó años de debate y discusión consolidar, contravenía las nuevas reglas del juego impuestas por el mandatario. Cuatro años después, en 2014, ya con mayoría en la Asamblea Nacional y tras la reelección de Ortega, el fsln aprobó la reforma a la Constitución que habilita la reelección indefinida.

En este marco, una de las acusaciones más fuertes planteadas por la oposición es que el gobierno de Ortega es una dictadura, y con frecuencia lo comparan con el régimen somocista, que gobernó el país con mano de hierro, represión, asesinatos, tortura y fraudes electorales desde 1937 hasta 1979. Las comparaciones proliferan con cada decisión del mandatario en el plano político, y es que, ciertamente, su influencia en el quehacer diario de la nación es casi absoluta. Por ejemplo, los nicaragüenses que buscan empleo en alguna institución pública saben que no tendrán oportunidad de conseguirlo si no cuentan con un carné de militancia, un documento personal otorgado por los operadores políticos del fsln a escala local. De ese modo, los sandinistas se consolidan como una organización en el ámbito de las entidades estatales, pero a la vez envían un mensaje bien claro: para obtener algún beneficio, sea laboral o académico –como una beca para estudiar en el extranjero o para recibir capacitación técnica–, el aval político es determinante. Quien no lo posee simplemente está excluido. Así lo confirma un funcionario público que prefirió ocultar su identidad para poder brindar información para este artículo:

Aquí a todos nos tienen controlados. Yo tengo 15 años trabajando en este mismo departamento y he visto cómo han cambiado las cosas, porque no solamente tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día, sino que también tenemos que realizar trabajo político para el partido. Aquí siempre se maneja una lista de las personas que van a las rotondas cada vez que el partido pide que vayamos a agitar banderas sandinistas para cualquier ocasión.6

En 2007, durante los primeros meses de gobierno de Ortega, la ciudadanía no sabía cómo asimilar el hecho de que en los cientos de autobuses destinados al transporte urbano de Managua o en los vehículos para uso oficial de los ministerios y la alcaldía, decenas de simpatizantes sandinistas fueran trasladados a los puntos neurálgicos como rotondas y avenidas principales con un propósito desconcertante: agitar banderas rojinegras, hacer el signo de «victoria» y demostrar su afecto y simpatía hacia Ortega y su esposa, la influyente Rosario Murillo, considerada por la oposición como una usurpadora de las funciones propias de un ministro de gobierno. El problema de estas movilizaciones masivas con carácter propagandístico no era únicamente que se abusaba de los bienes del Estado para realizarlas, sino que con frecuencia se efectuaban en mitad de la jornada laboral durante cualquier día de la semana, de manera que las funciones públicas se paralizaban. Con el transcurso de los años, quedó demostrado también que dichas movilizaciones tenían otro fin: adueñarse de los espacios públicos, de modo que ningún movimiento de oposición tuviera oportunidad de manifestarse. Estos espacios están controlados por los «misioneros» del orteguismo, quienes gritan consignas en favor del presidente o en defensa de la soberanía y la libertad para el pueblo, al son de canciones testimoniales de Silvio Rodríguez o de Víctor Jara. «Es que lo tenemos que hacer. Es verdad que algunos van porque tienen verdadera simpatía hacia el sandinismo, pero hay quienes nos hemos tenido que involucrar hasta en peleas que han terminado con gente ensangrentada, y eso no nos gusta, pero es la orientación que recibimos del partido», lamenta el citado funcionario público, de 53 años.

Quienes observan el desarrollo del fsln desde la distancia habrán notado cómo, poco a poco, la misión y la visión de este han pasado a convertirse en una férrea doctrina, y en algunos casos, en dogma incuestionable. Un sector muy vulnerable de la población son los estudiantes de primaria y secundaria. Es verdad que una de las primeras medidas de peso tomadas por Ortega apenas asumió, en enero de 2007, fue decretar la gratuidad de la educación pública. Pero lo cierto es que la enseñanza sufre dos graves problemas: la baja calidad, así como la fuerte carga político-partidaria. Nuevamente, la propaganda oficial señala que si pueden ocupar un pupitre en el salón de clases, ello es gracias al presidente Ortega y su esposa.

Justicia parcializada

La influencia política del fsln se extiende a los tribunales de justicia y es previa a la llegada a la Presidencia de Ortega. Un caso emblemático fue lo acontecido con Juana Méndez. En 2001, cuando fungía como jueza primera de Distrito del Crimen en Managua, Méndez sobreseyó al líder sandinista de la acusación que había levantado en su contra Zoilamérica Narváez, su hijastra, por los delitos de violación y acoso sexual. El argumento de la entonces jueza fue que los supuestos delitos ya habían prescrito, en vista de que habían transcurrido 20 años. Según Narváez, sufrió los abusos cuando tenía 11 años de edad. Para el momento en que se sobreseyó a Ortega de la acusación, tenía 32. El caso podría no haber levantado suspicacia, si no fuera porque dos años después Méndez fue la magistrada que declaró culpable al ex-presidente liberal Arnoldo Alemán en el caso del Canal 6, que provocó un perjuicio al Estado por 1,3 millones de dólares. Esa sentencia le sirvió a Ortega como un instrumento de presión contra el ex-gobernante, quien eventualmente tuvo que negociar desde prisión una redistribución del número de cargos entre partidos en varias instituciones del Estado en beneficio del fsln, en ese momento fuera del gobierno. Con los años, la jueza fue nombrada magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua y terminó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Su obediencia al partido, hasta ahora, ha sido total, y las retribuciones no fueron escasas.

Otro caso, más reciente, fue el que involucró a un hermano del boxeador tres veces campeón del mundo Román «El Chocolatito» González, quien desde el ring, al inicio y al final de cada combate, dedica sus peleas «al compañero Daniel y a la compañera Rosario». «Chocolatito», quien ostenta un récord de 44 victorias, 38 nocauts y cero derrotas, está considerado actualmente como el mejor boxeador libra por libra del mundo. El 23 de febrero de 2014 fue detenido cuando viajaba en su motocicleta y los agentes policiales le incautaron un paquete rectangular de 1,5 kilogramos, sellado con masking tape. Las pericias confirmaron que el polvo blanco que contenía el paquete era cocaína, por lo que González fue llevado a juicio. Sin embargo, tras un tercer peritaje –el segundo había confirmado la existencia del estupefaciente–, esta vez efectuado por el Laboratorio Central de Criminalística, se determinó que la sustancia era talco y no cocaína. De ese modo, el juez Julio César Arias, reconocido públicamente como un funcionario sandinista clave en los casos penales, ordenó archivar el expediente.

Policía cómplice de la represión

Pero si estos dos ejemplos apenas provocaron indignación en la ciudadanía, uno que sí generó rechazo masivo pese a todos los intentos mediáticos del oficialismo para tergiversar los hechos fue el llamado #OcupaInss. Desde el 17 de junio de 2013, decenas de estudiantes universitarios se habían movilizado hasta las instalaciones centrales del Instituto de Seguridad Social (inss), a pocas cuadras de la Asamblea Nacional. Llegaron al lugar para apoyar a ancianos que exigían con pancartas y gritos el reconocimiento de una pensión. Con el transcurso de los días, el apoyo de los estudiantes fue aumentando: llevaron alimentos, ropa y organizaron un concierto la noche del 21 de junio. Horas después, durante la madrugada del día 22, grupos violentos organizados por el fsln tomaron por asalto el campamento que los universitarios habían montado en compañía de los ancianos. Los que no pudieron huir fueron apaleados, otros fueron arrestados y a varios de ellos les robaron sus pertenencias. La Policía Nacional tuvo pleno conocimiento de lo ocurrido, pero no realizó ningún tipo de investigación sobre el caso. Según los testimonios de vecinos del lugar y de los estudiantes que denunciaron el caso en los medios de comunicación, la turba llegó con palos y piedras a bordo de camiones de la alcaldía de Managua. Los principales señalados como responsables fueron Fidel Moreno, secretario político del fsln en el departamento de Managua y una suerte de alcalde de facto, y Pedro Orozco, coordinador de la Juventud Sandinista y reconocido como un veterano en operativos violentos contra las manifestaciones de oposición. Además de las lesiones y las amenazas que sufrieron los estudiantes y los ancianos, los grupos de choque se llevaron con grúas siete vehículos propiedad de los jóvenes –que jamás fueron devueltos–, a la vista y paciencia de los efectivos policiales. Más de un año después, el caso sigue generando malestar entre la ciudadanía, que confirmó el abuso de poder y la violación a los derechos humanos a los que están sometidos los opositores al sandinismo.

Los nicaragüenses rehúyen el debate político

Sin embargo, en el país persiste un contraste curioso: mientras por un lado diversos sectores se oponen a la manera autoritaria en que Ortega toma las decisiones sobre problemáticas claves y sensibles para la sociedad –como por ejemplo el abierto apoyo que dio su partido a la penalización del aborto en cualquiera de sus formas y situaciones, o la adjudicación a la firma extranjera hknd del proyecto para la posible construcción de un canal interoceánico, cuyo enorme impacto ambiental ha sido ampliamente advertido por especialistas de todo el mundo– existe otro segmento de la población que prefiere no intervenir para no involucrarse en problemas. Así lo confirmó una encuesta realizada por la firma independiente m&r Consultores a 1.698 personas entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre de 2015: mientras 5,1% de los encuestados reconoció que prefiere callarse o retirarse por temor, 88,6% admitió que se retira porque considera que las discusiones políticas pueden provocar enemistades. En ese mismo sentido, 97,1% de los encuestados afirmó que el diálogo es la mejor manera para resolver diferencias o problemas con el gobierno.7

Pero además la encuesta, que abarcó 50 municipios de los 17 departamentos del país, evidenció los altos niveles de simpatía hacia el fsln: 56,1% tiene una opinión favorable, en comparación con los partidos de oposición que apenas alcanzan 8,1%. Cabe destacar que quienes no se inclinan por ninguno de los dos bandos se ubicaron en 35,9%. En septiembre pasado, el nivel de aprobación a la gestión de Ortega se ubicaba en 71,8%, en contraste con apenas 15,9% de desaprobación. El rol que ha jugado la oposición recibió altos niveles de rechazo, ya que 67,7% consideró que este era malo o pésimo. 59,5% consideró necesario un nuevo gobierno de Ortega para darle continuidad al desarrollo del país.

La crispación política y social, sin embargo, sigue generando incertidumbre. El martes 27 de octubre de 2015, dos marchas multitudinarias tensionaron los ánimos en todo el país. Por un lado, decenas de miles de campesinos organizados por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía decidieron dejar sus pueblos y comarcas, ubicadas justamente por donde se traza la ruta del proyecto del Canal de Nicaragua, para concentrarse en Managua y exigir al gobierno, machete en mano, la derogación de la ley 840 que otorga la concesión para su construcción a la firma china hknd Group. Pero por otro lado, el gobierno sandinista convocó a una contramarcha denominada «Caminata Trabajo y Paz... Unida, Nicaragua Triunfa!», con el objetivo de proyectar la «estabilidad» que vive el país. Se trató de una tercia de fuerzas masivas que no dejó muertos, pero sí confirmó el papel parcializado de la Policía Nacional en favor de la movilización sandinista, los recursos económicos que ostenta el partido y el grado de obediencia de sus militantes.

En la encuesta de m&r, 84,2% de los entrevistados afirmó que los principales problemas que enfrenta el país son de carácter económico: el desempleo ocupa el primer lugar con 32,6%, luego figuran la pobreza con 24,6%, el alza en los precios y en los servicios públicos con 25,6% y la falta de inversión en cuarta posición con apenas 1,4%. En cambio, problemáticas como la delincuencia, la infraestructura o la corrupción alcanzaban solo el 13%, mientras que los conflictos de orden político quedan rezagados a 1,9%.

«Ayúdame a resolver y vamos para adelante»

Raúl Obregón, gerente general de la firma encuestadora, tiene una explicación para estos resultados.

Yo estoy convencido de que aquí y donde sea, los pueblos han superado los temas ideológicos y políticos y han pasado al pragmatismo: «Ayúdame a resolver y vamos para adelante». Si un candidato, si un gobierno la está ayudando a resolver a la población o al menos le da esperanzas con señales pequeñas, esta apoya al partido. La gente le da su aprobación. Lo ve como un gobierno que no es confrontativo con la población. Los fantasmas se desactivaron. La gente no anda pensando en guerras ni en división de familias ni nada. Se sienten tranquilos, a pesar de que la situación económica nos está apretando. A Ortega no le otorgan esos niveles de aprobación porque crean que están en un lecho de rosas, sino porque creen que vamos por buen camino, aunque no estamos completamente bien, estamos «menos peor» que antes.

¿Pero dónde quedaron el daño a la institucionalidad, la represión a los opositores y la actuación parcializada de la Policía Nacional? En opinión de Obregón,

para la mayoría de la población, los problemas políticos no existen aquí. La gente no les está prestando atención. Si revisamos la calificación que otorgan a las personalidades políticas de oposición, es la peor, y particularmente hacia los más emblemáticos: Arnoldo Alemán, Fabio Gadea, Eduardo Montealegre (...). Entonces, en el fondo se interpreta esta lógica: si están así es porque no sirven, se están matando entre ellos mismos y cada día se dividen más.8

Pero además el presidente Ortega parece haber encontrado la clave para garantizarse el beneplácito de dos sectores sociales históricamente adversos y sin los cuales podría fracasar en su proyecto político. El primer grupo es la cúpula empresarial privada del país, que finalmente logró un acercamiento directo con el mandatario –o, mejor dicho, Ortega logró aumentar los niveles de confianza de estos grupos–, de manera que los sectores económicos más influyentes no se oponen a sus decisiones, siempre y cuando no perjudiquen sus intereses.

Gisella Canales llama la atención sobre el comportamiento empresarial que ha manifestado el fsln:

Ahora vemos la presencia de un grupo económico ligado al partido y es que ahora los sandinistas son empresarios y por lo tanto no les conviene un descalabro económico. La empresa de publicidad Difuso (propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial) es un ejemplo: le hace los spots al gobierno, los autobuses que vinieron donados pero que terminaron vendiendo también los usa para publicidad y extiende su telaraña al Estado para beneficiarse. Hay licitaciones a dedo: la instalación de semáforos inteligentes o de escáneres en la frontera fue realizada por empresas que no se sabe de dónde salieron pero que generalmente están relacionadas con ellos.9

Según la periodista, si hasta ahora este nuevo grupo de empresarios sandinistas no ha entrado en conflicto con las tradicionales cámaras empresariales es «porque no están compitiendo en los mismos sectores».

El otro grupo que el orteguismo ha logrado seducir es el que percibe menores ingresos. El gobierno ha impulsado programas asistenciales que tienen un impacto directo sobre esta población: el Plan Techo (que consiste en la distribución de láminas de zinc a miles de familias), el programa Hambre Cero (que distribuye ganado de corral en las zonas rurales), o el Bono Solidario (consistente en un pago mensual complementario para los trabajadores del sector público con salarios más bajos). Dicho complemento, que originalmente provenía de los recursos frescos de la cooperación venezolana, en los últimos años salió del Presupuesto General de la República.

Según el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en 2014 el Bono Solidario representó un gasto de 1.215 millones de córdobas (unos 43 millones de dólares), que benefició a más de 131.000 trabajadores públicos. En un país como Nicaragua, donde el empleo informal alcanza hasta a 70% de la población económicamente activa, una ayuda material marca la diferencia. Y Ortega lo sabe muy bien.

  • 1.

    Octavio Enríquez: «El ‘botín’ de los petrodólares» en Confidencial, 8/6/2015.


  • 2.

    Entrevista de los autores, 17/10/2015.

  • 3.

    Entrevista de los autores, 14/10/2015.

  • 4.

    Entrevista de los autores, 14/10/2015.

  • 5.

    Entrevista de los autores, 25/9/2015.

  • 6.

    Entrevista de los autores, 9/10/2015.

  • 7.

    Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, m&r Consultores, 9/2015.

  • 8.

    Entrevista de los autores, 10/9/2015.

  • 9.

    Entrevista de los autores, 25/9/2015.