Apuntes de integración en América Latina 4/2016
A mediados de noviembre la XXIV se reunió en Lima la Cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el foro regional creado en 1989 del que forman parte veintiún países ubicados a ambos lados de ese océano. Entre ellos se encuentran Chile, México y Perú, miembros de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de libre comercio más reciente que los reúne con Colombia. En parte debido a esa coincidencia, la cumbre de APEC fue ocasión para que representantes de ambos bloques iniciaran un diálogo informal acerca de la posibilidad de que la Alianza del Pacífico se transformase en grupo observador de APEC. Por el momento, se dio a conocer el inicio de un acercamiento informal, sin documentos ni compromisos asumidos, pero con la intención de avanzar en la integración de los dos bloques, que están ligados no solo por los países que tienen en común como miembros plenos, sino también por varios miembros de APEC que son, a su vez, observadores de la Alianza, como Australia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea y Tailandia.
De acuerdo con la segunda vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, en APEC «están viendo nuestros avances [de la Alianza del Pacífico], hay un compromiso con la integración, con acercarnos y hacer más comercio con los países del otro lado» del océano. En ese marco, la cumbre de APEC dio lugar, asimismo, a una serie de encuentros bilaterales como el del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, con el primer ministro de Japón Shinzo Abe, y el presidente de China Xi Jinping. Días antes, los líderes de APEC concluían la cumbre ministerial, que se desarrolló en un contexto internacional complejo, donde el libre comercio por el que aboga el foro se enfrenta a la reivindicación del proteccionismo, cuya máxima expresión se presentó de la mano del reciente ganador de las elecciones estadounidenses, Donald Trump. Con todo, bajo el lema “crecimiento de calidad y desarrollo humano”, la cumbre emitió una declaración conjunta en la que sus miembros asentaron sus compromisos con el establecimiento de políticas cooperativas para fortalecer la integración regional, mejorar la creación de empleos y las condiciones de vida, fortalecer el mercado de alimentos, modernizar las pequeñas empresas y desarrollar el capital humano de sus economías.
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
A fines de octubre se realizó por primera vez una reunión oficial entre los cancilleres de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el proceso de integración que integran todos los Estados de la región. El encuentro fue ocasión para la evaluación de los programas y las acciones que se están realizando con el fin de impulsar la implementación del Plan de Acción UE-Celac, aprobado por los jefes de Estado y de gobierno de ambas regiones en junio de 2015. En la declaración final del encuentro, los cancilleres insistieron en “la necesidad de intensificar la cooperación birregional” y resaltaron que “en la concepción y la aplicación” de dicho Plan “deben tenerse en cuenta los nuevos retos vinculados a la aplicación de la Agenda 2030”, agenda que aprobó la ONU en septiembre de aquel año para orientar los programas de desarrollo sostenible. Por este motivo, la declaración encomienda “a los altos funcionarios de la Celac y la UE que lleven a cabo un proceso de reflexión y consulta sobre este asunto con todos los socios pertinentes y presenten los resultados iniciales antes de que termine 2016, con vistas a presentar sus resultados en la cumbre de 2017” que sostendrán los líderes de ambas regiones.
Asimismo, el encuentro reunió a la alta representante de la UE, Federica Mogherini, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas y el presidente de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC), Leonel Fernández, para la firma del acta por el que se establece dicha Fundación como organización internacional. Esta institución, cuya creación fue acordada en mayo de 2010 en la VI Cumbre UE-ALC, comenzó sus actividades en noviembre de 2011, pero lo hizo como una institución de derecho alemán de manera transitoria, hasta que se pudiera avanzar con el tratado internacional que le permitiese la transformación a una organización internacional. Con sede en Hamburgo (Alemania), la fundación reúne a la UE, sus 28 Estados miembros y a los 33 países de la Celac, con el objetivo de fomentar el conocimiento, el entendimiento y la visibilidad mutua, así como reforzar el proceso de asociación birregional con mayor participación de la sociedad civil. Para ello, promueve actividades como seminarios, conferencias y publicaciones, además de eventos relacionados con los asuntos que se tratan en las cumbres birregionales. Las negociaciones requeridas para que la entidad se transformara en una organización internacional finalizaron en 2015, y ahora pudo realizarse la ceremonia de la firma, ocasión en la que Fernández solicitó a los cancilleres el aporte económico de sus respectivos países para poder “echar a andar” con buen pie el nuevo organismo.
Comunidad del Caribe (Caricom)
El paso del huracán Matthew en octubre por varios países del Caricom –Bahamas, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas- dejó un cúmulo consecuencias sociales, económicas y políticas. En particular, en el estado más pobre de todo el continente americano, Haití, el fenómeno meteorológico causó más de quinientas muertes en cuanto vientos de 230 kilómetros por hora arrasaron las costas de Haití, además de poner a casi un millón y medio de personas en situación de emergencia y echar a perder cosechas y animales. En un país que sigue luchando por recuperarse del catastrófico terremoto que sufrió en 2010, el impacto del huracán empeoró los niveles de hambruna y salud en la población, con el cólera amenazando en las zonas más afectadas. Por eso, los países del Caricom movilizaron su ayuda monetaria a través de la cobertura para riesgos de catástrofe (CCRIF-SPC, por sus siglas en inglés), una herramienta regional creada en 2007 para asegurar una rápida asistencia a los países que enfrentan este tipo de problemas. El aporte sumó un total de casi 30 millones de dólares para los estados afectados dentro de las dos semanas de ocurrido el huracán, de los cuales 23.4 millones fueron destinados solamente a Haití. La cifra representa alrededor del 46% del total que la CCRIF ha otorgado desde su creación y permitió al gobierno brindar comida y refugio a las personas afectadas, comprar medicamentos para niños, desbloquear las principales rutas y techar escuelas, entre otras cosas.
El difícil contexto del país hizo que las elecciones presidenciales se suspendieran una vez más. Ya en octubre de 2015 los comicios habían generaron una crisis política a raíz de las denuncias de fraude, que llevaron a la anulación de los resultados. Desde entonces, los disturbios rodean cada intento de elección, generando un vacío de poder luego de que el último líder político, Michel Martelly, dejara su cargo el pasado febrero sin ningún reemplazo. El parlamento nacional eligió por entonces un presidente interino, Jocelerme Privert, pero su mandato de tres meses expiró en junio. Por eso se había fijado como fecha para nuevas elecciones partidarias el 9 de octubre, aunque el paso del huracán volvió a impedirlas. Finalmente, con incontables inconvenientes en la organización (como la dificultad de ubicar centros de votación en la zona sur del país o de garantizar que todos los ciudadanos renovaran sus documentos de identidad perdidos en la catástrofe), los comicios se llevaron a cabo el 20 de noviembre sin mayores contratiempos, aunque trascendió que las condiciones de conteo de los sufragios (en varios centros de votación realizado bajo iluminación de linternas, velas y lámparas de mano) los resultados podrán demorar más de una semana en conocerse.
Mercado Común del Sur (Mercosur)
Los días 28 y 29 de octubre tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia), la XXV Cumbre Iberoamericana, bajo el emblema “Juventud, Emprendimiento y Educación”. Del encuentro surgieron declaraciones de los jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal y los países latinoamericanos acerca de compromisos para incrementar la inclusión de la juventud; aumentar la inversión y la cooperación en ciencia, tecnología e innovación; mejorar la movilidad académica; y eliminar barreras de acceso al mercado laboral, entre otros.
Pero fue la tensión política en Venezuela, donde se mantiene un frágil diálogo entre oficialismo y oposición auspiciado por el Vaticano y la Unasur, el tema que concentró la preocupación de los representantes reunidos, en especial, la de los países del Mercosur. Entre las distintas reuniones que se realizaron a puertas cerradas en torno a la cumbre, los cancilleres de los cuatro países originales del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), mantuvieron un encuentro para debatir la situación política venezolana y la posible aplicación de la cláusula democrática, la herramienta con la que el Mercosur cuenta para suspender a un país que no cumpla con los estándares democráticos requeridos. El encuentro se produjo en el peculiar marco en el que se encuentra el bloque desde el pasado julio. Con un trasfondo de disputa política, los cuatro países consideran que, formalmente, hasta no cumplir con la actualización del Tratado de Adhesión con el que se comprometió en 2012, Venezuela no puede ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur. Por eso, acordaron el pasado septiembre ejercerla los cuatro países de manera colegiada. Sin embargo, Venezuela ha asumido esta función rotativa y ha emitido declaraciones bajo la misma, aun sin ser reconocida por parte de los demás países. Por ejemplo, emitió una declaración en la que felicita al pueblo nicaragüense por las elecciones presidenciales de noviembre que dieron como vencedor a Daniel Ortega, considerando que son «una muestra tangible de la prevalencia de las voces de reivindicación popular de América Latina y el Caribe, frente a aquellos actores que reagrupados en un nuevo Plan Cóndor desean regresar hacia la ignominia y las nefastas secuelas sociales del consenso de Washington». El gobierno venezolano ya ha acusado en otros momentos a los actuales mandatarios de Argentina, Brasil y Paraguay de pertenecer a dicho grupo de actores.
En este contexto, Venezuela declaró ilegal la reunión de cancilleres, dado que cualquier reunión del bloque debería ser convocada por la presidencia pro témpore, que estaría ahora en sus manos. Aun así, los funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mantuvieron el encuentro y debatieron sobre la situación. Con los tres primeros países más cercanos a la idea de suspender al caribeño, Uruguay mantiene su posición de quitarle el voto pero no la voz en las decisiones regionales (La Nación 19/11/2016). Por el momento, acordaron mantenerse pendientes del desarrollo del difícil proceso de diálogo en Venezuela, para luego tomar “la decisión que fuere conveniente”, según el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
El país que ostenta la presidencia pro tempore del SICA, el proceso de integración que reúne a los países centroamericanos desde 1991, se encuentra en un difícil momento político. Se trata de Nicaragua, que asumió la presidencia regional rotativa el pasado junio y que celebró sus elecciones presidenciales el pasado 6 de noviembre. En dichos comicios resultó reelecto por tercera vez consecutiva el presidente Daniel Ortega, que está en el poder desde 2007 y que ejerció el cargo también entre 1985 y 1990. Las condiciones de la contienda electoral generaron una serie de controversias de repercusión tanto local como internacional. Y es que pocos meses antes de los comicios, la Corte Suprema quitó al líder de la principal fuerza de oposición (el Partido Liberal Independiente, PLI) la representación legal de su fuerza y, luego, el Consejo Supremo Electoral (CSE) despojó de sus escaños a los parlamentarios del PLI y de su socio, el Movimiento Renovador Sandinista. Con la principal oposición desarticulada, la competencia que debió enfrentar el presidente Ortega fue limitada.
Las reacciones al triunfo de Ortega no tardaron en llegar. A nivel internacional. Estados Unidos calificó a la contienda electoral de «proceso viciado», señalando como principales problemas aquella neutralización de la oposición, el limitado acceso a documentos de identidad para votar, el control partidario del CSE por parte del oficialismo y la prohibición de la observación electoral nacional e internacional. En rigor, el gobierno invitó a «acompañantes» internacionales a que participaran del proceso electoral, pero no a misiones de observación que pudieran pronunciarse sobre el mismo. En comicios anteriores habían estado presentes el Centro Carter, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que habían emitido informes recomendando reformas al sistema para garantizar elecciones transparentes. La UE, por ejemplo, ya había criticado lo que llamó la "opacidad" del sistema electoral en las elecciones generales de 2011, en las que Ortega fue reelecto. Inclusive, ya antes de las elecciones del pasado noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado la legislación Nicaraguan Investment Conditionality, cuyo objetivo es que ese país vote en contra de préstamos al gobierno nicaragüense de Ortega. Para ser efectiva, sin embargo, esta ley aún debe ser aprobada por el Senado norteamericano. A nivel local, los partidos de la oposición denunciaron un alto índice de abstención, superior al 70 por ciento, en lo que fue su apuesta para unas elecciones que no podían ganar. Además, anunciaron una marcha para el próximo 1º de diciembre en la que los distintos grupos opositores, como Ciudadanos por la Libertad, la Coalición Nacional por la Democracia y Movimiento por Nicaragua, protestarán contra las condiciones del pasado proceso electoral, en coincidencia con la fecha en la que arribará al país el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Del otro lado, desde el oficialismo se insiste en que la amplia victoria de Ortega es resultado de sus políticas sociales, como la gratuidad de la educación y la salud, y sus programas económicos, como el bono productivo, además de la rapidez con la que crece el país en la región centroamericana, sólo superado por Panamá. Con todo, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente americano, después de Haití.
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
Cuando en abril de 2010 Unasur creó el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) como organismo intergubernamental de carácter público, lo enmarcó en el reconocimiento de que el cuidado de la salud era un camino hacia la paz y el desarrollo de los pueblos de la región. Ubicado en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), las funciones de este instituto incluyen, entre otras, apoyar la capacitación de recursos humanos vinculados a la salud, realizar investigaciones sobre políticas del área, asesorar técnicamente a las instituciones nacionales de salud y a los países del bloque, en especial, en relación a sus posiciones en temas vinculados a la salud en las agendas internacionales globales y regionales.
El pasado noviembre se dio un paso importante en relación a estas funciones con la presentación oficial del primer listado de medicamentos que formarán parte del Banco de Precios de Medicamentos. La idea rectora de este banco es que tanto gobiernos como ciudadanos puedan consultar los precios a los cuales se venden las medicinas, definidas por sus principios activos y expresados en unidades monetarias homogéneas. Si bien el primer listado sólo incluye treinta y cuatro medicamentos, se espera que a fin de año casi se duplique tal cantidad. Además, esta información se plantea como útil insumo para futuras negociaciones. Si en el futuro los países de Unasur acordaran comprarlos conjuntamente, se estima que podrían economizar hasta seiscientos millones de dólares.
Durante noviembre, tres acontecimientos valen una mención especial. Entre el 17 y el 18 de noviembre se celebró el II Foro de Participación Ciudadana en la Unasur. Este esfuerzo es el resultado de varias instancias de coordinación entre los países miembros y diversas organizaciones de la sociedad civil de aquellos países. El evento culminó con una Declaratoria y la expectativa de generar mayores espacios de interlocución entre los Estados y las organizaciones de la sociedad civil.
Posteriormente, el día miércoles 23 de noviembre se realizó el foro regional «Hacia dónde va la convergencia» en Quito, en la Sede de la Secretaría General de la Unasur. Este evento se produce como resultado de las mesas convocadas por la Unasur, para discutir sobre potenciales áreas de convergencia con el resto de estamentos regionales dirigidos a la gobernanza e integración regional. En el evento participaron los máximos representantes de MERCOSUR, Alianza del Pacífico, Alba-TCP, CAN, OTCA, CARICOM, SICA y CELAC. La FES fue invitada a participar del evento, aportando con un documento de trabajo sobre los desafíos que la integración latinoamericana tendrá que enfrentar en el corto y mediano plazo. El documento se puede consultar aquí: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/12946.pdf
Finalmente, durante el 28 de noviembre se dio la inauguración para la conformación de la Escuela de Mediadores de Paz que se había mencionado en ocasiones anteriores a través de este medio.
El próximo 30 de noviembre se realizará en Quito la presentación del libro De la guerra al cuidado de las personas. Políticas de drogas en Suramérica después de UNGASS, escrito por Julio Calzada, Asesor de la FES para la Unasur en política de drogas. El libro recoge los avances y desafíos en la región para la reforma de la política de drogas, repasa los resultados obtenidos en la UNGASS en abril en Naciones Unidas y traza potenciales rutas para continuar en la labor de la reforma de la política de drogas en la región y a nivel internacional. Previamente se realizaron lanzamientos del libro en Buenos Aires y La Paz, en colaboración con las oficinas locales de la FES en el respectivo país. El libro puede ser consultado aquí: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/12808.pdf
La Secretaría General de la UNASUR también se prepara para el cambio de mando. Ernesto Samper dejará su puesto el 31 de enero de 2017. Todavía no se conoce de candidatos para sucederlo. La PPT venezolana continuará hasta abril, cuando deje la Presidencia al turno de la Argentina.