En la actual situación que vive el país, es definitivamente el proceso electoral el eje principal de la dinámica política de Honduras, habida cuenta de que el próximo 28 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, en todo el país y abarcando la totalidad de cargos de elección popular. Se trata de la quinta elección constitucional sucesiva, a partir de 1980 y de la escogencia ininterrumpida del cuarto mandatario que regirá el próximo Gobierno de la República para el período 1994-1998; sin duda esto indica una significativa consolidación del régimen democrático en Honduras y un importante grado de estabilidad institucional, que se proyecta hacia el fin de siglo.

Como en el resto de América Latina, la coyuntura que vive Honduras se encuentra marcada por los procesos de ajuste económico, democratización política e intentos de modernización del Estado. Todo ello dentro del actual contexto mundial de reestructuración y globalización de la economía, bajo la implacable hegemonía del mercado y las nuevas tendencias del comercio y las finanzas internacionales. En el caso hondureño dichos procesos se encuentran encabezados por el tercer Presidente constitucional de la República en el lapso de una década (1981-1991), después de una Asamblea Nacional Constituyente realizada en 1980 y tres elecciones sucesivas para escoger autoridades supremas.

Las recién pasadas elecciones presidenciales de Honduras, celebradas el 24 de noviembre de 1985, arrojaron un curioso resultado que muchos analistas califican de una "situación sin ganador", dado el balance de fuerzas derivado del evento y aludiendo a las expectativas frustradas de los principales contendientes que esperaban una mayoría aplastante a su favor. Contrariamente se produjeron precarias ventajas que obligan por primera vez en el país a un complicado sistema de alianzas en un régimen político hasta ahora simplemente bipartidista.

La significativa tanto como inesperada victoria popular en las recién pasadas elecciones hondureñas (20 de abril de 1980) denota una vez más las profundas demandas de cambio y las tendencias a una drástica reorganización de la sociedad que prevalecen hoy en día en Centroamérica como región y en cada uno de los países que la integran. Casi todos los pronósticos coincidían en que era virtualmente imposible superar la llamada \"barrera del fraude\", denunciada insistentemente por los principales sectores sociales del país, como un conjunto de mecanismos pre-electorales dispuestos de tal forma que anticipaban de antemano un resultado favorable a la actual coalición gobernante (Partido Nacional-alta jerarquía militar) y aseguraba su continuidad como fuerza predominante en la escena política del país desde 1963, quizás tan solo interrumpida con el breve intervalo reformista de 1972-1975.

El tema de políticas agrarias es el central en nuestra intención, en torno al cual - en esta etapa - se articulan y se organizan los otros; este privilegio proviene del hecho, tantas veces reconocido, que es el sector agrario el que básicamente establece la liga de la región con el mercado externo y, así, sustenta y condiciona la expansión de los otros sectores mediante distintos mecanismos de transferencias de valor.