En los márgenes del ruido público, ciertas palabras cambian de lugar. Algunas, como «opresión» o «explotación», que fueron vectores sustanciales en el vocabulario de las izquierdas y de los movimientos sociales durante más de un siglo, han ido perdiendo centralidad. Otras, como «seguridad», que alguna vez estuvo ligada al derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, han desplazado su sentido, asociándose ya desde hace décadas a la vigilancia, al encierro, al control.

Este viraje no responde únicamente a narrativas estatales o reaccionarias. También se cuela, de forma más ambigua, en ciertos reclamos de protección formulados desde los activismos sociales y políticos progresistas, particularmente desde aquellos que se mueven en el espectro del feminismo. No se trata de un bloque homogéneo, sino de una tensión persistente: ¿cómo responder al daño sin apelar al castigo? ¿Cómo nombrar las múltiples formas de coacción sobre los cuerpos femeninos sin delegar la solución al aparato judicial?

En El malentendido de la víctima. Una lectura feminista de la cultura punitiva (Tinta Limón, 2024), la jurista y filósofa del derecho Tamar Pitch aborda este dilema con una mirada crítica y feminista. Su hipótesis es clara: en sectores significativos del feminismo ha ganado fuerza una respuesta centrada en la penalización, que tiende a erosionar el carácter transformador de las luchas.

La crítica de Pitch, profesora de Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de Perugia, no se dirige exclusivamente al aparato institucional: señala también una operación ideológica más profunda, anclada en la figura de la «víctima». Aunque esta identificación puede brindar un lugar de enunciación a las mujeres que han vivido distintos tipos de situaciones abusivas, la autora considera que termina por alinearse con marcos que simplifican los vínculos sociales y niegan la agencia subjetiva y colectiva de las mujeres. Este encuadre, sostiene Pitch, consolida dinámicas represivas y reduce la capacidad política del feminismo para disputar el orden social. El resultado es una esfera pública empobrecida, organizada en torno de dicotomías rígidas: personas honestas contra criminales, elites corruptas contra pueblo engañado, criminales contra víctimas, «gente de bien» contra gente resentida. Una lógica que encaja perfectamente con lo que Pitch denomina la «despolitización neoliberal».

En su obra, Pitch señala la configuración de una moral binaria que escinde a víctimas y victimarios de sus contextos sociales, desplazando la comprensión de la violencia como fenómeno estructural hacia una lectura individualizante y punitiva. En ese desplazamiento, la categoría «violencia» pierde espesor analítico y se convierte en un significante totalizante que clausura la reflexión crítica: borra matices, elimina mediaciones y cancela el análisis de fondo. Lo que antes era leído como la expresión de una serie de relaciones de poder, hoy se presenta como una falta individual corregible por vía judicial.

Pitch denomina este proceso «feminismo punitivo»: una orientación que deposita en el sistema penal la misión de resolver conflictos sociales mediante la expansión de delitos y el endurecimiento de condenas. Esta perspectiva, en lugar de discutir la capacidad y, sobre todo, la función reproductora del «castigo», acaba por reforzarlo. Así, «movimientos colectivos nacidos para ampliar la dotación de derechos de todas y cada una de las personas, para luchar contra la discriminación y la desigualdad», pueden terminar «por compartir la retórica punitiva y dominante». Aunque no responde necesariamente a una voluntad deliberada ni a una agenda homogénea, este patrón –identificado también como carceral feminism en Estados Unidos y Reino Unido– cristaliza en una práctica concreta: al exigir protección a través de sistemas institucionales atravesados por profundos sesgos estructurales de género, se refuerzan los mismos dispositivos punitivos que han contribuido a la subordinación y al disciplinamiento de las mujeres. Esta paradoja es lo que Pitch denomina «paradigma victimario»: una lógica que reemplaza el abordaje estructural del daño por una respuesta centrada exclusivamente en la sanción.

En este marco se erige también la figura de la «víctima ideal»: un sujeto inocente, predecible e individualizado, que no asumió riesgos, que hizo todo lo posible por evitar ser lastimada y actuó conforme a las expectativas normativas de autoprotección. Aquellas mujeres que se desvían de ese molde –ya sea por su origen racial o de clase, por sus elecciones vitales o por su posicionamiento frente a la norma– tienden a ser deslegitimadas, invisibilizadas o incluso responsabilizadas por la violencia que padecen. Esta representación de la «víctima ideal» encuentra eco en algunas vertientes del «feminismo radical» estadounidense que postulan al varón como agresor por naturaleza, apoyándose en un esencialismo biologicista que fija identidades de género de modo rígido y obstaculiza enfoques interseccionales capaces de dar cuenta de la complejidad de las relaciones de poder.

En esa misma línea, Pitch recupera ejemplos recientes del debate italiano para ilustrar su tesis: la prohibición absoluta de la gestación subrogada y la adopción del modelo nórdico respecto a la prostitución, que penaliza a los clientes. En ambos casos, muestra cómo las respuestas punitivas se legitiman en nombre del cuidado, pero en la práctica refuerzan estigmas sociales y cierran espacios para el debate plural. «¿Son realmente necesarias las leyes penales?», se pregunta. «¿No existen formas alternativas de regulación que protejan derechos sin recurrir al castigo?».

En diálogo con Nancy Fraser, Pitch retoma la idea de una «captura neoliberal» de las luchas por la igualdad: demandas que nacen con vocación emancipadora terminan, en sus efectos, reproduciendo dinámicas que líderes de la derecha xenófoba pueden aprovechar, aun contra la intención inicial. La autora da cuenta de «cómo se subestiman las agresiones contra las mujeres», quienes «a menudo son revictimizadas en los procesos», y de cómo «muchos magistrados todavía tienen prejuicios sexistas». Por ese mismo motivo, para evitar caer en trampas que atentan contra los intereses del movimiento, subraya el «uso instrumental que se ha hecho y se hace de lo femenino y de la violencia de género para promover y legitimar políticas securitarias». Su texto funge como una alarma para identificar aquellas campañas que toman el supuesto amparo hacia las mujeres como un «pretexto para nuevas políticas represivas más amplias», que buscan la «esterilización del espacio urbano»: estas medidas –contra lo que busca el feminismo en sus variantes mayoritarias– tienen en la mira el combate contra «las figuras típicas del ‘miedo’», como «mendigos, gitanos, extranjeros, consumidores de drogas».

En definitiva, este desplazamiento hacia la mano dura desde la dirigencia puede impactar, para Pitch, en la forma en que el feminismo se piensa a sí mismo. Si previamente el feminismo privilegiaba la articulación con luchas anticapitalistas, antirracistas o anticoloniales, hoy tiende a organizarse en torno de una identidad frágil. Al estar más marcada por la vulnerabilidad que por la potencia, esa identificación puede habilitar alianzas fugaces, pero difícilmente sea capaz de sostener procesos comunitarios duraderos. «Víctima (…) evoca una condición única», señala Pitch, «sobre la cual se puede asociar con otros individuos»: ya no se trata de construir un sujeto colectivo, sino de congregarse en torno del agravio.

La jurista vincula este giro a transformaciones estructurales: precarización del trabajo, movilidad forzada, pérdida de derechos, avance del capital global. Ante esa «inseguridad holística», la criminalización aparece como una respuesta rápida pero superficial, que no repara y que reproduce la figura del «otro peligroso»: migrante, pobre, enfermo, racializado. Lo femenino se convierte en emblema de una comunidad amenazada. La «vulnerabilidad» se vuelve un recurso político, utilizado tanto por los conservadores como por los feminismos que depositan una confianza absoluta en el Estado y en las instituciones tradicionales de castigo ligadas a él.

Esta manipulación no es nueva. La historia ofrece múltiples ejemplos en que la supuesta defensa de las mujeres sirvió para justificar políticas racistas, represivas o clasistas. Desde películas como El nacimiento de una nación (D.W. Griffith, 1915), novelas como Matar un ruiseñor (Harper Lee, 1960), hasta casos judiciales como el de los Scottsboro Boys¹, las mujeres blancas vulnerables han sido utilizadas como coartada para afirmar supremacías y legalidades excluyentes.

La crítica de Pitch se inscribe en una conversación más amplia con autoras que han advertido sobre el riesgo de delegar al derecho penal la tarea de hacer justicia. En El conflicto no es abuso (Paidós, 2023), Sarah Schulman alerta sobre el traslado acrítico de reivindicaciones feministas al aparato estatal, y denuncia la confianza depositada en instituciones históricamente violentas como la policía. En su obra ¿Las prisiones son obsoletas?, enmarcada en el feminismo negro, Angela Davis expone los modos en que el sistema carcelario opera como una tecnología disciplinaria al servicio de intereses económicos y políticos. Algo similar puede decirse de Françoise Vergès, autora de Una teoría feminista de la violencia (Akal, 2022), una obra que, con un registro decolonial, exhibe las formas en que la figura de la mujer «nacional» y «blanca» ha sido utilizada para justificar políticas racistas y excluyentes.

Del mismo modo, Pitch contempla, durante las últimas décadas, una «predilección política, discursiva y simbólica por estrategias punitivas en general y, en particular, por la recurrencia al sistema penal, al aumento de penas, al endurecimiento carcelario y la creación de nuevos delitos como forma de respuesta a los más diversos problemas y conflictividades», que ha dejado su huella en el feminismo. Apela, para ejemplificar, a «las movilizaciones que, refiriéndose al feminismo y a la defensa de las mujeres, son protagonistas de pedidos de criminalización (…) y/o del aumento de las penas para los delitos existentes».

Más allá de sus diferencias, todas estas intelectuales y activistas coinciden en una advertencia clave: el derecho no es neutral. Apostar a él como garante de justicia social –así como adoptar «el lenguaje penal para reconocer la propia subjetividad política», como sugiere Pitch– no solo es insuficiente: puede volverse un arma de doble filo. Esta reflexión respecto a la incompatibilidad de las agendas feministas y estatales se vuelve aún más importante en una coyuntura donde las nuevas derechas atacan (tanto retóricamente como en los hechos) a los movimientos de mujeres y LGBTQ+, poniendo en duda derechos conquistados.

En América Latina, los debates que Pitch plantea a partir del caso italiano exigen traducciones situadas. La gestación subrogada, por ejemplo, no ha sido un eje del feminismo regional, aunque sí despierta objeciones éticas y políticas relacionadas con clase y colonialismo reproductivo. En cuanto a la prostitución, el debate ha sido más intenso y protagonizado por las propias trabajadoras sexuales. Las discusiones se han movido entre el abolicionismo, el regulacionismo y propuestas intermedias, como el «abolicionismo en última instancia», que defiende derechos sin renunciar a una crítica estructural.

Lo cierto es que, más allá de las diferencias entre el contexto europeo –que constituye la base del análisis de Pitch– y el latinoamericano, existen también preguntas comunes. Sin ir más lejos, en Los feminismos en la encrucijada del punitivismo, libro colectivo publicado por la Editorial Biblos en 2020, la jurista Marisa Tarantino ha analizado las leyes contra la trata en Argentina, advirtiendo sobre su sesgo neoabolicionista, que reproduce exclusiones. En la misma obra, la antropóloga mexicana Marta Lamas cuestiona el discurso dominante sobre el acoso sexual, influido por el feminismo radical estadounidense, y denuncia su deriva moralizante. Una línea similar sostiene Rita Segato, antropóloga argentina que ha señalado que el aumento de penas por delitos sexuales solo aborda el síntoma, sin modificar las causas. Las cárceles, dice, son «verdaderas escuelas de violación».

Estos aportes teóricos, que se suman a los de Pitch, se producen en un contexto en el que las prácticas punitivas se han instalado en algunos de los movimientos feministas. Las denuncias anónimas, los escraches y las cancelaciones visibilizan abusos, pero también pueden reproducir esquemas de sanciones sin proceso ni reparación real. La justicia, entonces, puede tornarse control.

En este punto, el libro retoma los aportes de la abogada y activista argentina Valeria Vegh Weis, quien propone una distinción fundamental: la que existe entre overcriminalization –la tendencia a criminalizar en exceso a las poblaciones más pobres, que terminan sobrerrepresentadas en las cárceles– y undercriminalization –la subcriminalización de actores poderosos, tanto públicos como privados, cuyas acciones dañan sistemáticamente el tejido social–. La paradoja es que el sistema penal se muestra severo con los débiles y tolerante con los fuertes. De este modo, leyes pensadas para perseguir delitos graves pueden acabar criminalizando actos de solidaridad, como los de quienes asisten a personas migrantes.

El panorama trazado en El malentendido de la víctima resuena con el análisis de Susana Draper en Libres y sin miedo (Tinta Limón, 2024), que examina el contexto estadounidense de la década de 1990. Draper muestra cómo la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, promulgada en 1994, se inscribió en un paquete que amplificó el encarcelamiento femenino, precarizó aún más a las mujeres pobres y racializadas, y recortó derechos sociales en nombre de su resguardo. El resultado fue una expansión del aparato penal enmascarada como un avance de derechos, que en ningún caso apuntó a resolver las raíces estructurales de la violencia.

Pitch entiende que, en las últimas tres décadas, la justicia penal se invoca como respuesta casi automática ante cualquier problema social. Esto ha generado un clima de judicialización y despolitización de los conflictos. En esta línea, deja entrever una diferencia entre el ethos feminista de los años 70 –reconocible en su lenguaje, en sus demandas y en su vínculo con el Estado– y las corrientes hegemónicas actuales. Estas, en su mayoría, habrían abandonado los grandes conceptos ordenadores del siglo XX, como «explotación» y «opresión», «en perfecta sintonía con el proceso de aplanamiento y despolitización de los conflictos inaugurados por la racionalidad neoliberal».

Si bien es evidente que no todos los feminismos del pasado fueron necesariamente anticapitalistas, antirracistas o antiimperialistas –y que muchas veces buscaron la inclusión en el sistema más que su transformación–, la autora encuentra en ciertas vertientes una voluntad más explícita de visibilizar y confrontar las estructuras patriarcales. Sin nostalgia, reniega contra toda domesticación del movimiento que vuelva al feminismo más «neutralizable» y menos disruptivo.

El malentendido de la víctima es una lectura fundamental para pensar los dilemas actuales del feminismo. No ofrece fórmulas cerradas, pero sí preguntas urgentes: ¿cómo subvertir el poder sin replicar sus herramientas coercitivas? ¿Qué lenguajes permiten recuperar la densidad de la opresión sin caer en esencialismos ni en tecnicismos vacíos? ¿Es posible imaginar una justicia feminista que no castigue desde arriba, sino que repare desde abajo?

Aunque habría sido enriquecedor un diálogo más explícito con los feminismos marxistas y con experiencias fuera de Europa, el libro destaca por su claridad, rigor y actualidad. Con prosa precisa y sensibilidad crítica, Pitch desmonta el espejismo según el cual más castigo equivale a más justicia. Desde una posición feminista, advierte sobre los riesgos de reproducir lógicas punitivas y convoca a recuperar el pensamiento crítico, articularse con otras luchas y apostar por una emancipación real.