Alberto Fujimori fue presidente del Perú por poco más de una década. En setiembre cumplirá 12 años sin libertad. Casi dos años en Chile y 10 en territorio peruano. El ex-presidente fue extraditado y condenado por diversos delitos, que incluyen graves violaciones a los derechos humanos y corrupción. Aunque alegó inocencia en algunos casos, en otros aceptó la acusación fiscal. El crimen más importante por el que purga prisión es el de haber sido el autor mediato del asesinato de 24 personas y del secuestro de otras dos (casos Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, Gorriti y Dyer, en 1992). Una ley peruana impide dar beneficios penitenciarios a los condenados por delito de secuestro.

No obstante, los abogados de Fujimori han utilizado diversos recursos legales para intentar su liberación. Y en 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, su familia presentó un pedido de indulto humanitario, alegando el deterioro de la salud de ex-mandatario y el riesgo inminente que ello implicaba para su vida. El pedido no prosperó, pues la comisión encargada de evaluar estos pedidos concluyó que no existía dicho riesgo. Habiendo transcurrido casi cinco años, parece claro que la decisión estuvo justificada. El propio Fujimori presentó un pedido de indulto en 2016. También fue denegado.

En el mes de abril de 2017, el congresista Roberto Vieira presentó un proyecto de ley para permitir que las personas mayores de 75 años (Fujimori tiene 78) pudieran cumplir su condena en su domicilio. El parlamentario fue expulsado en noviembre de 2016 de la bancada del partido en el gobierno por faltas al código de ética partidario. Es conocido, además, por sus posiciones políticas cercanas al fujimorismo. No obstante, la bancada de Fuerza Popular –el partido fujimorista– votó por archivar la iniciativa legal. Así, argumentaron, honraban la promesa electoral de Keiko Fujimori –hija del ex-presidente, dos veces candidata presidencial y actual líder del fujimorismo– de no usar su poder político para favorecer a algún familiar. Además, indicaron, no apoyarían una ley con nombre propio. En cambio, los voceros fujimoristas retaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski a indultar a su líder histórico. El actual presidente recordó su promesa electoral de no indultar a Fujimori. En cambio, reiteró su voluntad de firmar una ley del Congreso sobre la materia.

Días después, y ante las críticas sobre la decisión del fujimorismo y las quejas públicas del congresista Kenji Fujimori –también hijo del ex-presidente–, Keiko Fujimori anunció que presentaría un hábeas corpus a favor de su padre. Lo llamó «de la libertad». Pocos días después este fue rechazado en primera instancia por el Poder Judicial. Al mismo tiempo, otra congresista, Yeni Vilcatoma, la única separada de la bancada fujimorista hasta la fecha, presentó otro proyecto de ley para permitir mayores beneficios para los condenados por secuestro, incluido el indulto. Esto sería aplicable al ex-presidente preso. Aún se desconoce la posición de Fuerza Popular en este caso. Alberto Fujimori debe ser el único líder político en prisión que alega su inocencia y cuyo partido, teniendo el poder de sacarlo de prisión, no lo hace. ¿Por qué?

La fuga del entonces presidente Fujimori a Japón y su posterior destitución en 2000 pareció marcar el fin del fujimorismo. La incapacidad de los tres gobiernos posteriores –Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala– para consolidar alternativas políticas democráticas y eficaces fue abriendo un campo para el recuerdo de las políticas de orden y redistribución de los 90. Keiko Fujimori fue la congresista más votada en 2006. Luego perdió la elección presidencial por escaso margen ante Humala en 2011. La situación se repetiría, por un resultado aún más estrecho, en 2016.

No obstante, el fujimorismo ha tenido un avance impresionante en su poder político. Hoy en día controla el Congreso y, a través de este, otras instituciones del Estado. ¿Por qué Fuerza Popular no ha alcanzado la Presidencia? Más allá de los errores de campaña, la respuesta descansa en buena medida en el antifujimorismo. Este es el nombre que recibe la posición de rechazo enérgico a las prácticas corruptas, autoritarias y violadoras de los derechos humanos del gobierno de Alberto Fujimori. Se trata de una posición compartida por cerca de la mitad de la población. Y siempre hay algún vídeo disponible para recordar la podredumbre de los 90, cortesía del nefasto ex-asesor, también preso, Vladimiro Montesinos. Sin embargo, el antifujimorismo no está asentado en ningún partido, aunque es más más fuerte en el sur del Perú. Muchos de los que votan contra los Fujimori no comparten muchas veces otra cosa que ese rechazo. Este grupo fue clave para el triunfo de Humala en 2011 y de Kuczynski en 2016. Por eso, el actual presidente del Perú no puede indultar a Fujimori sin ganarse la abierta antipatía antifujimorista. A este sector le debe, en buena medida, la Presidencia. Con un gobierno débil, este escenario de impopularidad cruzada luce muy poco prometedor.

Keiko Fujimori tampoco la tiene fácil. La misma razón que sostiene su avance limita su éxito: su apellido y el legado de su padre. Ella ha buscado insistentemente reivindicar el gobierno de su progenitor y a la vez garantizar que no repetirá sus aspectos condenables. Es evidente el problema. A partir de 2015, ella intentó mostrarse más liberal. Pero este supuesto giro fue completamente desmentido durante la campaña. Al mismo tiempo, la líder de Fuerza Popular parece querer repetir las prácticas de control del Parlamento de su padre. Un sometimiento estricto, por las buenas o por las malas, de un grupo muy heterogéneo y con múltiples intereses y en el que la figura de Alberto Fujimori genera naturales tensiones. Algunos consideran necesario mantenerse leales a él y su legado. Muchos de estos últimos son cercanos a Kenji Fujimori. Otros, en cambio, prefieren el liderazgo de la hija del ex-presidente.

En este contexto, resultaría inconveniente para Keiko Fujimori la salida inmediata de su padre. Si esto ocurriera, aumentaría la posibilidad de que ella pierda poder ante el peso propio de su progenitor. Peor aún si Fuerza Popular –y con ella, Keiko Fujimori– tuviera que asumir el costo político de la decisión. Quizá por ello, prefiere que sea Kuczynski quien asuma el pasivo de un indulto. Esto explicaría el rechazo a la posibilidad de una condena domiciliaria y el eventual apoyo a los cambios legales que faciliten el indulto. Ella, eso parece, preferiría no estar discutiendo estos temas, pero no ha tenido opción ante la discusión pública abierta por los voceros del actual gobierno.

Finalmente, está el balance del gobierno de los 90. El indulto a Fujimori sería, como dijo Kuczynski, «voltear la página». Una suerte de olvido selectivo. Recordar lo bueno. Olvidar lo malo. Ello podría mejorar las posibilidades electorales de Keiko Fujimori. No obstante, el Perú de 2021 –año de las próximas elecciones– tendrá muy pocas cosas del país de los 90. Y buena parte de los electores jóvenes tendrán muy poca o ninguna memoria de esa década. El fujimorismo ha servido de refugio a un conjunto de intereses sin intermediación política tras la espectacular expansión económica de 2005-2014. El Perú está viviendo una recomposición generacional y territorial. Es por ello que la visión conservadora e hipercentralista de la política que viene exhibiendo Fuerza Popular puede minar a la larga sus posibilidades electorales. En la última campaña presidencial, cuando más joven era el elector, más probabilidad había de que votara por Kuczynski. La tendencia podría consolidarse con Alberto Fujimori en libertad. La posición del fujimorismo podría debilitarse si aparecen nuevos rivales con una buena oferta para los jóvenes y para el interior peruano. Es por ello que no sería sorprendente que el fujimorismo intentara hacer más difícil la aparición de nuevas opciones políticas usando para ello la reforma electoral. Como en los 90.

En resumen, el indulto a Alberto Fujimori parece, por ahora, no convenirle a nadie. En particular, porque trae ruido a un proyecto político que, si bien pertenece a la hija, paradójicamente, intenta repetir la estrategia del padre. Estamos, en todo caso, ante una discusión que gira solo alrededor del ex-presidente. Las posibilidades de amnistías generales están descartadas. Eso sí, si la salida de Alberto Fujimori significara la consolidación de la oferta política conservadora y centralista, podría terminar debilitando al fujimorismo. Una nueva ironía de nuestra historia política.