Desde 2006, Ecuador adhirió a la tendencia regional progresista con la llegada a la presidencia de Rafael Correa, un outsider político que abanderaba un proyecto de amplia convocatoria, con una consigna «anti-partidocracia» y la promesa de refundación del Estado. Para entonces, y en función de la historia nacional reciente, el futuro de dicho gobierno resultaba impredecible en un país en el que los últimos diez años se habían caracterizado por una significativa crisis política con bloqueos institucionales e interrupciones presidenciales recurrentes. Sin embargo, su sostenida e inédita popularidad rompió con las inercias de dicha inestabilidad, permitiéndole no sólo tres periodos consecutivos sino también la constante mayoría parlamentaria de su partido –Alianza País (AP)– durante casi una década.

Hoy en día, la frágil configuración del sistema político comienza a sacudir el escenario nuevamente, develando los límites propios de una democracia que no termina de configurarse institucionalmente ni de desarrollar un sustento social efectivo. A las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas, el Ecuador enfrenta un contexto menos previsible y el sistema de partidos, como un espejo en el que se reflejan todos los límites y distorsiones de la política nacional, parece despertarse de su letargo temporal con todas y cada una de las características que indujeron una crisis de representación no superada. Así, con las condiciones dispuestas para una nueva medición de fuerzas en las urnas, cabría preguntarse ¿Qué pasó durante esta década con las organizaciones políticas en el país y cómo se proyecta el escenario electoral?

Una revisión de los fenómenos que gravitan sobre el sistema de partidos ecuatoriano tras el retorno a la democracia –entre 1979 y 2006– pareciera aludir a un oxímoron. Se advierte un multipartidismo fragmentado, débilmente institucionalizado, de alta volatilidad electoral así como considerables niveles de dispersión y polarización. Dichas condiciones bajo las que las organizaciones políticas se relacionaban, transitando entre el conflicto, el pacto y la alternancia, indujeron al inevitable desgaste de su legitimidad con un vínculo representativo reducido a coyunturas electorales, vaciado de contenido y de propuesta.

La emergencia de Rafael Correa desarticula a las élites tradicionales. Desde entonces, el sistema de partidos ha experimentado al menos tres momentos. El primero corresponde al periodo de ascenso y consolidación de AP a partir del 2006. En una coyuntura de profunda desafección política y de debilitamiento de las estructuras tradicionales de organización, el oficialismo ganó rápidamente espacios de representación y mostró su supremacía electoral en múltiples ocasiones¹.

Bajo estas condiciones, se fue consolidando un sistema de partido único en el que se desdibujan los límites entre el gobierno, el Estado y el partido de gobierno. Asimismo, no se evidencia una concepción orgánica del movimiento, pues es el presidente Correa quien lo encarna de forma casi excluyente, diluyéndose también la distinción entre la figura y la organización. El personalismo, característico del quehacer político nacional, se recrudece.

En consecuencia, se fue configurando un imaginario político-social maniqueísta, sobre todo desde el discurso oficial, ante el cual diversos sectores denuncian la ausencia de diálogo y el desconocimiento de interlocutores válidos por parte del gobierno-partido. Paralelamente, los nuevos y/o renovados actores políticos, escuetamente organizados, reproducen los límites históricos que frenan su capacidad de reconstituirse. Algunos sectores de izquierda mantuvieron cierta posibilidad de incidencia basada en su apoyo y dependencia a AP; la derecha se debilitó aún más, con la mayoría de sus referentes aislados y con el desmantelamiento progresivo de sus organizaciones.

Un segundo momento se inicia con las elecciones generales del 2013, cuyo antecedente son los comicios para Ejecutivo y Legislativo del 2009 que si bien confirmaron la preponderancia de AP, evidenciaron también sus fraccionamientos internos. El abanico electoral de izquierda se desplegó a través de los canales de participación impulsados por ex militantes del oficialismo; quienes, aunque no tuvieron éxito, sentaron las bases para una oposición posterior desde la misma autoadscripción progresista. De igual manera, las elecciones de 2013 estuvieron marcadas también por un proceso previo de reinscripción de partidos que, en medio de múltiples cuestionamientos de legitimidad y trasparencia, implicó la pérdida de personería jurídica de varias organizaciones. Así, se profundizó la tendencia al debilitamiento y la desinstitucionalización del sistema de partidos.

Sin embargo, los comicios de 2013 marcan una diferencia. Se evidencia una temprana etapa de reconfiguración de sectores de derecha que venían constituyéndose o reagrupándose y que encontraron una coyuntura electoral para tratar de reposicionarse. El sistema de partido único empieza a resquebrajarse y las condiciones políticas y sociales van generando no sólo oportunidades, sino también una demanda de nuevos proyectos electorales. Es entonces cuando saltan a la palestra partidos como CREO y SUMA, mientras AP continúa perdiendo apoyos y en su discurso político se acentúan tanto los contenidos como las dinámicas defensivas.

La oferta electoral de binomios que buscan la Presidencia refleja la situación del sistema de partidos. La derecha populista tradicional –PRE, PSP, PRIAN– se muestra notablemente debilitada con unos resultados que oscilan entre el 7% y el 4%. Por su parte, la izquierda que emerge de las discrepancias al interior de AP –Ruptura 25 y Unidad de las Izquierdas– carece de los recursos para competir con su anterior aliado, obteniendo resultados inferiores al 3%. Finalmente, la nueva derecha –CREO y SUMA– aunque obtiene un porcentaje de voto poco significativo, va posicionándose a nivel local con figuras reconocidas en la Costa y en la Sierra, respectivamente.

El escenario político que dejan los comicios seccionales un año después (2014), apuntala la tendencia hacia la lenta y aún difusa reconstrucción del sistema de partidos en la medida en que AP pierde varios de sus bastiones locales más importantes. De forma paralela, y aunque de manera deficiente, las estrenadas fuerzas logran mantenerse en el tiempo. Se van filtrando, con relativo éxito, disputas discursivas de poder y la posibilidad de confrontación entre distintos proyectos políticos. AP, aunque se mantiene mayoritaria, afronta la presencia de nuevos adversarios que cuestionan su gestión y proyección. En consecuencia, el oficialismo instalará en adelante un discurso confrontativo ante los riesgos de lo que denomina la «restauración conservadora».

Hoy, faltando aproximadamente cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta una dosis de incertidumbre inédita durante los últimos diez años. Si bien AP mantendría un potencial apoyo electoral relativo que, en las condiciones de fraccionamiento político, sustentaría sus posibilidades de acceder a la Presidencia, su fuerza sigue anclada principalmente a la figura de Rafael Correa. Esto pone al partido frente a la crítica situación de carecer de un sucesor que cuente con la precedente popularidad de Correa. El debate actual al interior de la organización pone en evidencia tanto sus divisiones como su condición inorgánica frente a un principio central de democracia interna: los mecanismos de selección de candidatos.

El 1 de octubre del presente año, en la quinta convención de AP, se proclama la candidatura oficialista. Se trata del ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenin Moreno, figura que encarna lo que el movimiento pretende apuntalar en la coyuntura electoral: un continuismo con rectificaciones. Su discurso incorpora un giro respecto de la dinámica confrontativa, propia del liderazgo de Correa. En la primera entrevista como candidato, Moreno repite de forma reiterada palabras como diálogo, tolerancia, humildad, respeto, amabilidad, cariño que, vaciadas de contenido, responden más a una estrategia política discursiva que a un renovado plan de gobierno. De igual manera y, en esa misma perspectiva, asegura vagamente reformas en temas álgidos como las relaciones internacionales, la productividad o el gasto público. Sin embargo, más allá de esa supuesta apertura al cambio, la ausencia de cuadros políticos nuevos –y la fuerza de los ya afianzados en las esferas de poder, más no de representación social– permite intuir que los posibles espacios cooptados por el oficialismo no ofrecerán más que una redistribución de los mismos.

Por otro lado, el actual sistema de partidos en reconstitución, una vez más bajo los parámetros y tiempos que impone el cortoplacismo electoral, se caracteriza por la debilidad de sus actores, por lo que muchas de las organizaciones políticas apuestan por alianzas coyunturales. Existen tres iniciativas claras en este sentido –La Unidad, Acuerdo Nacional por el Cambio y Compromiso Ecuador– y si bien sus principales figuras permiten claras distinciones ideológicas –discursivas y de trayectoria–, la predisposición a una flexible y policromática negociación se ha puesto ya de manifiesto. El escenario pareciera constituirse nuevamente a partir de una polarización anodina, bajo un predecible formato «pro AP vs. anti AP»; mientras las iniciativas refundadoras sobrevuelan, como expresión de una suerte de historia circular, sobre el debate nacional.

En la medida en que el oficialismo aún parece conservar cierta capacidad de convocatoria y control institucional, el resto de fuerzas apuntan a ganar representación en el espacio posible: la Asamblea. Al parecer, un balotage constituiría la única condición con la que podría tambalear la reelección de AP para la Presidencia pero el evidente fraccionamiento de la oposición deja pocas posibilidades a dicho escenario². En contraste, la negativa opinión pública respecto de la Asamblea³ permite intuir una distribución de fuerzas distinta en los próximos comicios, haciendo de ese el principal escenario de disputa.

Así, el sistema de partidos instaurado en el país no sólo ofrece un panorama desalentador sino que incluso resulta incomprensible, tras diez años de estabilidad y de reforma que pudieron sentar las bases para un sistema político con mejores condiciones, correspondiente con la promesa de consolidación democrática, reiterada como objetivo gubernamental en el discurso oficial. Estamos nuevamente frente a fuerzas frágiles y coyunturales. No se ha logrado (re)construir la representación política, considerando que una condición fundamental es la pluralidad, mermada por la concentración de espacios institucionales y de poder del oficialismo y el progresivo debilitamiento del resto de organizaciones.

La inherente disposición a la desinstitucionalización incide directamente en la posibilidad de impulsar una línea ideológico-programática en las organizaciones políticas, congruente con el quehacer representativo, tanto político como de gestión pública. Los partidos y alianzas de hoy, incluido AP, reeditan el formato de «maquinaría electoral», sin democracia interna, constituidos de arriba hacia abajo, personalistas y carentes de anclajes sociales significativos. A su vez, los candidatos, como efecto de dicha flaqueza organizacional, reproducen el nocivo clivaje regional que parecía ya superado y que los convierte en figuras locales, en desmedro de una perspectiva nacional.

Las opciones finalmente empujan a una decisión entre un continuismo marcado por el desgaste y las distorsiones del proyecto original de AP, frente a una oposición sin propuestas alternativas, que apela al «voto castigo» o a la expectativa de una suerte de voto por descarte.