Tema central
NUSO Nº 295 / Septiembre - Octubre 2021

El Salvador: un autoritarismo millennial

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político. 

El Salvador: un autoritarismo millennial

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema». 

Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño. 

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña. 

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios. 

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!». 

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente. 

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno. 

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias. 

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukelismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición. 

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno. 

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público. 

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.

  • 1.

    Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.

  • 2.

    Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.

  • 3.

    Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.

  • 4.

    Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.

  • 5.

    J. Alvarado: «Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en El Faro, 4/9/2019.

  • 6.

    Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.

  • 7.

    FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.

  • 8.

    José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.

  • 9.

    Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.

  • 10.

    Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.

  • 11.

    «Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

  • 12.

    Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.

  • 13.

    Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.

  • 14.

    Ibíd.

  • 15.

    Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.

  • 16.

    Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.

  • 17.

    Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.

  • 18.

    D. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en El Economista, 30/12/2020.

  • 19.

    Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.

  • 20.

    Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.

  • 21.

    Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.

  • 22.

    Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.

  • 23.

    N. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en El Faro, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en Diario El Mundo, 8/2/2021.

  • 24.

    Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.

  • 25.

    A. Touraine: Las sociedades dependientes, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 295, Septiembre - Octubre 2021, ISSN: 0251-3552


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