Si bien los tambores de guerra comercial entre México y Estados Unidos retruenan, su viabilidad a mediano y largo plazo es cuestionable, al tiempo que abre una rendija para que México aplique cambios que expandan la producción interna.

En el nacimiento de su administración, el presidente estadounidense Donald Trump ha planteado la posibilidad de imponer un impuesto fronterizo de 20% a las importaciones mexicanas que crucen hacia su país, el cual podría extenderse a todos los bienes y servicios de todo el mundo que arriben a ese mercado. Esa recaudación se destinaría a financiar la compleción del muro fronterizo entre ambas naciones.

Tal gravamen sería una carga tanto para productores e importadores como para consumidores. Su impacto resentiría la economía estadounidense, por su amenaza sobre el consumo, y tendría inevitables secuelas para las naciones proveedoras.

A Trump le preocupa el consumo interno de productos fabricados en su país o con un alto contenido nacional. Esa postura parece incompatible con las propias reglas de libre comercio que Estados Unidos ha impuesto desde hace tres décadas mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC) o los diversos acuerdos bilaterales.

En ese tenor, el del maíz representa un caso notorio respecto a los ganadores y perdedores de la liberalización derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), compartido también por Canadá.

Con la última desgravación ocurrida en 2008, ese grano, base de la nutrición mexicana y elemento fundamental de la cultura mesoamericana, perdió su última línea de protección y comenzó a competir en condiciones desventajosas, pues el gobierno estadounidense mantuvo los altos subsidios a los productores, que totalizaron 94.349 millones de dólares entre 1995 y 2014. Mientras, México entregó ayudas mucho menores.

La historia es bien conocida. Los subsidios agrícolas mexicanos han sido ineficientesy mal dirigidos, han sufrido recortes en años recientes y las importaciones han crecido. Debido a su vecindad y al TLCAN, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El país se concentró los últimos 20 años en su relación con Estados Unidos, en detrimento de sus nexos con otras naciones, con el saldo de una balanza comercial muy poco diversificada y también deficitaria.

El maíz, junto con las habas de soya, productos lácteos, puerco y productos de carne de res, es la principal exportación estadounidense a México. Debido a la depreciación del peso registrada desde 2016, el país ha pagado más caras las importaciones.

Una incógnita a este respecto es la respuesta a la intención de Trump de renegociar el TLCAN o abandonarlo si sus socios se niegan a lo primero. México no ha esbozado una estrategia al respecto.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) permite que Estados Unidos escale el arancel promedio a 3,5%. Cualquier tasa por encima de ese nivel puede derivar en una demanda ante ese organismo y la creación de un panel que estudie esas medidas, proceso engorroso, como lo muestran los casos recientes del atún y la fructosa.

Pero, debido al trato de «nación más favorecida» que México puede obtener sin el TLCAN, Estados Unidos puede aplicar una tasa de hasta 7,1%. Si Estados Unidos bloquease el envío de maíz a México, el país podría recurrir a otros proveedores a corto plazo. Pero puede también aplicar, paralelamente, una política agrícola que beneficie a los más de tres millones de pequeños productores.

Como se ha demostrado, México puede ser autosuficiente en maíz. En 2015, el país produjo 24.69 millones de toneladas, complementadas con unos 12 millones de toneladas importadas.

Así, México puede aumentar su producción anual de maíz en sus tierras actualmente cultivadas, desde 23 millones hasta 33 millones de toneladas en un período de 10 a 15 años, lo que eliminaría el actual déficit anual. Mediante una inversión en infraestructura y riego en el sur y el sureste del país, se sumarían 24 millones de toneladas al año, suficientes para cubrir la demanda nacional, que crecería a 39 millones para el año 2025.

El virus de la austeridad ha contagiado al país, con un impacto sobre el sector agrícola. El presupuesto para 2017 asignado a la Secretaría de Agricultura sufrió un recorte de 16% en comparación con el año previo, por lo que en ese sentido resulta imperioso fortalecer el Programa de Apoyos a Pequeños Productores que recibió más recursos para 2017.

Diversas organizaciones de productores han llamado al gobierno mexicano a abandonar el TLCAN o a excluir de él la agricultura. El augurio apunta a unas negociaciones duras con un socio que se muestra poco confiable, intransigente y empecinado, por lo cual las perspectivas para productos beneficiados por el TLCAN, como el jitomate, el aguacate o los frutos rojos, se tornan oscuras.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda que las importaciones alimentarias no superen 25% del consumo nacional, pero esa adquisición ronda 45% en México.

La coyuntura actual con el gobierno de Trump ha encendido las alertas de numerosos analistas políticos. El campo mexicano tiene conflictos e inconvenientes claros. Sin embargo, estos momentos, parecen ser una buena oportunidad para que México cambie la ecuación vigente.