Opinión

La expropiación del capital accionario que la multinacional Repsol tenía en la empresa YPF es un dato más que refleja la profunda crisis energética que vive Argentina. En las últimas décadas la extracción de hidrocarburos se fue concentrando cada vez más en empresas trasnacionales, al tiempo que descendían las reservas de petróleo y de gas hasta niveles críticos. Las inversiones en exploración y desarrollo se redujeron a niveles mínimos, pese al incremento de la renta petrolera en un contexto internacional de precios en fuerte crecimiento.

Mientras esto sucedía, el consumo y la intensidad energética per cápita no paró de crecer, signo de que el régimen de crecimiento económico de los últimos años se sustenta en medidas que inflan el consumo, pero sin correlato con el componente de inversión de la demanda agregada. Otra evidencia de los desbalances energéticos acumulados es la evolución del saldo comercial externo: entre 2005 y 2011 pasó de un superávit de 5.600 millones de dólares a un resultado negativo de 3.030 millones de dólares.

La crisis energética argentina en general, y de la producción de hidrocarburos en particular, no es atribuible a factores exógenos inesperados. Es resultado directo de políticas públicas erráticas, atentas a cuestiones de corto plazo, desalentadoras de la inversión, distorsivas de precios relativos, tendientes a favorecer a ciertos grupos empresarios en un contexto de concesiones y licitaciones arbitrarias. El incremento del consumo y de la intensidad energética por encima de la producción es un reflejo de que el régimen de crecimiento económico que vivió el país en los últimos años no se asentaba en una estrategia equilibrada sino en la manipulación de precios de corto plazo. Estos desaciertos se fueron acumulando hasta amenazar el abastecimiento energético, en un país donde el mismo sigue basado en la producción de hidrocarburos y sin un adecuado desarrollo de fuentes energéticas alternativas..

Los ejemplos de la responsabilidad de las políticas estatales con lo sucedido son abundantes. La propia privatización de YPF, con la complicidad directa de muchos de los principales actores que hoy ocupan el centro de la escena expropiadora, es el primer paso. A esto se suma una legislación reguladora absolutamente permisiva, la desidia en la auditoría y el control no sólo para con todas las empresas que operan en el país, la permisividad en la distribución de dividendos y su éxodo hacia el exterior, etc. La creación en 2004 de la empresa Energía Argentina SA (Enarsa) es otro ejemplo. Los fundamentos eran muy parecidos al que ahora se pretende adjudicar a la “nueva” YPF, pero luego de ocho años sólo operó en la importación de hidrocarburos financiadas con aportes del tesoro nacional.

Otra evidencia de la responsabilidad estatal en la crisis actual es la incorporación  a YPF del grupo Petersen en febrero de 2008. La operación contó con el aval del gobierno y fue presentada como un primer paso hacia la “argentinización” de la empresa. Las reservas y la producción de petróleo y gas siguieron disminuyendo y se aceleró el vaciamiento de la empresa en tanto se acordó financiar el pago de las acciones de los nuevos socios locales mediante una abusiva distribución de dividendos. La ley de expropiación de las acciones del grupo Repsol nada dice sobre el grupo Petersen y su futuro, pero lo actuado hasta aquí se contrapone con los anuncios de lo que se pretende para la nueva YPF.

En este contexto, y con estos antecedentes, la reciente expropiación del 51% del paquete accionario que Repsol tenía en YPF es una medida que, en sí misma, no da ninguna garantía para la reversión de 20 años de privatización y vaciamiento. Mucho menos que el país se encamine hacia un cambio radical de las políticas que determinaron la pérdida de la soberanía energética y un desarrollo verdaderamente sustentable para el país. 

Estos interrogantes son evidentes a poco que se observe el contenido de la ley de expropiación, Primero, porque la persistencia de la figura de sociedad anónima donde el Estado tiene sólo 51% no es garantía de control de la empresa y mucho menos de la nacionalización de los hidrocarburos. Segundo, porque YPF sigue teniendo un porcentaje menor de la producción de hidrocarburos y no se dice nada con respecto a los restantes operadores. Tercero, porque la ley impide todo control sobre la empresa por parte de organismos oficiales, legislatura y la propia ciudadanía. Cuarto, porque no hay cambios en el marco regulatorio de la actividad. Quinto, porque no hay sanción prevista para los responsables de lo sucedido hasta aquí. Sexto, porque el anuncio de la explotación de hidrocarburos no convencionales (gas de esquisto o shale gas) significa profundizar un modelo de explotación de recursos naturales dañino para el país y el medio ambiente. Séptimo, porque no existe un plan estratégico que clarifique la política a seguir por la empresa. Finalmente, porque ni siquiera está claro que Repsol se haya perjudicado con la medida, en tanto abandona la empresa luego de su vaciamiento liberándose de la responsabilidad de revertir la situación e incluso con espacio para reclamar resarcimiento.

En síntesis, Argentina sigue sin nacionalizar la explotación de sus recursos naturales y sin tener una estrategia energética que revierta el retroceso de las últimas décadas. Todo indica que YPF seguirá operando con criterios parecidos al pasado, tanto en su forma jurídica como en su estrategia empresarial, buscando alianzas con empresas multinacionales en una situación de fuerte debilidad por su estado de descapitalización. Hasta aquí, lo anunciado dista mucho del discurso que pretende haber iniciado la recuperación de la empresa para fines de interés público. 

(*) Economista. Investigador en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).

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