El movimiento sindical de las Américas frente a la crisis climática

La crisis climática se ha desplegado junto con la crisis sistémica del capitalismo y con la crisis de los sistemas de protección y de la justicia social. Ante el fracaso de la 20ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 20), que se proponía alcanzar un nuevo acuerdo global para frenar los efectos del cambio climático, el movimiento sindical de las Américas se pronuncia a favor de una transición justa, con justicia ambiental, defensa y preservación de los bienes comunes, el derecho al agua, la soberanía y la democratización energética y un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo con sustentabilidad ambiental presente y futura.

Perspectiva | El movimiento sindical de las Américas frente a la crisis climática | Octubre 2015

Documento elaborado por el proyecto Sindical Regional de la Fundación Friedrich Ebert.

Medioambiente: acuerdos, controversias y alternativas

En los primeros días de diciembre de 2014 una vieja ciudad de la región andina de América del Sur se convirtió en el escenario del debate global sobre las consecuencias de los cambios del clima y posibles soluciones. Lima recibió la 20.ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (cop 20). Estuvieron presentes representantes de 193 países discutiendo el nuevo acuerdo global para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y así frenar las consecuencias del cambio climático. Paralelamente, en la Cumbre de los Pueblos importantes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil debatían un diagnóstico común, propuestas y soluciones para la crisis sistémica del capitalismo y la profunda dislocación socioambiental que implica el sostenimiento del actual modelo de desarrollo.

En la actualidad nos hallamos frente a una crisis múltiple. La crisis climática se ha desplegado junto con una crisis económica y una crisis de los sistemas de protección y de la justicia social, cuyos efectos se entrecruzan en forma envolvente. Esto ha provocado resultados contradictorios en la dinámica internacional de la agenda ambiental. Por un lado, el debate sobre desarrollo sustentable regresa con fuerza a la política internacional. La importancia que las cop adquirieron en la agenda política internacional, con amplia movilización de la sociedad civil, revela la fuerza que el debate ambiental adquirió en la actualidad. Por otro lado, el propio fracaso de estas cop en elaborar un acuerdo internacional para solucionar la crisis climática resulta de esta conexión entre la crisis económica y la crisis ambiental.

Algunos países desarrollados, inmersos en disputas internas por la superación del cuadro recesivo de sus economías, no se comprometen con salidas colectivas y pactadas para el problema del cambio climático. Al mismo tiempo, ciertas naciones en desarrollo no quieren cambiar el viejo modelo de producción y consumo para mantener sus índices recientes de crecimiento económico, con lo que contribuyen a agravar la situación de ausencia de propuestas prácticas que materialicen las transformaciones necesarias.

Otro elemento importante se refiere al proceso de dominio de las negociaciones por estados irresponsables y contaminadores y por corporaciones que solo se preocupan por preservar sus ganancias mediante la explotación de combustibles fósiles, nuevos mercados de carbono y otras falsas soluciones como la bioenergía industrial, que destruye bosques, suelos, humedales, ríos, manglares y océanos.

En el centro del debate deben colocarse el cuestionamiento al modelo capitalista y las múltiples crisis que atraviesa el mundo, agudizadas en años recientes. Los mercados financieros han logrado debilitar hasta a las economías más fuertes de los países industrializados. El acaparamiento de tierras agrícolas para la especulación financiera agrava el encarecimiento de los alimentos y nos lleva hacia una crisis alimentaria. Las tecnologías aplicadas para extraer hidrocarburos y minerales de los últimos rincones del planeta son cada vez más caras, arriesgadas y depredadoras de la naturaleza. Los efectos del cambio climático, que es producto de la acción humana insustentable, han exacerbado los problemas de la pobreza y la migración, y tendrán drásticas consecuencias en el mundo del trabajo.

El cambio climático pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad, la calidad de vida y el trabajo en todo el mundo. Las mutaciones de los ambientes y la ocurrencia de catástrofes naturales tendrán consecuencias directas y provocarán daños en los sistemas de transporte, las infraestructuras básicas, la producción primaria e industrial y los asentamientos habitacionales. Las repercusiones implicarán serias dificultades en la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de estar presentes en sus lugares de trabajo o encontrar alternativas cuando los establecimientos cierren. Así quedó evidenciado tras el huracán Katrina, con la destrucción de Nueva Orleáns (Estados Unidos), que se tradujo en la pérdida de unos 40 000 puestos de trabajo, según ha documentado la Fundación Sustainlabour. Igualmente el trabajo en el campo será afectado por una mayor ocurrencia de tempestades y daños a los cultivos. Millones de personas se tendrán que desplazar a causa de la erosión de la línea costera, las inundaciones del litoral y los estragos en la agricultura.

Las sequías o lluvias torrenciales que derivan en inundaciones son desastrosas para las personas sin defensas ni ahorros. Un clima cambiante puede derivar en grandes migraciones de desplazados, algo que afectaría a todos los países. En suma, los trabajadores y las trabajadoras serán afectados de forma más contundente.

Estas son las principales preocupaciones, por las que el sindicalismo internacional —representado en la región por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (csa), junto con sus sindicatos afiliados y organizaciones fraternales— ha colocado el desarrollo sustentable y los temas de medioambiente y trabajo entre las prioridades de acción desde su congreso fundacional, realizado en Panamá en 2008.

En el Sistema de las Naciones Unidas los sindicatos tienen estatus de major group. Los major groups (‘grupos principales’) representan a sectores claves de la sociedad (ciudadanos, agentes económicos y sociales, profesionales expertos en las Naciones Unidas) en los procesos intergubernamentales relacionados con el desarrollo sostenible y canalizan su participación en las discusiones oficiales realizadas entre los paí- ses, y en los procesos de debate y acción que se organizan paralelamente a la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (cop). La cop es el órgano decisorio supremo de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Todos los estados que son partes en el convenio están representados. Su propósito es monitorear la aplicación de la Convención y otros instrumentos jurídicos que la cop adopte, además de tomar las decisiones necesarias para promover la aplicación efectiva de la Convención, incluidos los arreglos institucionales y administrativos.

En el marco de las negociaciones oficiales o en los espacios alternativos, la csa y organizaciones aliadas reafirman el principio de transición justa, que coloca a la protección sociolaboral como un pilar en cualquier estrategia de transición hacia modelos sustentables. El sindicalismo internacional reclama transformaciones urgentes para construir un mundo con una vida digna para todas las personas, fundado en la justicia social, la distribución de la riqueza, la paz, el respeto por los derechos humanos y el equilibrio medioambiental.

Sindicalismo sociopolítico e integración regional

En efecto, la intervención del sindicalismo americano en cuestiones medioambientales ha superado los límites dictados por la agenda multilateral de la onu. De hecho, la elaboración de conceptos como los de transición justa y crisis múltiples no sería posible en los marcos estrechos que habilita la dinámica oficial. En rigor, son resultado de las experiencias de las clases trabajadoras de las Américas, crecientemente afectadas por eventos climáticos extremos y atravesadas por la emergencia de conflictos ambientales en los territorios ocasionados por la intervención predatoria de las grandes empresas extractivas. Ahora bien, las luchas surgidas al calor de estos conflictos no involucran solo al movimiento sindical. Son protagonizadas principalmente por los movimientos campesinos, feministas, ambientalistas y por los pueblos originarios.

En el contexto de esas resistencias populares, en acción colectiva con otros movimientos y con la consolidación de sus redes de solidaridad entre colectivos de trabajadores y trabajadoras, la csa logró organizar su acción en torno a la crisis medioambiental mediante la afirmación del carácter sociopolítico del sindicalismo. El sindicalismo sociopolítico «proyecta una clara señal del papel que la organización sindical pretende asumir en la sociedad», asegura el secretario general de la csa, Víctor Báez, superando los límites de las reivindicaciones estrictamente laborales. Dicho de otra forma, transformando las demandas del mundo del trabajo en parte articulada de un proyecto de sociedad más amplio, que dialoga con otros actores sociales y con la nueva realidad geopolítica del continente.

Nos referimos puntualmente a la integración hemisférica impulsada por los gobiernos progresistas y de izquierda en la región.

Ahora bien, no es posible pensar los gobiernos progresistas sin poner el foco de atención en las luchas sociales y políticas contra el neoliberalismo que desarrollaron en el continente. La dinámica institucional y electoral considerada de forma unilateral no permite captar esa realidad. En nuestra perspectiva, las resistencias populares fueron condición de posibilidad para el surgimiento de proyectos políticos progresistas, que tal vez no habrían logrado instaurarse sin la interacción y articulación previa con los sujetos colectivos de las luchas contra la globalización neoliberal, y ello a pesar de su fragilidad. Estos gobiernos, a su vez, sentaron condiciones que hicieron posible repensar la orientación del movimiento sindical como actor sociopolítico, al tiempo que potenciaron la expansión y consolidación de diversos movimientos sociales. En todo caso, se trató de una influencia recíproca.

En rigor, el ciclo de luchas sociales contra el neoliberalismo en América Latina se caracterizó por presentar una configuración fragmentaria, local e incapaz de detener la ofensiva capitalista. Aunque es destacable que su convergencia con un conjunto de expresiones y experiencias de otras regiones del mundo contribuyó a la conformación de un espacio internacional de oposición a la mundialización neoliberal y jalonó distintas experiencias de coordinación hemisférica que involucraron al movimiento sindical, a los partidos políticos, a los movimientos feministas, estudiantiles, ambientalistas, con un papel decisivo de las organizaciones campesinas. Los ejemplos más destacados fueron la campaña contra el alca promovida por la Alianza Social Continental y el Foro Social Mundial.

Desde entonces, se experimentó una transición continental ambivalente. Distintas fuerzas políticas que se originaron en aquel contexto crítico lograron óptimos desempeños plebiscitarios y accedieron a la conducción de gobiernos nacionales. Paradójicamente, las coaliciones electorales triunfantes fueron, al mismo tiempo, consecuencia de la reconfiguración de las alianzas sociales suscitadas por fuertes disputas de grupos dominantes para instaurar programas neodesarrollistas que redundaron en mayor concentración económica y creciente injerencia de las corporaciones transnacionales en las naciones. En conjunto, constituyeron una respuesta al cuadro de despojo, desarticulación y crisis e implicaron la recomposición del trabajo y sus institutos colectivos en un contexto de reactivación productiva pero también de perdurabilidad de las desigualdades sociales. Esto pasó en países como Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, El Salvador y Nicaragua. Enfatizamos que las realidades y experiencias en los países mencionados son profundamente distintas, por lo que es un error hacer juicios generalizables.

En este escenario de intensas resistencias y articulación de un arco heterogéneo de actores políticos y colectivos populares, que culminó con el rechazo del alca por las naciones del sur en 2005, el sindicalismo latinoamericano experimentó reagrupamientos y acercó las posiciones de un conjunto de expresiones hasta entonces diferenciadas del sindicalismo internacional. Estos sectores convergieron luego en un proceso de unificación que se concretó en 2008 con la fundación de la csa. La csa fue el resultado de la fusión de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (orit) y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (clat). Aunque en realidad la unificación había tenido lugar en primera instancia a escala global. De hecho, su creación derivó de los acuerdos alcanzados al conformarse la Confederación Sindical Internacional (csi) en 2006. Pero la constitución de la csa en un contexto de desnaturalización de la economía de mercado imprimió singularidad a este proceso. Sin embargo, no debe perderse de vista que estas mutaciones tienen lugar en un entramado de tensiones internas que reflejan y ponen de manifiesto no solo la pervivencia de ciertas tradiciones y prácticas heredadas de las organizaciones originarias, sino también el tipo de relaciones que el sindicalismo internacional establece con gobiernos nacionales y organismos e instancias de negociación internacionales.

A partir de su creación, la orientación del sindicalismo latinoamericano expresado por las tradiciones condensadas en esta nueva organización registró una serie de cambios, cuyos rasgos más relevantes están dados por la construcción de un nuevo arco de alianzas que incluye la articulación con movimientos campesinos, ambientalistas y feministas. La convocatoria a la «autorreforma sindical» y la redefinición de la independencia sindical en términos de activa intervención en el terreno sociopolí- tico nacional y supranacional se concretaron con la elaboración y promoción de dos plataformas políticas que organizaron la intervención de la csa. Nos referimos a la Plataforma Laboral de las Américas (pla), elaborada en 2005, y la Plataforma de Desarrollo de las Américas (plada), producida en 2014.

La estrategia de desarrollo promovida por la csa

La plada fue el producto de una construcción colectiva que implicó debates abiertos, deliberaciones y acuerdos en espacios orgánicos de la csa. El proceso se inició en el II Congreso de la csa, bajo el lema «Desarrollo sustentable, trabajo decente y democracia», realizado en Foz de Iguazú en abril de 2012, y culminó con su lanzamiento en Santiago de Chile el 8 de mayo de 2014.

La plada promueve una alternativa de desarrollo a partir de las y los trabajadores y los pueblos y para ellos. Se presenta como una respuesta a la profunda crisis de la globalización capitalista que ha sacudido a las potencias del norte. Con eje en la integración regional, recoge la experiencia de las luchas populares, las demandas de los movimientos sociales de todo el continente y las reformas progresistas de los distintos proyectos políticos en curso en la región.

Una de las definiciones más significativas es la restitución de la supremacía de la política sobre la autoridad de los mercados y el capital. Una nueva relación entre Estado, sociedad y mercado es condición de posibilidad para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. La Plataforma está organizada sobre cuatro pilares fundamentales: político, económico, social y ambiental. En este escrito nos enfocaremos en el pilar ambiental, dado que es el principal eje que organiza la intervención de la csa en los espacios de debate sobre cambio climático.

La orientación de las propuestas medioambientales pone de manifiesto la creciente presencia y participación del movimiento sindical internacional en las acciones globales frente al cambio climático, el extractivismo y la contaminación ambiental. Expresa un proceso de acercamiento y unidad en la acción con un conjunto de organizaciones y movimientos sociales, campesinos, ambientalistas y feministas: Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Marcha Mundial de las Mujeres, entre otros.

La transición justa es la propuesta prioritaria del movimiento sindical frente a las consecuencias negativas del cambio climático sobre los pueblos. Se define como el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino hacia una producción con bajas emisiones de gases con efecto invernadero ofrezcan al mismo tiempo oportunidades para las y los trabajadores y a las comunidades implicadas. No deben ser ellas y ellos quienes paguen los mayores costos de las consecuencias negativas de cambios de los cuales no son los mayores responsables. Requiere consulta democrática de las partes interesadas, diálogo social, investigación y evaluación temprana de los impactos sociales y de los efectos en el empleo, capacitación y desarrollo de competencias de los trabajadores y comunidades.

La transición justa también comprende la demanda y defensa de una transferencia real de tecnología entre países y regiones orientada a revertir las asimetrías históricas entre el norte y el sur. La transferencia de tecnología debe ser efectiva en pos del desarrollo sustentable de los países receptores. Las patentes no pueden ser un impedimento para ello. A su vez, la tecnología transferida debe contribuir a acabar con la dependencia de los países y no generar endeudamiento externo. La participación del movimiento social y sindical en el diseño, monitoreo y verificación no puede ser eludida.

Otro importante concepto presente en la plada es el de justicia ambiental. Todas las naciones tienen derecho al desarrollo sustentable. Las políticas ambientales deben enfrentar las asimetrías existentes tanto entre clases sociales como entre pueblos y naciones del norte y el sur en cuanto a los impactos negativos. En otros términos, implica reconocer que las responsabilidades por el cambio climático son comunes pero diferenciadas. Sobre los responsables de los mayores daños deben recaer las mayores cargas relativas a las iniciativas de mitigación y adaptación.

La defensa y la preservación de los bienes comunes, naturales o construidos socialmente, colectivos y transgeneracionales, como la biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques, la energía y el conocimiento, igualmente constituyen una importante bandera de lucha. Implican garantías de la soberanía y autodeterminación de los pueblos mediante instancias de participación y decisión que regulen de forma democrática su goce, defensa y preservación.

En especial el agua, derecho humano esencial para la vida, cuya mercantilización cercena el acceso efectivo de las poblaciones al agua potable y el saneamiento básico. La plada promueve una visión «de cuenca», que supone la necesidad de regulación y control estatal con participación comunitaria. Comprende la preservación de cabeceras de cuencas, lagunas, páramos, glaciares y espejos, particularmente de cara a los grandes asentamientos mineros e industriales. Asimismo, la preservación de los recursos hídricos subterráneos de aguas continentales, zonas marino-costeras y aguas profundas, de la mano de un desarrollo acuícola sustentable y la zonificación de reservas extractivas marítimas en las costas nacionales.

Soberanía y democratización energética con matriz sustentable, posible mediante la reformulación y diversificación de la matriz fósil histórica sobre la base de tecnologías limpias, renovables y bajas en emisiones de gases con efecto invernadero. La demanda de hidrocarburos no puede ser un pretexto para la explotación de recursos no convencionales mediante técnicas contaminantes que impactan negativamente en las poblaciones locales. Además, la plada se hace eco de una de las demandas más fuertes de los pueblos originarios y colectivos sociales afectados por los grandes proyectos energéticos: restricciones estrictas al otorgamiento de concesiones y consulta previa e informada a las poblaciones afectadas. Los acuerdos con empresas extranjeras no deben poner en riesgo las soberanías energéticas y el control democrático sobre los recursos hidrocarburíferos.

Finalmente, se pronuncia a favor de un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo con sustentabilidad ambiental presente y futura. El equilibrio socioambiental será posible con el involucramiento y la participación de los trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, pueblos originarios y comunidades indígenas. Para lograrlo se requiere de nuevas tecnologías que minimicen el uso de insumos y técnicas productivas generadores del cambio climático y la desertificación.

Es preciso repensar integralmente el transporte tanto de pasajeros como de mercancías y descentralizar la producción para reducir las distancias entre los centros de producción y los de consumo. Además, se deben proteger nuestros recursos genéticos de la biopiratería, incorporar los principios precautorios en las legislaciones, reformular el paradigma de gestión de materiales, con énfasis en el reciclaje y en la reutilización de los productos, y demandar restricciones a la obsolescencia programada de mercancías, bienes y servicios.

Un balance de los debates y acuerdos de Lima 2014

La 20.ª Conferencia de las Partes

En 2014, la cop de Lima se realizó en un contexto particular, inmediatamente después de dos importantes acontecimientos. El más significativo, el acuerdo firmado entre Estados Unidos y China sobre reducción de emisiones. En segundo lugar, la movilización masiva en Nueva York en septiembre en el marco de la Cumbre del Clima de la onu.

Estos eventos influyeron en muchos observadores, quienes evaluaron que la coyuntura en la cual se llevarían a cabo las negociaciones presentaba características muy diferentes de la conocida el año anterior en la cop de Varsovia.

Desafortunadamente, el optimismo inicial fue en vano. Las negociaciones oficiales fallaron una vez más. La Conferencia de Lima debería haber sido un hito para la definición de medidas urgentes de los gobiernos para apoyar a las personas vulnerables en todo el mundo que deben adaptarse de modo inevitable a los impactos del cambio climático. La demanda concreta era redoblar los esfuerzos dedicados a la reducción de emisiones hasta 2020 y fijar objetivos a largo plazo que limitaran el incremento de la temperatura del planeta. Nada de esto se logró. Los resultados de Lima debilitan aún más las normas internacionales sobre el clima, abriendo la posibilidad para que cada país decida sus propias acciones climáticas, sin ninguna referencia a lo que la ciencia, los movimientos sociales y la justicia reclaman.

Repasemos los antecedentes. El marco institucional del multilateralismo en lo que atañe a la cuestión ecológica se inició en la Cumbre de la Tierra de 1992, también llamada eco 92, realizada en la ciudad de Río de Janeiro. La eco 92 tuvo éxito en establecer un acuerdo en torno al desarrollo sustentable a partir de una intensa movilización de la sociedad civil y del compromiso de diversos estados. Y aunque la mayoría de sus metas hayan quedado en el camino, es innegable que la eco 92 organizó y fomentó una agenda de debates y políticas públicas sobre el tema ambiental.

Veinte años después, la ciudad de Río de Janeiro recibió nuevamente un foro de la onu para debatir sobre desarrollo: la Conferencia sobre el Desarrollo Sustentable (uncsd) o apenas Río+20. El objetivo era renovar y actualizar los acuerdos a partir de dos ejes: el concepto de economía verde y la elaboración de una nueva arquitectura institucional.

Según se desprende de los acuerdos alcanzados en esa oportunidad, por desarrollo se entiende el progreso de las sociedades humanas evaluado por la conjugación de las dimensiones económica, ecológica y social como pilares de la sustentabilidad. El crecimiento económico por sí solo no se corresponde con una mejor situación de vida para las personas. Es preciso que el incremento de la actividad económica incluya una mejora de indicadores sociales tales como el fin de la miseria y de la pobreza, la distribución de la renta, la universalización de derechos en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros. Objetivos alcanzables con la condición de que las sociedades establezcan una nueva relación con el medioambiente. Implica garantizar la protección de los biomas amenazados y un uso racional de los recursos naturales, particularmente la tierra y el agua. En definitiva, no es posible universalizar el progreso humano sin articular las dinámicas económica, social y ambiental. La seguridad alimentaria de los pueblos no puede ser garantizada sin un cambio de paradigma en la relación de los seres humanos con la tierra y con la agricultura, que hasta el presente ha quedado bajo los imperativos del comercio internacional. De la misma forma, no será posible erradicar la miseria sin la generalización del derecho al agua y al saneamiento básico.

Lo cierto es que, más allá del consenso inicial en torno al concepto de desarrollo sustentable, poco se avanzó entre los gobiernos en lo que atañe a la concreción de un nuevo modelo. Mal que nos pese, son principalmente los movimientos sociales de todo el mundo quienes están avanzando en la elaboración de un programa que viabilice este nuevo paradigma.

Tanto es así que en la cop de Lima los esfuerzos políticos se orientaron, en gran medida, a atender los intereses de las grandes corporaciones contaminadoras y profundizar la desregulación del régimen internacional de cambio climático. Los «acuerdos» socavan la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, debilitan las normas para los países desarrollados y hacen caso omiso de su obligación legal y moral de financiación y transferencia de tecnología para los países en desarrollo. El escenario próximo torna incierta y difícil la posibilidad de alcanzar un acuerdo justo en París.

En cuanto al pliego reivindicativo de los y las trabajadores/as, la cop de Lima también falló. Ninguna de las demandas del sindicalismo internacional sobre el cambio climático, que fueran sintetizadas en el 3.er Congreso Mundial en Berlín en mayo de 2014 y que sirvieron como base para nuestro posicionamiento en Lima, avanzó.

La petición histórica de los sindicatos, que los gobiernos emprendan acciones para impedir la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera y así frenar el inminente aumento de las temperaturas y sus trágicas repercusiones sobre la vida en nuestro planeta, no avanzó como se esperaba en Lima. Los sindicatos reclamaron además inversiones directas para la transformación de los sectores industriales antes de 2020, con el objetivo de avanzar en la reducción de emisiones y hacer frente a la crisis del empleo. Por último, se apoyó la financiación para la adaptación al cambio climá- tico de los países en desarrollo —especialmente aquellos que están sufriendo en mayor medida los impactos— y para la reducción de emisiones en los sectores productivos con mayor uso intensivo de energía.

El punto positivo en las negociaciones fue el reconocimiento de la importancia de asegurar una transición justa para los/as trabajadores/as, proporcionando oportunidades de trabajo decente en una nueva economía que proteja el clima.

La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático

La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático se realizó del 8 al 11 de diciembre de 2014 en el Parque de la Exposición de la ciudad de Lima y reunió organizaciones civiles y movimientos sociales: ambientales, sindicales, gremiales, estudiantiles, indígenas, agrarios y de mujeres. Fue convocada con el objetivo de brindar a las organizaciones sociales de todo el mundo un espacio de diálogo y acción abierto, democrático y horizontal para compartir experiencias, problemas y propuestas frente al cambio climático. La crisis civilizatoria y los modelos alternativos de vida social, el calentamiento global y el cambio climático, la agricultura y la soberanía alimentaria fueron los ejes temáticos que organizaran las actividades.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó una multitudinaria movilización. Según los organizadores, más de 15 000 personas marcharon por las calles de Lima y llegaron hasta la plaza San Martín. El mensaje «cambiemos el sistema, no el clima» fue contundente: las falsas soluciones del capitalismo verde sirven a la reorganización del capitalismo y no a la dignidad de los pueblos. La declaración final expresó la unidad lograda en el proceso de construcción de una alternativa. Este documento tomó posición sobre la reunión oficial de los gobiernos, denunció la crisis sistémica del capitalismo y reconoció que la Cumbre de Lima era un capítulo más (y no menos importante) de las luchas acumuladas.

La csa integró activamente el grupo de enlace junto con otras importantes organizaciones como Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, Grupo Carta de Belém, Jubileo Sur, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, que impulsaron la cumbre y protagonizaron la movilización. A nivel nacional, la iniciativa contó con el apoyo de las tres centrales sindicales peruanas: la Confederación General de Trabajadores del Perú (cgtp), la Central Única de Trabajadores del Perú (cut) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (cat). La presencia de estas organizaciones fue clave para garantizar el evento y proyectar la importancia política de la cumbre. El movimiento sindical regional y el peruano centraron sus esfuerzos políticos en garantizar este espacio y colocar sus demandas como parte de los acuerdos y consensos alcanzados junto con los movimientos sociales:

Derecho humano a un trabajo digno, con pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que se garantice un proceso de transición justa en un mundo que nos permita mejorar la calidad de vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas de protección y seguridad social, el respeto de nuestra libertad sindical y a una repartición justa y equitativa de la riqueza producida con nuestro trabajo y conocimientos (Declaración de Lima, Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático).

Los dirigentes sindicales peruanos, en unidad de acción, se pronunciaron enfáticamente sobre la necesidad de articular las luchas de las y los trabajadores con el conjunto de las expresiones colectivas que están asumiendo creciente protagonismo en las luchas medioambientales. Para Juan José Gorriti, de la cgtp, lo fundamental es …

amarrar las luchas por las reivindicaciones laborales con las reivindicaciones sociales. Y ahora con las reivindicaciones medioambientalistas. Es decir, si no somos conscientes de que no es suficiente simplemente exigir un aumento de sueldo o menos horas de trabajo, que el planeta va hacia la destrucción al margen de las jornadas de trabajo, por así decirlo, no vamos a poder derrotar la marcha apresurada que le están metiendo las grandes transnacionales y los empresarios al clima.

Milagros Paz, de cat Perú, puso de relieve la creciente importancia del agua y los desafíos que representan para el movimiento sindical su defensa y preservación en el Perú:

La cuestión de las cuencas y ríos es importantísima por el tema minero que tenemos aquí. Y la desglaciación, justamente en nuestra cordillera blanca, nuestra cordillera de los Andes. Y tantísimo para nosotros el tema pesquero, porque no solo hay embarcaciones nacionales, sino que vienen internacionales, de otros países que vienen a hacer la pesca. Estos no respetan el tamaño del cardumen y se los llevan siendo muy pequeños; y además todos los desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos van a nuestro mar.

Y Julio César Bazán, de la cut Perú, resaltó como emblemática la unidad con los campesinos contra el proyecto minero Conga:

La lucha contra la empresa Yanacota, en Cajamarca, que genera el proyecto minero Conga, ha sido un logro muy grande, ha reforzado la lucha de los campesinos de Cajamarca con el movimiento sindical.

Desafíos hacia la cop 21 en París

Si bien el panorama que hemos descrito es poco alentador, en lo que se refiere a las negociaciones de los países en los espacios formales, las articulaciones y demandas comunes construidas por los movimientos sociales y las organizaciones sindicales generan expectativas esperanzadoras. Los desafíos para el movimiento sindical de las Américas son múltiples.

Deben intensificarse los esfuerzos destinados a lograr una incidencia sustantiva en los espacios de negociación formal de la onu colocando las propuestas y definiciones propias del movimiento sindical. Oficiando al mismo tiempo como canal de representación y participación de todas aquellas otras expresiones colectivas de las luchas indígenas, campesinas, feministas y medioambientales aliadas a las organizaciones de las y los trabajadores, que no tienen voz en esas instancias.

En conjunción con los movimientos sociales y las organizaciones populares del continente, urge dar visibilidad, multiplicar y profundizar una estrategia alternativa de desarrollo por los pueblos y para los pueblos. Ello implica además asumir batallas en el campo de las ideas, especialmente en la resignificación de nociones que, surgidas de elaboraciones colectivas, han sido apropiadas y malversadas por los grupos dominantes, como ha sucedido con el concepto de desarrollo sustentable.

En lo que se refiere a la estrategia sindical internacional y regional, las prioridades fueron definidas en 2015:

- promover la campaña «Unions4Climate»/«Sindicatos para el clima», para elevar el perfil de los sindicatos y su compromiso en la lucha contra el cambio climático en los planos nacional, regional e internacional;

- alentar y apoyar la movilización de los afiliados y promover un acuerdo global en París en 2015;

- participar activamente en el seguimiento de la decisión de la oit sobre empleos verdes y una transición justa, incluso en la reunión tripartita de expertos prevista para octubre de 2015;

- facilitar, en asociación con los afiliados franceses, una reunión sobre el clima y el empleo en París en 2015;

- trabajar con los afiliados en países interesados en organizar a los trabajadores en las energías renovables;

- llevar a cabo investigaciones sobre los planes de transformación industrial en países interesados;

- mantener y fomentar una participación más activa de la agrupación Global Unions sobre el Cambio Climático.

Pero también supone la elaboración de conceptos, como el de transición justa, que pongan en cuestión el paradigma de la economía verde impulsado por las grandes corporaciones. O el principio de justicia ambiental, que pone en la mesa de debate la necesidad de impulsar respuestas al cambio climático dirigidas a terminar con las desigualdades históricas entre los países del norte y los del sur.