El movimiento sindical de las Américas frente a la crisis climática

A partir de su creación, la orientación del sindicalismo latinoamericano expresado por las tradiciones condensadas en esta nueva organización registró una serie de cambios, cuyos rasgos más relevantes están dados por la construcción de un nuevo arco de alianzas que incluye la articulación con movimientos campesinos, ambientalistas y feministas. La convocatoria a la «autorreforma sindical» y la redefinición de la independencia sindical en términos de activa intervención en el terreno sociopolí- tico nacional y supranacional se concretaron con la elaboración y promoción de dos plataformas políticas que organizaron la intervención de la csa. Nos referimos a la Plataforma Laboral de las Américas (pla), elaborada en 2005, y la Plataforma de Desarrollo de las Américas (plada), producida en 2014.

La estrategia de desarrollo promovida por la csa

La plada fue el producto de una construcción colectiva que implicó debates abiertos, deliberaciones y acuerdos en espacios orgánicos de la csa. El proceso se inició en el II Congreso de la csa, bajo el lema «Desarrollo sustentable, trabajo decente y democracia», realizado en Foz de Iguazú en abril de 2012, y culminó con su lanzamiento en Santiago de Chile el 8 de mayo de 2014.

La plada promueve una alternativa de desarrollo a partir de las y los trabajadores y los pueblos y para ellos. Se presenta como una respuesta a la profunda crisis de la globalización capitalista que ha sacudido a las potencias del norte. Con eje en la integración regional, recoge la experiencia de las luchas populares, las demandas de los movimientos sociales de todo el continente y las reformas progresistas de los distintos proyectos políticos en curso en la región.

Una de las definiciones más significativas es la restitución de la supremacía de la política sobre la autoridad de los mercados y el capital. Una nueva relación entre Estado, sociedad y mercado es condición de posibilidad para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. La Plataforma está organizada sobre cuatro pilares fundamentales: político, económico, social y ambiental. En este escrito nos enfocaremos en el pilar ambiental, dado que es el principal eje que organiza la intervención de la csa en los espacios de debate sobre cambio climático.

La orientación de las propuestas medioambientales pone de manifiesto la creciente presencia y participación del movimiento sindical internacional en las acciones globales frente al cambio climático, el extractivismo y la contaminación ambiental. Expresa un proceso de acercamiento y unidad en la acción con un conjunto de organizaciones y movimientos sociales, campesinos, ambientalistas y feministas: Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Marcha Mundial de las Mujeres, entre otros.

La transición justa es la propuesta prioritaria del movimiento sindical frente a las consecuencias negativas del cambio climático sobre los pueblos. Se define como el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino hacia una producción con bajas emisiones de gases con efecto invernadero ofrezcan al mismo tiempo oportunidades para las y los trabajadores y a las comunidades implicadas. No deben ser ellas y ellos quienes paguen los mayores costos de las consecuencias negativas de cambios de los cuales no son los mayores responsables. Requiere consulta democrática de las partes interesadas, diálogo social, investigación y evaluación temprana de los impactos sociales y de los efectos en el empleo, capacitación y desarrollo de competencias de los trabajadores y comunidades.

La transición justa también comprende la demanda y defensa de una transferencia real de tecnología entre países y regiones orientada a revertir las asimetrías históricas entre el norte y el sur. La transferencia de tecnología debe ser efectiva en pos del desarrollo sustentable de los países receptores. Las patentes no pueden ser un impedimento para ello. A su vez, la tecnología transferida debe contribuir a acabar con la dependencia de los países y no generar endeudamiento externo. La participación del movimiento social y sindical en el diseño, monitoreo y verificación no puede ser eludida.

Otro importante concepto presente en la plada es el de justicia ambiental. Todas las naciones tienen derecho al desarrollo sustentable. Las políticas ambientales deben enfrentar las asimetrías existentes tanto entre clases sociales como entre pueblos y naciones del norte y el sur en cuanto a los impactos negativos. En otros términos, implica reconocer que las responsabilidades por el cambio climático son comunes pero diferenciadas. Sobre los responsables de los mayores daños deben recaer las mayores cargas relativas a las iniciativas de mitigación y adaptación.

La defensa y la preservación de los bienes comunes, naturales o construidos socialmente, colectivos y transgeneracionales, como la biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques, la energía y el conocimiento, igualmente constituyen una importante bandera de lucha. Implican garantías de la soberanía y autodeterminación de los pueblos mediante instancias de participación y decisión que regulen de forma democrática su goce, defensa y preservación.

En especial el agua, derecho humano esencial para la vida, cuya mercantilización cercena el acceso efectivo de las poblaciones al agua potable y el saneamiento básico. La plada promueve una visión «de cuenca», que supone la necesidad de regulación y control estatal con participación comunitaria. Comprende la preservación de cabeceras de cuencas, lagunas, páramos, glaciares y espejos, particularmente de cara a los grandes asentamientos mineros e industriales. Asimismo, la preservación de los recursos hídricos subterráneos de aguas continentales, zonas marino-costeras y aguas profundas, de la mano de un desarrollo acuícola sustentable y la zonificación de reservas extractivas marítimas en las costas nacionales.

Soberanía y democratización energética con matriz sustentable, posible mediante la reformulación y diversificación de la matriz fósil histórica sobre la base de tecnologías limpias, renovables y bajas en emisiones de gases con efecto invernadero. La demanda de hidrocarburos no puede ser un pretexto para la explotación de recursos no convencionales mediante técnicas contaminantes que impactan negativamente en las poblaciones locales. Además, la plada se hace eco de una de las demandas más fuertes de los pueblos originarios y colectivos sociales afectados por los grandes proyectos energéticos: restricciones estrictas al otorgamiento de concesiones y consulta previa e informada a las poblaciones afectadas. Los acuerdos con empresas extranjeras no deben poner en riesgo las soberanías energéticas y el control democrático sobre los recursos hidrocarburíferos.