El desarrollo rural en América Latina y el Caribe Logros, retos y perspectivas

En la última década se redujeron el hambre y la pobreza en América Latina, que afectan particularmente a las zonas rurales. A pesar de estas mejoras, la situación de los campesinos de la región sigue planteando desafíos para el desarrollo rural. Las mujeres y los trabajadores siguen expuestos a dificultades como migraciones, desigualdades y violaciones de derechos. A la hora de enfrentar estos retos, se hace más evidente la necesidad de la integración regional para fomentar un crecimiento igualitario.

Enero 2016
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Este documento está basado en los resultados de la conferencia «Desarrollo rural en América Latina y el Caribe: logros, retos y perspectivas», llevado a cabo los días 3 y 4 de septiembre de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La actividad fue organizada por la Fundación Friedrich Ebert en el marco de su proyecto Un mundo sin hambre, ejecutado por Nueva Sociedad. Los aportes provienen de las exposiciones realizadas, así como de los comentarios de los participantes.

En América Latina y el Caribe, el nivel de urbanización ha alcanzado los valores más altos a escala global y el proceso de metropolización va en aumento, organizando así los territorios alrededor de ciudades que concentran recursos y poderes. Si bien el crecimiento de la población urbana se ha desacelerado en la región, el Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (ONU Hábitat) pronostica un grado de urbanización de 89% para el año 2050 (ONU Hábitat 2012). Este descontrolado crecimiento de las ciudades es uno de los mayores problemas sociales de la región, ya que a los espacios urbanos les resulta difícil absorber las demandas de vivienda, empleo y acceso a servicios básicos como educación, salud o movilidad.

Al mismo tiempo, el rostro de la pobreza y el hambre en la región es fundamentalmente rural. La pobreza alcanza a 182 millones de personas, de las cuales 71 millones son indigentes; la mitad de todos los indigentes viven en las zonas rurales, aunque solo 22% de la población total es rural (Cepal 2008). A su vez, en las últimas décadas, la reducción de la indigencia rural habría sido de 15%, mientras que la indigencia urbana habría disminuido 27%. Para los jóvenes, la vida en el campo no ofrece suficientes posibilidades y la migración a zonas urbanas suele aparecer como la alternativa evidente. El éxodo rural se presenta entonces como un gran desafío, y no solamente en relación con el problema no resuelto de las deficiencias en el control y la gobernabilidad de los centros urbanos.

Como lo subraya el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), estos flujos representan una gran preocupación para el futuro del campo. El desarrollo de los espacios rurales determina, además, la forma en que se podrá alimentar a la población mundial (Cepal, FAO e IICA 2015). Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (FAO 2015) y el Banco Mundial (2015) muestran que el aumento en la producción de alimentos y otros productos agrícolas no será suficiente si se sigue administrando el campo como hasta ahora. Ni la agricultura basada en pequeñas explotaciones ni la producción agrícola industrial a gran escala parecen tener el enfoque necesario para enfrentar solos los desafíos ecológicos, económicos y sociales del futuro.

Sin embargo, los espacios rurales pueden ofrecer perspectivas de vida sustentable. Para concretarlas, es necesario consolidar una base sólida para el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales, reforzar las inversiones en educación, salud, suministro de energía e infraestructura de transporte y comunicaciones, así como también mejorar el marco político y legal.

Para ser exitoso, el desarrollo sustentable de las zonas rurales no debe tener en cuenta solo un factor, sino que debe integrar todos los elementos relevantes. Esto incluye las necesidades sociales de la población de la región, tales como educación, salud y cultura; motivación y formación de la población rural, factores económicos locales como el potencial y la infraestructura para la producción y el transporte, el acceso a los mercados y la protección de la naturaleza, el medio ambiente y el clima. Frente a estos desafíos, comunes a todos los países de la región, existen respuestas nacionales, con políticas que tienen su éxito (Cepal, FAO e IICA 2015), pero no existe una articulación regional, entre los países o entre las subregiones. Si bien las realidades del ámbito rural son diversas a lo largo de los territorios que forman América Latina y el Caribe, la amplitud de los retos que la agricultura y el mundo rural tendrán que enfrentar parece necesitar una respuesta conjunta.

Con el fin de evaluar la capacidad de reinventarse del desarrollo rural en América Latina y el Caribe, se plantean, en primer lugar, los retos actuales que enfrentan la agricultura y las poblaciones rurales en términos sociales, políticos y económicos. En segundo lugar, se pone el foco en dos elementos claves para entender las dinámicas propias de la vida en el campo: el empleo y la igualdad de género, con sus perspectivas futuras. Finalmente, se intenta delinear los principales retos para establecer esfuerzos regionales, analizando específicamente las dificultades para el establecimiento de una agenda común.

La vida en el campo: realidades, retos y potencialidades

El ámbito rural concentra la atención de políticas públicas específicas, así como de los organismos internacionales y académicos. No obstante, el proceso de urbanización no parece disminuir en la región, y el campo sigue concentrando indicadores elevados de pobreza y desigualdad, así como de difícil acceso a servicios públicos (salud y educación, entre otros). Para entender los límites de las políticas de desarrollo rural, se sugiere en un primer tiempo tener en mente la dificultad y las implicaciones de la conceptualización del campo como sujeto de políticas públicas.

Una visión ampliada de lo rural

Porque un término suele usarse para definir el otro, es necesario partir de una distinción precisa entre lo «rural» y lo «agrícola». El proceso de urbanización que ha tenido lugar durante los últimos años se concentró, en gran medida, en territorios que operan como una interfaz rural-urbana, es decir, ciudades pequeñas y medianas y las áreas rurales que las rodean. En la región, más de la mitad de la población vive en estos espacios (RIMISP 2015).

Los mismos no responden al imaginario de la ruralidad «profunda» en la que, en el caso de América Latina, habita solo 2% de la población. En este contexto, la dicotomía rural-urbano pierde validez y emerge una visibilización nueva de espacios que requieren de conceptos y herramientas propias.

Varios trabajos de investigación proveen datos concretos sobre el desarrollo de los territorios rurales así definidos. El programa Dinámicas Territoriales Rurales del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), por ejemplo, exploró la cuestión a partir del estudio de casos de 8.734 municipios rurales. Se monitoreó la dinámica de las siguientes tres dimensiones sociales entre las décadas de 1990 y 2000: ingreso per cápita, pobreza y distribución del ingreso. Entre las conclusiones, se sostiene que solo 12% de los municipios estudiados (9% de la población examinada) logró mejorar su situación en las tres dimensiones estudiadas. Asimismo, se manifiesta una dificultad para que mejoramiento económico individual, reducción de la pobreza local y distribución equitativa de los ingresos crezcan en conjunto en estos territorios. Además, el estudio subraya la disparidad que pueden esconder los resultados de mejoramiento general ya mencionados.

Para caracterizar mejor dónde y quiénes se enfrentan más a estas dificultades, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad examina salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza, seguridad ciudadana y género (RIMISP 2013). El trabajo, que centra su análisis en la experiencia de diez países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú), identifica los elementos comunes entre los territorios que conocen un mayor rezago. En términos poblacionales, se sostiene que existe una correlación con los espacios de menor tamaño, con mayor proporción de habitantes pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, y menores de 15 años. En términos geográficos, los territorios más rezagados tienden a estar en zonas fronterizas, alejados de las capitales nacionales o de las grandes ciudades. Asimismo, a pesar de las numerosas diferencias que existen entre los territorios estudiados, se logró identificar factores comunes que favorecen la desigualdad en el ámbito rural.

La evolución de las políticas públicas dirigidas al campo

Con esta distinción en mente, que permite mirar las distintas realidades de los territorios así como sus puntos en común, se pueden analizar los efectos de las políticas públicas dirigidas al campo en la región.

a) Disminución y reestructuración de los apoyos:

En general, se observa una reducción notable de los apoyos directos al sector agrícola –por ejemplo, bajo la forma de subvenciones– que se explica, principalmente, por cuestiones fiscales y regulatorias del ámbito multilateral, en particular dada la menor disponibilidad de recursos de los Estados para apoyos puntuales, la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos multilaterales (Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tratados de libre comercio, etc.) y el convencimiento de que los instrumentos utilizados estaban distorsionando los mercados y ocasionaban efectos negativos en otros agentes.

A diferencia del enfoque que caracterizó el siglo pasado, las nuevas tendencias globales en políticas agrícolas y de desarrollo rural consideran el campo como un espacio que abarca más que la dimensión productivo-comercial. Las medidas de apoyo, que solían estar orientadas a cultivos específicos, se reemplazan por apoyos de tipo genérico y transversal, dirigidos a la logística, el almacenamiento o los seguros. Además, los programas tienden a brindar un mayor respaldo a grupos sociales específicos más vulnerables, como los jóvenes y las mujeres; intentan también vincular la agricultura familiar con potencial comercial en las cadenas de mayor valor y empiezan a perseguir objetivos ambientales.

b) Apoyos más allá de la agricultura:

En el caso específico de América Latina y el Caribe, las agriculturas comercial y familiar se han fomentado gracias a esfuerzos específicos para mejorar la competitividad y productividad, pero también para incrementar los ingresos y la equidad y promover la sostenibilidad (Cepal, FAO e IICA, 2015). Las líneas prioritarias de las acciones se concentran en el objetivo de favorecer la competitividad y la productividad, tanto para los mercados nacionales como para los internacionales, gracias a la innovación (mejoramiento de empaques, logística, etc.) y la inserción en mercados internacionales; ofrecer posibilidades de financiamiento, con el incremento de fondos para créditos disponibles para la agricultura y las actividades rurales; y la gestión de riesgos, con el fomento del seguro agrícola –aunque muchos productores no tienen acceso por no contar con garantías–. Además de este objetivo principal, se agregan otros elementos a las políticas, como el fortalecimiento del capital humano y social y la vinculación a cadenas de valor a través del estímulo de la asociatividad (Cepal, FAO e IICA 2015). Por su impacto sobre los rendimientos, crece el interés en temas de cambio climático y recursos naturales, aunque estos no se traten directamente a través de las políticas de desarrollo rural sino que estén tratados por instituciones específicas.

Las políticas de desarrollo rural en la región abarcan entonces una visión ampliada de lo rural, en la cual la actividad no se reduce a la agricultura, y temas como la igualdad o la sostenibilidad ambiental toman relevancia. Si bien estas políticas tienen objetivos y herramientas similares en los países de la región, siguen existiendo desigualdades entre los territorios y los grupos sociales. Ilustraremos este punto en la siguiente sección.

Empleo y género, dos enfoques clave para el presente y el futuro del campo

El desarrollo rural, como ya se vio, apunta a enfrentar todos los desafíos del campo para mejorar sus indicadores económicos, sociales y medioambientales, entre otros. En un contexto tan diversificado y complejo, resulta útil rescatar dos ejes de análisis transversales para la región: la condición laboral y los avances en términos de igualdad de género.

El desafío del trabajo en el campo

En los últimos años, la agricultura comercial fomentada por las políticas públicas ha desarrollado ciertos rasgos que han afectado las características del empleo en el sector: aumentaron los niveles de tecnificación, se incrementó la presencia de empresas multinacionales y se consolidaron las prácticas de certificación de calidad. Pese a estos cambios en la actividad agrícola, el trabajador asalariado del sector sigue siendo un sujeto «oculto», en gran medida debido a su poca capacidad de organización y expresión política, como consecuencia de la estacionalidad e inestabilidad de las actividades que desempeña.

a) Estancamiento de los ingresos:

Los resultados de un estudio llevado a cabo por la FAO, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 y 2012 permiten visualizar algunos de los problemas vinculados al trabajo rural y a los cambios introducidos en el último periodo. De acuerdo con este trabajo, a pesar de haber sido un sector muy dinámico, no se observan cambios profundos en el empleo en términos de niveles de ingreso, protección, estabilidad y nivel de precariedad (FAO, Cepal y OIT 2012). Entre los países latinoamericanos estudiados, solo en dos, Chile y Brasil, aumentaron los niveles de ingreso de los hogares agrícolas. Sin embargo, este aumento no proviene principalmente del trabajo, sino más bien de transferencias condicionadas de ingresos originadas en distintos programas y políticas públicas.

b) Estancamiento del empleo permanente:

En los últimos años, como consecuencia de las transformaciones productivas y los cambios en las estrategias de las empresas, se ha producido un estancamiento del empleo permanente y un aumento relativo del trabajo transitorio. Esta situación se ha visto favorecida a su vez por el crecimiento de las prácticas de intermediación laboral, ya sea a partir de la consolidación de figuras formales –por ejemplo, agencias de empleo– como de intermediarios informales.

Precariedad laboral

La precariedad laboral del sector rural se hace visible a través de las altas tasas de informalidad, el bajo cumplimiento de la legislación para el sector, la limitada sindicalización y la ausencia de negociación colectiva, y los elevados índices de trabajo infantil. Esta situación se incrementa en algunos grupos específicos, como el de los jóvenes, los migrantes, los indígenas y las mujeres.

Un análisis de la fuente de ingresos de los hogares rurales indica, en primer lugar, que estos se encuentran más diversificados, y, en segundo lugar, que se requiere más de una fuente de ingresos para no caer en situación de pobreza. En este sentido, ha sido importante el papel de los ya mencionados programas de transferencia condicionada de ingresos implementados en varios países de la región durante la última década. Sin embargo, si bien estos programas permitieron mejorar ciertos aspectos importantes, como el de la alimentación y la cobertura en salud y educación –dada su condicionalidad–, también se acepta que están creando relaciones de dependencia por parte de los hogares, además de estabilizarlos en una situación de relativa precariedad.

Al analizar la incidencia de la pobreza en la población rural, se observa que es mayor en el sector agrícola que en el no agrícola. Este fenómeno se corresponde con la existencia de ciertos rasgos del mercado laboral que precarizan el empleo, como el gran número de cuentapropistas, asalariados con contratos precarios y familiares no remunerados. Asimismo, la institución del salario mínimo tiene un alto nivel de incumplimiento en zonas rurales y la proporción de población activa con acceso a la seguridad social es sensiblemente más baja que en áreas urbanas.

Teniendo en cuenta los cambios y las tendencias en el sector rural durante los últimos años, las posibilidades de que el empleo crezca en la agricultura parecen limitadas. En cuanto a su calidad, los desafíos pasan, fundamentalmente, por hacer más efectiva la aplicación de la normativa laboral. A pesar de haberse registrado avances en ciertos países, como Argentina y Uruguay, las situaciones evocadas de invisibilización, estancamiento salarial y, sobre todo, persistencia de la precariedad en el trabajo agrícola representan grandes desafíos para los países de la región. Uno de los principales obstáculos, fruto de esta situación, es que los trabajadores mismos no conocen sus derechos.

El lugar real de las mujeres campesinas

En cuanto a la situación particular de las mujeres que viven en zonas rurales –sean trabajadoras agrícolas o no– y aquellas que migran del campo a la ciudad para trabajar, se pueden marcar algunas tendencias que se han desarrollado en América Latina.

Se observan avances en sectores claves para las mujeres rurales. En términos de educación, se ubican ahora por encima de los hombres en cuanto a cantidad de años de estudio, lo que implica un cambio respecto a la situación prevaleciente hace 20 años. Asimismo, se identifica un cierre en la brecha de la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres, con una participación mayor de las mujeres en el empleo rural no agrícola.

A pesar de estos avances, no obstante, se sigue notando una menor participación de las mujeres en las instancias de gobierno y en las altas jerarquías de las organizaciones rurales, lo que revela la persistencia de una dificultad de inclusión política. Además, se mantiene una gran desigualdad social y política entre hombres y mujeres en el plano económico, como se ve en cuestiones de acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los servicios como salud, educación y vivienda.

Las perspectivas de empleo e igualdad de género muestran cómo el mejoramiento de la situación en términos generales, con más inversiones en la agricultura y los otros sectores rurales y con avances en los derechos de grupos vulnerables como las mujeres, en realidad esconde desigualdades persistentes. Fenómenos como la precarización de los trabajadores rurales y la persistente exclusión de las mujeres de las esferas de poder sugieren, como se planteaba en la primera sección, un desarrollo desparejo en los países de la región y para los diferentes grupos que componen el campo. El enfoque sectorial del desarrollo rural llegó a mejorar situaciones puntuales, pero deja desigualdades en términos de representaciones sociales y políticas.

Elementos clave para pensar los logros y desafíos del desarrollo rural en la región

Los desafíos del desarrollo rural

Como lo muestran los párrafos anteriores, el balance de las políticas de desarrollo rural en la región es cuanto menos controvertido. Si bien se pudo avanzar en algunos temas puntuales como el hambre, el acceso a la salud y a la educación, la representación social y política de los pobladores rurales y su consiguiente empoderamiento sigue siendo un desafío. Algunos conceptos permiten entender mejor cómo se presenta la situación en la región y cómo pensar su futuro rural.

a) Replantear el desarrollo rural:

En primer lugar, se destaca particularmente la necesidad de reconceptualizar lo rural y, en particular, el alcance y los contenidos del desarrollo rural. Como se detalló más arriba, una visión más amplia de lo rural permite entender sus desafíos para lograr la creación de coaliciones sociales transformadoras, de las cuales muchas veces han estado excluidos los sectores más desfavorecidos tales como indígenas, mujeres, jóvenes o campesinos pobres.

Por otro lado, la persistencia de pobreza, hambre y desigualdad en el campo parece sugerir una necesidad de repensar las políticas orientadas a la exportación de productos agrícolas y alimentarios. Como alternativa, en particular, a las falencias que se mencionan en cuanto al empleo rural y el lugar de las mujeres, en los últimos años ha aumentado la visibilidad política de la agricultura familiar –en parte, como consecuencia de la crisis alimentaria que se inició en 2008 por el alza de precios–. Sin embargo, su presencia en la oferta alimentaria ha disminuido. Asimismo, en las unidades familiares se ha reducido la proporción del ingreso proveniente del cuentapropismo y se observa una creciente diversificación de la actividad en el campo. Cuando la agricultura familiar empieza a tener visibilidad en algunos países como Brasil o Argentina, se nota una disminución de sus efectos positivos en las estructuras rurales.

b) Repensar las herramientas del desarrollo rural:

En cuanto a las políticas agrícolas, la suscripción de acuerdos y normas internacionales ha obligado a los países a reestructurar sus instrumentos de política agrícola, lo que imposibilita el uso de muchos de los utilizados en el pasado. Adicionalmente, la poca disponibilidad de recursos fiscales para el financiamiento de políticas agrícolas amplias ha obligado a algunos países a utilizar la fijación de precios de los productos agrícolas como mecanismo de apoyo a los productores nacionales, lo que castiga principalmente a los consumidores nacionales, sobre todo a los de menor ingreso, que destinan un mayor porcentaje de él a la compra de alimentos.

Por último, si bien los programas de transferencia condicionada han tenido efectos muy positivos –en particular, para controlar la indigencia, avanzar en el empoderamiento de las mujeres, mejorar las condiciones de acceso a la salud y prolongar la permanencia en el sistema educativo, así como debilitar el clientelismo a partir del establecimiento de una relación más directa entre el Estado y los beneficiarios–, al mismo tiempo han mostrado fuertes limitaciones en cuanto a la posibilidad de sacar a las familias de la situación de pobreza. Esto pone en evidencia un problema de carácter estructural: el desacople que existe entre la política social y la política económica.

Hacia la construcción de una agenda común: ¿por dónde empezar?

a) La dificultad de mutualizar los esfuerzos:

Para analizar las dificultades que existen a la hora de adoptar una agenda común en la región, es necesario, en primer lugar, entender que existen problemáticas específicas diferenciadas por subregiones como el Mercado Común del Sur (Mercosur), Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, también hay ciertos rasgos comunes que permiten un tratamiento conjunto de algunas problemática; por ejemplo, la creciente transnacionalización de la agricultura y la consolidación de los agronegocios. De la misma forma, es importante el tratamiento de ciertos temas en ámbitos supranacionales, ya que en el largo plazo terminan permeando las agendas nacionales.

En la actualidad prevalece un gran desconocimiento sobre los conceptos manejados y las políticas implementadas en países vecinos, lo cual complica la posibilidad de avanzar en una agenda regional. Por otro lado, la desarticulación que predomina dentro de cada país en términos institucionales refuerza estas dificultades. Esta desarticulación genera tensiones en la región: por un lado, hay un eje Pacífico, abierto a las negociaciones comerciales con los países asiáticos; por otro, se encuentran los países del Mercosur, con mayor orientación hacia la región latinoamericana; y, finalmente, existe un grupo transversal de tendencia ecologista e indigenista que persigue la soberanía alimentaria. Una mejor comunicación, cooperación regional y atención a la sociedad civil serían, entonces, puntos claves para la elaboración de una agenda común.

b) Recomendaciones para una agenda regional común:

Una agenda debe servir para dar visibilidad a subregiones que hoy aparecen como marginales en la agenda, en particular la Amazonia, cuya importancia es crítica en lo que se refiere al cambio climático. En este sentido, también se requiere contribuir a la creación de una agenda común desde la academia, para una mayor comprensión de ciertos cambios que están teniendo lugar en la agricultura y su impacto, especialmente sobre las pequeñas unidades productivas. Por ejemplo, en lo que respecta a la biotecnología, las redes de producción y abastecimiento, o en la dieta de países consumidores.

En cuanto a los temas alrededor de los cuales se tiene que articular la agenda, se destacan la soberanía alimentaria –un concepto más amplio que el de desarrollo rural sobre el que ya están trabajando varios grupos–, la violencia contra las mujeres y los acuerdos económicos bilaterales en la región. En el ámbito rural, se debería dar visibilidad a la «agenda rural en temas no rurales»; por ejemplo, la problemática de la pobreza, especialmente en los aspectos no vinculados a la dimensión productiva, debe constituir un objeto de intervención. Asimismo, se puede trabajar sobre temas transversales que afectan a lo rural, como el cambio climático y la nutrición.

Para avanzar en esta tarea hay que empezar desde la institucionalidad vigente –como la Unasur o la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (Mercosur), por solo mencionar algunas entidades–, integrando otros países. Sin embargo, es conveniente lograr una mayor articulación de los actores: gobiernos, academia, sindicatos y ONG. En este sentido, el rol de las ONG parece fundamental para presionar sobre las organizaciones regionales existentes, mientras que el de la academia lo es para clarificar y aportar conceptos que favorezcan el diálogo.

En cuanto al rol deseable de la sociedad civil en el futuro, debería ampliar su intervención en la elaboración de agendas no solamente locales o nacionales, sino subregionales y regionales. Para lograrlo, es importante reforzar la organización incorporando cada vez más actores para una mejor representatividad. Eso requiere, de mínima, la federación de las agendas con la elaboración conjunta de agendas subregionales. También es importante reforzar los lazos entre el ámbito académico y la sociedad civil, ya que esta es una forma de visibilizar a las minorías culturales, sociales, políticas y económicas, que tienen roles diferentes pero complementarios. Se requiere de todas estas visiones para elaborar políticas adecuadas. La sociedad civil deberá aglutinar estas visiones y unificar las demandas para presentarlas ante las autoridades políticas. Esto se logra gracias a la (re)articulación organizativa, que cuestiona conceptos antiguos y nuevos, renovando de esta forma el debate político. La sociedad civil se presenta, entonces, como un actor clave del proceso de decisión, pero también es un factor de resistencia al oponerse a ciertas medidas o al incumplimiento de otras. En el diseño de políticas destinadas al ámbito rural, la intervención de la sociedad civil permite hacer visibles ciertas temáticas, grupos e intereses, y también asegurar su continuidad y aplicación.

En síntesis, entendida como un conjunto de actores diversos y complementarios, la sociedad civil ocupa un rol clave en el proceso de toma de decisiones, al revelar necesidades y exigir intervenciones concretas. Este papel, sin embargo, debe ampliarse para ofrecer una mejor adecuación entre políticas y realidad. En particular, las organizaciones civiles pueden hacer un aporte valioso con su capacidad de gestión y difusión de las temáticas más urgentes.

Elementos conclusivos

El desarrollo rural en América Latina y el Caribe presenta un balance contrastado en estos últimos años. Si por un lado, se logró mejorar ciertos sectores puntuales, como el acceso a servicios como educación y salud, hay que notar también la persistencia de retos. Como lo muestran los casos de los trabajadores rurales y de las mujeres, estas mejoras puntuales no se acompañan siempre de un empoderamiento de los actores, que quedan invisibilizados y excluidos de los ámbitos de gobernanza para hacer valer sus derechos. La dificultad mayor reside en la dispersión de los esfuerzos en la región, cuando se identifican problemáticas similares. Resolver la integración política de los rurales requiere entonces establecer sinergias entre los actores políticos, los miembros de los sindicatos y la sociedad civil, así como de la academia.

Referencias bibliográficas

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Cepal (2008): Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Santiago.

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RIMISP (2015). «Repartición de la población rural en América Latina y el Caribe», presentación de María Ignacia Fernández, Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, Buenos Aires, 3 de septiembre.

Valenzuela, María Elena, Gerhard Reinecke y Giulia Scaglione (2012): «El empleo de las mujeres rurales en América Latina» en OIT: Panorama laboral 2012 de América Latina y el Caribe, OIT, Ginebra, p. 112.

Participantes de la conferencia

Expositores: Oscar Bazoberry, Hugo Chavarría, Sergio Faiguenbaum, María Ignacia Fernández, Ana Isabel García Quesada, Guillermo Neiman.

Invitados: Jorge Alfonso Aparcana Alfaro, Omar Segundo Barchetta, Eva Carazo, Marlene Luz Castillo Fernández, José Reinaldo Díaz Osorio, Lidiane Fernandes da Luz, Cyntia González, Karin Nansen, Carlos Vacaflores, Nelly Antonia Velandia Avendaño.

Redacción y edición del informe: Martín Obaya, Juan Solernó.