El desarrollo rural en América Latina y el Caribe Logros, retos y perspectivas

Varios trabajos de investigación proveen datos concretos sobre el desarrollo de los territorios rurales así definidos. El programa Dinámicas Territoriales Rurales del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), por ejemplo, exploró la cuestión a partir del estudio de casos de 8.734 municipios rurales. Se monitoreó la dinámica de las siguientes tres dimensiones sociales entre las décadas de 1990 y 2000: ingreso per cápita, pobreza y distribución del ingreso. Entre las conclusiones, se sostiene que solo 12% de los municipios estudiados (9% de la población examinada) logró mejorar su situación en las tres dimensiones estudiadas. Asimismo, se manifiesta una dificultad para que mejoramiento económico individual, reducción de la pobreza local y distribución equitativa de los ingresos crezcan en conjunto en estos territorios. Además, el estudio subraya la disparidad que pueden esconder los resultados de mejoramiento general ya mencionados.

Para caracterizar mejor dónde y quiénes se enfrentan más a estas dificultades, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad examina salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza, seguridad ciudadana y género (RIMISP 2013). El trabajo, que centra su análisis en la experiencia de diez países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú), identifica los elementos comunes entre los territorios que conocen un mayor rezago. En términos poblacionales, se sostiene que existe una correlación con los espacios de menor tamaño, con mayor proporción de habitantes pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, y menores de 15 años. En términos geográficos, los territorios más rezagados tienden a estar en zonas fronterizas, alejados de las capitales nacionales o de las grandes ciudades. Asimismo, a pesar de las numerosas diferencias que existen entre los territorios estudiados, se logró identificar factores comunes que favorecen la desigualdad en el ámbito rural.

La evolución de las políticas públicas dirigidas al campo

Con esta distinción en mente, que permite mirar las distintas realidades de los territorios así como sus puntos en común, se pueden analizar los efectos de las políticas públicas dirigidas al campo en la región.

a) Disminución y reestructuración de los apoyos:

En general, se observa una reducción notable de los apoyos directos al sector agrícola –por ejemplo, bajo la forma de subvenciones– que se explica, principalmente, por cuestiones fiscales y regulatorias del ámbito multilateral, en particular dada la menor disponibilidad de recursos de los Estados para apoyos puntuales, la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos multilaterales (Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tratados de libre comercio, etc.) y el convencimiento de que los instrumentos utilizados estaban distorsionando los mercados y ocasionaban efectos negativos en otros agentes.

A diferencia del enfoque que caracterizó el siglo pasado, las nuevas tendencias globales en políticas agrícolas y de desarrollo rural consideran el campo como un espacio que abarca más que la dimensión productivo-comercial. Las medidas de apoyo, que solían estar orientadas a cultivos específicos, se reemplazan por apoyos de tipo genérico y transversal, dirigidos a la logística, el almacenamiento o los seguros. Además, los programas tienden a brindar un mayor respaldo a grupos sociales específicos más vulnerables, como los jóvenes y las mujeres; intentan también vincular la agricultura familiar con potencial comercial en las cadenas de mayor valor y empiezan a perseguir objetivos ambientales.

b) Apoyos más allá de la agricultura:

En el caso específico de América Latina y el Caribe, las agriculturas comercial y familiar se han fomentado gracias a esfuerzos específicos para mejorar la competitividad y productividad, pero también para incrementar los ingresos y la equidad y promover la sostenibilidad (Cepal, FAO e IICA, 2015). Las líneas prioritarias de las acciones se concentran en el objetivo de favorecer la competitividad y la productividad, tanto para los mercados nacionales como para los internacionales, gracias a la innovación (mejoramiento de empaques, logística, etc.) y la inserción en mercados internacionales; ofrecer posibilidades de financiamiento, con el incremento de fondos para créditos disponibles para la agricultura y las actividades rurales; y la gestión de riesgos, con el fomento del seguro agrícola –aunque muchos productores no tienen acceso por no contar con garantías–. Además de este objetivo principal, se agregan otros elementos a las políticas, como el fortalecimiento del capital humano y social y la vinculación a cadenas de valor a través del estímulo de la asociatividad (Cepal, FAO e IICA 2015). Por su impacto sobre los rendimientos, crece el interés en temas de cambio climático y recursos naturales, aunque estos no se traten directamente a través de las políticas de desarrollo rural sino que estén tratados por instituciones específicas.

Las políticas de desarrollo rural en la región abarcan entonces una visión ampliada de lo rural, en la cual la actividad no se reduce a la agricultura, y temas como la igualdad o la sostenibilidad ambiental toman relevancia. Si bien estas políticas tienen objetivos y herramientas similares en los países de la región, siguen existiendo desigualdades entre los territorios y los grupos sociales. Ilustraremos este punto en la siguiente sección.

Empleo y género, dos enfoques clave para el presente y el futuro del campo

El desarrollo rural, como ya se vio, apunta a enfrentar todos los desafíos del campo para mejorar sus indicadores económicos, sociales y medioambientales, entre otros. En un contexto tan diversificado y complejo, resulta útil rescatar dos ejes de análisis transversales para la región: la condición laboral y los avances en términos de igualdad de género.

El desafío del trabajo en el campo