Apuntes de integración en América Latina 3/2017

Resumen de noticias y novedades vinculadas con las iniciativas y los bloques regionales latinoamericanos.

Junio - Agosto 2017
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Alianza del Pacífico

Entre el 29 y el 30 de junio tuvo lugar la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que reunió a los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú. Allí, las autoridades de los países miembros de este proceso de integración declararon su continuo compromiso con la Alianza y destacaron sus últimos logros, entre otros, en materia de integración comercial, como el intercambio electrónico de certificados fitosanitarios y otros mecanismos de facilitación de comercio; en materia educativa, como la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica para el otorgamiento de becas; y en materia de innovación y emprendimiento, como la creación de la Red de Agencias de Innovación, la implementación del Fondo de Capital Emprendedor y la Iniciativa de Facilitación de las Inversiones.

Un día antes, en la Segunda Reunión de la Comisión de Libre Comercio del Protocolo Adicional de la Alianza, donde participaron los ministros de Comercio de todos los países, se adoptaron otras decisiones para el funcionamiento de este propio organismo, tanto sobre reglas que establecen sus integrantes y reuniones (decisión Nº 2); como sobre el funcionamiento de tribunales arbitrales del mencionado Protocolo (decisión Nº 3); y sobre el «Procedimiento General para la Emisión y Recepción de Certificados de Origen Emitidos y Firmados Electrónicamente en el Marco de la Interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior» (Decisión N°4), que permitirá el intercambio electrónico de información de las transacciones de comercio exterior y que también fue un logro reconocido por los presidentes en la cumbre.

Además, en su declaración de Cali, los mandatarios anunciaron el inicio de negociaciones encaminadas a otorgar a Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur la condición de «Estado asociado» al bloque, mediante acuerdos que se celebrarán en materia de disciplinas comerciales. Para ello, ya el 2 de junio, en la XVII Reunión del Consejo de Ministros, se había anunciado la definición de los requisitos y procedimientos de la figura de «Estado asociado» en la Alianza y, un día antes de la cumbre, las autoridades del Grupo de Alto Nivel (GAN) del bloque -conformado por los viceministros de Comercio y de Relaciones Exteriores- revisaron los términos de referencia para las negociaciones comerciales con los terceros países que se convertirán en los primeros asociados de la Alianza, que hasta ahora sólo cuenta con países miembros u observadores.

El viejo continente también estuvo presente en la cumbre, por medio de la visita del director adjunto para las Américas del Servicio Exterior de la Unión Europea (EEAS), Roland Schäfer. El funcionario, además, visitó Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro) en Colombia, para la firma del cuarto proyecto del Fondo Fiduciario de la UE denominado «Macarena Sostenible con más Capacidad para la Paz».

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Costa Rica fue lugar de encuentro entre representantes de la Unión Europea (UE) y de 18 países de América Latina, que se reunieron del 10 al 12 de julio con el objetivo de fortalecer las acciones contra el crimen organizado en la región. Se trató de la primera reunión de puntos focales del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional (PAcCto), un programa financiado por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la UE para asistir técnicamente a los estados latinoamericanos en la lucha contra ese tipo de crímenes.

Aunque la cita fue a puertas cerradas, trascendió que la misma pretendió definir las líneas de cooperación y abordó como principales temas el cibercrimen, la corrupción policial, el intercambio de experiencias, la capacitación y las mejores prácticas, así como las formas para trabajar y fortalecer las acciones contra el crimen organizado. El Programa se ubica en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y la Celac y, según el codirector del Programa, Xavier Cousquer, está orientado «a la demanda, pues corresponde a cada país definir en lo que quiere trabajar con nosotros». Los países que participan del mismo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El PAcCTO se focalizará, en particular, en reforzar la cooperación policial, judicial y fiscal, a la vez que se apoyará en la totalidad de los actores de la cadena penal, a nivel nacional, regional y en vínculo con las estructuras europeas de cooperación como Europol y Eurojust. El programa durará cinco años, tiene un presupuesto de 19 millones de euros y es gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), perteneciente al sector público estatal español, y por Expertise France, la agencia francesa de cooperación técnica internacional. Además, colaboran instituciones como los ministerios de Justicia e Interior españoles, el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Colombia a Ecuador tuvo lugar en el marco de una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que se celebró en Lima el pasado 9 de mayo. El entonces canciller de Ecuador, Guillaume Long, señaló que el país fijaba, entre las prioridades de su presidencia regional, la finalización del proceso de reingeniería del organismo. Además, adelantó el nombre de su sucesora, ya que con el nuevo gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, que asumió el 24 de mayo, la cancillería volvió a ser liderada por María Fernanda Espinosa, quien ya había ejercido el cargo en 2007 bajo la presidencia de Rafael Correa.

La nueva canciller presentó oficialmente el Plan de Trabajo 2017-2018 en la reunión que el Consejo llevó a cabo a mediados de julio. La reingeniería de la CAN se lanzó oficialmente en 2013 con la decisión Nº 792 de dicho Consejo, que disponía una evaluación institucional, de objetivos y prioridades de la integración andina. En ese marco, la presidencia regional ecuatoriana puso énfasis en avanzar en temas vinculados al desarrollo fronterizo, la interconexión eléctrica y las telecomunicaciones. Sobre el primer tema, el secretario general de la CAN, Walker San Miguel, señaló en una entrevista que se encuentra pendiente el estatus migratorio andino, que se ampliará de 90 a 180 días, permitiendo a las personas de la comunidad trabajar en cualquier de los otros tres países y dinamizando las así ciudades fronterizas. En cuanto a la interconexión eléctrica, la CAN prevé emitir reglamentos en esa materia este año, para luego aprobar reglamentos técnicos y comerciales. La cuestión de las telecomunicaciones se ha concentrado en la reducción de costos del «roaming» (o «itinerancia»), para lo cual se trabaja actualmente en un proyecto con el que, en algunos años, se facilitaría el tráfico de llamadas.

Por su lado, la delegación boliviana, encabezada por el canciller Fernando Huanacuni, propuso incluir en el Plan de Trabajo la reactivación de los mecanismos de participación del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas (creado en 2007) y las Mesa del Pueblo Afrodescendiente (2011), cuyas últimas participaciones se registran en el Foro de Participación Ciudadana de 2014. De acuerdo a lo trascendido, todos los países apoyaron la incorporación de este tema al plan de trabajo.


Comunidad del Caribe (Caricom)

La Conferencia de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe realizó su 38º encuentro regular del 4 al 6 de julio en Saint George, la capital de Granada. Allí, los mandatarios pasaron revista a distintos temas sobre los que avanzan algunas iniciativas regionales. Entre ellos, la seguridad, en torno a la cual se desarrolla actualmente una estrategia regional contra el terrorismo y la implementación del mercado único, para lo cual aprobaron el Plan 2017-2019.

Además, los mandatarios debatieron acerca de la situación económica de la región, resaltando la falta de crecimiento y solicitando al Banco de Desarrollo del Caribe la presentación de propuestas para mejorar la productividad y la competitividad con vistas a incrementar el crecimiento y el desarrollo sustentable de los países de la región. A cambio, reconocieron el progreso en términos de acceso a la educación primaria y secundaria, aunque insistieron en la necesidad de reformar el sistema educativo con el objetivo de generar recursos humanos con las capacidades y competencias necesarias para el desarrollo sustentable mencionado. En este sentido, adoptaron la Estrategia de desarrollo de recursos humanos 2030 del Caricom, en la que una comisión especial trabajaba hace tiempo. El turismo también estuvo en el centro de las conversaciones como motor de crecimiento y, para favorecerlo, se debatieron iniciativas relacionadas a facilitar el transporte aéreo dentro de la región.

Finalmente, cabe mencionar que la Conferencia adoptó un acuerdo sobre el estatuto legal del Centro Caribeño para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética (CCREEE, por sus siglas en inglés, que fue ya inaugurado en 2015), así como un tratado sobre órdenes de captura en el Caricom, que pretende simplificar los procedimientos por los cuales los fugitivos son devueltos a sus países a enfrentar sus causas judiciales.


Mercado Común del Sur (Mercosur)

La última cumbre presidencial del Mercosur, realizada en la ciudad argentina de Mendoza el 21 de julio, conjugó el tradicional repaso de “logros” y desafíos del bloque con la especial repercusión de la situación de Venezuela, que se encuentra hace tiempo inmersa en una crisis política y económica que ha tenido, como consecuencia, altos grados de violencia por el enfrentamiento entre gobierno y oposición.

La Presidencia Pro Tempore Argentina concluyó su mandato y lo traspasó a Brasil, destacando como logros, entre otras cosas, la suscripción del Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones intraMercosur (que establece condiciones jurídicas comunes para facilitar y fomentar las inversiones recíprocas y atraer las extra-regionales); la aprobación de distintos proyectos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM); la resolución de distintas barreras que afectaban al comercio intrazona; la creación de una Unidad de Comunicación e Información (cuyo objetivo es la difusión de los beneficios del bloque para operadores económicos y ciudadanía en general); y el impulso de la agenda externa económica y comercial internacional.

Pero la situación política de Venezuela tuvo un lugar central en los debates de la reunión. Este socio del Mercosur ya se encontraba, desde el pasado diciembre, suspendido del bloque por no cumplir con la actualización del Tratado de Adhesión con el que se había comprometido en 2012. Ahora, la crisis política del país, agravada luego de la consulta opositora del 16 de julio en la que muchos venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno para modificar la Carta Magna, hizo que los países de la región reaccionaran, durante la cumbre, llamando de manera “urgente” al cese de toda violencia e instando «al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del estado de derecho y la separación de poderes», a la vez que se ofrecieron a acompañar un diálogo entre el gobierno y la oposición del país. Días después, frente al avance del gobierno venezolano en una nueva consulta –cuyos procesos y resultados fueron cuestionados por la comunidad internacional– y en la consiguiente constitución de dicha Asamblea, los cuatro socios plenos del Mercosur decidieron aplicar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del Mercosur, con el que suspendieron al país «en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte» del bloque, hasta tanto «se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático» del país.

En el comienzo de la Presidencia Pro Tempore de Brasil, la reforma laboral aprobada por el deslegitimado gobierno de Michel Temer ha impactado fuerte y negativamente el proceso de integración regional. Dicha reforma desconoce los compromisos en materia de derechos laborales individuales y colectivos asumidos en la Declaración Socio Laboral, la cual fue firmada por los presidentes de los Estados partes. Además, cambia las reglas de juego económica en la región, ya que la rebaja de costos laborales en Brasil causa una competencia desleal con el resto de los Estados Partes y Asociados mediante el llamado «dumping social».


Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

La XLIX Cumbre Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tuvo lugar el 29 de junio, sirvió de marco para la rotación de la presidencia pro tempore del bloque, que pasó de Costa Rica a Panamá. En la reunión, el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, presentó los principales avances de la gestión de su país, destacando la apertura de «espacios de formación en integración a jóvenes de la región» y el fortalecimiento de las relaciones con la academia centroamericana y europea en materia de investigación. Por su lado, el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, resaltó que la presidencia entrante se propone regionalmente «una agenda orientada en tres ejes sustantivos: el estado de derecho, la seguridad de las personas, sus bienes y la seguridad» para lo cual consideró «indispensable el intercambio de información y buenas prácticas» con el objetivo de reforzar las políticas públicas y «combatir eficazmente el crimen organizado y todas sus ramificaciones, que generan inestabilidad». En materia de seguridad, el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, puntualizó la labor que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala han realizado hasta el momento por medio de la Fuerza Trinacional establecida en noviembre del año 2016, que «ha propiciado una mejor coordinación en el accionar contra las pandillas y el crimen organizado de la región y ha brindado ya resultados tangibles en el campo».

Además, durante la reunión se anunció el nuevo Secretario General del SICA, el guatemalteco Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Con un gran reconocimiento de los mandatarios centroamericanos, Cerezo fue en 1986 el primer civil democráticamente electo como presidente, en lo que se conoce como la etapa moderna de la democracia en Guatemala y, ahora, aseguró que entre sus prioridades de gestión habrá acciones para enfrentar la inseguridad que causan el narcotráfico y el crimen organizado, así como «plantear un nuevo modelo de desarrollo en la región». Durante la cumbre también fue designado el nuevo encargado de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el hondureño Melvin Redondo, elección que se asoció con una forma de fortalecer el funcionamiento pleno de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Esta unión entró en vigor en 2016, pero a fines de junio se inauguró la integración de los sistemas informáticos en el denominado Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca) para realizar las exportaciones e importaciones, que permite la transmisión electrónica y en tiempo real del pago de impuestos en el país de destino. Por ello, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo consideró el primer paso concreto de la unión aduanera entre ambos países.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

El proceso de integración que reúne a todos los países sudamericanos ha sido motivo de críticas desde distintos frentes por su inacción de cara a la crisis política de Venezuela. El organismo regional, impulsado en 2007 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, no ha logrado adoptar ahora una posición y un mensaje común sobre el tema, ni siquiera luego del agravamiento de la violencia durante y después de las elecciones para la Asamblea Constituyente. A cambio, distintos grupos de cancilleres emitieron comunicados en otros bloques (Mercosur, Comunidad Andina) o inclusive simplemente como conjuntos de países con una posición, como el lanzado en Lima el pasado 8 agosto. En dicho mensaje, los representantes de estados de distintas regiones (algunos de Unasur, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, junto a otros de Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá), condenaron la ruptura del orden democrático en el Venezuela y decidieron no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente instaurada el 4 de agosto.

Entre las críticas a la parálisis de la Unasur acerca de este tema, sobresalió la del ex secretario general de la Unasur y ex presidente colombiano Ernesto Samper y quien aún no fue reemplazado en su cargo. Samper aseguró a medios de prensa que «la intervención de Unasur en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada» y que la necesidad de adoptar decisiones por consenso, así como la incapacidad de este organismo en ponerse de acuerdo para designar al nuevo secretario general, debilitan aún más su actividad. En el fondo, las diferencias políticas entre los gobiernos de la región se apuntan como las principales causas de la falta de estos consensos, en especial, por el giro conservador en Brasil y Argentina, que ostenta la presidencia temporal del bloque. Hasta ahora, este país intentó poner al frente del organismo a su actual embajador en Chile, José Octavio Bordón, pero no ha logrado consenso entre los demás estados. De acuerdo a lo trascendido, se estaría pensando en un «candidato propuesto por un gobierno más neutral», como el de Ecuador. Pero el propio Samper no descarta que «dos o tres países» busquen prolongar la ausencia de secretario general en el organismo para evitar que éste adopte medidas respecto a la problemática venezolana.