México vive envuelto en un espiral de violencia e inseguridad pero el gobierno no asume la situación y niega las afirmaciones de los expertos.

El fútbol ecuatoriano ha logrado avances significativos que se reflejaron en su desempeño internacional, en paralelo a importantes aumentos en sus presupuestos. Sin embargo, y a pesar de esta combinación de éxitos futbolísticos y boom económico, en 2013 se empiezan a manifestar cuatro elementos que configuran una crisis estructural: el populismo financiero que hace insostenible su economía; la falta de normas y transparencia en sus marcos institucionales; el aumento de la violencia –que ahuyenta a los hinchas–; y, finalmente, lo que comienza a percibirse como el debilitamiento de los buenos resultados de los últimos años. Frente a ello, parece más deseable una gestión democrática que la transformación de los clubes en sociedades anónimas.

En los últimos años ha crecido el número de documentales, libros, conferencias y artículos que promueven balances y miradas más o menos críticas sobre la violencia revolucionaria de los años 60 y 70. Sin embargo, prevalecen narrativas nostálgicas de la experiencia revolucionaria y relatos que han aprendido a conjugar –en forma alternativa o simultánea– las figuras del héroe bélico y la víctima martirizada. En este marco, \"Sobre la violencia revolucionaria\" busca reponer en las memorias autocomplacientes lo que hay de olvidos, postergaciones y hechos y debates sepultados, desmenuzando los puntos nodales de las autocríticas amables y poniendo en discusión tanto problemas éticos como políticos con reflejo en las izquierdas contemporáneas.

Desde los orígenes del país, el sistema político colombiano se ha caracterizado por la coexistencia de elementos tradicionales y modernos. Además, la violencia es una constante en la historia política colombiana, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el conflicto actual con las organizaciones armadas. Partiendo de estos antecedentes, el artículo analiza la particular coyuntura política que atraviesa el país, marcada por el fin del periodo uribista y el comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos: las perspectivas, hasta ahora, son más positivas que negativas.

México vive una espiral de violencia alimentada por el crimen organizado, la respuesta militarista implementada desde el Estado y la penetración delictiva de las instituciones públicas. El artículo da cuenta de este fenómeno y analiza dos respuestas: la reacción de la sociedad, que se organiza para enfrentar el problema aunque sin apoyo de las autoridades; y las solicitudes de asilo político, que en algunos casos son consecuencia del acoso que sufren quienes resisten el aumento de la violencia e impactan en las relaciones diplomáticas, en particular con Estados Unidos y Canadá. Solo un cambio de estrategia, que excluya la militarización de la seguridad, junto con un compromiso trilateral con participación de la sociedad civil, puede modificar esta preocupante situación.

Luego de tres décadas de guerra contra las drogas, los resultados han sido limitados: las hectáreas de coca cultivadas no se han reducido, los impactos negativos en términos ambientales son altos y América Latina ha visto un aumento del consumo. De hecho, ha pasado de ser una región de producción y tránsito a una de consumo. A todo esto se suma el incremento sostenido de la violencia, que muchos atribuyen de manera directa a las drogas. El artículo analiza la relación entre drogas y violencia y asegura que no es posible concluir que haya un vínculo directo de causalidad entre ambas. Se trata en realidad de un tema muy complejo que debería debatirse seriamente, incluyendo las propuestas de despenalización, aunque hasta ahora las posiciones se fundamentan en temas valóricos y morales antes que en datos empíricos.

México es un país jaqueado por el narcotráfico, escandalizado por las muertes cotidianas, con un Estado copado por el poder del crimen organizado, una sociedad que desconfía de los políticos y los partidos y una economía en crisis. País fundado sobre la desigualdad y la discriminación, en México convive el impulso modernizador y democrático con los resabios de feudalismo, machismo y racismo; son los indígenas y las mujeres quienes más sufren estas condiciones. El artículo sostiene que el gobierno, nacido de un escandaloso proceso electoral, no duda en apelar a los valores medievales y –frente a un pri que parece resucitar– sigue puntualmente los designios del Vaticano.

El fantasma de la colombianización recorre México. Se teme un escenario en el que el crimen organizado, el negocio de la droga y las guerrillas y autodefensas se articulan y socavan el poder del Estado. Algunos informes hablan incluso de México como un futuro «Estado fallido». El artículo discute estos argumentos. Aunque la violencia y el narcotráfico son un problema grave, constituyen un fenómeno muy diferente del colombiano: urbano más que rural, sin contenido político y asociado sobre todo al tráfico por la frontera con Estados Unidos. En suma, una violencia que se explica más por la globalización, la integración con eeuu y la descomposición del antiguo régimen que por una deriva a la colombiana.

El fenómeno urbano está marcado por la disociación entre urbes (la forma espacial y arquitectónica de la ciudad) y civitas (las relaciones humanas y políticas que se generan en ellas). Pero en las metrópolis brasileñas, cuya población total se ha incrementado como consecuencia de la desruralización y la industrialización, la primera condición parece disociada de la segunda. La expansión del trabajo informal, la concentración de habitantes en favelas y barrios periféricos cercanos o de fácil acceso a las zonas más ricas y el incremento de la violencia han generado un marcado proceso de segregación territorial que hace que las grandes ciudades brasileñas sean cada vez más ingobernables.

En Brasil, la tasa de muertes en crímenes violentos es de 27 por cada 100.000 habitantes, pero se multiplica por cuatro si se considera solo a los varones jóvenes y pobres que viven en las favelas. Para enfrentar esta verdadera tragedia social, el artículo argumenta que es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla las leyes, ya que la violación de los derechos humanos y la impunidad consagrada por los poderes públicos es la causa fundamental del aumento de la inseguridad. La policía debe ser reformada de acuerdo con parámetros democráticos, las cárceles deben ser atendidas y las hipótesis simplistas que sugieren aumentos de las penas y medidas brutales de represión deben ser abandonadas.

Una política integral contra el delito y la delincuencia debe partir de un diagnóstico adecuado, que contemple los matices y las particularidades de cada situación, y debe dejar de lado la falsa dicotomía entre coerción (estrategia defendida por la derecha) y prevención (postulada por los sectores progresistas). Desde el punto de vista penal y penitenciario, es necesario evitar la judicialización de cualquier conflicto o acto de violencia, que solo conduce a desbordar al Poder Judicial y agravar el problema de la superpoblación en las cárceles. La creación de ciudadanía es el mejor antídoto para enfrentar la violencia social, cuyo efecto más pernicioso es, precisamente, la destrucción de la confianza ciudadana.

Entre los desastres políticos, económicos y naturales, una parte de los haitianos ha vivido con dolor el bicentenario de la Independencia de Haití, y en particular la necesidad de una intervención de tropas extranjeras para tratar de estabilizar el país. Este artículo expone las razones de la caída de Aristide, la difícil situación del gobierno de transición y la precaria viabilidad del llamado «consenso de transición política», especialmente ante el desconocimiento de la situación por parte de la cooperación internacional.