El sector agroalimentario venezolano se encuentra estrechamente vinculado al sistema agroalimentario internacional. Esta relación comenzó a profundizarse desde 1973, cuando el boom petrolero disparó un brusco incremento de las importaciones de alimentos que generó un debilitamiento de la producción nacional, y se agudizó todavía más a partir de la apertura neoliberal iniciada en 1989. El gobierno de Hugo Chávez, que asumió el poder en 1999, impulsó nuevos cambios, orientados básicamente a garantizar la seguridad alimentaria de la población a través de la creación de empresas estatales de abastecimiento, como Mercal, que podrían jugar un rol fundamental en la definición del sistema agroalimentario venezolano.

Aunque llegó al poder con un importante apoyo popular que fue ratificado en varias ocasiones, y a pesar de algunos avances en la titulación de tierras, el gobierno de Evo Morales enfrenta grandes obstáculos para llevar adelante la «revolución agraria» prometida: desde el rechazo de los grandes propietarios de Santa Cruz hasta las dificultades para distribuir tierras entre los migrantes del Occidente que se instalan en el Oriente. Detrás de estos problemas se esconde una distribución de la tierra muy desigual, que genera una alta pobreza rural, y la resistencia de importantes núcleos de poder a la reversión de los latifundios improductivos. La probable victoria de Evo Morales en las elecciones de diciembre seguramente abrirá la oportunidad para profundizar los cambios iniciados.

Oaxaca, Kerala y Sicilia son diferentes entidades subnacionales que comparten un rasgo común: el fracaso de sus intentos de transformación agraria. En los tres casos, las reformas agrarias, aunque contribuyeron a romper con un pasado arcaico, no activaron una secuencia sostenible de cambios productivos en el mundo rural ni fuera de él, y generaron enormes flujos migratorios y una excesiva dependencia del mercado de trabajo de los servicios y el empleo público. La baja calidad de las instituciones, las políticas públicas deficientes y algunos problemas inéditos posteriores a las reformas agrarias intervinieron en diferentes proporciones para configurar una situación común: una transformación agraria que no pudo convertirse en motor para el desarrollo del resto de la economía.

En las últimas dos décadas se ha producido un crecimiento sostenido del sector forestal en el Cono Sur, resultado tanto de las políticas públicas como del incremento de la demanda de los países desarrollados. La implantación de extensos macizos forestales y de grandes industrias asociadas provoca profundas transformaciones territoriales e involucra inversiones millonarias que se convierten en un objetivo por el que compiten los gobiernos. Pero el desarrollo forestal también genera encendidos debates –y a veces duros conflictos– en relación con sus beneficios reales y sus posibles efectos ambientales.

Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, preparados por los gobiernos mediante un proceso en el que participan instituciones internacionales y actores de la sociedad civil, no dieron los resultados previstos. El artículo analiza los casos de Honduras, Nicaragua y Bolivia y concluye que este tipo de acciones no contemplaron de manera adecuada la cuestión de la pobreza rural y, aunque más tarde incorporaron el tema, enfrentaron obstáculos políticos y administrativos que dificultaron el logro de sus metas. Pero incluso si se hubieran implementado de manera correcta no hubieran conseguido solucionar el problema, cuyas causas estructurales radican en la desigual distribución de la tierra, la insuficiente productividad de los pequeños productores campesinos y la falta de compromiso del Estado con los pobres del campo.

El ámbito rural brasileño ha atravesado un proceso de profundos cambios. No se trata solo de cambios marginales o incrementales, sino de transformaciones que marcan una nueva etapa en la formación espacial del país. En esta nueva fase, no tiene sentido concebir los espacios rurales como un sinónimo de atraso o como regiones exclusivamente agrícolas. El artículo sostiene que, aunque el paradigma agrario del pasado ya no existe, aún no se erigió uno nuevo. Y que el abordaje territorial y el arraigo ambiental de la nueva ruralidad demandan la creación de nuevas instituciones y categorías de clasificación y discernimiento de lo rural acordes con esta nueva etapa.

Una de las particularidades de la crisis económica mundial es que se superpuso a la crisis alimentaria que había estallado un par de años antes. Como resultado, más de mil millones de personas sufren hambre en el mundo. En América Latina, aunque se habían registrado algunos avances, la cantidad de personas que padecen hambre pasó de 47 a 53 millones. El artículo sostiene que la agricultura puede ser un instrumento crucial para superar esta situación, pero que para ello es necesario poner en marcha un nuevo pacto, un New Deal agropecuario que, sin volver a las políticas de hace medio siglo, reconstruya la institucionalidad del sector agrícola desarticulada por las reformas neoliberales y ponga la agricultura familiar en el centro de su estrategia.