Existen fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones e incluso entre las empresas y varios Estados. Estas asimetrías generan situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, además de bloquear el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas. Y muchas veces las compañías tienen responsabilidad directa o indirecta por una serie de delitos contra la vida, el medio ambiente, la libertad sindical, los consumidores y la salud de las personas. El artículo analiza ese contexto para destacar la importancia del problemático vínculo «derechos humanos-empresas», y las iniciativas que buscan limitar la apropiación extrema y desigual de las riquezas comunes y promover un sistema jurídico que proteja a las personas.

Las leyes que regulan hoy en día la tributación corporativa internacional están en vigor desde hace casi 100 años, lo que explica la obsolescencia del sistema actual. Existen «agujeros» en la legislación, convenientes para los evasores, toda vez que estos pueden transferir dinero hacia paraísos fiscales en transacciones simples y que no pueden ser denunciadas como ilegales. En este marco, el informe de la Comisión Independiente para la Reforma Tributaria Corporativa Internacional y la campaña global «Que las empresas transnacionales paguen lo justo» buscan poner en pie un nuevo orden tributario mundial más compatible con la justicia social.

La incidencia del capital transnacional en la producción y distribución de alimentos se ha intensificado en América Latina y el Caribe. El poder de estas empresas se amplifica con continuas adquisiciones, fusiones, alianzas, contratos y acuerdos informales que buscan ampliar su capacidad de influencia y fortalecer sus posibilidades de expansión. Este proceso se ha combinado con la presencia creciente de las translatinas y con redefiniciones en los marcos que regulan la inversión extranjera directa y que limitan el ejercicio de las funciones de los Estados.

En tiempos de crisis, la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia regresa como interrogante. La financiarización de la economía, la desregulación económica y la capacidad de presión de las grandes empresas son factores que limitan la capacidad de gestión del Estado. Igualmente, la cartelización de los partidos políticos, la saturación audiovisual, el imaginario hegemónico consumista y la asunción por parte de las clases medias del «capitalismo popular» debilitaron el compromiso de posguerra con los valores socialdemócratas. Esto lleva a una mirada nostálgica sobre la «democracia» perdida. Pero detrás de la «posdemocracia» se esconde un proceso de mayor calado: la centralidad de la «pospolítica», que neutraliza el elemento central de la democracia: el conflicto.

La globalización, la apertura económica y los avances tecnológicos han producido un cambio de paradigma económico y han fortalecido a las empresas multinacionales, que con frecuencia desarrollan prácticas productivas que perjudican a los trabajadores: tercerización, debilitamiento de los derechos laborales y desprotección social. Para enfrentarlas, los sindicatos deben desarrollar una nueva estrategia de acción, que incluye la búsqueda de información y el monitoreo, la articulación de redes nacionales e internacionales y la apelación a los consumidores para presionar a aquellas compañías que vulneran sus derechos.