El gobierno de México está en complicaciones. En este año electoral, la situación de la violencia se ha vuelto parte sustancial de los discursos de los candidatos. Pero Enrique Peña Nieto, el actual presidente, sigue utilizando como indicadores de su pretendido éxito en su política de seguridad, la aprehensión de otro presunto capo del narcotráfico o las cifras de aseguramiento y erradicación de plantíos de drogas ilegales con sus respectivas fotos de incineración masiva. De una manera u otra, Peña Nieto intenta eludir el descrédito por su sistémica incapacidad de investigación de la violencia, tan solo mesurable en su sistemática corrupción y violación de la presunción de inocencia y los debidos procesos legales.

Luego de década de presentar el mismo discurso esos indicadores están en completo descrédito, porque en su pretendido éxito no han podido garantizar un México en paz.Enrique Peña Nieto pudo romper con la narrativa histórica del innegable aumento de la tasa de homicidio con la estrategia de explotación de las fuerzas militares contra el crimen. Sin embargo, el aumento de la violencia será su legado más que cualquier aprehensión o quema de drogas.

2017 fue el año más violento en la historia contemporánea de México. Y los meses siguientes no han dado indicios de la reversión de esta tendencia. México es una nación profundamente golpeada por el impulso de autodestrucción de la llamada guerra contra las drogas y el crimen. Desde 2006, esta situación ha provocado que cientos de miles mexicanos murieran a manos de otros mexicanos. Se cuenta con alarmantes cifras de desaparecidos (alrededor de 30.000 entre quienes se cuentan los 43 de Iguala) y desplazados forzosos (unos 250.000). El persistente fracaso en contener la violencia debería ser razón suficiente para romper con la estrategia de sobreexplotar a militares en labores de policía o, por lo menos, debería abrir la indagación y el debate para la búsqueda de otras opciones de política.

En el preludio de una elección presidencial, la pregunta es obligada para los candidatos: ¿cómo solucionar los problemas de la violencia y la inseguridad en México? En México hay dos alternativas: prolongar una estrategia de seguridad condenada al fracaso o la ruta de la experimentación. Estas dos apuestas son representadas por los dos precandidatos más visibles: José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 15 de enero, Peña Nieto pronunció un discurso en la inauguración de las nuevas instalaciones del 79 batallón de infantería: «Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber ni perdón ni olvido». El presidente defendió lo que su gobierno ha hecho en cinco años contra el narcotráfico y contestó a las declaraciones de López Obrador, el precandidato de izquierda que lidera las encuestas.

En una visita a Guerrero, López Obrador –candidato a la presidencia en dos ocasiones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Morena– propuso explorar vías alternativas a la estrategia de seguridad actual. Propuso, aunque sin dar muchos detalles, una mezcla de políticas cercanas a la cultura de paz, que incluyen la posibilidad de amnistía a ciertos criminales, e iniciativas más convencionales y militaristas como la idea de activar la Guardia Nacional.

En uno de los países más violentos de América Latina y uno de los epicentros del narcotráfico, poner sobre la mesa la idea de dar amnistía o perdón a los criminales para solucionar el problema de seguridad es, digamos, polémica. Pero, eludiendo las caricaturas, se podrían observar los matices con detalle.

Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón iniciara la denominada «guerra contra las drogas y el crimen», mediante el uso indiscriminado de fuerzas militares en tareas de seguridad pública, la violencia parece imparable en México. Entre 2012 y 2015, los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto, la tasa de homicidios pareció ceder. Al mismo tiempo, su gobierno instrumentó políticas de prevención del delito y la violencia. La tendencia se revirtió luego de la segunda fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2015.

El gobierno mexicano decidió entonces retomar la vía militarista con ímpetu renovado, a pesar de que, como resultado, aumentara la violencia al ritmo de los presupuestos militares. A la administración de Peña Nieto, humillada por el descrédito de la fuga del Chapo, le pareció buena idea abandonar la prevención y retomar la militarización, por la popularidad con la que esta cuenta.

La solución de corto plazo al descrédito salió muy cara. El liderazgo militar solicitó reiteradamente al presidente y el Congreso una Ley de Seguridad Interior, sin transparencia, ni un sistema de asignación de responsabilidades y contrapesos claros al poder militar y que perpetua el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto es ahora un hecho consumado. Impopular entre especialistas y organizaciones sociales y tachada de inconstitucional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y prácticamente todo organismo dedicado al tema en la región, es un lastre para el precandidato de la alianza electoral que encabeza su partido, José Antonio Meade.

Ante esta circunstancia, cualquier estratega político recomendaría a la campaña de Meade proponer la reforma de estas políticas y distanciarse del gobierno en turno. Sin embargo, Meade ha optado por la continuidad y perpetuación de una estrategia que, en términos de bajar la tasa de homicidio, no ha funcionado. En una visita de campaña a Culiacán, Sinaloa, uno de los epicentros de la violencia criminal en los últimos años, confirmó expresamente que continuaría con la estrategia.

La pulsión de muerte por la guerra contra las drogas y el crimen parece no parar en algunas plataformas políticas. En tiempos electorales estas propuestas son rentables para una parte de la élite mexicana. Ofrecen estrategias de seguridad que, al crear más muerte, satisfacen inmediatos impulsos de venganza.

Por eso la premisa de López Obrador de explorar otras alternativas no se debe desechar sin análisis previo. Las leyes de amnistía se han usado para estabilizar al país después de periodos violentos. El presidente Benito Juárez decretó, por ejemplo, una ley de amnistía en 1870 para pacificar a México luego de la segunda intervención francesa.

Muchos comentaristas políticos y organizaciones de víctimas interpretaron esta apertura del debate como un llamado a la impunidad de los delitos, al pacto con los líderes del crimen e incluso al olvido. Javier Sicilia –poeta y activista por la paz en México– recriminó en tono de certeza filológica que la propuesta de amnistía pueda ser interpretada como un llamado a la amnesia, el olvido de los crímenes que él y millones de mexicanos han sufrido.

Una amnistía no es lo mismo que pactar con el crimen, porque sus términos constitucionales implican un proceso jurídico que, de hecho, al ponerse en práctica mediante una ley, necesita la aprobación del Congreso. Pacto con el crimen es lo que vivió México durante el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX, y que continuó hasta este gobierno con la documentada complicidad de funcionarios públicos con organizaciones criminales como los Zetas, en el Veracruz de Fidel Herrera y Javier Duarte o el Coahuila de Humberto Moreira.

Luego de ser presentado como posible secretario de seguridad pública de López Obrador, Alfonso Durazo aclaró que no se daría amnistía a criminales sanguinarios, sino a campesinos pobres que siembran marihuana o amapola para sobrevivir y a otros ciudadanos mexicanos que se hayan visto obligados a trabajar para el crimen a la falta de otras oportunidades de vida. Es decir, se otorgaría amnistía a víctimas de la histórica guerra contra las drogas que demostrado ser más bien una guerra anticampesina y juvenicida que ha instaurado en México un sistema criminal.

López Obrador también propuso crear una Guardia Nacional que incorpore a las Fuerzas Armadas y las policías bajo un mando único que responda al presidente. Esta idea ha sido menos discutida porque ni López Obrador ni su equipo han presentado más detalles. No sabemos si esto pasaría por derogar la Ley de Seguridad Interior. No sabemos si esto sería parte de un plan más amplio para lograr que las Fuerzas Armadas se retiren de labores de seguridad pública que no debería corresponderles, porque tan sólo hacen las veces de subsidio a políticos incapaces de apoyar a las policías de la jurisdicción donde operan. Y fraseada como lo hace López Obrador ahora, la idea podría prestarse a la manipulación política centralizada de los operativos de seguridad.

Ahora que López Obrador nos ha dicho quién operaría los temas de seguridad en su hipotético gabinete, no está de más solicitar que la propuesta de una Guardia Nacional sea aclarada. Dada la reciente propensión de los líderes del Ejército y la Marina por volverse en actores políticos con aparente independencia del poder civil, una respuesta contra la militarización del presupuesto federal y la estrategia de seguridad es delicada especialmente en tiempos electorales, por lo que la ambigüedad podría ser táctica. Sin embargo, eso no niega que falta que se den los detalles sobre cómo se evitará que esta Guardia Nacional restaure simultáneamente la desviación de recursos de las Fuerzas Armadas a labores civiles, el centralismo presidencial y el conservadurismo militarista que ha acechado a América Latina en diferentes momentos de su historia.