Coyuntura

Venezuela: un barril de pólvora

La convocatoria a una Asamblea Constituyente

El 1o de mayo, el presidente Maduro anunciaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente con estas palabras: «Convoco a una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni elites, una Constituyente obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente comunal. 17

Convoco a los comuneros, a las misiones». En este mismo discurso, Maduro declaró el fin de la Constitución de 1999, considerada como una constitución «pionera». Inmediatamente se generó una gran polémica, tanto en el país como en el exterior. En un clima político tan extremadamente polarizado, este debate está lleno de distorsiones y medias verdades. Sectores de la oposición venezolana han denunciado esta convocatoria como un mecanismo para evitar las elecciones (estaduales, municipales y presidenciales) pautadas por la Constitución vigente y lo han calificado como un golpe de Estado.Es necesario reconocer que, en la Constitución, las condiciones para la convocatoria a una Asamblea Constituyente no son totalmente explícitas. De acuerdo con el artículo 348, «[l]a iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral». Hay sin embargo, una diferencia entre la «convocatoria», que la Constitución claramente atribuye al «pueblo de Venezuela (...) depositario del poder constituyente originario», y «tomar la iniciativa de convocatoria». De acuerdo con esto, si bien el presidente puede tomar la iniciativa de la convocatoria, la convocatoria como tal la tendría que realizar el pueblo mediante un referéndum consultivo.

¿Qué busca el gobierno con esta convocatoria? Es evidente que las principales dificultades que hoy enfrenta el país (escasez, desnutrición, inflación, inseguridad, recesión, déficit fiscal, deuda externa que no se puede pagar, etc.) no son problemas normativos que puedan resolverse con un nuevo orden jurídico. Los problemas que se enfrentan en relación con la Constitución de 1999 están en sus sistemáticas violaciones, no en su contenido. ¿Se buscará darles piso constitucional al Arco Minero del Orinoco y a los acuerdos anticonstitucionales que se han venido firmando con transnacionales petroleras y mineras y otorgarles a los capitales globales la seguridad jurídica que están exigiendo para llevar a delante sus proyectos de inversión?

Desde el punto de vista de un horizonte poscapitalista, hay un asunto clave que es indispensable resaltar. ¿Cómo sería la votación para esta asamblea? ¿Quiénes y cómo podrían participar? Para el momento de escribir este texto, no hay respuestas claras, ya que los portavoces del gobierno han dado versiones muy contradictorias. De acuerdo con Maduro, la mitad de la Asamblea Constituyente de 500 personas estaría compuesta por representantes de comunas, sindicatos, estudiantes, organizaciones de mujeres, etc., lo que sugiere una constituyente corporativa con elecciones de segundo grado o con ponderaciones diferenciadas para diversos sectores de la sociedad, y esto violaría abiertamente la Constitución vigente. De acuerdo con otros portavoces de la Comisión Presidencial creada para impulsar este proceso, se trataría de una elección universal, directa y secreta.

Ambas opciones son altamente riesgosas para el futuro del país y representan una clara ruptura con los objetivos originales del proceso bolivariano. Si se trata de unas elecciones universales directas y secretas, que permitan expresar la actual correlación de fuerzas políticas, esto conduciría a una victoria aplastante de las fuerzas de la oposición y, con ello, al abandono de todos los principales avances logrados con la Constitución de 1999. Se darían en un contexto de un movimiento popular debilitado, de una creciente desconfianza y un rechazo mayoritario de la población hacia el Estado, no en nombre de la autonomía, sino de la primacía del mercado. Esa Constituyente reflejaría el sentido común instalado hoy en la sociedad de acuerdo con el cual lo público es, necesariamente, ineficiente y corrupto. Estaría prácticamente garantizado que el resultado de esa eventual Asamblea Constituyente sería de orientación claramente neoliberal.

Si, por el contrario, estas elecciones se dan mediante un diseño electoral manipulado, una ingeniería electoral que, en nombre de la participación del pueblo organizado, garantice una amplia mayoría oficialista, a pesar del rechazo mayoritario actual al gobierno –que según diversas encuestas gira en torno de 75% de la población–, se trataría de un proceso no solo anticonstitucional, sino profundamente ilegítimo, que lejos de contribuir a pacificar al país, profundizaría la división, la confrontación y la violencia. Podría incluso conducir al inicio de una guerra civil.

  • 17.

    «El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela » en bbc Mundo, 2/8/2017, <www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863>.