Coyuntura

Venezuela: un barril de pólvora

La corrupción

Caracterizar adecuadamente el hecho y la significación de la corrupción que atraviesa el proceso bolivariano es una tarea pendiente. Estimar el tamaño del patrimonio público que fue desfalcado, conocer quiénes fueron partícipes y cómo realizaron el fraude, determinar las consecuencias en el seno de la sociedad venezolana de esta conducta seguida desde los más altos niveles del gobierno son, sin duda, tareas insoslayables, entre otras cosas porque Venezuela necesita recuperar en alguna medida ese inmenso capital para solventar su supervivencia inmediata.Para este análisis solo nos es posible hacer referencia a los hechos que, por su significación política, marcaron y marcan de manera indeleble la gestión presidencial de Maduro y gravitan como explicación subyacente de la deriva de su gobierno. Por ejemplo, en agosto de 2013, Edmée Betancourt fue removida de su cargo como presidenta del bcv por denunciar que solo en ese año fueron entregados por la Comisión de Administración de Divisas (cadivi) más de 22.000 millones de dólares a «empresas de maletín» 11. Casi un año después, tras su separación del Ministerio de Planificación, Jorge Giordani, reconocido baluarte de los gobiernos del presidente Chávez, sacudió al país con su carta titulada «Testimonio y responsabilidad ante la historia», en la que confirma y profundiza lo denunciado por Betancourt 12. La conmoción que causó en la opinión pública el testimonio del ex-ministro Giordani fue repudiada, mas no desmentida, por el presidente Maduro y otros altos cargos del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv), pero ese repudio no solo no tiene la fuerza para desmentir las denuncias sino que parece confirmarlas. La constatación de un poderoso y muy activo sector corrupto en el seno del gobierno se va consolidando a punto tal que el hoy ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, publicó el 16 de octubre de 2016 en Aporrea que «la corrupción corporativizada amenaza la vida de la revolución» 13. El problema es determinar en qué medida la protección de los intereses de esa «corrupción corporativizada» está guiando la acción política del gobierno de Maduro.

La escalada de violencia

En los años del gobierno bolivariano la oposición ha sido heterogénea, incluyendo desde sectores golpistas de extrema derecha, que han contado con apoyo externo, hasta sectores moderados que han buscado alternativas constitucionales al gobierno chavista. En la actualidad, esas diferencias subsisten a pesar de la apariencia de unidad que han dado en los últimos meses las masivas movilizaciones de calle en todo el país. A la severa recesión económica, se agrega la semiparálisis del país y de su actividad productiva como consecuencia de las diarias confrontaciones, cierres de calles y carreteras, de la suspensión intermitente y reiterada del transporte público y de una masiva represión por parte de los cuerpos de seguridad. Muchos jóvenes detenidos 14 en las protestas fueron acusados de terroristas y pasados directamente a tribunales militares. El país enfrenta situaciones crecientemente riesgosas. De acuerdo con la fiscal general de la República, solo en el mes de abril, en las movilizaciones de calle, se registraron 26 muertos, 427 lesionados y 1.289 detenidos. En los primeros días del mes de mayo esta situación continúa. La violencia fue adquiriendo una dinámica propia. Hay una amplia disponibilidad de armas en todos los sectores de la población. Maduro ha anunciado que entregará 100.000 fusiles a las milicias. En ambos lados de la confrontación operan grupos paramilitares. La sociedad venezolana se encuentra ante el grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo se instalen como modalidades de procesar las diferencias. El peligro no consiste solo en que se desborde la violencia a unos niveles no deseados por las partes, sino que en ambos bandos de la actual confrontación hay sectores que apuestan a que la salida a la crisis sea por la vía violenta, independientemente de los muertos que ello implique.

Algunos altos funcionarios tienen claro que si se ven obligados a dejar el gobierno no solo perderían sus actuales prebendas, sino que difícilmente podrían encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas. Para algunos sectores de la oposición, la salida que se busca debería servir de escarmiento y liquidar de una vez por todas las aspiraciones y rebeldías subalternas de estos años para que la sociedad regrese a sus cauces «normales». Para ello, han contado en todo momento con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Los intentos imperiales de socavar o derrocar al gobierno bolivariano han tomado muchas formas en estos años, tales como el apoyo político y financiero a los sectores más radicales de la oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril de 2002 y los esfuerzos para aislar al país internacionalmente. Más recientemente, Barack Obama, justo antes de dejar la Presidencia, renovó una orden ejecutiva mediante la cual declaraba que Venezuela constituía una «inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de eeuu 15». En un informe presentado ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de eeuu en abril de este año, Kurt W. Tidd, el jefe del Comando Sur, afirmó que «Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año debido a la generalizada escasez de comida y alimentos, la incertidumbre política y el deterioro de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional». Conociendo la historia, ¿en qué podría consistir una «respuesta regional»16 encabezada por el gobierno de Donald Trump? Mientras que hay portavoces de ambos lados que hacen reiterados llamados al diálogo, esta posibilidad es permanentemente saboteada por sectores radicalizados tanto del gobierno como de la oposición.