Coyuntura

Venezuela: un barril de pólvora

Un quiebre histórico fundamental del proceso bolivariano ocurrió cuando, con la abrumadora derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría calificada de dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Esto cambió radicalmente la correlación de fuerzas en el Estado. Con esa mayoría, la oposición en la Asamblea puede nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) a los del Consejo Nacional Electoral (cne) y aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. Este último, en lugar de reconocer la severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, atribuyó la crisis y la victoria de la oposición a la guerra económica y no vio la necesidad de realizar mayores cambios.

Asuntos claves como la corrupción generalizada, la ineficiencia de la gestión pública y una paridad cambiaria insostenible que crea profundas distorsiones en toda la economía fueron dejadas nuevamente a un lado. En lugar de darle prioridad a la preservación de la fuerza y el espíritu combativo del pueblo bolivariano, Maduro optó por permanecer en el control del Estado a como diera lugar. A partir de este momento, el gobierno pareció reconocer que no podrá permanecer en el poder si ello depende del apoyo electoral de la mayoría de la población y del cumplimiento de la Constitución. Tanto la voluntad popular como la Constitución se convirtieron en obstáculos por superar. Se van tomando, en consecuencia, una serie de decisiones que avanzan en forma sistemática y coherente en la dirección del establecimiento de un orden autoritario cada vez más militarizado.

En clara violación de las normas constitucionales y legales y de los procedimientos establecidos, a finales de diciembre de 2015, cuando le quedaban pocos días de vigencia a la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, se produjo el nombramiento de los nuevos magistrados para las diferentes salas del tsj. No solo son estos nuevos magistrados incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera cumplían con los requisitos formales para ocupar el cargo.

El papel que jugaría este tsj en las nuevas condiciones del país quedó al desnudo cuando, para impedir que la oposición pudiera hacer uso de su mayoría calificada en la Asamblea, los nuevos magistrados se estrenaron decidiendo, en atención a una acusación sin pruebas sobre la comisión de un delito electoral formulada por sectores oficialistas, desconocer los resultados de las elecciones en el estado Amazonas y, por consiguiente, a los diputados mayoritariamente indígenas electos que ya habían sido proclamados por el cne. De esta forma, la oposición dejaba de tener una mayoría calificada.

En vista de que pasaron meses sin que el asunto se resolviera, sin que se hicieran las investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias por las cuales el tsj invalidó las elecciones ni se realizaran nuevas elecciones para un estado que se había quedado sin representación parlamentaria, la Asamblea decidió reincorporar a los parlamentarios cuestionados. El tsj respondió declarándola en desacato. A partir de este momento sus atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y el tsj. Se produjo así un nuevo momento crítico de ruptura del orden constitucional, que habilitó la concentración de poderes que ha permitido al gobierno dar cada uno de los pasos subsiguientes en una dirección autoritaria. El tsj realizó una ratificación parcial de las integrantes del cne cuyos periodos de gestión estaban vencidos, a pesar de que se trata de una atribución constitucional del Parlamento. En octubre de 2016, el cne canceló la realización del referéndum revocatorio del presidente establecido por la Constitución, cuando ya se habían cumplido los requisitos establecidos por la ley. De igual modo, pospuso indefinidamente las elecciones de gobernadores pautadas de acuerdo con la Constitución para diciembre de 2016.

En el mes de marzo, mediante las sentencias 155 y 156, la Sala Constitucional del tsj ratificó el desconocimiento de la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, autorizó al presidente de la República a avanzar en la apertura al capital transnacional, mediante empresas mixtas, sin la autorización parlamentaria. Esto viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El 31 de marzo, en ocasión de la presentación de su informe anual de gestión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que con estas sentencias se avanzaba en un «desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución» y una «ruptura del hilo constitucional». Ante el rechazo generalizado a estas decisiones, el tsj modificó algunos aspectos de estas sentencias, sin alterar su contenido fundamental 9.

Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante un estado de excepción y emergencia económica en condiciones claramente violatorias de la Constitución. Con el estado de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser suspendidas y muchas decisiones fundamentales para el futuro del país pueden ser tomadas por decreto. Por ejemplo, este año no se presentó el proyecto de presupuesto nacional ante la Asamblea, con lo cual se niega a los representantes electos el derecho a conocer y discutir el manejo de los recursos públicos, lo que agrega una nueva capa de opacidad en el manejo de estos bienes.

Las reacciones del movimiento popular, aun de sus sectores más organizados, ante el profundo deterioro de las condiciones de vida que se dan como consecuencia del aumento de la inseguridad –de origen tanto hamponil como policial–, la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro de los servicios públicos, no han sido las que podrían haberse esperado. Las organizaciones populares de base, que en estos años han involucrado a millones de personas, se han debilitado tanto por su dependencia respecto de los recursos públicos transferidos por alguna institución del Estado, que ya no les llegan en las mismas magnitudes, como por el desencanto creciente con el gobierno y la pérdida de ilusión con relación al futuro del país. Después de años de procesos de movilización y organización popular orientados por los valores de la cooperación y la solidaridad, en lo fundamental la reacción ante la actual crisis se ha caracterizado por la competencia y el individualismo. El llamado bachaqueo se ha convertido en un sector de peso significativo, pero difícil de precisar, en la economía venezolana 10. Se está produciendo un desgarramiento del tejido organizativo de la sociedad y una creciente descomposición ética que tomará muchos años recomponer. En diversas ciudades del país se han producido saqueos a locales comerciales en los cuales se ha combinado la protesta popular por el desabastecimiento con la acción armada del hampa.

  • 9.

    Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana: «El hilo constitucional sigue roto. Por el restablecimiento de la Constitución » en Aporrea, 17/4/2017.

  • 10.

    Se trata fundamentalmente de la compra de bienes básicos subsidiados para su reventa a precios especulativos y para el «contrabando de extracción» (tráfico de productos de primera necesidad hacia el exterior, sobre todo a través de la frontera con Colombia).