Tema central

Uruguay: derechos y cambio social ¿Un país de izquierda?

Mujeres, lgbti, afrouruguayos, trabajadores y jubilados

La creación de la Bancada Bicameral Femenina recoge de alguna manera ese espíritu abierto y democrático al que se hizo referencia, al integrar a mujeres de distintos partidos políticos. Como analizan Niki Johnson y Alejandra Moreni7, esa experiencia tiene antecedentes en la Concertación Nacional Programática (Conapro), que en 1984 integraron todos los partidos políticos y organizaciones sociales con el objetivo de garantizar la transición a la democracia. En esa instancia, la Conapro rechazó la solicitud de los movimientos de mujeres para integrarla, pero esto, lejos de desalentarlos, los motivó a seguir exigiendo la inclusión, que por fin lograron al conformar oficialmente el Grupo de Trabajo sobre la Condición de la Mujer. Más adelante, en 1992, se creó la Red de Mujeres Políticas como instancia de coordinación entre las representantes de los distintos partidos. La Bancada finalmente se estructuró de manera informal y plasmó en una forma novedosa de hacer política en Uruguay, que tuvo una serie de consecuencias concretas que son señaladas en el informe de Johnson y Moreni y en algunas de las leyes que ampliaron derechos.

Uruguay es uno de los escasos países de la región (junto con Cuba y Guyana) que despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Esta ley fue la más difícil de lograr y sufrió un gran traspié tras el veto del presidente Vázquez, lo cual tuvo costos políticos para la izquierda y provocó fracturas dentro de las organizaciones feministas y los grupos que apoyaban la despenalización del aborto. Pero, finalmente, las organizaciones feministas y de jóvenes y los sectores políticos más comprometidos con esta causa lograron una negociación que destrabó los vetos en el Parlamento. La movilización en la calle y en las redes jugó un rol central en la aprobación8. Entre las diversas movilizaciones, se destacan las de ProDerechos y las de Cotidiano Mujer9.

Uruguay aparece primero en el ranking Spartacus International Gay Guide de aceptación social hacia la comunidad lgbti en América Latina, lo cual es consecuencia del avance legal en materia de ampliación de derechos10. Como analiza Diego Sempol11, esos avances fueron consecuencia clara de una movilización que fue creciendo. Luego de años de ser fichados y perseguidos, surgió el «orgullo de ser»: en 1992 se realizó la primera concentración contra la discriminación y a partir de 1993 se concretaron regularmente marchas, que desde 2005 tomaron el nombre de «Marchas por la Diversidad»12. Especial relevancia en la visualización del tema tuvo el Colectivo Ovejas Negras13.

Uruguay es también el primer país del mundo en regular el cultivo, la posesión, la venta y el consumo de cannabis en todo su territorio, además de poner al Estado en el centro del sistema de producción de la sustancia destinada al mercado. Este avance es producto de la combinación de las movilizaciones sociales (en especial, de la Coordinadora por la Legalización de la Marihuana), un sistema de partidos enraizado en la sociedad y un gobierno que decidió enfrentar de una manera políticamente diferente la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad14.

A continuación, resumimos en un cuadro las principales leyes que amplían los derechos de las mujeres, los lgbti, los afrouruguayos, las personas que trabajan, los consumidores de cannabis, los desempleados y los más vulnerables15. Allí se incluyen dos leyes que podrían considerarse generales pero que afectan especialmente a las mujeres: la referida al empleo doméstico16 (99% de quienes lo realizan son mujeres y constituyen 17% de la población femenina activa) y el sistema de cuidados, porque como lo fundamentó el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango,

a lo largo de la historia las mujeres han asumido «naturalmente» roles vinculados a las tareas domésticas y de cuidados en el ámbito del hogar, lo que ha cristalizado en situaciones de inequidad estructural en términos de la división sexual del trabajo. Ese rol asumido por la mujer en la sociedad patriarcal debe ser desandado progresivamente, redistribuyendo tareas que no necesariamente se conjugan con los proyectos de vida que las mujeres quieren desarrollar.17 No incluimos en la lista el aumento de penas a los hombres por acoso y violencia sexual, porque no lo consideramos como una expansión de los derechos de las mujeres, sino más bien un síntoma y una respuesta a la violencia de género.


Otros desafíos

Este artículo pone en evidencia algunos de los grandes avances en materia legal, que tienen su base en un cambio cultural y político de larga data y que contribuyeron a la ampliación de la ciudadanía y el reconocimiento de su diversidad y también de las profundas desigualdades. Uruguay debe enfrentar, si quiere realizar realmente un giro a la izquierda, cambios estructurales que necesariamente generarán conflictos con ciertos sectores económicos, políticos y sociales.

Al menos podemos anotar tres desafíos interrelacionados:

a) ¿Qué modelo económico? Hasta ahora, Uruguay y la región se beneficiaron del boom de los commodities y de un alto crecimiento económico originado especialmente en los sectores primarios de la economía, con impactos negativos en la calidad del agua y en los suelos. Como señalan Luis Bértola, Fernando Isabella y Carola Saavedra para el caso uruguayo, «nuestro patrón de especialización no ha avanzado en la dirección de generar expectativas de futuras innovaciones que puedan generar cambios más radicales de nuestra estructura productiva» y que permitan «quebrar la tendencia histórica a la volatilidad y la divergencia»18.

b) Concomitantemente con el cambio de modelo económico, hay que plantear un nuevo sistema impositivo. La evasión fiscal –como señalan Juan Carlos Gómez-Sabaini y Dalmiro Morán19– representa un obstáculo para el desarrollo, para el crecimiento equilibrado y, en general, para la justicia de un sistema tributario que debería ser más equilibrado. En Uruguay se observa «un moderado poder redistributivo de la imposición a la renta, tanto en la reducción general de la desigualdad como en su efecto sobre la participación de los sectores de altos ingresos», al tiempo que la concentración en el 1% más rico tiende a crecer20. Para promover la movilidad social, es necesario reformar el sistema impositivo y gravar las riquezas y los ingresos (entre otros, la herencia), para que de esa manera se eliminen las diferencias de nacimiento. El ep-fa hizo un avance importante al introducir la reforma impositiva21, que gravó la renta de las personas físicas, pero hace falta avanzar más en esta línea y, sobre todo, evitar la evasión fiscal de los más ricos.

c) Estos desafíos nos llevan al campo de lo político, que es el que en definitiva decide: ¿cómo mantener unida una coalición de izquierda con profundas diferencias internas? O más importante: ¿qué sector prevalecerá22? Coexisten en el fa al menos dos formas opuestas de considerar la relación entre capitalismo e izquierda y eso supone diferentes puntos de vista sobre cuestiones como la centralidad o no del crecimiento económico, entre otros. Si en términos de legislación han tendido a confluir –o en todo caso, fueron atravesadas sin que se produjeran quiebres– las diferencias respecto a los proyectos económicos y la explotación de los recursos naturales –la aceptación y ampliación de las pasteras, el uso de agrotóxicos, la explotación minera y las construcción de puertos y rutas para inversiones extranjeras–, la exoneración impositiva para grandes inversores y el relacionamiento comercial y de inversiones chinas en Uruguay –con las consecuencias negativas que eso supone23– conducen necesariamente a conflictos. ¿Qué izquierda prevalecerá en los próximos años y cuáles serán los costos económicos y políticos de esa decisión? Esa es aún una pregunta abierta.