Entrevista de Anja Papenfuß

Ya desde antes de que Trump asumiera como presidente, algunos demócratas del Congreso de Estados Unidos especulan con un proceso de impeachment. ­¿Cuáles serían las condiciones una deriva de ese tipo?

Existe la posibilidad de un proceso de destitución si el presidente es culpable de las siguientes faltas: traición a la patria, sobornos u otros delitos graves y faltas en la función pública. No es posible un proceso de destitución por motivos políticos. Un proceso así es iniciado por mayoría simple en la Cámara de Representantes y el proceso de destitución propiamente dicho es instrumentado por el Senado. En tales procesos contra el presidente, el presidente de la Corte Suprema liderará el proceso. Para una sentencia de culpabilidad se necesita una mayoría de dos tercios del Senado. El proceso consta de dos etapas: en la primera se vota sobre la cuestión de la culpabilidad y luego sobre si el presidente debe dejar su cargo debido al proceso. Hasta ahora se sustanciaron procesos de este tipo solo contra dos presidentes y en ninguno de los dos casos se llegó a una destitución: en 1868 contra Andrew Johnson y en 1999 contra Bill Clinton. En 1974 se inició un proceso de destitución contra Richard Nixon debido al caso Watergate, pero renunció antes de que se elevara la denuncia.

¿Qué conducta de Trump lo haría pasible de tal proceso?

Habría distintas posibilidades de iniciar un proceso de destitución contra Trump. En primer lugar hay que mencionar aquí indudablemente sus relaciones comerciales personales. Aún no está para nada claro hasta qué punto Trump desea separar sus asuntos oficiales de sus negocios personales. Sin embargo, la Constitución de EEUU no pone límites claros en este aspecto. Ningún presidente debe entrar en relaciones de dependencia de otros gobiernos. No obstante, a los presidentes de EEUU se les permite incrementar su riqueza durante su mandato, pero siempre que los socios comerciales no sean gobiernos extranjeros. En este aspecto, la Constitución estadounidense es bastante clara: ningún funcionario puede aceptar remuneraciones, del tipo que sean, que provengan de un rey, un príncipe o un Estado extranjero. Estas limitaciones, que están establecidas en la cláusula sobre remuneraciones del artículo 1˚ de la Constitución, podrían convertirse pronto en la ruina de Trump; a fin de cuentas él tiene intereses económicos en muchos países y también deudas con numerosos bancos extranjeros de las cuales puede fácilmente deducirse una dependencia que no se adecua a la Constitución. Lo mismo vale, por cierto, para los miembros de su familia, que ocuparán puestos relevantes en el gobierno.

Por lo demás, el evidente desinterés de Trump por la práctica cotidiana de la política podría volverse su perdición, por ejemplo, si transmite vía Twitter información estrictamente confidencial o simplemente si viola, a conciencia o no, las leyes existentes. Además, actualmente hay numerosos procesos judiciales en curso contra Trump. En este aspecto, la Constitución no es demasiado concreta sobre qué son delitos graves. No resulta claro si, por ejemplo, un posible fraude fiscal puede ser considerado tal. Pero, en definitiva, Trump debería perder la confianza de muchos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado republicanos para que pueda haber un proceso de destitución de este tipo.

A propósito del Senado, ¿cuán grande es realmente el poder del presidente en un sistema de frenos y contrapesos?

La ciencia política misma no se ha puesto de acuerdo en este sentido. Las valoraciones van desde «el hombre más poderoso del mundo» hasta «el hombre más impotente del mundo». La tesis del poder es, en primer lugar, resultado de las diferentes funciones que, según la Constitución, asume un presidente. Así, es, por ejemplo, jefe del Poder Ejecutivo, máximo jefe de Estado y diplomático y comandante de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la Constitución de EEUU ha creado un complejo sistema de «frenos y contrapesos» precisamente para impedir que haya un presidente demasiado poderoso o para establecer mecanismos de control suficientes.

¿Cómo funciona ese control?

En EEUU los tres poderes políticos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se controlan mutuamente. Las instituciones dependen de la cooperación para hacer política. Un presidente depende especialmente del respaldo del Legislativo, que en el caso de EEUU es el Congreso. Solo este puede aprobar leyes y fijar el presupuesto. Las competencias legislativas del presidente están muy limitadas, él solo no puede presentar leyes. De todas maneras puede ejercer el veto contra leyes, para lo cual, sin embargo, debe contar con una mayoría de dos tercios en el Congreso. La tarea del presidente es hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Y aquí el presidente tiene, según la precisión del texto de la ley, un margen de acción mayor o menor.

¿Entran ahí las llamadas executive orders?

Sí, esas órdenes ejecutivas o, de manera más general, los recursos de poder unilaterales del presidente no son nuevos y están mencionados en la Constitución. Los presidentes recurren a ellos para interpretar las leyes de una cierta manera. De ese modo pueden, obviamente, intervenir también en la aplicación de las leyes y, con ello, en el efecto de las leyes.

Los presidentes han usado esto desde siempre, especialmente en tiempos de guerra o durante el New Deal en la década de 1930. Franklin D. Roosevelt aprobó durante su mandato unas 290 órdenes ejecutivas mientras que Barack Obama lo hizo solo 33 veces por año. Los presidentes tienen solo el poder que les permiten tener las otras instituciones, especialmente el Congreso. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Congreso prácticamente le dio al presidente George W. Bush carta blanca para una guerra contra el terrorismo. Él usó este poder de manera abusiva y muchos elementos han seguido vigentes durante el mandato de Obama.

¿Colaborará entonces el Congreso con Trump?

Trump puede contar con la resistencia de los demócratas en ambas cámaras del Congreso. Esto se ha vuelto una práctica común en tiempos de extrema polarización y ha provocado, al menos en épocas de divided government –o sea, cuando por lo menos una cámara del Congreso es controlada por un partido que no es del presidente en ejercicio–, una cuasiparlamentarización del sistema presidencial y, con ello, un bloqueo político.

El poder de Trump depende entonces de la medida en la que logre formar en el Congreso coaliciones reformistas específicas y seducir así a la opinión pública.

Si bien Trump puede momentáneamente apoyarse en la mayoría que tiene en ambas cámaras, la mayoría republicana no es lo suficientemente grande como para evitar el filibusterismo [obstruccionismo] de los demócratas. Por lo tanto, los demócratas pueden usar el Senado como instrumento de bloqueo. Además, Trump no tiene asegurado el apoyo, sobre todo, de los senadores republicanos. Aquí hay, principalmente en la cuestión del comercio exterior y en las relaciones con Rusia, ideas diferentes. El poder que pueda tener Trump depende, pues, de que logre formar en el Congreso coaliciones reformistas específicas y, al mismo tiempo, ganarse a la opinión pública. Si lo logra, entonces será «poderoso». Esto podría ser para Trump extremadamente arduo, por lo que se espera que sea más bien un presidente sin poder.

¿Es el control de constitucionalidad a través del Parlamento y la Justicia garantía suficiente de que con Trump no se den excesos autoritarios?

La Constitución de EEUU pone elevadas barreras institucionales al socavamiento de los pilares básicos de la democracia representativa. Así, para reformar la Constitución se necesitan los dos tercios en ambas Cámaras del Congreso y el consentimiento de las tres cuartas partes de los estados federados. En un contexto de polarización partidaria, estas mayorías están prácticamente descartadas. Además, en el sistema de «frenos y contrapesos» están previstas muchas opciones de veto con las que se puede limitar sustancialmente el margen de acción de un presidente. Aquí hay que mencionar, además del principio de división de poderes, también la estructura federal de EEUU.

Para los proyectos de reforma, Trump necesita al Congreso. También los estados federados y las ciudades y comunas pueden dificultar o incluso impedir la aplicación de determinadas políticas. Además, las medidas del gobierno pueden ser recurridas ante los tribunales si llegaran a ser violatorias de las leyes o la Constitución. Sin socios de coalición, es poco lo que Trump puede lograr aquí. Depende entonces, en primer lugar, del Partido Republicano y de en qué medida este partido esté dispuesto a respaldar tales reformas.

El Partido Republicano controla por el momento el Senado y la Cámara de Representantes, como así también ambas cámaras de las legislaturas de 33 estados. Además tiene 25 gobernadores. Para reformar la Constitución se necesitan tres cuartos de los estados, lo cual no está aún al alcance de los republicanos. Solo si estos lograran tal mayoría podrían ponerse a prueba derechos electorales, civiles, el derecho al aborto, la separación entre Estado e Iglesia y muchas cosas más. Trump podría transformarse entonces en un gobernante autoritario. Pero la probabilidad de que esto suceda es muy baja.

Christian Lammert es profesor en el Instituto John F. Kennedy de Estudios Norteamericanos de la Universidad Libre de Berlín y es investigador asociado en el Centro de Estudios Norteamericanos (ZENAF) de la Universidad Goethe de Fráncfort. Su trabajo abarca estudios comparados de Estados de Bienestar, los sistemas políticos de EEUU y Canadá y problemáticas del nacionalismo y el multiculturalismo.

Traducción: Carlos Díaz Rocca