En la actualidad, los derechos de los trabajadores están retrocediendo debido a la crisis económica relacionada con políticas ortodoxas que están siendo implementadas en distintos países del mundo industrializado. ¿Pueden los sindicatos revertir la situación para retornar a las políticas bienestaristas que caracterizaron a Europa?

Creo que, si analizamos la crisis que hemos vivido y que aún estamos viviendo, veremos que la misma fue una crisis provocada por la avaricia del sector financiero. Hoy vivimos un proceso de retroceso en derechos vinculado, fundamentalmente, a la aplicación ortodoxa de las políticas de austeridad. Los trabajadores están perdiendo derechos de manera permanente y, en muchos casos, carecen de un salario mínimo que les permita vivir con dignidad. Para recuperar un modelo sustentable e inclusivo los sindicatos y la sociedad civil deben incidir fuertemente en las decisiones. Tienen el deber de plantear una alternativa. No debemos olvidar que los trabajadores del mundo son los hacedores y responsables de los beneficios y la productividad del sistema capitalista y, por tanto, están llamados a modificar la situación actual. Si continuamos con el modelo dominante de comercio, en el que las cadenas de abastecimiento se basan en la avaricia corporativa reproduciendo bajos salarios y trabajo inseguro, todo el sistema se hará insostenible. Esto no es aceptable para nosotros, para los trabajadores y los sindicatos. Y nosotros somos un actor central de las sociedades y, como tal, podemos generar alternativas.

¿Pero cómo pueden luchar los sindicatos si no cuentan con las fuerzas de la izquierda que sostuvieron los Estados de Bienestar durante? ¿Quién los representará políticamente?

Primero debemos recordar que los sindicatos fueron la base social fundamental para la construcción de los partidos socialistas y socialdemócratas. Es decir que fue la propia fuerza de los trabajadores la que desarrolló el Estado de Bienestar. Ese modelo permitió avances importantes y otorgó dignidad a muchos sectores postergados. En el marco internacional, los sindicatos hicieron una convocatoria muy amplia para defender un conjunto de valores que iban de la paz y la democracia hasta los derechos humanos. Queríamos el cuidado social para nuestras hermanas y hermanos, para nuestras familias y para nosotros mismos. Y, por supuesto, queríamos un salario mínimo con el cual las personas pudieran vivir dignamente. Defendíamos y defendemos el derecho al reclamo colectivo con el amparo de la ley para perseguir a las personas que explotaran a los trabajadores, abusando de sus derechos fundamentales y su seguridad.

Yo estoy convencida de que los partidos políticos que representan a los trabajadores deben ganarse su legitimidad y, para ello, en muchos casos, deben reconstruirla. Si no lo hacen, nacerán nuevos partidos. Creo que debemos reivindicar la Europa social. Esa Europa tiene una visión de paz, de democracia, de libertad. Es inclusive la visión que comparten las corporaciones que tienen responsabilidad social empresaria, respetando los derechos fundamentales y trabajando bajo la rigurosidad de la ley. Eso es lo que está en peligro. Y si no hay sociedades que respeten la ley y los derechos de los trabajadores y en las que los estándares medioambientales importen, entonces, el capitalismo se comerá a sí mismo y se volverá insostenible.

Usted ha mostrado una constante preocupación por América Latina. ¿Cómo analiza la crisis del ciclo progresista y el advenimiento de gobiernos de derecha desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores?

Nosotros hemos estado en permanente contacto con los trabajadores de América Latina. Y, dejeme decirle, que estoy convencida de que estos trabajadores no quieren que las conquistas sociales de los últimos años les sean arrebatadas. No quieren gobiernos que reduzcan sus salarios y hagan sus vidas todavía más difíciles. No quieren ver a sus padres o a sus hijos sin cuidado social, sin educación, sin salud. No quieren ver destruidas sus necesidades, mediante las cuales pueden lograr una vida estable y segura.

Por eso, creo que se debe analizar profundamente el contexto latinoamericano actual. Sin duda ha habido errores, pero también avances muy profundos en los marcos laborales y sociales. Ahora la avaricia de la elite de las corporaciones y aquellos que han vivido de la corrupción, está en crecimiento. No obstante esto, aparentan estar ganando hoy, pero no ganarán mañana.

Recientemente, hemos visto como algunos empresarios han intentado instalar limitaciones al derecho de huelga. ¿Qué han hecho los trabajadores al respecto al interior de la Organización Internacional del Trabajo?

En principio, debemos decir que han sido los empresarios y los empleadores europeos quienes se han manifestado a favor de establecer limitaciones al derecho de huelga. Y, como sabemos, el derecho de huelga es un principio fundamental para la libertad de asociación. Si uno no tiene la posibilidad de retirarse de su trabajo, si uno sufre algún tipo de abuso, si uno trabaja bajo el exclusivo deseo del empleador, francamente, uno esta esclavizado. Eso no es ni libertad ni democracia. Por cierto que a nadie le gustan las huelgas. Ni siquiera a los trabajadores porque pierden dinero y saben que es una incomodidad para sus familias y su comunidad. Pero, al final, ese es el gran valor y el poder de la organización colectiva. El de poder manifestar la oposición a condiciones indignas de trabajo o a procesos de explotación laboral. Lo que han intentado algunos empresarios en el seno de la OIT es desconocer características de este derecho a nivel internacional. Pero los sindicatos presionamos a la Unión Europea para que tomase una posición en virtud del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la OIT que data de 1948. Allí se reconoce que el derecho de huelga y de manifestación es inalienable. Ahora, cuando ya hay gobiernos que lo admiten y que sostienen que bajo ningún punto de vista puede limitarse este derecho, vemos que los empleadores han perdido la batalla cultural. Si los empleadores fueran sensibles, tendrían que entender que estos derechos y libertades no repercuten solo sobre sus negocios y sobre los trabajadores, sino que se trata del alma de las libertades democráticas.

En algunos países la ortodoxia neoliberal ha conseguido instalar la idea de que no hay opciones: o se bajan los salarios y se precarizan las condiciones laborales o se cae en el desempleo. ¿Cómo se puede salir de esa espiral extorsiva?

Nosotros no podemos aceptar ese discurso bajo ningún punto de vista. Porque, de hecho, la evidencia muestra que la realidad es muy distinta a como la plantean. Cuando las personas tienen un salario con el que pueden vivir con dignidad y cuando se pueden apoyar en la protección social, la economía crece y se robustece. Si uno no puede vivir con el salario que gana, entonces uno no consume y la economía flaquea. Por lo tanto, no solo tenemos una oposición ética a ese criterio sino, también, una oposición basada en el propio funcionamiento de la economía.

Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que «no habrá trabajos en un mundo muerto» refiriéndose, lógicamente, a las consecuencias del cambio climático. Quisiera preguntarle que puedan aportar los trabajadores en esta lucha.

Los trabajadores pueden aportar mucho. El movimiento sindical puede estar muy orgulloso de la COP 21, y del acuerdo climático alcanzado en París. Se conquistó el derecho a la transición justa así como importantes derechos en articulación con miembros de la sociedad civil. Ahora tenemos que encargarnos de que eso sea una realidad. No habrá futuro para nuestros niños si no promovemos seguridad en los trabajos, trabajos decentes y una economía ecológica. Pero la transición justa requiere que no dejemos a nadie atrás. Esa es la filosofía de la Confederación Sindical Internacional, en la que pedimos respeto por quienes trabajan con combustibles fósiles. El carbón será el primer combustible fósil en desaparecer y eso será dentro de una década o quince años. Es el más sucio de los combustibles fósiles y es el que conlleva más esfuerzo de obtener. Pero, si el planeta tiene suerte, veremos el final de los combustibles fósiles en treinta o cuarenta años, apoyado en una transición gradual y justa. Entonces los trabajadores deberán saber cuál es la vida útil de sus trabajos, cuál es la seguridad de sus trabajos, los trabajadores mayores de edad deberán tener aseguradas sus jubilaciones. Las comunidades tienen que saber que si su estilo de vida basado en combustibles fósiles está a punto de ser erosionado y si verán en ellas nuevas inversiones que impliquen nuevos puestos de trabajo. Y por supuesto, los trabajadores deben saber si tendrán las herramientas y el apoyo para incorporarse en los nuevos empleos. Tenemos mucho trabajo por hacer.

Por eso, desde el sindicalismo internacional, demandamos planes y espacios de diálogo para que funcione un plan nacional de energía en cada país. Alemania es el único país con un plan nacional de energía. Inclusive ahora, se discute acerca del rol de de los trabajadores. Francia tiene algunas leyes, Estados Unidos también tiene algunas regulaciones. Senegal es el único de los países en desarrollo con un comité multisectorial. Por eso demandamos a los gobiernos que se sienten a dialogar. Pero también pediremos dialogo social con nuestros empleadores, porque debemos cambiar la manera en la que estamos trabajando. Cada lugar de trabajo debe convertirse en un centro con zonas verdes y ecológicas. Y, como es lógico, estaremos peleando por el reparto de la productividad ya que, si los trabajadores ayudan a reducir el consumo de carbón, y eso será parte de las nuevas ganancias para las compañías, entonces pelearemos por compartir dichos beneficios.

¿Esto es parte de lo que usted denomina «el nuevo pacto mundial»?

Claro. Y abarca mucho más. Estamos trabajando en conjunto con uno de los mejores líderes progresistas como lo es el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, quien se ha puesto a la cabeza de este nuevo pacto mundial, en la generación de un nuevo modelo de desarrollo. Lo que queremos enfatizar es la importancia de una transición de desarrollo justa y, para ello, precisamos desarrollar políticas en materia climática. El desarrollo de este pacto debe tener, por supuesto, la participación permanente de los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Porque, de otro modo, fracasará. Precisamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta habitable. Para ello precisamos, también, defender los derechos de los trabajadores y, por ello, en este pacto se pide expresamente la creación de una convención que, bajo los estándares de la OIT, resguarde los derechos de los trabajadores en la cadena de abastecimiento. Básicamente, lo que necesitamos, es un nuevo modelo de mercado global que tenga en cuenta y respalde a los trabajadores. Necesitamos un modelo de comercio que no le niegue a las naciones la posibilidad de desarrollarse en el marco de una economía ecológica y que tampoco les anule la posibilidad de industrializarse. Claramente no queremos un modelo de desarrollo con empresas como Chevron. Y necesitamos un modelo que no excluya a los refugiados y rechace fuertemente la xenofobia. Por eso, el nuevo pacto global, es un llamado a la democracia, a los derechos democráticos y las libertades, al trabajo decente y a la protección social. Queremos poder decir un día que las riquezas de la economía son compartidas y distribuidas con aquellos que las crean.

Usted ha trabajado fuertemente contra el sistema Kafala que se aplica en diversos países del mundo árabe y que constituye una violación de los derechos de los trabajadores. El campeonato del mundo que se disputará en Qatar – uno de los países que aplica el sistema – en 2022, ofrece la posibilidad de discutir el tema. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo al respecto?

En principio, le agradezco la pregunta porque, ciertamente, el sistema Kafala es un sistema moderno de esclavitud, donde las personas son poseídas por quienes las emplean. Este sistema no sólo se limita a Qatar. Qatar y Arabia Saudita son los países donde se aplica más fuertemente, pero no son los únicos. También en Líbano, Iraq, Omán, Jordania, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se aplica esta política. Los trabajadores, desesperados, migran de sus países para poder ayudar a sus familias. El Kafala liga, directamente, liga las visas de los trabajadores con sus empleadores y, directamente, el empleador del país al que llegará el migrante tiene el derecho de decidir cuando puede entrar y salir del país el trabajador. Todo esto ya es ilegal desde el vamos. Al llegar al país, por ejemplo Qatar, el trabajador cobra menos de la mitad de lo que había acordado en su país de origen. Las personas contratadas bajo esta modalidad suelen vivir en condiciones muy precarias, con poca comida y pésimas condiciones de alojamiento. Hay seis, ocho, diez, doce hombres viviendo en un mismo cuarto en paupérrimas condiciones sanitarias que no se pueden siquiera describir. Ningún lugar para sentarse, para comer. Comida de muy mala calidad. Incluso el agua no es está disponible todo el día sino que sólo una hora a la mañana y una hora a la noche y sólo consiguen agua salada. Hay campos enteros plagados de migrantes de alrededor de 5000 personas. Hoy, se calcula que más de 1.200.000 personas viven en estas condiciones.

En todo este sistema, la figura del empleador es reemplazada por la de un «dueño», que poseen a los trabajadores bajo contrato. Así, estos hombres trabajan hasta doce horas por día seis o siete días a la semana y en temperaturas de muchísimo calor, de hasta 60 grados. Para cambiar de empleador, los trabajadores deben conseguir que quien los emplea en ese momento los autorice. Eso no suele suceder y, si quieren volver a sus casas, los empleadores les retienen las visas. Bajo este sistema uno está atrapado en el país al que llegó una vez que firmó el contrato. Uno es posesión de otra persona. Eso es esclavitud. Nosotros hemos denunciado esta situación y hemos hecho un escándalo por la celebración de un mundial de fútbol en Qatar, paíse en lue rige este sistema. Hemos denunciado la situación en la FIFA, que tiene también sus serios problemas, planteando que el país debe ajustarse al respeto de los derechos humanos para celebrar una competencia mundial de fútbol. Estamos ganando la batalla cultural pero todavía falta mucho.

Sharan Burrow es secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI).