Tema central

¿Qué hacer con los sectores medios? Coaliciones sociales, bienestar y socialdemocracia en la periferia capitalista

Ahora bien, Huber et al. comparan luego el perfil regresivo del gasto en seguridad social con otros gastos sociales, como la educación primaria pública, de los que se benefician mayoritariamente los sectores más pobres. En tanto el gasto en seguridad social es más regresivo, concluyen inmediatamente que tiene también efectos redistributivos negativos para la sociedad en su conjunto. Afirman que la paradoja de la redistribución de Korpi y Palme no funciona para América Latina: es necesario priorizar aquel gasto más progresivo y alejarse de los intereses de los sectores medios.

Así, Huber et al. parecen tomar benévolamente en cuenta las particularidades de nuestra región, que no debería compararse con el mundo desarrollado. Sin embargo, su afirmación es inconsistente: siempre existen gastos más progresivos y otros más regresivos. Pero ¿qué tiene que ver esto con el argumento de Korpi y Palme en el sentido de que un gasto regresivo puede estar asociado a una sociedad más igualitaria?

En el cuadro 2 se reúne información referida a seguridad social, gasto público social y desigualdad, para aquellos países latinoamericanos que la tienen disponible. Huber et al. afirman genéricamente que la economía latinoamericana es informal. Pero la informalidad reconoce grados aun en nuestra región, como puede apreciarse a partir de la información referida al porcentaje de aportantes a la seguridad social.

A pesar de que estos autores recomiendan priorizar el gasto público social en rubros que son parte de la seguridad social, estos gastos, que consideran más redistributivos, no tienen ninguna relación en la práctica con la desigualdad que muestran los países de la región10. Tampoco el gasto público social total se relaciona con una disminución de la desigualdad. De todas las variables analizadas, la única correlacionada con una menor desigualdad es la cobertura de la seguridad social.

En conclusión, como puede apreciarse en el gráfico de la página siguiente, los países con sistemas de seguridad social más extendidos tienden a ser más igualitarios. Los tres países con menor desigualdad de la región se encuentran entre los de mayor cobertura en seguridad social (Costa Rica, Venezuela y Uruguay). Pero además existe otra coincidencia: ninguno de los tres tiene un sistema de seguridad social privado. El otro país con alta cobertura en seguridad social es Chile: tiene un régimen privado y una desigualdad bastante mayor que Costa Rica, Venezuela y Uruguay.

Surgen entonces naturalmente varias preguntas respecto a la evidencia empírica: el gasto público en seguridad social, por ser regresivo, ¿afecta negativamente la desigualdad? Otros gastos públicos sociales considerados más progresivos ¿están asociados a una menor desigualdad? Un mayor gasto público en seguridad social ¿está asociado a una menor cantidad de gasto público social en otros rubros?

La respuesta, elaborada a partir de los datos, es negativa. El gasto en seguridad social no está asociado a un menor gasto en otros rubros, el gasto en seguridad social no está asociado a una mayor desigualdad, y los otros gastos públicos sociales no están asociados a una menor desigualdad. Y, como corolario, la cobertura en seguridad social es la única variable asociada estadísticamente a una menor desigualdad, un efecto que parece más claro en aquellos países que no han privatizado la seguridad social.

Los riesgos de alejarse de los sectores medios: desigualdad e impotencia política

Considerando los datos de la sección anterior, no me atrevería a afirmar rotundamente que el argumento de Korpi y Palme se confirme para América Latina. Pero menos aún afirmaría que no funciona. Tampoco considero apropiada la idea de abandonar el gasto en seguridad social, sobre todo en el caso de aquellos países que tienen ya una cobertura extendida y en los cuales el sector público desempeña un papel importante. Los tres países con menor desigualdad del continente tienen dos características en común: una alta cantidad de aportantes a la seguridad social y un sector público que juega al menos un papel relevante en la administración del sistema.

De ahí que considero que los países de desarrollo socioeconómico más alto de la región deberían prestar atención a la paradoja de la redistribución planteada por Korpi y Palme11.

Huber et al. desestiman su validez y recomiendan genéricamente abandonar aquellas políticas que favorecen particularmente a los sectores medios. Sugieren concentrar esfuerzos en políticas progresivas, favorables a los más pobres. En mi opinión, para que su argumento tuviera sentido, habría que probar la validez de al menos dos razonamientos contrafácticos de muy dudosa lógica. En primer lugar, Huber et al. deberían demostrar que el gasto público en los sectores medios perjudica directamente las posibilidades de gasto en los sectores más pobres. Este razonamiento puede parecer correcto en primera instancia. En efecto, dado que los márgenes para el gasto público reconocen en todo país algún límite, resulta lógico pensar que si se gastan cuantiosos recursos en un sector, se carecerá luego de recursos para gastarlos en otras tareas y funciones. Si bien esto parece lógico, también podría afirmarse que el razonamiento opera como una falacia de falsa oposición: se afirma que o bien se gastan recursos en políticas sociales de corte regresivo para los sectores medios, o bien se invierten estos recursos en políticas progresivas para los sectores de bajos recursos. En realidad, esa afirmación no es estrictamente cierta, en tanto ambas políticas no son contradictorias, como muestra la socialdemocracia escandinava.

Puede gastarse tanto en los más pobres como en los sectores medios, y el resultado serán las sociedades capitalistas más equitativas que hemos conocido. El falso dilema tiene entonces una vía de solución a través de un aumento del gasto público social. Pero no es la única. De hecho, ¿por qué poner en contradicción dos rubros del gasto público social y no establecer en cambio un dilema entre el gasto público social y el gasto en intereses de deuda o el gasto militar? Si hay que elegir, preferiría reducir cualquiera de estos dos últimos y elevar el gasto social de toda índole.

  • 10. No argumento aquí que este gasto no tenga efectos positivos sobre los sectores que más necesitan de la acción del sector público. Todo lo contrario, es necesario y urgente gastar en estos sectores, como muestra Filgueira (Cohesión, riesgo y arquitectura de la protección social en América Latina, cit.). Solo afirmo que los países que más gastan en rubros sociales fuera de la seguridad social no son más igualitarios. Huber et al. afirman que el gasto público social fuera de la seguridad social es la herramienta más efectiva para una redistribución sustentable. Si esto fuera cierto, entonces debería estar asociado a otros resultados en materia de desigualdad, y no es el caso.
  • 11. En aquellos países calificados por Filgueira como regímenes excluyentes el diagnóstico puede ser completamente diferente. La existencia de una enorme porción de la población con ingresos muy bajos y homogéneos entre sí y la ausencia de estructuras de bienestar inducen a plantearse una pregunta distinta. No se trata aquí de reestructurar el bienestar como en los países de desarrollo socioeconómico más alto, sino más bien de construirlo. Políticas universales de componentes fuertemente progresivos tienen mucha más lógica en este contexto.