Después de once años de políticas neoliberales la problemática social, desde antes grave, se ha profundizado de manera dramática en México. La situación social es tan seria que, en el contexto de una crisis política prolongada, amenaza con arrastrar al país entero a un conflicto cuyo alcance y resultados son impredecibles. La insurrección indio-campesina, encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e iniciada el primer día de 1994 en el sureño estado de Chiapas, es la expresión extrema de las tensiones y contradicciones creadas por el proyecto de la fracción gobernante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); proyecto que, por un lado, excluye a decenas de millones y los condena a una marginalidad cada día más irresoluble y, por el otro, ha cerrado, mediante el fraude electoral reiterado y la represión de luchadores sociales y políticos, los espacios políticos institucionales de expresión y negociación de intereses.