Opinión
julio 2018

Perú: ¿a qué juega Vizcarra?

Por ahora, el gobierno peruano de Martín Vizcarra parece tener un solo objetivo: acabar su mandato en 2021. Ha realizado gestos a actores muy diversos y ha sostenido, hasta ahora, una relación sin tensiones con el fujimorismo. La imagen del presidente ha caído pero también lo ha hecho la de Keiko Fujimori. Los caminos de la política peruana parecen poco claros.

<p>Perú: ¿a qué juega Vizcarra?</p>

Se han cumplido algo más de cien días desde la asunción de Martín Vizcarra como presidente de Perú y del abandono del poder de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra, de acuerdo con la Constitución vigente, deberá completar el periodo presidencial, el cual finaliza el 28 de julio de 2021.

Resulta difícil realizar una evaluación de la gestión gubernamental habiendo transcurrido tan poco tiempo. Sin embargo, es más plausible analizar la gestión política de la nueva administración. Es decir, el modo en el que se relaciona con el resto de los actores políticos relevantes y la forma en la que este conjunto de comportamientos puede dar cuenta de manera conjunta de una estrategia política.

Observando el comportamiento de Vizcarra y del primer ministro César Villanueva, parece claro que el primer objetivo de este gobierno es sobrevivir hasta el 28 de julio de 2021, haciendo que sea el actual presidente quien entregue la banda al nuevo gobierno electo. Esta debe ser, por ende, la base sobre la que debe interpretarse la racionalidad de su conducta.

Con la consigna de «durar», el gobierno parece haber centrado su relación en torno a dos actores. En primer lugar, el Congreso de la República y, más específicamente, con Fuerza Popular, la fuerza liderada por Keiko Fujimori. Hay que recordar que, en parte, fue la impericia de su predecesor para enfrentar a este partido, lo que explicó su salida del poder. Hasta ahora, la relación del Ejecutivo con el partido de Keiko Fujimori ha consistido en no confrontar de manera abierta. Varios ministros se han alineado detrás del fujimorismo en algunos de los puntos más conservadores de su agenda como son la perspectiva de género en la currícula educativa y los ataques al movimiento de derechos humanos y el informe final de la Comisión de la Verdad. Asimismo, ante la negativa del fujimorismo de otorgarle una delegación de facultades al Ejecutivo en algunos temas que este considera cruciales, la respuesta, lejos de enviar pullas al partido de Keiko Fujimori, ha sido relativamente amable y contemporizadora.

En segundo lugar, el conjunto de actores a los que el gobierno le ha prestado especial atención, son aquellos que se podrían denominar como los activos en «la calle». En estos primeros meses, el gobierno ha buscado desactivar cualquier protesta social de envergadura, aunque ello suponga realizar gestos, retrocesos y concesiones que van en contra de la opinión de sus propios funcionarios, de la propia caja gubernamental y de los grandes empresarios.

Este fue el caso de la protesta contra el aumento de la tarifa residencial de agua potable realizadas en Moquegua, la patria chica del presidente. Para desactivar estas manifestaciones, el gobierno debió dejar –manu militari– sin efecto dicho aumento tarifario. Similares medidas se adoptaron frente a la inminente paralización de los gremios de camioneros. Dicha movilización solo pudo detenerse después de que el gobierno realizara afirmaciones tales como que se revisarían el total de los contratos de concesión de autopistas, que se suspendería el cobro de peajes en una de las principales rutas del país y, por último, que la cabeza del ministro de Economía rodara por los suelos. Todas estas acciones y declaraciones han merecido importantes críticas de uno de los actores centrales de la política peruana: los grandes empresarios y los medios que le son afines. En un país donde las consideraciones «políticas» son muchas veces puestas detrás de las exigencias de la política económica, estos comportamientos no han pasado desapercibidos. Han sido varios los líderes gremiales que han señalado el incipiente populismo del nuevo gobierno. Este es el costo que parece estar dispuesto a pagar el Vizcarra con tal de ejercer algún nivel de control sobre la calle.

Si bien la estrategia gubernamental ha sido efectiva en tanto ninguno de los dos actores señalados arriba ha puesto en riesgo su permanencia en el poder, si nos guiamos por las encuestas de opinión parece que el gobierno no las tiene todas consigo. Las mediciones realizadas por la encuestadora GFK para el diario La República señalan que la aprobación presidencial ha caído desde 52% en abril hasta 29% en junio –23 puntos menos en dos meses. Si bien este hecho no es ajeno a la dinámica de la opinión pública peruana que castiga severamente a sus gobernantes, hay dos hechos sobre los que conviene detenerse. En primer lugar, es posible gobernar con una baja aprobación si es que los otros dos escenarios –el Parlamento y la calle– están relativamente controlados. Sin embargo, si la pendiente de la caída se sostiene en el tiempo, es posible que alguno de estos actores decida avanzar más decididamente sobre el gobierno. En segundo lugar, y para matizar lo anterior, las bajas cifras no son exclusivas del gobierno. Ya desde la crisis que desembocó en la salida de Kuczynski, la aprobación del Parlamento, de Fuerza Popular y de su lideresa Keiko Fujimori parecen no solo estar en el mismo tren en el que viaja la aprobación presidencial, sino que incluso parecen haber tomado uno más veloz.

Lo ocurrido con Keiko Fujimori es una muestra palpable de lo anterior. Hace un año GFK no solo la situaba en el primer lugar entre los políticos con mayor aprobación con 39%, sino que la situaba más de diez puntos de otros potenciales competidores como Julio Guzmán y Veronika Mendoza. Hoy su situación es muy distinta. No solo ha perdido 20 puntos de aprobación sino que se encuentra en un segundo lugar, luego de Guzmán y a un punto de Mendoza.

Por lo tanto, los malos números no son por mucho propiedad exclusiva del gobierno de Vizcarra, sino más bien un atributo que comparte también Keiko Fujimori, su partido y el poder del Estado que ella controla.

Si deducir correctamente el objetivo del gobierno de Vizcarra resulta fundamental para analizar su comportamiento, resulta también fundamental comprender el objetivo de la otra fuerza política dominante en el escenario peruano. Si Vizcarra quiere durar, Keiko Fujimori tiene como único norte preparar el mejor escenario para su candidatura en el 2021. Dos son las estrategias que movilizaría Fujimori pare ese fin. En primer lugar, lograr el control directo o la aquiescencia de actores claves en la coyuntura electoral del 2021. Esto incluye a la oficina que organiza dichos procesos, el Tribunal Electoral que eventualmente puede sacar de carrera a algún competidor, y las reglas que norman dicha competencia. De hecho, hace varios meses que en el Congreso se viene discutiendo informalmente una ley que en la práctica sacaría de carrera a sus dos principales competidores: Julio Guzmán y Veronika Mendoza.

Otro actor relevante son los medios de comunicación. Son varios periodistas los que señalan que Fujimori está convencida que su derrota fue consecuencia directa de una serie de reportajes emitidos por los medios del grupo El Comercio, el principal multimedios del país. Mientras que a los grandes se les busca disciplinar con una combinación de presiones personales y contra campañas, a los pequeños se les ha recortado su principal fuente de ingresos: la publicidad estatal.

El segundo elemento de la estrategia fujimorista consiste en mantener una alianza con actores sociales con importantes recursos y capacidad de movilización. Los vetos que el fujimorismo ha puesto a las modificaciones tributarias a la educación superior privada o a la agenda liberal en materia de educación, responden a proteger a dos importantes cotos de caza: las universidades de baja calidad, pero con fines de lucro y los grupos evangélicos con recursos económicos y capacidad de movilización. Mientras el gobierno no afecta significativamente ninguno de estos componentes de la estrategia fujimorista, es posible que la relativa calma se mantenga.

¿Hay más en la estrategia política de Vizcarra y Villanueva? Si bien hay personas cercanas a este gobierno que así lo creen, por ahora es poco lo que se ve. Quizás los siguientes meses terminen de aclarar esto. Si es solo el más básico de los instintos el que mueve a este gobierno o si hay algo más en el escenario.



Newsletter

Suscribase al newsletter