Por primera vez en varios años, un movimiento social provoca una grieta de proporciones en la hegemonía política y cultural que el neoliberalismo ha impuesto a la sociedad peruana. Desde hace más de dos meses se desarrolla una huelga de maestros de la educación pública en Perú. La huelga, que empezó en el sur con varias manifestaciones regionales, continúa hasta hoy en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2003 no había una huelga de estas proporciones en el magisterio. La medida de fuerza cuenta con una adhesión de aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. Esto lo hace el movimiento social más grande y con más tradición de lucha que han debido enfrentar algunos de los gobiernos de derecha que se han sucedido en los últimos 15 años.

El movimiento huelguístico llega además en un momento de drástica reducción del auge económico de la década pasada por la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, que señala un crecimiento del PIB que apenas superará el 2,5% este año, frente al 6% de los años anteriores. Por otra parte, encuentra a la derecha dividida, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en control del Ejecutivo y el partido de la familia Fujimori, Fuerza Popular, en control del Congreso y en pugna constante con el primero.

En este contexto, los maestros han procedido a derrotar varios aspectos del relato dominante difundido por la buena parte de la elite política y los principales medios de comunicación. Primero, la invisibilización de la huelga cuando sucedieron los primeros conatos en el sur. Segundo, que la huelga era un invento de Sendero Luminoso, cuando aquella llegó a la capital trayendo la voz de miles de maestros del interior. Tercero, que como sus dirigentes estaban ligados a grupos terroristas, no había con quién negociar, por más que ya existía un Comité Nacional de Lucha y sus dirigentes se paseaban por los medios de comunicación y el Congreso de la República. Y cuarto, que como no había dirigentes confiables, había que negociar por la vía de intermediarios, sin sentarse a la mesa con los verdaderos interlocutores. Estos sucesivos momentos señalan un desprecio por el otro –por parte de las autoridades y los medios— por ser pobre, provinciano y maestro, como pocas veces se ha visto en nuestra historia reciente.Todo ello tiene el corolario de un Poder Ejecutivo que ha dado por finalizada la huelga y miles de maestros que continúan movilizándose y acampando en el centro de Lima.

A contrapelo de este relato, el movimiento magisterial ha demostrado a lo largo de dos meses que es un movimiento real, constituido abrumadoramente por maestros de base, con una plataforma justa y que atiende a los problemas de fondo de la educación peruana. Un movimiento que, además, ha repercutido en casi todas las ciudades del Perú y ha despertado la simpatía y solidaridad de los estudiantes, padres de familia y sociedad en general porque ven reflejada su propia situación de carencia. Todas estas cuestiones le han dado legitimidad a la huelga entre la población. Sin embargo, a diferencia de otras grandes huelgas magisteriales de décadas pasadas, su dirección ha sido fragmentada, en buena medida espontánea y sin reconocimiento legal, lo que le ha quitado fuerza en la resolución del conflicto. Paradójicamente, la dirección nacional del sindicato más reconocido, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), dice que no hay huelga. Este otrora sindicato radical, dirigido por el partido de izquierda Patria Roja, ha sido definitivamente rebasado por sus bases. Asimismo, esto ha permitido la influencia de sectores más radicales ligados a Sendero Luminoso que, a pesar de ser minoritarios, han dado pie para la satanización de la huelga por los poderes políticos y mediáticos.

El movimiento, con una diversidad de reclamos y amplias dimensiones, expresa el fracaso de una política educativa que se ha presentado en la última década como una «reforma de la educación», clave en la hegemonía neoliberal, que le permite pasar del asalto a los bolsillos al asalto a las mentes de los peruanos. Esta política fracasa en un punto fundamental: la necesaria relación que debe existir entre el salario del docente y la evaluación a la cual se lo somete. Desde la famosa frase del dúo Alan García-José Antonio Chang, el primero presidente de la República y el segundo su ministro de Educación en el quinquenio 2006-2011, «no habrá aumentos sin evaluación», se llega a la radicalización de esta política que se lleva a cabo en la gestión ministerial de Jaime Saavedra, tecnócrata de la filas del Banco Mundial, que abarca tres años (2013-2016) y alcanza dos gobiernos. La experiencia nos ha señalado que no se puede evaluar al maestro sin tomar en cuenta las condiciones materiales, el salario y las condiciones de trabajo en las que desenvuelve. Evaluar a quien no puede reproducir su fuerza de trabajo lleva a una explosión como la que hemos visto en las últimas semanas.

Esta es la «teoría del maestro barato» que llevó a Saavedra, en la práctica enviado del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ministerio de Educación, a multiplicar varias veces el número de maestros contratados y adjudicar menos de la mitad de las plazas que tuvo a disposición para nombrados. En otras palabras, multiplicar a los contratados que cuestan menos y evitar a los nombrados que cuestan más. La teoría del maestro barato con una evaluación por encima de sus posibilidades tiene como objetivo tener asustado al magisterio para controlarlo políticamente. Esta es una cuestión clave en un gremio con gran capacidad de protesta como el de los maestros. Ahora bien, ¿por qué se produce esta huelga en junio-julio de este año? Por la amenaza de una evaluación de desempeño para el segundo semestre de 2017, que junto con la ausencia de aumentos a la vista, los maestros interpretan como un procedimiento masivo de despido de la carrera docente. Esto hace que la combinación de bajos sueldos y evaluaciones llegue a su punto de ebullición.

Empero, está también la negativa magisterial –casi de principio– a someterse a cualquier evaluación que tenga consecuencias, en caso de no aprobarla en tres oportunidades, en su salida de la carrera docente. Este es un debate tan antiguo como el inicio de las evaluaciones a principio del siglo XXI. Aquí chocan el interés corporativo del gremio interesado en la estabilidad laboral con el interés social interesado en la calidad de la educación. El mal tratamiento de esta contradicción puede llevar a una radicalización sin salida de los docentes y a su aislamiento del resto de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Por ello, es de fundamental importancia un manejo adecuado de la cuestión, que incluya el aumento de las remuneraciones y las pensiones, las capacitaciones necesarias y, finalmente, la participación de los profesores en las evaluaciones.

Pero no solo se trata de salarios y evaluaciones. Los maestros señalan también la necesidad de revisar la Ley General de Educación de 2003 y la Ley de Carrera Pública Magisterial de 2012, así como de aumentar el porcentaje de la riqueza nacional que se dedica a educación en el presupuesto nacional. En este punto plantean una cifra quizá inviable, 10% del PIB, pero si erran en el número no lo hacen en el tema, ya que la meta de 6% se planteó en el Acuerdo Nacional hace 15 años y solo hemos llegado a 3,8% del PIB como presupuesto educativo en la actualidad. Aunque el poder lo niegue, existe una preocupación de estos maestros por la educación en su conjunto, solo que abordar el problema supone revisar leyes y presupuestos y la política educativa ya fracasada, a lo que tercamente se oponen las elites neoliberales, ya que es uno de los pilares de su hegemonía actual.

Todo esto se produce en un contexto de división del sindicato magisterial. Una división que no es nueva y tiene ciertamente como ingredientes la disputa de grupos como Sendero Luminoso y Puka Llacta con Patria Roja, tradicionalmente el partido de mayor influencia sindical en el magisterio. Hoy se observa que la dirección nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, en manos de Patria Roja, ha sido largamente rebasado por sus bases, en una magnitud que no puede ser explicada solo por la disputa con los grupos radicales. Es indudable que el efecto de la política neoliberal en los maestros ha sido subestimada por la dirigencia nacional, y esa es la clave de su desplazamiento. No sabemos aún cuál será el futuro del sindicato magisterial, pero la solución corresponde solamente a los maestros y ojalá el resultado sea un sindicato nacional unitario y democrático.

Queda por ver cuál será el resultado de la huelga actual. Ante la fuerza del movimiento social y la falta de alternativas del gobierno de Kuczynski, este parece haber tomado la decisión de liquidar la huelga, es decir, de aparecer derrotándola más allá del acuerdo o el desacuerdo al que se llegue. Esta opción es clara cuando se descalifica a la dirigencia que conduce a la mayoría de las regiones a través del llamado Comité Nacional de Lucha. Primero se anuncia que no se negociará con ella y luego, ante la presión de la opinión pública, se decide hacerlo de manera vergonzante, mediante intermediarios, estableciendo una distancia entre maestros y funcionarios del sector que es resentida por los primeros. En este punto, con la ministra del sector educación Marilú Martens en el sexto piso del Ministerio de Educación y los dirigentes magisteriales en el primero, la negociación lógicamente fracasa. El espectáculo de una negociación que en realidad ha sido una no negociación ha indignado a los huelguistas y los ha llevado a continuar su lucha, recordando el desprecio de la elites de este Perú, en muchos sentidos todavía colonial, por las mayorías populares.

Los gestos hablan por sí solos. Ojalá que los próximas días deparen algo mejor.