Opinión
marzo 2017

Paz, corrupción y elecciones

La corrupción y la polarización política amenazan con interferir en la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

<p>Paz, corrupción y elecciones</p>

La corrupción y la polarización amenazan con interferir en Colombia la implementación de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La corrupción articula políticos de nivel nacional y local, asociándolos con bandas criminales en sus múltiples modalidades. Entre ellas está la compraventa de votos; la apropiación de puestos, espacios de decisión, contratos y rentas en todas las escalas del Estado, así sean los destinados para obras públicas o para servicios esenciales como agua, salud, educación y energía; la evasión o distorsión de trámites legales y la parálisis de la justicia para que deje precluir o desviar procesos judiciales.

Las recientes denuncias de sobornos de Odebrecht se han sumado a otros escándalos y al salpicar las campañas del actual presidente y de su antecesor, le dieron al tema de la corrupción un lugar más central que al de la paz. El efecto en la opinión impactó a todos los partidos denunciados y les dio una bandera a los pocos –Partido Verde, Compromiso ciudadano– que no han estado envueltos en corrupción. Así se aceleró el debate electoral que en 2018 deberá elegir Congreso nacional el 11 de marzo y Presidente el 27 de mayo.

La derecha enfrenta denuncias contra funcionarios o procesos de corrupción ocurridos bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe y sus seguidores, hoy miembros del denominado Centro Democrático (CD). Aunque el expresidente recoge firmas anticorrupción trata de volver a la batalla contra el acuerdo con las Farc. Nunca ha querido reconocer que, luego de debilitarla, lo que procedía era negociar. Así lo hizo durante los diálogos, tras el primer acuerdo, en el plebscito y con el Acuerdo Final de paz. Asegura que lo pactado en La Habana entrega el país a las Farc, aunque él mismo había ofrecido concesiones similares o aun mayores a guerrilleros y paramilitares. Con argumentos falsos aprovechó el plebiscito sobre los acuerdos para sumar fuerzas y con su triunfo logró impulsar una revisión sustancial de lo pactado, pero luego se mostró insatisfecho con los 56 cambios logrados del total de sus 57 propuestas, pues si los aceptaba tendría que haber apoyado el proceso de paz. Su único interés es volver al poder.

El CD no tiene, sin embargo, el camino despejado. Enfrenta numerosas denuncias por corrupción y disputas internas por la candidatura presidencial. En estas últimas se concentra ahora Uribe, tratando de frenarlas. A punta de miedo trata de volver a reunir a la amplia gama de quienes votaron No en el plebiscito, incluidos los sectores radicales de las iglesias evangélicas movilizadas contra el avance de derechos ciudadanos e inclusión de minorías. Y aunque Uribe ha logrado mantener una fuerte presencia en la opinión nacional, hasta ahora no ha podido traducirla en una significativa fracción parlamentaria ni en un buen número de gobernadores o alcaldes. Pero en su afán de ganar las elecciones del 2018 parece dispuesto a sacrificar o aliarse con quien sea.

El centro derecha –que conforma la actual coalición gubernamental y controla cerca del 70% del Legislativo– es una mezcla de intereses dispares también involucrados en la corrupción. Ahora tienden a fraccionarse sin que les sea posible realizar siquiera una consulta interna para escoger un solo candidato presidencial. Con el fin de asumir por fin su candidatura presidencial, Germán Vargas Lleras deja ahora su privilegiado papel de vicepresidente, desde donde no defendió el acuerdo con las Farc sino que lo fustigó. Tanto su agrupación Cambio Radical como el partido Conservador –que según les convenga se ubican fuera o dentro del gobierno–, examinan posibles coaliciones, incluso con el uribismo. Dentro del llamado partido de la U –que surgió con Uribe y se quedó con Santos en el poder– y dentro del partido Liberal, son muchos los precandidatos en pugna. Ambas agrupaciones han apoyado las iniciativas del gobierno, incluido el acuerdo de paz, pero se hallan sumidos en la dispersión de intereses y cálculos electorales. Humberto de la Calle, jefe negociador oficial con las Farc, ha propuesto, sin mucho eco, una coalición para defender el Acuerdo, de cara al 2018.

En el centro izquierda flotan personalidades o pequeños grupos en los que es posible hallar coherencia, sensatez y voluntad de cambio, pero muy poca organización. La izquierda se halla, como siempre, fraccionada en grupos volátiles y enfrenta también procesos contra la vasta corrupción que imperó durante su ejercicio en la Alcaldia de Bogotá.

Aunque hay algunas protestas sindicales, agrarias y cocaleras, y, después del triunfo del No, los jóvenes marcharon a favor de un nuevo y pronto acuerdo, no se ha configurado una acción fuerte y sostenida a favor de la paz, contra el incremento del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y en pro de un remezón político.

Hasta el momento nada muestra el surgimiento de un fuerte movimiento nacional capaz de empujar la transformación efectiva, en especial de toda esa política unida a la corrupción, a la violencia y a problemas del agro que han nutrido la confrontación armada. La denuncia contra la corrupción se estrella contra el peso del clientelismo electoral y la paz no encuentra el eco debido en un país polarizado. El pesimismo derivado de la corrupción y del convencimiento de que nada cambia con las elecciones, hace crecer la abstención, que de 51% saltó a 63% en el plebicito sobre el acuerdo con las Farc.

Sin embargo, el cansancio y el fastidio de los colombianos con la corrupción y el clientelismo de los partidos, les abre insopechados márgenes de oportunidad a eventuales candidatos independientes, y no permiten excluir una sorpresa. De hehco, en la encuesta más reciente se hunde a Santos y Uribe y toman la delantera de la Calle y el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. Pero, claro, es solo una encuesta a 14 meses de la elección.

Si no llega al poder una fuerza realmente comprometida con la paz y contra la corrupción, el Gobierno de turno tratará de mantener la situación actual e irá reduciendo en lo posible el Acuerdo al desarme de las Farc. Así quedaría de nuevo aplazada la urgencia de que el Estado y las instituciones se construyan en todo el territorio en forma integral y legítima, es decir, no solo con su fuerza policial-militar, sino con participación y derechos de las zonas y sectores marginados. Además, quedaría aplazado de nuevo un desarrollo rural articulador de opciones alternativas en donde se han concentrado los cultivos para mercados ilícitos, las guerrillas, los paramilitares. Si no se cumple todo lo acordado y se desaprovecha esta posiblidad de cambio, pueden resurgir otras violencias y continuar la apropiación ilegal de recursos públicos.



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